Aprobamos la convocatoria y el proceso para seleccionar a los cinco consejeros del IFE pendientes

Amigos:

En la sesión del pasado 24 de octubre, los diputados aprobamos, con 88 votos a favor, 21 en contra y 14 abstenciones, la convocatoria para el proceso de selección de los candidatos a ocupar los cinco asientos pendientes en el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), entre ellos su presidente.

El acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) da por concluido el proceso de selección del candidato a ocupar la vacante de Sergio García Ramírez, iniciado mediante la convocatoria aprobada y publicada por esta soberanía el pasado 28 de febrero e integra el trámite al nuevo procedimiento.

La convocatoria establece los requerimientos para suplir esa vacante, así como la que dejarán a partir del próximo 30 de octubre otros cuatro consejeros electorales, entre ellos el presidente del Instituto.

El diputado Alfonso Durazo Montaño (MC) fue el primero en pronunciarse en contra del acuerdo de la Jucopo, lo calificó como ilegítimo y dijo que “siembra la semilla de la discordia de los futuros procesos electorales”.

Posteriormente lo cuestionaron Manuel Huerta Ladrón de Guevara (PT), Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, estos últimos de MC.

A favor lo hicieron los diputados Ricardo Astudillo Suárez (PVEM), Fernando Rodríguez Doval (PAN) y Mauricio Sahui Rivero (PRI).

Rodríguez Doval (PAN) habló a favor del acuerdo de la Jucopo e insistió en la propuesta de su partido para que, en el marco de la reforma político electoral, se constituya el Instituto Nacional Electoral (INE), que sustituiría al Instituto Federal Electoral (IFE) y a todos los organismos electorales estatales.

Señaló la necesidad de homologar derechos y libertades de todos los ciudadanos y dijo que hay estados “donde prácticamente no existe democracia electoral, donde tenemos una intromisión obscena de los gobernadores, o de otro tipo de poderes fácticos, en sus elecciones, lo que se traduce en una muy mala calidad de la democracia en esos estados”.

Indicó que su partido también considera importante racionalizar los recursos que se destinan en todo el país a los procesos electorales, federales, estatales y municipales, “que ascienden a unos 20 mil millones de pesos”, los cuales los podría manejar el INE de mejor manera.

Rodríguez Doval se pronunció porque los cuatro consejeros vigentes en el IFE pasen a formar parte del INE, de concretarse su creación.

En el acuerdo de la Jucopo que se aprobó en el Pleno, se establece que a partir de la emisión de la convocatoria, los grupos parlamentarios realizarán una amplia consulta de perfiles con universidades e instituciones públicas de educación superior, así como con organizaciones de la sociedad civil.

Derivado de ese proceso, cada fracción presentará a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) una lista con hasta 10 aspirantes a más tardar a las 24 horas de los 15 días naturales posteriores a la publicación de la convocatoria.

Para cubrir la vacante de Sergio García Ramírez, podrán ser considerados aspirantes los cinco ciudadanos presentados a la Jucopo por la Comisión de Gobernación.

Una vez integradas las propuestas, la Jucopo determinará mediante acuerdo el método y orden a seguir para integrar una lista de 28 aspirantes.

La Junta procederá al análisis de perfiles idóneos, a fin de alcanzar el acuerdo para la determinación de la candidatura para cada cargo.

De no alcanzarse en la Junta el acuerdo que permita la presentación de uno o varios candidatos, ese órgano procederá a integrar hasta cuatro listas, con seis aspirantes cada una, e insaculará de cada lista al candidato a ser propuesto al Pleno.

Tratándose de la candidatura a consejero presidente, la Junta deberá realizar todo lo pertinente para alcanzar el acuerdo.

Serán designados consejeros los candidatos que resulten electos por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes.

De no cumplirse el requisito, la propuesta será devuelta a la Junta, a fin de que ésta remita al Pleno, a la brevedad posible, otra propuesta de la lista de aspirantes.

Se señala que en el caso de que se agote la lista de aspirantes, la Jucopo deberá emitir una nueva convocatoria para el cargo que no fue designado.

Los requisitos que tendrán que cubrir los candidatos son los siguientes:

-Ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos.
-Estar inscritos en el Registro Federal de Electores (RFC)
-Tener más de 30 años de edad al día de la designación.
-Poseer con antigüedad mínimo de cinco años, título profesional de nivel licenciatura y contar con los conocimientos y experiencia en materia electoral.
-Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial.
-Haber residido en el país durante los últimos dos años.
-No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular en los últimos cuatro años.
-No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político en los últimos cuatro años.
-No ser secretario de Estado, procurador general de la República o del Distrito Federal, subsecretario u oficial mayor en la Administración Pública Federal, Jefe de Gobierno capitalino, gobernador, secretario de gobierno, a menos que se separe de su encargo con cuatro años de anticipación.
-No ser consejero electoral del IFE.
-No ser ni haber sido miembro del Servicio Profesional Electoral durante el último proceso electoral federal ordinario.

Aprobamos reforma que eleva a rango constitucional pensión universal para adultos mayores y seguro de desempleo

Amigos:

Por este medio, les quiero informar que en nuestra sesión ordinaria del 24 de octubre, los diputados aprobamos, en lo general y en lo particular, el dictamen que eleva a rango constitucional la pensión universal para adultos mayores y el seguro de desempleo y lo turna al Senado de la República.

En lo general se probó con 417 votos a favor, 19 en contra y tres abstenciones, posteriormente se rechazaron casi en su totalidad 15 reservas presentadas por el PRD (siete), PAN (tres), MC (tres) y PT (dos) y finalmente fue avalado en su totalidad por 340 votos a favor, 36 en contra y tres abstenciones.

Únicamente se aprobó una propuesta presentada por José Luis Muñoz Soria (PRD) para precisar el sentido del párrafo segundo, del segundo transitorio.

Las reformas a los artículos 4, 73 y 123 constitucionales figuran en el paquete económico para 2014 que el Ejecutivo federal envió a San Lázaro el pasado 8 de septiembre y son parte de la reforma hacendaria y de seguridad social.

Los diputados realizamos cambios al documento del Ejecutivo y lo enviamos al Senado para su discusión y eventual ratificación, para que posteriormente pase a las 31 legislaturas estatales, ya que se requiere el voto aprobatorio de al menos la mitad más una para ser publicada en el Diario Oficial de la Federación.

A su entrada en vigor, el Congreso de la Unión contará con 180 días para elaborar las leyes secundarias y hacer viable este mandato constitucional.

El documento señala que “el Estado garantizará los derechos de los adultos mayores; velará porque reciban servicios de salud; y promoverá su integración social y participación en las actividades económicas y culturales de su comunidad.

Los adultos mayores tendrán el derecho a recibir una pensión para apoyar sus gastos básicos de manutención durante la vejez, en los términos y condiciones que determinen las leyes que expida el Congreso de la Unión”.

Asimismo, se modifica el artículo 73, fracción XXIX-T, para establecer que el Congreso de la Unión tiene la facultad para legislar en materia de protección de los adultos mayores, con objeto de cumplir lo previsto en el artículo 4 de la Constitución.

Finalmente, se modifica la fracción XXIX del apartado A del artículo 123, por el que se señala que la Ley del Seguro Social, comprenderá seguros de cesantía en edad avanzada y de desempleo.

En un artículo segundo transitorio, se establece que el Congreso de la Unión preverá que los adultos mayores que cumplan 65 años a partir del 2014, que requieran apoyo para sufragar sus gastos básicos de manutención durante su vejez, reciban una pensión a partir de dicho año.

El diputado José Luis Muñoz Soria (PRD) propuso modificar en el dictamen el párrafo segundo, del segundo transitorio, lo que fue aprobado por el Pleno para quedar como sigue:

“El Congreso de la Unión preverá que los adultos mayores, que cumplan 65 años y mayores de esa edad, a partir del 2014, que requieran apoyo para sufragar sus gastos básicos de manutención durante su vejez recibirán una pensión a partir de dicho año, asimismo preverá que periódicamente se revise dicha edad para que, con base en los estudios demográficos que determine la ley, dicha edad se incremente en función de la esperanza de vida de la población”.

Asimismo, preverá que periódicamente se revise esa edad para que, con base en los estudios demográficos que determine la ley, dicha edad se incremente en función de la esperanza de vida de la población.

Se señala que el acceso a los servicios a que se refiere el presente decreto y el otorgamiento de los seguros y prestaciones correspondientes se realizará de acuerdo al monto de ingresos que permita cubrir las nuevas obligaciones.

En un tercero transitorio se subraya que los programas, apoyos y pensiones alimentarias establecidos por los estados y el Distrito Federal, que prevean la transferencia directa de recursos públicos a los adultos mayores para su manutención, podrán continuar en los términos y condiciones que se otorgan conforme a las leyes y demás disposiciones emitidas con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto.

Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Julio César Moreno Rivera (PRD), señaló que para elaborarlo se tomó como eje rector la Iniciativa presentada por el Ejecutivo federal, así como diversas iniciativas del PRI y PRD y el Congreso de Puebla.

Afirmó que la comisión modificó lo concerniente al seguro del desempleo, ya que el Ejecutivo proponía asignarle al Congreso la facultad de legislar en la materia, sin embargo, se consideró conveniente trasladar dicha facultad a la fracción XXIX, del apartado A, del artículo 123 constitucional.

Lo anterior, bajo el criterio de que “no existe la necesidad de expedir una ley que establezca un seguro de desempleo para los trabajadores, sino que el seguro sea administrado y ejecutado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)”.

Por lo que respecta a los artículos transitorios que el Ejecutivo Federal propuso en su iniciativa, la comisión suprimió el tercer párrafo del artículo segundo transitorio, para no condicionar los derechos que ahora se reconocen a una suficiencia presupuestal.

“Finalmente, se consideró pertinente la modificación del artículo tercero transitorio para que los estados y el Distrito Federal mantengan sus programas de atención a adultos mayores, para que sigan operándolos en los mismos términos en que fueron establecidos”, dijo.

Aprobamos reforma a la Ley General de Salud para hacer más eficientes servicios estatales y sancionar con prisión y multas el desvío de recursos

Amigos:

Les quiero informar que en la sesión ordinaria del 18 de octubre, los diputados aprobamos reformar la Ley General de Salud para consolidar a la secretaría federal del ramo como instancia rectora y articuladora del Sistema de Protección Social en Salud, mejorar la eficiencia de los servicios estatales y sancionar con prisión y multas el desvío de recursos.

El documento, que forma parte de las iniciativas que el Ejecutivo federal remitió a San Lázaro el pasado 8 de septiembre, como parte de la Reforma Hacendaria y de Seguridad Social, pasó al Senado para su eventual ratificación.

El dictamen fue aprobado en lo general por 390 votos a favor, 25 abstenciones y 20 en contra y, posteriormente, se desecharon de manera gradual las cinco reservas que se presentaron, cuatro de Movimiento Ciudadano y una del PRD.

Al inicio de la discusión el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara (PT) presentó una moción suspensiva, que fue desechada, y posteriormente los grupos parlamentarios fijaron su postura en torno a la reforma.

Ricardo Monreal Ávila (MC) se manifestó en contra y calificó esta reforma como “una agresión al federalismo”.

El dictamen fue aprobado en lo particular por 361 votos a favor, 32 en contra y 13 abstenciones.

El documento consolida a la Secretaría de Salud como instancia rectora y articuladora del Sistema de Protección Social en Salud.

Señala que se busca mayor eficiencia en los servicios estatales de salud, asegurando que los recursos que se transfieren a este sistema, se utilicen de la mejor manera y para los fines a que fueron asignados.

También establece que los recursos que transfiera el gobierno federal a las entidades federativas por concepto de cuota social y de aportación solidaria, podrán realizarse en numerario o en especie, a fin de garantizar que la población cuente con los medicamentos y demás insumos para su atención.

Fija penas de cuatro a siete años de prisión y multas de mil a 500 mil días de salario mínimo, a quien desvíe recursos, numerarios o en especie, del Sistema de Protección Social en Salud.

Se detalla que la protección social en salud es el mecanismo por el cual el Estado garantiza el acceso oportuno, de calidad, sin desembolso, en el momento de utilización, y sin discriminación, de los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud de los afiliados.

Asimismo, homologa la Ley General de Salud con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en cuanto a la transferencia de recursos federales a las entidades federativas.

Avalamos minuta del Senado para ampliar un año más el plazo para aplicar los controles de confianza a todos los policías del país

Amigos:

Los diputados aprobamos el 22 de octubre, por 389 votos a favor, 22 en contra y 10 abstenciones, la minuta que envió el Senado para ampliar por un año más el plazo para que todas las policías del país cumplan con la certificación de confianza.

El documento reforma el artículo tercero transitorio y adiciona los artículos decimotercero y decimocuarto transitorios del decreto que expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica, y se turna al Ejecutivo para su promulgación.

Indica que “los integrantes de las instituciones de seguridad pública, en un plazo de doce meses, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, deberán obtener la certificación por parte de los centros de evaluación y control de confianza, de lo contrario, serán separados del servicio”.

El próximo 28 de octubre vencía el plazo que se amplía por segunda ocasión.

Al fundamentar el dictamen, el diputado Sergio Armando Chávez Dávalos (PRI) recordó que el 2 enero de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre la obligatoriedad de la certificación de los elementos policíacos en todo el país.

“La realidad nos muestra que, principalmente, las entidades federativas y los municipios del país no cumplirán con el operativo legal, de conformidad con el informe de avance del programa de evaluación y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad, levado a cabo el 17 de julio del año en curso”, agregó.

Durante su comparecencia en San Lázaro, el pasado 9 de marzo, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, alertó de la “complicación muy grande” que era el vencimiento de este plazo, porque el 30 por ciento de los policías no habían cumplido con los controles de confianza.

Dijo que de no aplicarse una prórroga a este plazo, “municipios enteros” se podrían quedar sin seguridad.

Sólo el 98 por ciento de los policías federales y el 70 por ciento de los estados y municipios han cumplido con esos controles, en gran medida por la rotación que existe de manera permanente en las corporaciones de seguridad, indicó en esa ocasión Osorio Chong.

En la reforma que avaló este martes la Cámara de Diputados se establece que el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública deberá rendir ante el Senado un informe del avance del programa de certificación de policías a los seis meses de la entrada en vigor del presente decreto.

También señala que los gobiernos federal, estatales y del Distrito Federal deberán hacer las previsiones de recursos necesarias y establecer una partida específica en sus respectivos presupuestos para el siguiente ejercicio fiscal a su entrada en vigor.

Exhortamos al gobierno federal a otorgar Premio Nacional del Deporte a niños triquis que ganaron campeonato de basquetbol en Argentina

Amigos:                                                                       

Les informo que en la sesión del 22 de octubre, los diputados exhortamos al gobierno federal a que los niños que integran la selección de básquetbol triqui, del estado de Oaxaca, y su equipo técnico sean acreedores al Premio Nacional del Deporte, tras su triunfo en un torneo en Argentina.

En un punto de acuerdo, los legisladores también aprobamos rendir un homenaje y entregar un reconocimiento público a los menores que juegan descalzos y ganaron los seis partidos del VI Festival Mundial de Mini Baloncesto, que se realizó este mes en Córdoba, Argentina.

El Premio Nacional del Deporte lo otorga cada año el gobierno federal, a través de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), a deportistas, entrenadores, jueces o árbitros que han sobresalido en ese ámbito, consiste en una presea y una cantidad de dinero que se entregan el 20 de noviembre.

Al acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) sobre este reconocimiento a los menores deportistas se sumaron diputados de diversas fracciones parlamentarias, quienes ampliaron la discusión y pidieron otras acciones de fondo para apoyar las necesidades de los niños indígenas en general.

El presidente de la Comisión del Deporte, Felipe de Jesús Muñoz Kapamas (PRI), hizo un reconocimiento al desempeño de los menores y aseguró que unirán esfuerzos que contribuyan a elevar su calidad de vida.

“El grupo parlamentario del PRI no sólo nos unimos a esta propuesta, sino que manifestamos por mi conducto nuestra decisión de proponer que una parte de los recursos de infraestructura deportiva que se asignen al PRI sean destinados a la construcción de un gimnasio en la zona”, afirmó.

La presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez, Verónica Juárez Piña (PRD), se congratuló con el acuerdo, dijo que contribuye a lograr las metas de los niños a favor de sus derechos, así como a seguir rompiendo barreras para sus alcanzar sus sueños”.

La presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, Eufrosina Cruz Mendoza (PAN), exhortó a que el tema del apoyo a los niños indígenas sea incluido en el presupuesto 2014.

Que “también se refleje el presupuesto, en educación, en salud, en deporte, no basta con sólo aplausos, sino con realidades y hechos, (queremos) ver resultados en el Anexo 9 para las comunidades indígenas”, subrayó.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán (MC) hizo una llamado a la Comisión del Deporte a abordar este tema como un derecho social y pidió que el reconocimiento no sea “flor de un día, ni protagonismo político”

La diputada Gloria Bautista Cuevas (PRD), afirmó que la región de donde son originarios los niños triquis es una de las más pobres del país, y no sólo hace falta “una cancha sino una escuela para esas comunidades”, añadió que es necesario garantizar educación a jóvenes.

Los legisladores, Teresa Mojica Morga (PRD), Aida Fabiola Valencia (MC), Socorro Ceseñas Chapa (PRD), también coincidieron en que el tema sea incluido en el presupuesto 2014, y promover mayor cantidad de becas que estimulen la formación los niños y jóvenes.

Asimismo, señalaron que es necesario implementar programas integrales de alimentación, educación y deporte para comunidades indígenas y zonas pobres en el país.

El diputado Gerardo Francisco Liceaga Arteaga (PRI), quien solicitó la semana pasada un minuto de aplausos para los menores de Oaxaca, señaló la necesidad de que “todas las voces (y fracciones parlamentarias) se sumen” en su apoyo, porque los niños triquis no compitieron con la playera de algún partido político.

El acuerdo establece:

“La Cámara de Diputados exhorta al gobierno federal a través de la Comisión Nacional del Deporte para que los niños que integran la selección de básquetbol triqui del estado de Oaxaca y su equipo técnico sean acreedores al Premio Nacional del Deporte”.

También señala que “La Cámara de Diputados rendirá un homenaje y entregará un reconocimiento público a cada uno de los niños triquis del estado de Oaxaca y a su equipo técnico”.

Reformamos la Ley Agraria para equilibrar las oportunidades entre hombres y mujeres en el campo y turnamos la minuta al Senado de la República

Amigos:

Les informo que en la sesión ordinaria del 10 de octubre, los diputados aprobamos por unanimidad, con 408 votos a favor, adicionar un segundo párrafo al artículo 37 de la Ley Agraria, con el objetivo de equilibrar las oportunidades entre hombres y mujeres en el campo.

La iniciativa la presentó en marzo pasado la diputada Martha Berenice Álvarez Tovar (PAN) y se turna al Senado de la República para su eventual ratificación.

El documento establece expresamente la necesidad de que las mujeres cuenten con una mayor participación en la toma de decisiones dentro de las autoridades u órganos de los ejidos o comunidades.

También considera de vital importancia que exista mayor vinculación de las mujeres en la vida de los núcleos de población ejidal.

Asegura que en muchas ocasiones esto resulta imposible para ellas, toda vez que la interpretación de la ley vigente aunada a la importante amalgama de usos y costumbres, la convierten sólo en espectador, distanciándola directamente de un rol más operativo y de trascendencia.

El artículo 37, sección tercera, de los órganos del ejido, de la Ley Agraria, quedará como sigue:

Las candidaturas a puestos de elección que integran el Comisariado Ejidal y el Consejo de Vigilancia, deberán integrarse por no más del sesenta por ciento de candidatos de un mismo género, pudiendo aspirar a cualquiera de los puestos indistintamente. Para las comisiones y secretarios auxiliares con que cuenta el Comisariado Ejidal, se procurará la integración de las mujeres.

En el documento se indica que la participación de la población femenina en el medio rural ha jugado y juega un papel importante en el desarrollo de los grupos domésticos y de la comunidad.

Sin embargo, agrega, el escenario al que se enfrentan social y económicamente ha inhibido su reconocimiento y justo valor al que son acreedoras.

La mayoría no reciben remuneración por el trabajo que realizan. Incluso, el trabajo que reportan como actividad económica les genera pagos por debajo del estimado para los varones.

Las mujeres rurales son discriminadas en cuanto a los ingresos que perciben y sobreexplotadas en términos del tiempo y trabajo que realizan.

Estadísticas del Registro Agrario Nacional indican que en México existen cinco millones 304 mil 195 sujetos agrarios, de los cuales un millón 369 mil 104, que representan el 25.9 por ciento, son mujeres ejidatarias o comuneras, y tres millones 935 mil 091 hombres, el 74.1 por ciento.

A su vez, las mujeres con más de 50 años son la población con mayores derechos agrarios.

Exhortamos a las autoridades federales y estatales a concretar acciones en beneficio de las zonas afectadas por las inundaciones

Amigos

Les informo que en la sesión del pasado 3 de octubre, los diputados aprobamos un acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) por el que exhortamos al Ejecutivo federal, a diversas dependencias y a gobiernos estatales a concretar acciones en beneficio de las zonas afectadas por las inundaciones.

El documento fue avalado tras concluir la ronda de posicionamientos de las fracciones parlamentarias sobre el tema de las afectaciones generadas en gran parte del territorio nacional, por los recientes fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel.

El acuerdo está integrado por los siguientes cuatro resolutivos:

El primero exhorta al titular del Poder Ejecutivo, para que instruya a las dependencias correspondientes a su cargo, la flexibilización de las reglas de operación, de todos los programas federales en los estados siniestrados, con especial atención al Fondo Regional (Fonregión), y al Fondo Nacional para la Atención de Desastres Naturales (Fonden).

Así como la inmediata activación de los recursos del programa de empleo temporal considerado en los presupuestos sectoriales aprobados para el ejercicio 2013.

El segundo resolutivo solicita al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, a garantizar la transparencia en el ejercicio de los recursos destinados a la atención del desastre natural, emitiendo lineamientos de gasto y haciendo publico el monto entregado a cada unidad responsable de gasto.

El tercero exhorta a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a garantizar la seguridad hídrica de los habitantes de las entidades y municipios afectados, realizando aquellas obras consideradas en el programa de protección a centros de población

De igual forma se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) a liberar de manera pronta y expedita los recurso del programa de prevención y manejo de riesgos para la atención a desastres naturales en el sector agropecuario y pesquero, en especial del Fondo de Apoyo Rural por Contingencias Climatológicas.

El último resolutivo pide al Ejecutivo federal y los ejecutivos estatales presentar un diagnostico preciso y exhaustivo de los daños ocasionados por los fenómenos.

Lo anterior, a efecto de que esta soberanía pueda tener elementos para ejercer a cabalidad su facultad para modificar el proyecto de presupuesto de egresos y contemple las asignaciones y previsiones económicas para el ejercicio fiscal 2014 necesarias para las acciones de reconstrucción.

Avalamos minuta del Senado para regular trato digno y respetuoso hacia animales de compañía o de sacrificio para el consumo humano

Amigos:

En la sesión del 3 de octubre, los diputados aprobamos sin cambios una minuta del Senado de la República para regular el trato digno y respetuoso que debe darse a los animales de compañía o que se destinen al sacrificio para el consumo humano.

El dictamen fue avalado en lo general por 401 votos a favor, cero en contra y una abstención, y tras rechazar una reserva presentada por el diputado Ricardo Monreal Ávila (MC) se avaló en lo particular por 377 votos a favor, dos en contra y dos abstenciones.

Surge de una iniciativa presentada por la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván (PAN), que fue aprobada por la cámara alta el pasado 23 de abril, y se turna al Ejecutivo federal para su publicación.

La reforma adiciona un párrafo segundo al artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y se adicionan las fracciones X, XXVI y XLVII, recorriéndose las subsecuentes, al artículo 3 de la Ley General de Vida Silvestre.

Se señala que corresponde al gobierno federal expedir las normas oficiales mexicanas que determinen los principios básicos de trato digno y respetuoso, que incluyan condiciones de cautiverio, exhibición, transporte, alimentación, explotación, manutención y sacrificio de los animales.

Define conceptos como crueldad, que será entendido como un acto de brutalidad, sádico o zoofílico contra cualquier animal, ya sea por acción directa, omisión o negligencia.

El maltrato es definido como todo hecho, acto u omisión del ser humano, que puede ocasionar dolor, deterioro físico o sufrimiento, que afecte el bienestar, ponga en peligro la vida del animal, o afecte gravemente su salud o integridad física.

También considera para este caso la exposición a condiciones de sobreexplotación de su capacidad física con cualquier fin.

Establece el concepto de trato digno y respetuoso, como las medidas que se establecen en esta Ley y su Reglamento, así como tratados internacionales, normas ambientales y normas oficiales mexicanas.

Lo anterior para evitar dolor, deterioro físico o sufrimiento, durante su posesión o propiedad, crianza, captura, traslado, exhibición, cuarentena, comercialización, aprovechamiento, adiestramiento o sacrificio.

En las consideraciones del documento se afirma que no es ético lastimar a los animales silvestres por diversión, negligencia o ignorancia de quienes con sus acciones u omisiones provocan en muchas ocasiones un sufrimiento severo a los mismos.

“Atentar de esta manera contra la vida silvestre, es inaceptable y, en consecuencia, dicha conducta debe evitarse fomentando el trato digno y respetuoso hacia los animales y, así, no dar cabida al dolor ni al maltrato que se les inflige a los animales”, subraya.

Aprueban diputados incluir el “grado de accesibilidad a carretera pavimentada” dentro de los indicadores para medir la pobreza

Amigos:

Los diputados aprobamos, en la sesión ordinaria del 26 de septiembre, con 412 votos a favor, un dictamen de la Comisión de Desarrollo Social para incluir el “grado de accesibilidad a carretera pavimentada” dentro de los indicadores para establecer definir, identificar y medir la pobreza.

El dictamen, derivado de la iniciativa presentada en octubre de 2010 por el entonces diputado José Francisco Yunes Zorrilla (PRI), propone adicionar una fracción IX al artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social, tras su aprobación se turna al Ejecutivo para su promulgación..

La legislación actual sólo contempla que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social identifique el nivel de pobreza mediante los siguientes indicadores: ingreso corriente per cápita, rezago educativo en el hogar, acceso a los servicios de salud.

Asimismo el acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a los servicios básicos en la vivienda, acceso a la alimentación, grado de cohesión social.

El dictamen señala que al incluir el grado de accesibilidad a carretera pavimentada como indicador para la medición de la pobreza, se consideran las condiciones de las poblaciones para allegarse a bienes y servicios que le permitan el pleno desarrollo.

Además, “se podrá contar como una herramienta que pueda determinar el aislamiento geográfico, el cual mantiene al margen de beneficios económicos, de competitividad y de desarrollo humano a la población vulnerable”, indica.

“Con esta adecuación, se mejora el grado de accesibilidad en el territorio nacional, sobre todo en las comunidades y localidades que se encuentran marginadas, y de esta manera se tendrán las condiciones para acceder a mejores servicios”, destaca.

Además, continúa el documento, se busca enriquecer la base de información para la medición de la pobreza multidimensional.

Aprobamos reforma para que integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH soliciten al Senado o Comisión Permanente ser ratificados para segundo periodo

Amigos:

En la sesión del 26 de septiembre, los diputados aprobamos una minuta del Senado que reforma la Ley de la CNDH para que los integrantes de su Consejo Consultivo puedan manifestar por escrito al Senado, o a la Comisión Permanente, su deseo de ser ratificados para un segundo periodo.

Dicha manifestación de interés deberá presentarse antes que concluya el periodo de inscripción de candidaturas que haya determinado la convocatoria respectiva y los interesados podrán ser considerados en los mismos términos de los demás participantes.

El dictamen a la minuta adiciona un último párrafo al artículo 17 de la Ley de la CNDH, fue aprobado por unanimidad con 415 votos a favor y se remite al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Surge de una iniciativa que el senador Pablo Escudero Morales (PVEM) presentó el 20 de noviembre de 2012 y aprobada por la cámara alta el 24 de abril de 2013.

Con esta modificación a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se suprime el texto vigente que señalaba que anualmente serán sustituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo periodo.

En las consideraciones se expone que en el texto actual existe una laguna en la ley que deviene falta de certidumbre jurídica para los miembros del Consejo Consultivo de la CNDH que deseen ser tomados en cuenta para una eventual ratificación de su cargo.

Se subraya que la adición propuesta fortalece un esquema de desarrollo profesional en beneficio de las actividades a cargo del Consejo Consultivo de la CNDH y del propio organismo y se adopta una postura que permitirá ponderar la experiencia y el desempeño en ese cargo.

Aprobamos que el FCE, Indautor y Conaliteg colaboren de manera permanente en el Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura

Amigos:

Les quiero informar que en la sesión del 26 de septiembre, los diputados aprobamos que el Fondo de Cultura Económica (FCE), el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) colaboren de manera permanente en el Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura.

Con 372 votos a favor, por consenso, se aprobó el dictamen que deviene de un iniciativa que presentó la diputada Mónica García de la Fuente (PVEM), el pasado 3 de abril, adiciona las fracciones XI, XII y XIII al artículo 14 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro y se turna al Senado.

Esta ley, publicada el 27 de julio de 2008, creó el Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura, como un órgano consultivo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y un espacio de concertación y asesoría entre todas las instancias públicas, sociales y privadas vinculadas al libro y la lectura.

El dictamen señala que el consejo, de acuerdo con las atribuciones que la ley le otorga, ha integrado como invitados con carácter no permanente a cuatro instituciones fundamentales en el fomento del libro y la lectura en el país, el FCE, Indautor, la Conaliteg y Educal, SA de CV .

Ahora se aprobó que colaboren de manera permanente con el Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura.

En el documento se recuerda que el FCE es la editorial más importante de México en su género e Indautor es la autoridad administrativa en materia de derechos de autor y derechos conexos, con carácter de órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La Conaliteg tiene como objetivo garantizar condiciones educativas equitativas, a partir de la unificación de contenidos temáticos auspiciada por el Estado.

Reforman Ley Federal de Protección al Consumidor para que ciudadanos tengan garantía de constituir grupos en defensa de sus derechos como consumidores

Palacio Legislativo 26-09-2013 (Notilegis).- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la minuta que reforma Ley Federal de Protección al Consumidor para que los ciudadanos tengan la garantía de constituir grupos en defensa de sus derechos como consumidores.

El documento, que pasa al Ejecutivo para su promulgación, fue aprobado por unanimidad con 396 votos a favor, surgió de una iniciativa del senador Luis Walton Aburto (MC) de la LXI Legislatura, aprobada por el Senado el 14 de diciembre de 2011.

La reforma adiciona la fracción XI al artículo 1 de la Ley Federal de Protección al Consumidor para constituir grupos u otras organizaciones de consumidores que sean garantes de los derechos del consumidor.

La modificación queda de la siguiente manera:

Artículo 1…Son principios básicos en las relaciones de consumo:

XI. La libertad de constituir grupos u otras organizaciones de consumidores que, sin contravenir las disposiciones de esta ley, sean garantes de los derechos del consumidor.

En las consideraciones del dictamen de la minuta se expone que a nivel internacional, desde 1985, la Asamblea General de las Naciones Unidas establece la libertad de constituir grupos u otras organizaciones de consumidores, como una de las directrices para la protección del consumidor.

Se señala que la reforma fortalecerá el marco jurídico de protección a los derechos de los consumidores.

Asimismo, se considera que la modificación es congruente con las reformas aprobadas a la Ley en 2010, con el propósito de reglamentar la presentación de quejas en forma grupal por parte de asociaciones u organizaciones de consumidores.

Declara Comisión Permanente constitucionalidad de la reforma al IFAI, que recibió el aval de la mayoría de los congresos estatales

Palacio Legislativo, 22-01-2014 (Notilegis).- La Comisión Permanente emitió la declaratoria de constitucionalidad de la reforma en materia de transparencia, la cual dota de mayor autonomía al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), y la turnó al Ejecutivo federal para su promulgación.

El presidente de la Comisión Permanente, diputado Ricardo Anaya Cortés (PAN), informó que, hasta el momento, 18 congresos estatales han avalado la reforma que modifica disposiciones de los artículos 6, 73, 76, 89, 105, 108, 111 y 122 de la Constitución Política.

Las legislaturas estatales que han ratificado la reforma son: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, Durango, Jalisco, México, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas.

A partir de que la reforma se publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Congreso de la Unión contará un año para expedir las leyes reglamentarias.

De manera inicial, el Senado aprobó el dictamen de la reforma el 20 de diciembre de 2012 y lo turnó a San Lázaro, donde se modificó el 22 de agosto de 2013 y se regresó a la Cámara Alta, que lo avaló con nuevos cambios el 20 de noviembre, y envió de regreso a la Cámara de Diputados.

Los diputados avalaron las modificaciones hechas por los senadores el pasado 26 de noviembre y turnaron el documento a las legislaturas estatales para su ratificación.

Con la reforma constitucional del IFAI se amplía la transparencia y rendición de cuentas, se otorga autonomía plena a este organismo y sus resoluciones serán inatacables, con el propósito de que el ciudadano cuente con mejores herramientas para evaluar a sus funcionarios y representantes.

Prevalecerá el principio de “máxima publicidad”, bajo el cual tendrán que operar las instancias que sean auspiciadas por parte del gobierno en sus diversos niveles.

Toda clase de información sobre los asuntos y recursos que manejan las instituciones públicas puede ser conocida por la ciudadanía, salvo excepciones previstas en la ley y que son las relacionadas con la seguridad nacional y la información personal de los ciudadanos.

El IFAI podrá resolver, igualmente, los recursos que interpongan los particulares respecto a las resoluciones que determinen la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de una información.

Además, se establece que es pública toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos.

Asimismo, de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal.

También se instituye que sólo el consejero jurídico del Ejecutivo federal podrá apelar las resoluciones del IFAI ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y únicamente cuando puedan poner en peligro la seguridad nacional.

Los actuales comisionados del IFAI podrán formar parte del nuevo organismo autónomo por el tiempo que resta de su nombramiento y para ese propósito se debe presentar una solicitud formal al Senado de la República, que resolverá en un plazo de 10 días, y su eventual ratificación debe ser avalada por dos terceras partes de los legisladores presentes.

Emite Anaya Cortés declaratoria de constitucionalidad de reforma política-electoral, avalada por 18 legislaturas estatales, y la turna al Ejecutivo para su promulgación

Palacio Legislativo, 22-01-2014 (Notilegis).- El presidente de la Comisión Permanente, diputado Ricardo Anaya Cortés (PAN), emitió la declaratoria de constitucionalidad de la reforma política-electoral, tras ser avalada por la mayoría de los congresos estatales, y la turnó al Ejecutivo para su promulgación.

Durante la sesión de hoy miércoles, el también presidente de la Cámara de Diputados informó a la asamblea que esta reforma ha sido aprobada por las legislaturas de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Colima, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, México, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.

La reforma se turna al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y el Congreso de la Unión deberá elaborar las leyes reglamentarias a más tardar el 30 de abril de 2014.

El pasado 4 de diciembre, el Senado de la República aprobó la reforma política-electoral y la turnó a los diputados, quienes la aprobaron, con cambios, el 6 de diciembre, y la regresaron a la Cámara Alta.

Los senadores aprobaron el pasado 13 de diciembre las modificaciones a la minuta hechas por los diputados y la enviaron a las legislaturas locales, para su eventual ratificación.

Entre otros rubros, la reforma política-electoral crea el Instituto Nacional Electoral (INE), en sustitución del Instituto Federal Electoral (IFE), instancia que podrá nombrar y remover a los consejeros de los institutos locales y fiscalizará los ingresos y egresos de todos los partidos y todas las campañas en el país.

Asimismo, establece la posibilidad de reelección consecutiva para senadores hasta por dos periodos consecutivos y de los diputados federales hasta por cuatro periodos consecutivos, ambos se aplicarán a los legisladores electos en 2018.

Las entidades federativas y el Distrito Federal podrán establecer la elección consecutiva para legisladores, presidentes municipales, regidores y síndicos, hasta por un periodo extra. La postulación sólo será por el mismo partido o alguno que lo haya postulado, o por la vía independiente, si así fue electo la primera vez.

La reforma transforma a la Procuraduría General de la República (PGR) en una Fiscalía General de la República autónoma, conformada por la fiscalía anticorrupción y la de delitos electorales.

Además, aumenta a tres por ciento el mínimo de los votos necesarios para mantener el registro como partido político nacional o estatal y eleva a rango constitucional la equidad de género en candidaturas.

También establece causas de nulidad de una elección federal o local cuando se exceda el gasto de campaña en un 5.0 por ciento del monto total autorizado, por utilización de recursos de procedencia ilícita, desvío de recursos públicos o la compra de cobertura informativa o de tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previsto en la ley.

En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria, en la que no podrá participar la persona sancionada.

Con las modificaciones se cambia la fecha en la que el Presidente de la República electo tomará protesta al 1 de octubre, en lugar del 1 de diciembre, y se fija al primer domingo de junio como la nueva fecha para las elecciones federales y locales, salvo las de 2018, las cuales se realizarán el primer domingo de julio

Aprobamos reformas a la Ley de Migración para aumentar protección en estaciones migratorias a mujeres y personas que no sepan leer ni escribir

Amigos:

En la sesión del pasado 3 de septiembre, los diputados aprobamos con 441 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, un dictamen que reforma la Ley de Migración para proteger el tránsito de mujeres en estaciones migratorias y a migrantes en situación de analfabetismo.

La iniciativa, suscrita por la Comisión de Asuntos Migratorios, adiciona la fracción IV del artículo 109 y el artículo 110 de la Ley de Migración, y se turnó al Senado de la República para su eventual ratificación.

Establece que si un migrante ingresado no supiera leer ni escribir, se le deberá proporcionar la información verbalmente, ya que si bien el artículo 109 establece que dichos datos deben serle entregados por escrito, pierde su objetivo y su utilidad en el caso de analfabetos.

El documento de la comisión que preside la diputada Amalia García Medina (PRD), señala que el personal médico y de seguridad de las áreas de estancia para mujeres de las estaciones deberá ser del sexo femenino para prevenir y evitar casos de violencia, acoso y abuso sexual.

Indica que si bien ya está contemplado que el personal de seguridad, vigilancia y custodia sea femenino, es necesario que estas especificaciones se amplíen también a las revisiones médicas.

La iniciativa que fue presentada por el diputado Jaime Oliva Ramírez (PAN) en la pasada legislatura, señala que debido a sus condiciones de vulnerabilidad la población migrante requiere que sus necesidades sean atendidas de manera urgente y se le otorgue atención prioritaria.

La iniciativa establece:

Artículo 109. Todo presentado, en su caso, tendrá los siguientes derechos desde su ingreso en la estación migratoria:

I. a III. ...

IV. Recibir por escrito sus derechos y obligaciones, así como las instancias donde puede presentar sus denuncias y quejas. En caso de que el migrante no sepa leer ni escribir, se le proporcionará dicha información verbalmente.

V. a XV. ...

Artículo 110. El personal médico, de seguridad, vigilancia y custodia que realice sus funciones en las áreas de estancia de mujeres será exclusivamente del sexo femenino.

Avalamos dictamen para regular destino de neumáticos usados y promover reciclaje

Amigos:

En la sesión ordinaria del 3 de septiembre, aprobamos con 449 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, un dictamen para regular el destino final de neumáticos usados y promover su uso como materia prima, mediante su reciclaje, que se regresará al Senado para su eventual ratificación.

El proyecto de decreto, presentado por las comisiones unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Transportes, reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y la de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

“Se pretende reducir el volumen de neumáticos usados que son dispuestos en rellenos sanitarios, lotes baldíos, cuerpos de agua y otros sitios comúnmente utilizados como vertedero… ya que se pretende fomentar su gestión, valorizándolos como materias primas para otros fines mediante su reciclado”, dice el documento.

En su fundamentación, señala que, de acuerdo con cifras emitidas en febrero de 2013 por la Cámara Nacional de la Industria Hulera (CNIH), en 2012 se consumieron alrededor de 33.7 millones de neumáticos, de los cuales 25.7 millones son fabricados en México.

También indica que el consumo promedio anual es cercano a los 19 millones de neumáticos, 14.9 millones son nuevos importados, un millón usados y tres millones entran al país de manera ilegal.

En el decreto del dictamen se propone considerar a los neumáticos usados como residuos de manejo especial.

Establece que los grandes generadores, los productores, importadores, exportadores y distribuidores de estos productos estarán obligados a la formulación y ejecución de sus planes de manejo, en un plazo no mayor a dos años.

Promueve que en las concesiones para la construcción y mantenimiento de caminos y puentes federales se puede exigir el uso de caucho reciclado proveniente de neumáticos usados reciclados y se podrá revocar la concesión si no cumplen con dicha característica.

Asimismo, plantea que el Ejecutivo federal deberá desarrollar una “estrategia nacional para la gestión integral de neumáticos usados”.

Además, las entidades federativas establecerán las obligaciones de los generadores, distinguiendo grandes y pequeños, y las de los prestadores de servicios de residuos de manejo especial, y formularán los criterios y lineamientos para su manejo integral.

Los gobiernos de los estados podrán prohibir que los neumáticos se sitúen en predios baldíos, barrancas, cañadas, ductos de drenaje y alcantarillado, cuerpos de agua, cavidades subterráneas.

Los fabricantes, importadores, distribuidores gestores y generadores deberán hacerse cargo de su gestión una vez desechados.

Reformamos la Ley Agraria sobre el uso y operación de las parcelas escolares, que capacitan a estudiantes en producción agrícola

Amigos:

El pasado 28 de noviembre, los diputados aprobamos un dictamen que reforma la Ley Agraria sobre el uso y operación de las parcelas escolares, donde los alumnos de las zonas rurales y periurbanas reciben una educación que los capacita para desarrollar e innovar la producción agrícola.

El documento, que surge de una iniciativa del diputado Blas Ramón Rubio Lara (PRI), reforma el artículo 70 de esa ley, fue aprobado por 405 votos a favor, 10 en contra y dos abstenciones y se turna al Senado para su eventual ratificación.

Se recuerda que la parcela escolar es una institución histórica del Derecho Agrario, que ha sido regulada por diversos ordenamientos jurídicos desde el Código Agrario de 1940 y actualmente por el artículo 70 de la Ley Agraria del año de 1992.

La iniciativa propone conservar como un derecho opcional para el ejido crear o no la parcela escolar y plantea conservar en la ley las actividades a las cuales debe dedicarse que, de manera general, consisten en la enseñanza, la investigación y la difusión de las prácticas agrícolas.

Sobre el producto que genera la parcela escolar, la iniciativa propone algunas modificaciones.

Plantea que el 80 por ciento de los productos o utilidades se destinen al beneficio de la escuela, como a mejorar sus instalaciones, su conservación y mantenimiento y adquisición de mobiliario y equipo.

El restante 20 por ciento se podrá entregar al director y a los maestros de la escuela, como apoyo a la relevante tarea que desempeñan.

Señala que la propiedad, posesión y explotación de la parcela escolar, corresponden al ejido y será administrada por los integrantes del Comisariado Ejidal y Comunal y por el Consejo de Vigilancia, así como la directiva de padres de familia y de maestros de las escuelas, actuando conjuntamente.

Estos podrán contratar los créditos respectivos y otorgar en garantía el usufructo parcelario, sin requerir acuerdo previo de la asamblea a la cual informarán anualmente.

Aprobamos reformas para sustituir término “capacidades diferentes” por “discapacidad” y evitar casos de discriminación y confusiones jurídicas y sociales

Amigos:

Les quiero informar que en nuestra sesión ordinaria del 28 de noviembre, los diputados aprobamos un dictamen que reforma la Ley General de Desarrollo Social para sustituir el término “capacidades diferentes” por el de “discapacidad”, con el fin de evitar discriminación y confusión en ámbitos sociales y jurídicos.

El documento reforma la fracción VII del artículo 3 de esa ley, surge de una iniciativa que presentó en abril pasado la diputada Paloma Villaseñor Vargas (PRI), se aprobó por unanimidad, con 398 votos a favor, y se turna al Senado para su eventual ratificación.

Señala que todas las personas cuentan con cualidades y capacidades únicas y diferentes a otras, por lo que actualmente el término “capacidades diferentes” no cuenta con fundamento etimológico, médico ni académico y califica a cualquier individuo, tenga o no una discapacidad.

Precisa que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha realizado estudios para designar el término que mejor califique la condición de discapacidad y superar así las aseveraciones negativas o peyorativas que se han utilizado para referirse a este grupo de personas.

Indica que con base en el censo 2010, en México al menos 5.1 por ciento de la población del país sufre algún tipo de discapacidad.

En sus consideraciones, el documento señala que el término “capacidades diferentes” ha causado grandes confusiones en los ámbitos jurídicos y sociales e incluso ha implicado retrocesos en la defensa de los derechos de las personas con alguna discapacidad.

Añade que al utilizar el término discapacidad en la Ley General de Desarrollo Social, se lleva a cabo la armonización de la norma con la Constitución Política.

Aprobamos reformas para sancionar como delincuencia organizada a delitos relacionados con trata de personas, explotación, pornografía y pornografía infantil

Amigos:

Los diputados federales aprobamos, en nuestra sesión ordinaria del 27 de noviembre, por unanimidad, con 393 votos a favor, reformas para que se sancione como miembros de la delincuencia organizada a quienes cometan delitos relacionados con la trata de personas, explotación, pornografía y pornografía infantil.

El dictamen reforma los artículos 2o., fracción VI, y 3o, segundo párrafo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, surge de una minuta que envió el Senado, pero que al ser modificada regresa de nuevo a la Cámara alta.

El documento inicial lo presentaron, el 20 de noviembre de 2012, los senadores priistas Arturo Zamora Jiménez, Miguel Ángel Chico Herrera, Margarita Flores Sánchez, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Arely Gómez González, Miguel Romo Medina y María Lucero Saldaña Pérez.

El documento vincula la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada con la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas.

Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Justicia, Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (PRI), señaló que “pretende vincular ambas normas jurídicas, para que se genere un espacio en el que no quepa la impunidad en el delito de trata de personas”.

Argumentó que en el contexto que vive el país, la trata de personas se da en un clima de violencia, abuso y discriminación.

“Se trata que la ley de delincuencia organizada y la de trata de personas se vinculen y no permitan en este espacio ninguna impunidad, que genere que la trata de personas no sea debidamente considerada como un tipo de delito que debe atenderse de la delincuencia organizada”, señaló.

Refirió que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) existen entre 16 mil y 20 mil niños y niñas inmersos en un entorno de violencia, mismo que de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se ha incrementado propiciando la trata de personas.

Asimismo, señala que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) encabeza la lucha contra el trabajo infantil y explica que el dictamen permite vincular las normas jurídicas para impedir la impunidad con respecto a la trata de personas.

Con la reforma se otorga a la federación la competencia para conocer de los delitos en materia de trata de personas cuando el Ministerio Público ejerza la facultad de atracción.

Precisa que será el Ministerio Público y las autoridades judiciales federales las competentes para conocer de tales delitos. Bajo ninguna circunstancia se agravarán las penas previstas en las legislaciones de las entidades federativas.

El documento especifica la necesidad de llevar a cabo estas modificaciones, ya que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada no cuenta con claras atribuciones legales que le permitan investigar con toda libertad y sin restricciones este tipo de delitos.

Aprobamos, con cambios, dictamen que expide la Ley de Vertimientos en Zonas Marinas Mexicanas y la regresa al Senado

Amigos:

Por este conducto, les informo que en la sesión del 27 de noviembre, los diputados aprobamos con cambios el dictamen de una minuta que expide la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas, con el fin de regular y asegurar que este tipo de actividad se realice bajo control y no resulte nociva para la vida humana.

El documento, avalado por unanimidad, con 404 votos a favor, surge de una iniciativa que el Ejecutivo federal envió al Senado de la República y regresa a la Cámara alta por las modificaciones que sufrió en San Lázaro.

Considera que el vertimiento en las zonas marinas en el país debe estar prohibido, salvo en los casos y condiciones establecidas y que su autorización debe realizarse por la autoridad competente.

Señala que los criterios que deberán observarse para el vertimiento de desechos, materiales o sustancias, se establecerán de acuerdo con lo indicado en el Protocolo de 1996, relativo al Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y Otras Materias, adoptado en Londres en 1972.

En el texto se precisa que por deshecho se entenderá cualquier material o producto que se encuentre en estado sólido o semisólido, en líquido o gas contenido en recipientes o depósitos.

Indica que es vertimiento en las zonas marinas mexicanas, toda evacuación, eliminación, introducción o liberación en las zonas marinas mexicanas, deliberada o accidental, de desechos u otras materias, incluyendo aguas de lastre alóctonas, provenientes de buques, aeronaves, plataformas u otras construcciones.

Señala que será la Secretaría de Marina la autoridad en materia de vertimientos y tendrá la facultad de otorgar y cancelar los permisos en la materia, así como vigilar su cumplimiento y suspender cualquier vertimiento deliberado de desechos u otras materias que contravengan las disposiciones.

También realizará visitas de inspección y vigilancia e investigaciones oceanográficas, actuaciones, emitir dictámenes y resoluciones y fijar las medidas preventivas para evitar el vertimiento de desechos u otras materias que ocasionen daños o alteraciones al ambiente costero o marino.

Sobre la evaluación a considerarse en los vertimientos, la ley señala que la Secretaría evaluará el origen, las circunstancias y efectos del vertimiento considerando la justificación que presente el interesado.

Entre las consideraciones se señala que debe especificarse el tipo, naturaleza y cantidad de los desechos o materias que pretendan verterse y el peligro que puede representar el vertimiento para la salud humana o el medio ambiente.

Así como las alternativas en tierra y sus impactos ambientales probables, lugares y métodos para llevarlos a cabo, tomando en cuenta el interés público y la posibilidad de un impacto adverso en las zonas marinas mexicanas.

Precisa que no se otorgará el permiso de vertimiento, cuando la Secretaría advierta que existen posibilidades adecuadas de realizar un manejo integral de los residuos, que no impliquen riesgos para la salud humana o daños al ambiente, mayores a los que implicaría el vertimiento solicitado o costos desmesurados.

Sobre las visitas de inspección y vigilancia, establece que personal acreditado de la Secretaría, las llevará a cabo y estará acreditado para formular una denuncia ante el Ministerio Público en caso de encontrar alguna anomalía.

Precisa que el personal acreditado tendrá la facultad para inspeccionar cualquier obra, lugar, buque, estructura, plataforma, artefacto naval, almacén o aeronave, en que se presenten elementos o indicios que presuman la existencia de algún desecho u otras materias que vayan a ser vertidos.

Así como a examinar y en su caso tomar muestras de los desechos u otras materias encontradas y requerir la documentación de embarque del material encontrado a bordo de alguna embarcación.

Señala que para imponer una sanción, la Secretaría deberá notificar previamente al presunto infractor del inicio del procedimiento, mediante oficio en el que se especificarán los hechos y las disposiciones legales que se consideran violadas y en su caso, las disposiciones que el permisionario debe cumplir para subsanar los daños ocasionados al ecosistema marino.