lunes, 7 de julio de 2014

Avalamos reforma sobre integración de personas con discapacidad en sistemas educativo, laboral, deportivo, social y de salud, sin discriminación

Amigos:
 
Les quiero informar que en la sesión del 4 de febrero, los diputados aprobamos un dictamen que reforma la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a fin de propiciar su integración en el sistema educativo, laboral, deportivo, social y de salud, sin discriminación del Estado o de particulares.
 
El dictamen, que se turna al Senado, fue avalado por unanimidad, con 379 votos a favor, y surge de iniciativas presentadas por los diputados Genaro Carreño Muro (PAN), Denisse Ugalde Alegría (PRI), Ricardo Monreal Ávila (MC), María de la Paloma Villaseñor Vargas (PRI) y María Ramírez Diez Gutiérrez (PAN).
 
Modifica en el artículo dos de la legislación, la definición del término educación inclusiva al establecer que su objetivo es propiciar la integración de personas con discapacidad, así como a aquéllos con aptitudes sobresalientes, al Sistema Educativo Nacional.
 
Esta integración se hará mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos, de manera adecuada a sus propias condiciones, con equidad social y perspectiva de género.
 
El documento señala que los tres niveles de gobierno deberán adoptar medidas administrativas, legislativas y judiciales para dar cumplimiento y plena vigencia a la Ley.
 
En el artículo cuarto se establece que la administración pública pondrá especial atención a los casos de las personas con discapacidad expuestas a un grado mayor de discriminación y vulnerabilidad, o bien, requieran mayores apoyos en la toma de decisiones.
 
El Poder Ejecutivo tendrá la facultad de incluir en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación los recursos para la implementación y ejecución del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con discapacidad.
 
La Administración Pública pondrá especial atención a los casos de las personas con discapacidad expuestas a un grado mayor de discriminación y vulnerabilidad, o bien, requieran mayores apoyos en la toma de decisiones.
 
La legislación establece diversas obligaciones para las dependencias federales.
 
La Secretaría de Salud promoverá el derecho de las personas con discapacidad a gozar del más alto nivel posible de salud, rehabilitación y habilitación sin discriminación por motivos de discapacidad, contemplándolas como usuarias en los programas generales de salud y garantizando el derecho a la salud.
 
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social promoverá el derecho al trabajo y empleo de las personas con discapacidad en igualdad de oportunidades y equidad, que les otorgue certeza en su desarrollo personal, social y laboral.
 
La Secretaría de Educación Pública garantizará la inclusión de las personas con discapacidad en todos los niveles del sistema educativo nacional, a través de programas institucionales de inclusión y atención a alumnos con discapacidad.
 
Asimismo, deberá proporcionar a los estudiantes con discapacidad equipos computarizados con tecnología, hardware y software adecuados para las necesidades según la discapacidad, y todos aquellos apoyos que se identifiquen como necesarios para brindar una educación equitativa y con calidad.
 
Integrará en los libros de texto gratuito, información e imagen de las personas con discapacidad, que permita a los estudiantes conocer, sensibilizar, concientizar sobre sus derechos e infundirles valores y la importancia de integrar a las personas con discapacidad en la comunidad.
 
En el artículo 17, la reforma establece que para asegurar la accesibilidad en la infraestructura básica, las instalaciones públicas deben responder a criterios de diseño universal, con carácter obligatorio y adaptada para todas las personas.
 
Asimismo, los programas de vivienda del sector público o sector privado deben cumplir con la normatividad en materia de accesibilidad y diseño universal en los proyectos arquitectónicos de construcciones y de modificación a las viviendas.
 
La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte garantizará el derecho de las personas con discapacidad al deporte y asegurará el acceso y uso de los deportistas de alto rendimiento con discapacidad a las mismas instalaciones, servicios y beneficios que todos los deportistas de alto rendimiento.

viernes, 4 de julio de 2014

Sin participación constante de la sociedad civil, México no será totalmente democrático, A los ciudadanos organizados “no los para nadie”: Angulo Parra

03-07-2014.- México no podrá ser una República totalmente democrática e institucional si no hay una participación constante y activa de la sociedad civil, afirmó el diputado del PAN, Carlos Fernando Angulo Parra, secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales.
Al inaugurar en San Lázaro la “Convención Nacional Red de Soluciones”, donde participaron diversas organizaciones civiles, presididas por Concertación A.C., el legislador sostuvo que la exigencia social debe ser solidaria, colaborativa y participativa con una visión ética de construcción, no de destrucción.
Refirió que los bajos niveles de participación de los ciudadanos se vinculan directamente con la falta del Estado de derecho y de institucionalización, además de un incremento en el autoritarismo.
“En la misma proporción en que la sociedad civil participe activamente en la comunidad y en la política, se tendrán instituciones fortalecidas, funcionarios y servidores públicos cumplidores de la ley y responsables en sus actividades”, aseguró.
Sostuvo que a los ciudadanos organizados “no los para nadie”; sin embargo, advirtió que la sociedad anárquica es otra forma de falta de ética y de participación, pues “la exigencia por la exigencia no provoca ningún fruto”.
Angulo Parra refrendó la importancia de la participación social. Si un gobernante incumple con su responsabilidad, existen los medios políticos y legales para exigir que cumpla y la presión social puede alentar cambios en el país, explicó.
Aarón Lara Sánchez, presidente de Concertación A.C, afirmó que México necesita superar los enconos para sumar voluntades; requiere sanar los resentimientos y transformarlos en trabajo para que la cultura del “dame” cambie al “qué puedo dar”. México, aseveró, requiere pasar de la postración e indiferencia a la participación decidida”.
Precisó que la ética y la moral las enseñan los padres en los hogares y no los maestros en la escuela; sin embargo, indicó, es una responsabilidad compartida. “El origen del cambio en el país empieza en la familia”, subrayó.
Consideró que México vive momentos de definición extraordinarios con el proceso legislativo transcendental para el futuro del país, a través de la construcción del marco secundario de las reformas en telecomunicaciones y energética.
Además, continuó, faltan capítulos importantes sobre el destino de la nación. “El futuro no puede ser dictaminado por unos cuantos, es tarea de todas y todos, de la sociedad civil organizada al asumir la ciudadanía con responsabilidad y disposición para ser parte de las soluciones”, sostuvo.
Por su parte, Oscar Venegas Ontiveros, secretario de Concertación, calificó como fundamental la participación de la ciudadanía para opinar y exigir rendición de cuentas.

Intervención en la "Convención Nacional Red de Soluciones" en la Cámara de Diputados


martes, 24 de junio de 2014

Versión estenográfica de la intervención del Dip. Carlos Angulo para hablar en pro del dictamen proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales



El diputado Carlos Fernando Angulo Parra: Gracias, presidente. Compañeras y compañeros, ha habido mucha discusión relacionado con estos cambios a tipos penales que se proponen por su servidor a la Ley General de Delitos Electorales recientemente aprobada.
 
¿Por qué estos cambios? Estos cambios se proponen por varias razones. Por la más importante de todas es que un delito electoral, así como cualquier otro delito, tiene que tener la característica de la consecución de una conducta ilícita que quede debidamente y precisamente definida en lo que se conoce como un tipo penal, que es la descripción puntual de esa conducta ilícita.
 
Cuando el tipo penal tiene situaciones que no son claras lo que puede suceder es una de dos cosas: o la persona que comete el delito puede salir libre porque no se configuró a la letra de la ley total y absolutamente ese tipo penal por alguna minucia técnica de la redacción del delito, o bien esa personas puede irse a la cárcel por una mala redacción de un tipo penal que está definiendo una conducta que moral e intrínsecamente no es ilícita, pero la define como delito.
 
Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado en no caer en estos dos extremos de exceso. Es por ello que he propuesto la corrección a esta asamblea, de varios tipos penales. El primero es el artículo 7, fracción VII, que habla de que cualquier persona, cualquier ciudadano solicite votos por paga promesa de dinero, y el tipo penal hablaba de otra recompensa.
 
La palabra recompensa sí tiene una connotación coloquial común pero no tiene una connotación claramente legal, por lo que estamos sustituyendo la palabra recompensa por la palabra contraprestación, que tiene una perfecta definición legal de que es cuando se ofrece una dádiva, etcétera, por el voto a través de una contraprestación; yo te voy a dar algo porque tú me vas a dar algo; el voto.
 
La siguiente fracción XIV del artículo 7 es que impida la instalación o clausura de una casilla. Estamos hablando de cualquier persona, cualquier ciudadano. Le estamos agregando que sea sin causa legalmente justificada.
 
Se puede impedir que una casilla continúe o se instale en virtud de que haya una violación flagrante, se esté cometiendo flagrantemente un delito en ese momento, y entonces el ciudadano tiene justificación para su impedimento y mucho más los representantes de casilla, funcionarios de casilla y otros ciudadanos involucrados con el proceso electoral.
 
Entonces se le está agregando el condicionamiento de que sin causa legalmente justificada.
 
El artículo 9 habla de las cuentas que se tienen que rendir en todos los ámbitos por parte de los partidos políticos en sus funciones, y los partidos tiene  múltiples funcionarios que tienen funciones diferentes. Entonces si a un funcionario electoral se le pide que rinda cuentas  financieras del partido y no las rinde, entonces estaría incurriendo en un delito.
 
Estamos agregándole a esto el condicionamiento que se abstenga de rendir cuentas siempre y cuando esté dentro del ámbito de sus facultades, conforme a los estatutos del partido. Con eso podemos conformar esta situación.
 
Finalmente es una situación meramente de redacción en el artículo 10. El proemio del mismo habla de; se impondrán de 200 a 400 días de multa y prisión de 1 a 9 años, a quien. Y eso es lo que estamos poniendo, a quien, y decía a que, como si fuera cosa y es una persona, entonces es a quien. Es una redacción mínima de cambio para que quede de esa manera. Igualmente el artículo 10 habla de hábito de las funciones en los partidos políticos.
 
Son precisiones técnicas que se tienen que cuidar en este ámbito de materia electoral y mucho más en materia penal. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias por su venia.
 
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Angulo.

#Infografía ¿En qué afecta la contrarreforma del 87 a los ciudadanos?