Última Instancia

Elecciones en Chihuahua

Por.- Carlos Angulo Parra

El primer domingo de junio de 2016 habrá elecciones en el Estado de Chihuahua, en donde se elegirán al gobernador, al congreso local y a los ayuntamientos y síndicos. Creo que esta elección va a ser atípica, a lo menos eso es lo que deseo.

Lo atípico de esta elección lo provocarán varios factores, el más importante de todos, es el hartazgo ciudadano en contra de los funcionarios del PRI que han dominado al Estado de Chihuahua en su mayoría, prácticamente desde que regresó el PRI al poder en 1998, hace ya casi veinte años.

El PRI gobernando Chihuahua se ha caracterizado principalmente por el regreso de un autoritarismo acendrado en donde el gobernador en turno no respeta la ley, y domina por completo los tres poderes del estado y prácticamente a todos los municipios, con la excepción de algunos que han sido gobernados por el PAN. El Municipio de Juárez, lo gobernó el PAN hasta 2001 y el de Chihuahua, lo perdió el PAN en 1995, lo recuperó en dos administraciones y lo volvió a perder desde 2007.

La administración del PRI que está por terminar en octubre de 2016, ha sacado el campeonato en corrupción, al grado de que han prácticamente desaparecido 16,000 millones de pesos, casi mil millones de dólares, de los recursos obtenidos por préstamos para obra pública y carreteras.

El Estado de Chihuahua es el tercer estado más endeudado del país y el primero en deuda per cápita. En el Estado prácticamente ha desaparecido la división de poderes, en donde el gobernador cambia la constitución a su antojo, dominando a todos los partidos de oposición. Inclusive, con el PAN sacó las autorizaciones para la mayor parte del endeudamiento del Estado.

Recientemente, un caso emblemático de dominio es que el Presidente del Supremo Tribunal de Justica renuncia a su cargo para suplir al Secretario de Educación que renunció para aspirar a la postulación del PRI a la gubernatura, esperándose que regrese a ocupar su cargo en el Tribunal si no se da esta postulación.

Por todo esto, la ciudadanía está ansiosa para que suceda un cambio en la conducción política del estado e ilusamente espera a que surjan las candidaturas independientes, desconociendo que el gobernador del estado ha impulsado la imposición de candados a estas candidaturas, imposibilitándolas mediante múltiples impedimentos que consideramos insalvables.

Ante este escenario posible, existe el reto para las candidaturas resultantes de los partidos de oposición de realizar alianzas con la ciudadanía hacia la obtención de simplemente un buen gobierno, que respete la ley, que sea abierto al diálogo constante con la gente y conduzca los deseos ciudadanos hacia la obtención de condiciones que les permita su pleno desarrollo.

Sin embargo, este reto es enorme, ya que debe de sobrepasar la decepción de múltiples candidaturas independientes que no se lleguen a realizar ante la imposibilidad de su registro, por la trabas impuestas por el gobernador, mismas que han sido declaradas como constitucionales por la Suprema Corte de Justicia, y deben generarse acuerdos entre partidos de oposición, en base a consensos con las dirigencias nacionales, porque gran parte de las dirigencias locales están cooptadas por un gobierno corruptor.

Lo que sí es una certeza, es que si la decepción ciudadana se vuelve a convertir en abstención en la participación en los comicios, tendremos de regreso a un gobierno priista que garantizará la continuación del abuso del poder, la corrupción y el mal gobierno.

Por todo esto, debe de haber previamente un gran consenso entre los ciudadanos de buena fe que participan en este amplio proceso de renovación de poder, para coordinar una oposición responsable, provenga o no provenga de los ciudadanos que pretenden postularse por la vía apartidista o por los que lo quieren hace por vía de los partidos políticos.

Última Instancia

Puentes Internacionales

Por.- Carlos Angulo Parra

El 14 de diciembre de 2015, el Gobernador Duarte anunció que se estaba trabajando legislativamente para que los peajes de los cuatro (SIC) puentes internacionales del Municipio de Juárez se destinaran a la realización de obras de infraestructura en este Municipio (cosa curiosa, que solamente hay uno de CAPUFE, el del Puente Santa Fe, el otro adyacente de la Ave. Lerdo corre de Norte a Sur y CAPUFE no cobra peaje, el Puente de Las Américas o de Córdova, es libre de peaje por tratado internacional y el de Zaragoza está concesionado a PROMOFONT, una compañía particular). Con esto, se pretende ayudar a aliviar el interminable rezago que este municipio tiene. A primera vista, esto suena fabuloso y es para que todos nos congratulemos por este gran gesto de liderazgo.

Por desgracia, parece ser que todo trae, como se dice coloquialmente, una tremenda “jiribilla”.

Recordemos que en 1995, el extinto Alcalde de Juárez, el querido Don Francisco Villarreal Torres, hizo una gran lucha para la dignidad de las poblaciones fronterizas que cuentan con puentes internacionales de peaje. Estos puentes, en su inmensa mayoría, están concesionados a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, organismo descentralizado del gobierno federal, conocido como ‘CAPUFE”. Después de que como Presidente Municipal de Juárez, el Presidente Villarreal puso cacetas de peaje alternas, frente a las de CAPUFE, invitando a los ciudadanos a voluntariamente pagarle el peaje al Municipio y no a CAPUFE, se le acusó por la PGR del delito de concusión, y se le encarceló, para después ser liberado, tras que el gobierno federal cedió ante sus pretensiones, concediendo el 25% del importe de los peajes, de los cuales la mitad estaría a disposición del gobierno del los estados y el resto de los municipios fronterizos, después de que cumplieran ciertas disposiciones de desempeño respecto del cobro de sus impuestos prediales.

Yo tuve el honor de vivir intensamente estos episodios al haber fungido entonces como Primer Regidor del Ayuntamiento, encargado de la Cartera de Gobernación.

El caso es que ahora, el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal, tiene establecidas estas disposiciones.

Ante el anuncio del gobernador de Chihuahua César Duarte de que los ingresos netos de “los cuatro puentes internacionales del Municipio de Juárez”, se utilizarán para obras de infraestructura para el Municipio de Juárez, nos hemos ahora encontrado con la sorpresa de que se pretende endeudar al gobierno con 2,500 millones de pesos, comprometiendo los ingresos de los puentes por 30 años, en programas de infraestructura fronteriza que no existen.

Curiosamente se indujo a los diputados del PRI, PRD, PT, Verde, Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano, el PAN se opuso, a que el Congreso de Chihuahua expidiera un decreto por demás extraño y jurídicamente ridículo, que se puede utilizar en las escuelas de derecho como muestra de un fenómeno del derecho administrativo, en donde, basado en una expectativa de que el Gobierno del Estado se convierta en concesionario de los puentes internacionales de Chihuahua (cosa que no ha ocurrido), se cree un fidecomiso (que aun no existe) y se le autorice a dicho fideicomiso inexistente el que contraiga una deuda de 2,500 millones de pesos, para hacer obras de infraestructura que ni siquiera están proyectadas, mucho menos determinadas.

Ante el terrible antecedente que tenemos en Ciudad Juárez, en donde se endeudó al Municipio por alrededor de 6,000 millones de pesos en un proyecto público/privado, en que se comprometieron los recursos municipales en el Plan de Movilidad Urbana, en donde se realizaron grandes obras de infraestructura costosísimas, en lugares en medio del desierto donde pasa un automóvil cada 15 minutos, existe la justificada indignación del pueblo de Ciudad Juárez, que ante la expectativa de recibir los recursos netos totales de los puentes internacionales de Chihuahua, se realicen obras innecesarias, con sus consabidos moches, que pueden ser utilizados en gran parte para financiar las campañas electorales del PRI del 2016, y dejen al Municipio sin los ingresos de los puentes por los próximos 30 años.

Consideramos que esta acción ilegal del Congreso del Estado, promovida por el Gobernador Duarte, merece ser atacada legalmente a través de un amparo colectivo. Solo así se podría evitar este enésimo ataque a la dignidad del dolido pueblo de Ciudad Juárez. También estamos estudiando las muy posibles violaciones a las recientemente reconfiguradas leyes de deuda pública, que fueron diseñadas para evitar este tipo de abusos y arbitrariedades.

Última Instancia

Alianza Para un Buen Gobierno 

Por.- Carlos Angulo Parra

En las conclusiones de mi Libro, intitulado como esta Columna: Última Instancia, hago un recuento relacionado con que las condiciones necesarias para un cambio en la política están dadas para generar esperanza de que en México se compongan las cosas, salvo la actitud de desánimo de la ciudadanía que raya en lo patológico, exceptuando Nuevo León, lo que confirma la regla. Pero paradójicamente, el hartazgo es el mayor impedimento para la acción en contra del mal gobierno.

Sigo sin resignarme de que no hay caminos viables para revertir ese desánimo, puesto que existen muchos elementos combinados para que se desarrolle una solución. Estos elementos son:

• El entorno de desprestigio de los partidos políticos y de la llamada "clase política";

• La gran estructura electoral que tenemos, que funciona al menos de que los votos que se depositan en las urnas, "cuentan y se cuentan";

• El advenimiento de las candidaturas independientes, y

• El hartazgo ciudadano mismo.

Creo que si combinamos los elementos anteriores con un impulso para la generación de una amplia alianza ciudadana combinada con los partidos de oposición al régimen, con el fin de generar simplemente un "buen gobierno", en donde se promueva la participación de liderazgos frescos y sanos, de personas con antecedentes intachables de integridad en sus vidas y con ganas de participar para generar ese buen gobierno, podemos crear ese ánimo en los ciudadanos hacia la política y una participación activa para las diversas acciones necesarias para postular candidaturas con buenos perfiles y sin antecedentes obscuros, que muevan a los ciudadanos a salir de la inacción y a la participación que impulse a dichos candidatos, así como a la conformación de planes y plataformas de gobierno que se estructuren para generar las condiciones de orden, y estado de derecho que carecemos. Todo ello, a través de la transparencia y de Gobiernos Abiertos, con administraciones ciudadanas.

Yo sé que esto suena como un sueño utópico, pero creo firmemente que esto se puede dar si logramos revertir el hartazgo de la gente en una fuerza positiva del "sí se puede", con la debida conducción de esa fuerza de rechazo a una fuerza de propuesta, impulso y acción hacia la generación de un buen gobierno.

Ahora, con la comunicación que nos dan las redes sociales, el truco está en convertir la gran fuerza negativa que vemos en la redes sociales, que solamente están generando energías negras, que crean frustración y que abstraen a los ciudadanos a una especie de depresión derivada del hartazgo que genera una situación de no querer saber nada de la política y participar en el insulto, a través de memes y expresiones de desprestigio hacia la cosa pública, políticos, gobernantes y liderazgos de todo tipo, a un call to action que transforme esa energía para llevar a cabo la creación de propuestas, el impulso de liderazgos buenos y la cohesión de las fuerzas opositoras al régimen, que conduzcan a la generación de un gobierno transparente, abierto y a una verdadera administración ciudadana.

Lo que necesitamos para que esto explote es un detonador, ese elemento que carecemos es el eslabón perdido para hacer que se den los elementos genéticos necesarios para generar el embrión necesario para que la política rinda frutos. 

Yo no creo en los caudillos a pesar de que la idiosincrasia del mexicano es proclive a los mismos, además de que los caudillos que hemos tenido nos han decepcionado. 

Creo que lo que necesitamos es una confluencia de fuerzas positivas que se alineen a la acción, puede ser una serie de organizaciones de la sociedad civil, conjugadas con la decisión de franca apertura de un partido político, que pueda causar ese detonante que buscamos.

De lo que sí estoy seguro es que ese detonante debe de generar esa energía positiva, creativa y estimulante a la acción que despierte y vertebre a la sociedad hacia un fin concreto de generar ese buen gobierno que nos cree los entornos de orden y paz que nos conduzcan al bienestar que la sociedad anhela.

Este entorno no se va a dar por generación espontánea, debemos crearlo, debemos estimularlo con sabiduría y conciencia, no lo vamos a lograr con la energía negativa que estamos generando, lo vamos a obtener con la actuación de personas de bien, que realicen una determinación de compromiso y responsabilidad; hay muchas así, descubrámoslas y estimulémoslas, las necesitamos para detonar esa fuerza que nos sacará del marasmo en que nos encontramos.

Última Instancia Inversiones en la Política

Por.- Carlos Angulo Parra

La política en México está muy enferma, esto si se pretendiera comparar a la misma con el estado de salud de un individuo. Esta enfermedad de la que sufre la política, tiene como causa a los mexicanos que han visto a la política como una especie de inversión para sacar provecho personal, de esta concepción derivan esencialmente todas las consecuencias que tenemos en México: los altos niveles de pobreza, la inseguridad, la impunidad, la corrupción, los salarios bajos, los malos servicios públicos y el subdesarrollo en general que padecemos. Si los mexicanos visualizáramos a la política como debe ser, es decir, como la actividad organizada de la sociedad para la solución de sus problemas, alineando los diversos intereses opuestos a fin de lograr resolverlos de una manera justa y orientada a la obtención del bien común, concebido como el generar un entorno adecuado para que todo individuo pueda lograr sus anhelos en la vida, tendríamos como resultado una situación totalmente distinta a la existente en México, que es una realidad de la política que genera toda clase de problemas que nos han venido llevando cada vez más hacia una senda de ruptura social. 

Muchos mexicanos ven a una persona que aspira a un puesto público de elección popular, como una gran presa de oportunidad de “qué me vas a dar a cambio de mi apoyo”, desde lo más esencial, como el regalo de materiales de construcción, artículos utilitarios, becas, acceso a empleos o simple dinero constante y sonante; o bien, millonarios contratos gubernamentales, preferencias en licitaciones, negocios al amparo de información confidencial del gobierno o prebendas generadas por los conflictos de intereses. Al aspirante a puestos de elección popular se le exige que realice todo tipo de compromisos personales, desde meter dinero propio en las campañas, claro, como forma de “inversión”, al cabo “cuando salgas te desquitas”, generándose una colusión insana con todo tipo de negocios, consorcios, compañías que aportan dinero por arriba y “bajo cuerdas” a las campañas. Así tenemos a empresarios que le apuestan a uno y otro candidato opositor, para cubrirse las espaldas. 

En fin una senda interminable de componendas, que luego derivan en perjuicio para todos, menos para los muy pocos que les toca la parte del león, a los políticos encumbrados. Si seguimos inmersos en este paradigma los mexicanos seguiremos la senda de la pobreza y el subdesarrollo, con poca gente muy rica y una inmensa mayoría de pobres, y una clase media que se achica y establece sus sueños para que sus hijos salgan del país a buscar mejores horizontes. ¿Podemos cambiar esto, hay forma de salirnos de este círculo vicioso que cada vez nos hunde más? Yo soy un optimista y creo que sí. Tengo la firme convicción de que los mexicanos tenemos el poder y la voluntad de salir de este marasmo. Creo que en México existen liderazgos a flor de tierra dispuestos a salir y dar la batalla para que la política rinda frutos. 

Tenemos todos los elementos formales para poder lograr, como se dice, “darle la vuelta a la tortilla. Contamos con un sistema electoral aceptablemente confiable, en donde auténticamente los votos cuentan y se cuentan, existe la noción y convicción de que no podemos seguir igual, tanto en nuestros liderazgos formales como en la inmensa masa ciudadana que ya ha llegado al total hartazgo. Existen los elementos formales necesarios para generar un sistema de transparencia y de combate a la corrupción eficaz. Lo que nos hace falta, es despertar y tomar los retos de enfrentarnos al sistema que nos ha llevado a esto, primero reconociendo que ya no es inversión hacer este tipo de apuestas a la política. Que ya no debemos visualizar la política para sacar raja del poder, sino verla como la única salida para solucionar nuestros males, cortando de cuajo las redes de intereses y componendas y apostarle en la política a la gente de buena fe, por más minimizada que pueda estar. 

Si apostamos a ello, con firme convicción de que el pueblo tiene la solución, alineándose con personas que garanticen el romper con estas “inversiones” en la política, no dejándonos llevar por el compromiso del voto por el regalo o el miedo a que “ya no nos darán más”, reconociendo que lo que nos dan dista mucho de solucionar nuestros problemas y sí nos ocasiona cada vez más problemas mayores. Debemos de reconocer que primeramente es necesario votar, la abstención y el voto nulo, así como la decepción en la política nada más nos hunde más, y evitar la dispersión del voto opositor, en donde se deben de incluir, sin distinción de partidos, a todos los ciudadanos que ya no quieren inversiones en el gobierno, que simplemente desean un buen gobierno, que respete la ley, los derechos humanos, que no se robe el dinero, y que otorgue justicia y piso parejo para todos.

Aprobamos reforma que expide la Ley del Derecho a la Alimentación Adecuada; crea una Comisión Intersecretarial y un Consejo Federal

Amigos y amigas:

Les informo que en la Sesión Ordinaria del 30 de Abril de 2015 aprobamos por unanimidad, con 363 votos a favor, un dictamen que expide la Ley del Derecho a la Alimentación Adecuada, reglamentaria del párrafo tercero del artículo 4 de la Constitución Política, y lo turnamos al Senado para su análisis.

Se crean una Comisión Intersecretarial del Derecho a la Alimentación Adecuada Federal y un Consejo Federal de Alimentación, además de garantizar la concurrencia y colaboración de la federación, estados, el Distrito Federal y municipios.

Precisa que toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada, que deberá entenderse como nutritiva, suficiente y de calidad.

La Comisión Intersecretarial establecerá los lineamientos y acuerdos para la coordinación de las acciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública federal dirigidas a promover, respetar, proteger y garantizar el ejercicio del derecho a la alimentación adecuada.

Se basará en el Plan Nacional de Desarrollo, los Programas Sectoriales y Especiales vinculados a la materia, la Política Nacional Alimentaria y el Programa Nacional Alimentario.

La Comisión Intersecretarial estará presidida por el titular del Poder Ejecutivo Federal e integrada por los titulares de 11 secretarías de Estado, más las que sean invitadas por el Presidente de la República.

La Secretaría de Desarrollo Social será responsable de la coordinación general de la Comisión y de proponer su reglamento de trabajo, la cual promoverá la suscripción de acuerdos integrales para el desarrollo con las entidades federativas y municipios, propiciando una mayor participación de las instancias de gobierno.

Promoverá la participación de los sectores público, social y privado y de organismos e instituciones internacionales, a partir de la suscripción de convenios y acuerdos institucionales.

Se prohíbe suministrar en todas las escuelas los alimentos que no favorezcan la salud de los educando.

La ley establece un Consejo Federal de Alimentación, como órgano consultivo que estará integrado por los titulares de las secretarías de Desarrollo Social; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Economía, y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Los mecanismos de funcionamiento interno serán determinados por acuerdo del propio Consejo Federal.

Deberá planear y ejecutar acciones organizadas que redunden en la mejora del ejercicio del derecho a la alimentación adecuada en el país, en coordinación con los estados y municipios, con la sociedad civil en general y con diversas autoridades municipales, estatales o federales.

También se considera un Programa Nacional Alimentario que determinará los objetivos, metas, estrategias, prioridades y líneas de acción a que habrá de sujetarse el diseño, formulación implementación supervisión y evaluación de las políticas públicas, acciones y programas que, a corto, mediano y largo plazo, promuevan y garanticen el ejercicio del derecho a la alimentación adecuada.

Aborda aspectos como responsabilidades y sanciones; los derechos generales y acciones básicas en materia de producción de alimentos; así como derechos generales y acciones básicas en materia de distribución de alimentos, además de acciones en materia de consumo de alimentos.

Se destina un capítulo para abordar las declaratorias de emergencia alimentaria; la conclusión de la emergencia y su prevención;

El dictamen avalado surge de una iniciativa que presentó la diputada Gloria Bautista Cuevas (PRD) en octubre de 2014 y se turna al Senado para su análisis.

Señala que “en la medida en que una persona no es capaz de consumir el agua y los alimentos suficientes y adecuados para el correcto funcionamiento de su ser físico y psíquico, es imposible que esté en la capacidad real de ejercer y hacer valer sus demás derechos fundamentales”.

Explica que “en México casi 28 millones de personas carecían de acceso a alimentación adecuada en 2012, lo que representa un agravamiento de la situación si lo comparamos con los 23.8 millones de personas que padecían esta carencia en 2008”.

Detalla que este agravamiento se debió a diversas razones, como la crisis financiera del 2008, el incremento de la desocupación laboral, aumento de los precios internacionales de los alimentos, el estancamiento del salario real y del crecimiento económico a largo plazo, así como la ineficiencia de muchos programas sociales.

Subraya que los objetivos son:

– Establecer las bases para garantizar el goce y ejercicio efectivo del derecho a la alimentación adecuada para todas las personas.

– Contribuir a la autosuficiencia, seguridad, soberanía y sustentabilidad alimentaria.

– Fomentar el consumo, la distribución y la producción de alimentos nutritivos y de calidad.

– Regular la política alimentaria y sus respectivos instrumentos de aplicación.

– Determinar los sujetos de derecho, en sus respectivos ámbitos de competencia.

– Establecer las bases para la participación social en las acciones encaminadas a lograr el ejercicio pleno del derecho a la alimentación adecuada y los medios de exigibilidad.

En sus artículos transitorios consigna que el reglamento de esta ley deberá emitirse dentro de los 80 días hábiles siguientes al de la entrada en vigor del presente decreto.

Asimismo, las entidades federativas deberán adecuar la normatividad aplicable entro de un plazo de 180 días posteriores a la entrada en vigor.

Reformamos el Código Penal Federal para incrementar penas por delitos de trata de menores o pederastia y a quienes los encubran

Amigos:

Les comunico que en la Sesión Ordinaria del 30 de Abril de 2015 en la Cámara de Diputados aprobamos por unanimidad, con 382 votos a favor, reformas al Código Penal Federal, con el propósito de elevar las penas por los delitos de trata de menores de edad y pederastia y a quienes los encubran.

El dictamen surge de una iniciativa que reforma los artículos 205 Bis y 400 del mencionado Código Penal, presentada por la diputada Verónica Juárez Piña (PRD) el 20 de agosto de 2014 y se turnó al Senado para su análisis.

Los cambios al artículo 205 Bis establecen que serán imprescriptibles las sanciones señaladas en los artículos 200, 201, 204 y 209 bis, relacionadas con diversos delitos en contra de menores de 18 años de edad, como lenocinio, corrupción de menores o pederastia.

Asimismo, “las sanciones señaladas en dichos artículos se aumentarán al doble de la que corresponda, cuando el autor tuviere para con la víctima, alguna de las siguientes relaciones:

a) Los que ejerzan la patria potestad, guarda o custodia;

b) Ascendientes o descendientes sin límite de grado;

c) Familiares en línea colateral hasta cuarto grado;

d) Tutores o curadores;

e) Aquél que ejerza sobre la víctima en virtud de una relación laboral, docente, doméstica, médica o cualquier otra que implique una subordinación de la víctima;

f) Quien se valga de función pública para cometer el delito;

g) Quien habite en el mismo domicilio de la víctima;

h) Al ministro de un culto religioso;

i) Cuando el autor emplee violencia física, psicológica o moral en contra de la víctima.

j) Quien esté ligado con la victima por un lazo afectivo o de amistad, de gratitud, o algún otro que pueda influir en obtener la confianza de ésta”.

La iniciativa agrega que: “En los casos de los incisos a), b), c) y d) además de las sanciones señaladas, los autores del delito perderán la patria potestad, tutela o cúratela, según sea el caso, respecto de todos sus descendientes, el derecho a alimentos que pudiera corresponder por su relación con la víctima y el derecho que pudiera tener respecto de los bienes de ésta”.

En los casos de los incisos e), f) y h) además de las sanciones señaladas, se castigará con destitución e inhabilitación para desempeñar el cargo o comisión o cualquiera otro de carácter público o similar, hasta por un tiempo igual a la pena impuesta.

En todos los casos, el juez acordará las medidas pertinentes para que se le prohíba permanentemente al ofensor tener cualquier tipo de contacto o relación con la víctima.

Respecto de las reformas aprobadas al artículo 400 del Código Penal Federal, se adiciona un último párrafo para establecer que se aplicará una sanción de tres meses a tres años y de 15 a 60 días de multa, a quienes cometan delito de encubrimiento.

También se aumentará desde una mitad hasta las dos terceras partes de las sanciones señaladas en este artículo, a quien encubra al autor del delito de pederastia.

Si el agente es servidor público, se le impondrá la destitución e inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta. La inhabilitación comenzará a correr a partir de que se haya cumplido la pena de prisión. 

Aprobamos reforma para agilizar relación entre autoridades ministeriales y concesionarios sobre equipos de comunicación móvil vinculados a presunto secuestro

Amigos:

Quiero informarles que en la Sesión Ordinaria del 30 de Abril de 2015 en la Cámara de Diputados aprobamos un dictamen para agilización de la relación entre las autoridades ministeriales, federales y estatales, con los concesionarios de telecomunicaciones, en relación a equipos de comunicación móvil vinculados a un presunto secuestro.

El decreto reforma el artículo 25 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política, fue avalado por 316 votos a favor, 73 en contra y nueve abstenciones y se turnó al Senado para su análisis.

Surge de una iniciativa que presentaron, el pasado 29 de abril, los diputados José Guillermo Anaya Llamas (PAN), Ana Isabel Allende Cano (PRI), María del Carmen García de la Cadena (PRI), José Alejandro Montano Guzmán (PRI), Antolín Etienne Rivera (PRI), María Guadalupe Moctezuma Oviedo (PRD), José Ángel Ávila Pérez (PRD) y Felipe Arturo Camarena García (PVEM).

En el documento se destaca la incompatibilidad de las disposiciones de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro, con el marco jurídico de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

La primera requiere control judicial para las diligencias de geolocalización de aparatos de comunicación de interés para las investigaciones, y la segunda no, por lo cual se obstaculizan las mismas y se prolonga el período de privación de la libertad, e, incluso, se pone en riesgo la vida de la persona.

La solución planteada es remover el requisito de autorización judicial del artículo 25 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro, e incorporar salvaguardas para que esta diligencia no se realice de manera arbitraria.

Con esta reforma, el artículo 25 establece que los titulares del Ministerio Público, de la federación o de los estados, o los servidores públicos en quienes se delegue dicha atribución, podrán ordenar a los concesionarios de telecomunicaciones que proporcionen información de forma inmediata y sin demora.

Esta información sería relativa a la localización geográfica de los equipos de comunicación móvil asociados a una línea, cuando sea necesaria para atender un riesgo inminente a la vida de una persona, sin menoscabo de lo dispuesto en el artículo 190, fracción I, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Asimismo, que proporcionen, de manera expedita, la información relativa a los datos del usuario registrado como cliente y aquella relativa a los datos de la línea y del equipo de comunicación móvil.

Se podrá pedir a los concesionarios que colaboren con las autoridades competentes en las acciones que permitan investigar y perseguir los delitos previstos en esta ley, relativa a secuestros.

También que suspendan el servicio de telefonía para efectos de aseguramiento, cuando así lo instruya el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en cumplimiento al mandato ministerial o judicial correspondiente.

El mandamiento escrito del Ministerio Publico, autorizado por el Procurador General de la República o de la entidad federativa correspondiente, deberá fundar la legalidad de la solicitud y motivar su racionalidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Todo abuso será sancionado de conformidad con la ley.

Lo establecido por este precepto de ninguna manera puede interpretarse como una excepción al requisito de orden de autoridad judicial, concluye la reforma.

Aprobamos que entre los requisitos para contraer matrimonio figure la mayoría de edad para hombres y mujeres e identificación oficial vigente

Amigos y amigas:

Por este medio les informo que en la Sesión Ordinaria del 30 de Abril de 2015 en la Cámara de Diputados aprobamos reformas a diversas disposiciones del Código Civil Federal, a fin de establecer que para contraer matrimonio, tanto el hombre como la mujer, deberán haber cumplido la mayoría de edad, 18 años.

Ambos deberán presentar, además de su acta de nacimiento, una identificación oficial vigente.

El dictamen, aprobado por 361 votos a favor, 11 en contra y cero abstenciones, surge de iniciativas presentadas por los diputados del PRD, Verónica Beatriz Juárez Piña y Fernando Belaunzarán Méndez en abril y mayo de 2014; así como de una impulsada por la diputada Merilyn Gómez Pozos (MC) en febrero de 2015.

Se turnó al Senado para su análisis y eventual ratificación.

El documento precisa que para contraer matrimonio, el hombre y la mujer deberán haber cumplido la mayoría de edad y presentarán, como ya se establece, su acta de nacimiento y una identificación oficial vigente que lo acredite.

Se incluye el término “contratantes”, que sustituye al de pretendientes.

Señala que los interesados presentarán ante el juez del Registro Civil su solicitud de matrimonio y éste levantará el acta correspondiente en la cual se hará constar, que son mayores de edad.

Se establece que son impedimentos para celebrar el contrato de matrimonio el uso de la fuerza, amenaza, coerción, violencia o miedo grave.

Las reformas avaladas también indican que el derecho de usufructo concedido a las personas que ejercen la patria potestad, se extinguirá con la mayor edad de los hijos.

En las consideraciones se expone que el matrimonio que contraen los menores de edad, viola los derechos humanos, independientemente de si la persona involucrada es un niño o una niña.

Sostiene que algunas de las consecuencias negativas de esos casos son la separación de la familia y los amigos, así como la falta de libertad para relacionarse con las personas de la misma edad.

Considera que el cumplir 18 años de edad no constituye garantía absoluta de éxito matrimonial, pero permitiría presuponer una mayor madurez de la pareja para afrontar la vida común.

La Convención sobre los Derechos del Niño establece que "se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad' y que por tanto "el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento".

Aprobamos expedir la Ley Federal para el Fortalecimiento de la Marina Mercante y de la Industria Naval Mexicana para impulsar y fortalecer al sector

Amigos:

Quiero comunicarles que en la Sesión Ordinaria del 30 de Abril de 2015 en la Cámara de Diputados aprobamos, por 332 votos a favor, cero en contra y una abstención, la expedición de la Ley Federal para el Fortalecimiento de la Marina Mercante y de la Industria Naval Mexicana, con el propósito de impulsar y fortalecer al sector.

En la reforma figura el establecimiento de un Folio Especial del Registro Público Marítimo Nacional y se constituye un Comité de Apoyo a la Marina Mercante y a la Industria Naval, así como un Instituto Autónomo de Estudios Náuticos y Portuarios de la Marina Mercante Nacional.

En sus artículos transitorios señala que el Ejecutivo federal deberá expedir el reglamento de la ley, dentro de los 180 días posteriores a la entrada en vigor de la misma.

Se pretende estimular el crecimiento del sector e implementar esquemas que fortalezcan la economía globalizada, de la cual México forma parte, así como propicia una adecuada participación de la transportación marítima del comercio exterior y en el cabotaje en la industria naval nacional.

El dictamen surge de una iniciativa presentada por el diputado Arnaldo Ochoa González (PRI) el pasado 9 de abril y se turnó al Senado para su análisis.

Consta de 35 artículos y cinco transitorios, en los que señala la necesidad de incorporar a esta actividad y al transporte marítimo un mayor dinamismo que contribuya de forma decisiva, en la productividad del país.

Con ese objetivo, precisa, debe conjuntarse y alinearse el apoyo del Estado con el esfuerzo del sector, a fin de incrementar el beneficio que aporta la actividad a la sociedad, a nuestra economía y a la productividad.

Destaca que el 80 por ciento del comercio exterior de México se realiza a través de la transportación marítima y ello le otorga mayor importancia a los propósitos de la legislación.

Contempla ocho capítulos sobre I. Disposiciones generales; II.- El Comité de Apoyo a la Marina Mercante y a la Industria Naval; III.- Del transporte marítimo de altura; IV.- de las embarcaciones inscritas en el folio especial; V.- Del transporte marítimo de cabotaje; VI De los astilleros, varaderos y la industria naval auxiliar; VII.- De la constancia de preferencia; y VIII de las Sanciones.

Además entre sus disposiciones está el establecimiento de un Folio Especial del Registro Público Marítimo Nacional, el cual estará destinado a inscribir las autorizaciones otorgadas a las embarcaciones extranjeras, a las que se les dará el trato de embarcaciones mexicanas.

De igual manera se constituirá un Comité de Apoyo a la Marina Mercante y a la Industria Naval, el cual tendrá las siguientes atribuciones:

-Analizar, proponer y acordar con las empresas paraestatales de México que utilizan transporte marítimo de altura para el traslado de sus insumos o productos, los mecanismos para dar preferencia y fomentar la utilización de buques con bandera mexicana o con registro en el folio especial.

-Analizar y apoyar la construcción y operación de astilleros, directamente o a través de terceros, por parte de las Administraciones Portuarias Integrales.

-Fomentar la celebración de acuerdos y convenios con los gobiernos de los estados y de los municipios, de medidas que fortalezcan a la marina mercante y a la industria naval.

-Fomentar acuerdos de cooperación con gobiernos de otros países y con organismos internacionales en materia de capacitación, transferencia de tecnología y otros aspectos que apoyen el desarrollo de la industria naviera y la marina mercante mexicanas.

El Comité estará integrado por un representante de las secretarías de Hacienda y Crédito Público; Marina; Economía; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca, y de Energía, y podrá invitar a que se integren a las instituciones de banca de desarrollo.

Con la expedición de la ley se concede mayor fortaleza a la enseñanza náutica, y contempla un Instituto Autónomo de Estudios Náuticos y Portuarios de la Marina Mercante Nacional.

Dicha institución educativa será autónoma y descentralizada, y sustituirá las labores que actualmente realiza el Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional (FIDENA).

Estará encargado de administrar, organizar y desarrollar la educación formal e integral a nivel superior, incluyendo postgrados y capacitación técnica, de la gente de mar en el ámbito marítimo nacional y de la operación portuaria.

En el capítulo de sanciones indica que se castigará con una multa de cinco a 10 mil días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal a la empresa naviera que teniendo una embarcación autorizada, realice la venta de la misma sin informar a la autoridad naviera.

Con igual número de días se sancionará a la empresa naviera que incumpla con cualquiera de las disposiciones contenidas en la ley, precisa. 

Aprobamos diversas reformas para recuperar de manera más expedita las viviendas abandonadas, bajo ciertas características y causales

Amigos y amigas:

Aprobamos un dictamen en la Sesión Ordinaria del 30 de Abril de 2015 con el fin de que se recuperen en forma más expedita, y bajo ciertas características o causales, las viviendas abandonadas, frenar su deterioro, repararlas, restituir el tejido social y reasignarlas a quienes más las necesitan.

Comprende modificaciones y adiciones a diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles; de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

El documento surge de una iniciativa que del diputado Carlos Humberto Aceves del Olmo (PRI), fue aprobado por 293 votos a favor, 31 votos en contra y siete abstenciones, y se turnó al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.

De acuerdo a sus consideraciones, esta reforma permitirá a los organismos nacionales de vivienda, señaladamente al Infonavit, recuperar de forma más expedita las viviendas abandonadas por diversas causas.

Lo anterior bajo condiciones o causales específicas, como el hecho de que él o los dueños de la vivienda abandonada hayan caído en impago del crédito o cuando sin autorización del Instituto, los deudores enajenen, incluida la permuta, o graven su vivienda e igualmente cuando se hayan agotado las alternativas de cobranza social.

Se deberá acreditar debidamente que la vivienda se encuentra deshabitada.

El juez podrá decretar como medida precautoria que los organismos nacionales encargados de financiar programas de vivienda sean depositarios de la vivienda deshabitada para su conservación e integridad y evitar así el deterioro del bien objeto de la controversia.

Para tal efecto, el actuario judicial hará constar el estado de la vivienda.

Tratándose de créditos otorgados por el Instituto, éstos se darán por cancelados y el contrato será rescindido, bajo las causales arriba señaladas.

Con el objeto de preservar y fortalecer el ahorro de los derechohabientes depositado en su subcuenta de vivienda y atendiendo los balances necesarios que su naturaleza social exige, el Instituto brindará opciones que ayuden a los acreditados a conservar su patrimonio, aun en el caso de haberse iniciado procedimiento para la recuperación de las garantías.

El Instituto llevará a cabo la recuperación de los créditos que hubiera otorgado partiendo de un esquema de cobranza social aprobado por el Consejo de Administración.

También aborda las controversias que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de los contratos por los que se otorgan financiamientos de parte de los organismos nacionales encargados de financiar programas de vivienda.

Los diputados reformamos la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para incluir en ésta a los itinerarios culturales de México

Amigos:

En la Sesión Ordinaria del 30 de Abril de 2015 en la Cámara de Diputados aprobamos, por 301 votos a favor, cero en contra y una abstención, un dictamen para reformar la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, a fin de incluir en ésta a los itinerarios culturales de México.

Se indica que el Ejecutivo federal hará las adecuaciones al marco legal vigente de su atribución en un plazo no mayor a 180 días.

El documento modifica el artículo 5 y adiciona los artículos 43 bis y 45 bis de esa ley, surge de una iniciativa que, en diciembre de 2014, presentaron las diputadas Bárbara Gabriela Romo Fonseca (PVEM) y Eulalia Quiñones Canales (PRI), y se turnó al Senado para su análisis y eventual ratificación.

Son itinerarios culturales: toda vía de comunicación terrestre, acuática, mixta o de otro tipo, físicamente determinada y caracterizada por poseer su propia y específica dinámica y funcionalidad histórica, la cual es resultado y reflejo de movimientos interactivos de personas.

Así como de intercambios multidimensionales, continuos y recíprocos de bienes, ideas, conocimientos y valores entre pueblos, países o continentes, a lo largo de considerables periodos de tiempo.

En el dictamen también se establece que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBA), son competentes en materia de itinerarios.

En los artículos transitorios refiere que las acciones que, en su caso, realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para dar cumplimiento a lo dispuesto en este dictamen, deberán cubrirse en función de los ingresos disponibles conforme a la Ley de Ingresos de la Federación.

Asimismo, sujetarse a la disponibilidad presupuestaria que se apruebe para dichos fines en el Presupuesto de Egresos de la Federación y a las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

“La iniciativa tiene por objeto hacer efectiva la responsabilidad ética y jurídica que el Estado a través de sus instituciones guarda con el pueblo de México, con sus raíces, con su origen y su identidad, pero también con la humanidad en su conjunto”, se indica en el contenido de la iniciativa. 

Avalamos minuta del Senado que promueve atención de enfermedades mentales

Amigos:

Les comunico en la sesión del 29 de abril de 2015 en la Cámara de Diputados avalamos el dictamen de una minuta del Senado que reforma la Ley General de Salud, para promover programas de atención de enfermedades mentales y que instituciones orienten del tema con énfasis en niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores.

Contempla que la implementación, estratégica y gradual de servicios de salud mental en establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud será en todos sus niveles de atención.

El documento reforma la fracción V y adiciona una fracción V Bis, al artículo 73, y reforma el párrafo segundo del artículo 77 de la Ley General de Salud, surge de una iniciativa que presentó la senadora María Cristina Díaz Salazar (PRI), en noviembre de 2013.

Se aprobó con 363 votos a favor, uno en contra y cuatro abstenciones y se turnó al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Establece que la Secretaría de Salud, las instituciones estatales y los gobiernos locales fomentarán y apoyarán la implementación estratégica y gradual de servicios de salud mental en establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud “en todos sus niveles de atención”, con el fin de abatir la brecha de atención.

Además destaca “la promoción de programas de atención, que consideren, entre otros, los hospitales de día, servicios de consulta externa, centros de día, casas de medio camino y talleres protegidos”.

Detalla que los padres, tutores, quienes ejercen la patria potestad o quienes ostenten la representación legal de personas con trastornos mentales y del comportamiento, serán responsables de la guardia o custodia.

Las autoridades educativas y cualquier persona que esté en contacto con las personas con trastornos mentales y del comportamiento, procurarán la oportuna y debida atención de los mismos.

Para estos efectos, podrán obtener orientación y asesoramiento en las instituciones públicas dedicadas a la atención de estas personas, “con énfasis en niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores”.

Las consideraciones del documento señalan que, de acuerdo a estadísticas de mortalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México se han registrado 43 mil 700 defunciones por trastornos mentales y del comportamiento.

 “Los trastornos más frecuentes en México son: ansiedad, 14.3 por ciento; uso de sustancias, 9.2 por ciento; afectivos, 9.1 por ciento; fobias específicas, 7.1 por ciento; de la conducta, 6.1 por ciento; dependencia al alcohol, 5.9 por ciento; fobia social, 4.7 por ciento y episodio depresivo mayor, 3.3 por ciento”, refiere. 

Avalamos que en infraestructura de establecimientos de salud se apliquen tecnologías que promuevan autosuficiencia, sustentabilidad y salud ambiental

Amigos y amigas:

Les quiero compartir en la sesión del 29 de abril de 2015 en la Cámara de Diputados avalamos una minuta del Senado para que en la construcción, mantenimiento, operación y equipamiento de los establecimientos que prestan servicios de salud, apliquen tecnologías factibles para promover mayor autosuficiencia, sustentabilidad y salud ambiental.

El Pleno aprobó por unanimidad, con 382 votos a favor, el dictamen de la minuta que reforma el artículo 46 de la Ley General de Salud, que surgió de una iniciativa que la senadora María Elena Barrera Tapia (PVEM) presentó en febrero de 2014, y se turna al Ejecutivo para su promulgación.

La reforma destaca que la construcción, mantenimiento, operación y equipamiento de los establecimientos dedicados a la prestación de servicios de salud, en cualquiera de sus modalidades, “podrán aplicar las tecnologías factibles y ambientalmente adecuadas para promover mayor autosuficiencia, sustentabilidad y salud ambiental”.

Esta aplicación se sujetará a las normas oficiales mexicanas que, con fundamento en esta Ley y demás disposiciones generales aplicables, expida la Secretaría de Salud, sin perjuicio de la intervención que corresponda a otras autoridades.

En las consideraciones se indica que el artículo 29 de la Ley General de Cambio Climático establece que se considerarán acciones de adaptación “la construcción y mantenimiento de infraestructura” y “la infraestructura estratégica en materia de abasto de agua, servicios de salud, y producción y abasto de energéticos”.

Recuerda que la norma mexicana “NMX-AA-164-SCFI-2013. Edificación sustentable-criterios y requerimientos ambientales mínimos”, tiene como objetivo, especificar criterios y requerimientos ambientales mínimos de una edificación sustentable para contribuir en la mitigación de impactos ambientales y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales”.

Reformamos el Código Penal Federal, para prevenir falsificación de certificados, sellos y documentos, que muestren el cumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas

Amigos y amigas:

Les informo que en la sesión del 29 de abril de 2015  aprobamos reformas al Código Penal Federal, a fin de prevenir y eliminar la práctica ilegal de falsificación o violación de certificados, sellos y/o documentos que demuestren el cumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas (NOM), en perjuicio del consumidor.

El dictamen fue elaborado a partir de una iniciativa que el diputado Rubén Acosta Montoya (PVEM) presentó en noviembre de 2014, reforma y adiciona los artículos 241 y 242 del Código Penal Federal, fue aprobado por 361 votos a favor, cero en contra y seis abstenciones y se turnó al Senado para su análisis.

La Comisión de Justicia, que elaboró el dictamen, indica que este tipo de prácticas ilegales vulneran de manera directa la salud, seguridad, ambiente y, en algunos casos, el patrimonio o la economía de las personas.

Expone que las NOM, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, tienen por objeto regular los productos, procesos y servicios que puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas, dañar la salud humana, animal, vegetal, el ambiente y la seguridad laboral, así como preservar los recursos naturales.

El artículo 241, que contempla sanciones de cuatro a nueve años de prisión y multa de 400 a dos mil pesos, señala que éstas se aplicarán a quien falsifique los certificados, marcas, sellos o documentos de inspección de pesas y medidas.

Especifica que será acreedor a igual sanción, quien falsifique los documentos, los emblemas o ambos, que demuestren el cumplimiento de NOMs o de cualquier otra especificación técnica que tenga por objeto determinar la calidad y seguridad de algún producto, bien o servicio, antes, durante o después de su venta.

En el artículo 242, que comprende multas por 20 mil pesos y penas de hasta tres meses de prisión, se precisa que éstas se aplicarán a quien, para defraudar a otro, utilice o falsifique un documento que demuestra el cumplimiento de NOMs, que había sido expedido para un producto, proceso o servicio distinto.

El documento aprobado refiere que México cuenta con un sistema de normalización.

Este sistema se acompaña de un esquema de evaluación y para ello, tanto las dependencias del gobierno federal como los entes acreditados y aprobados con funciones de organismos de certificación, unidades de verificación y laboratorios, emiten documentos que avalan que los productos, procesos y servicios cumplen la correspondiente NOM.

Menciona que actualmente se comercializan en el país productos o se ofrecen servicios que ostentan irregularmente el cumplimiento de una NOM, al falsificar o falsamente utilizar el documento que demuestra el cumplimiento o, incluso, alterando y violando los dictámenes de organismos de certificación.

Expone que comercializar productos y servicios con documentos falsificados, alterados o que no corresponden que demuestran el cumplimiento de alguna NOM, genera grave deterioro de la seguridad de las personas y de sus bienes e instalaciones.

También provoca la inhibición del crecimiento del sector intelectual e industrial en México; el desprestigio de los productos nacionales que sí cumplen las especificaciones técnicas y el engaño y deterioro del poder adquisitivo del consumidor, entre otras cosas, por lo que es necesario implementar acciones que inhiban esas prácticas.