domingo, 13 de julio de 2014

Emite Cámara de Diputados declaratoria de publicidad del Código Nacional de Procedimientos Penales, para su próxima discusión

Palacio Legislativo, 04-02-2014 (Notilegis).- El presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya Cortés (PAN), hizo la declaratoria de publicidad del dictamen de la minuta del Senado que expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, para su próxima discusión.
 
El pasado martes, 28 de enero, la Comisión de Justicia aprobó en sus términos la minuta que envió el Senado y turnó el dictamen al Pleno, para su discusión y eventual aprobación.
 
La minuta fue aprobada por los senadores el pasado 5 de diciembre y turnada a los diputados integrantes de la comisión, que la avalaron con 22 votos a favor, cero en contra y tres abstenciones.
 
El nuevo código permitirá la uniformidad de la justicia en el país, tomando como base el modelo acusatorio, en cumplimiento de la reforma constitucional de 2008, mediante la cual se estableció que el sistema acusatorio tendría ocho años para entrar en vigor y que para 2016 deberían estar unificados todos los sistemas penales del país.
 
El nuevo ordenamiento establece las normas que han de observarse en la investigación, procesamiento y sanción de los delitos cometidos en el territorio nacional, que sean competencia de los órganos jurisdiccionales locales y federales.
 
Asimismo, los lineamientos para esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y la reparación de los daños, respetando en todo momento los derechos humanos.

Aprobamos dictamen para regular las iniciativas ciudadanas y las preferentes del Ejecutivo federal; se turnaron al Senado

Amigos:

El pasado 4 de febrero, los diputados aprobamos reformas a varias leyes para regular los requisitos de la presentación de iniciativas ciudadanas y de las preferentes por parte del Ejecutivo federal, así como su trámite en el Congreso de la Unión.

El dictamen fue aprobado en lo general por 375 votos a favor, 34 en contra y tres abstenciones, en la discusión de reservas sólo fue aceptada una modificación, se avaló en lo particular por 365 votos a favor, una abstención y 45 en contra y se turna al Senado para su eventual ratificación.

A propuesta de los diputados que presentaron la iniciativa, se agregó al artículo 128 del COFIPE y al artículo 131 de la Ley Orgánica del Congreso General, incluir el número identificador al reverso de la credencial de elector, derivado del reconocimiento optimo de caracteres OSR de la credencial para votar, como uno de los requisitos para la presentación de la iniciativa ciudadana.
El pasado 4 de diciembre, los diputados Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (PRI), José González Morfín (PAN), y Amalia Dolores García Medina (PRD), así como las senadoras Cristina Díaz Salazar (PRI) Laura Rojas Hernández (PAN) y Angélica de la Peña Gómez (PRD) presentaron la iniciativa y el dictamen lo elaboró la Comisión de Gobernación.

El documento aprobado reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Señala que la ciudadanía tendrá el derecho de iniciar leyes o decretos cuando represente al menos 0.13 por ciento de la lista nominal de electores y podrán presentar iniciativas respecto de las materias de competencia del Congreso de la Unión.

La iniciativa ciudadana deberá presentarse por escrito ante el presidente de la Cámara de Diputados o Senadores; o, en sus recesos, ante el presidente de la Comisión Permanente y deberá contener los datos completos de los ciudadanos que la entreguen.

Una vez presentada la iniciativa, el presidente de la Mesa Directiva de la cámara de origen solicitará al Instituto Federal Electoral (IFE) la verificación del porcentaje de la lista nominal de electores que la hayan suscrito.

Si se cumple con el porcentaje requerido, el presidente de la Mesa Directiva turnará la iniciativa a comisión para su análisis y dictamen, y seguirá con el proceso legislativo ordinario.

En el proceso legislativo de dictamen en cada cámara, el presidente de la comisión correspondiente deberá convocar al representante designado por los ciudadanos, para que asista a una reunión de la comisión que corresponda, a efecto de que exponga el contenido de su propuesta.

Las opiniones vertidas durante la reunión a la que fue convocado, no serán vinculantes para la comisión y únicamente constituirán elementos adicionales para elaborar y emitir su dictamen.

En el caso de que el IFE determine en forma definitiva que no se cumple con el porcentaje requerido por la Constitución, el presidente de la Mesa Directiva dará cuenta de ello al Pleno, lo publicará en la Gaceta y procederá a su archivo como asunto total y definitivamente concluido, notificando a los ciudadanos que la presentan.

El representante de los ciudadanos podrá impugnar la resolución del IFE, dentro de los tres días siguientes a los que le sea notificado la falta en el requisito, en cuyo caso se suspenderá el trámite correspondiente mientras el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelve la situación.

El dictamen también señala que el Presidente de la República podrá presentar hasta dos iniciativas para trámite preferente el día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, o señalar con tal carácter hasta dos que hubiere presentado en periodos anteriores, cuando esté pendiente de dictamen.

La iniciativa preferente podrá versar sobre cualquier materia y comprender uno o más ordenamientos cuando exista conexidad en los temas. No obstante, no podrán tener carácter preferente las iniciativas de adición o reforma a la Constitución.

La cámara de origen deberá discutir y votar la iniciativa preferente en un plazo máximo de treinta días naturales, contados a partir de su presentación o de que se reciba el oficio del Ejecutivo Federal señalando dicho carácter a iniciativas presentadas con anterioridad.

Si transcurre el plazo sin que se formule el dictamen correspondiente, la Mesa Directiva deberá incluirla como primer asunto en el orden del día de la siguiente sesión del Pleno para su discusión y votación en sus términos y sin mayor trámite.

El dictamen faculta a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y del Senado a incorporar en el orden del día de la siguiente sesión del Pleno las iniciativas o minutas con carácter de preferente para, en el caso de que la comisión o comisiones no formulen el dictamen respectivo dentro del plazo de treinta días naturales.

Señala que, en el caso de iniciativas y minutas preferentes, los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado podrán turnar inmediatamente la iniciativa o minuta a una o más comisiones para su análisis y dictamen o notificarles de alguna ya turnada que adquiriese el carácter de preferente.

También tendrán facultad para solicitar a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) que constituya e integre de manera anticipada la comisión o comisiones que dictaminarán la iniciativa o minuta preferente.

Reformamos la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para asegurar la plena operatividad de albergues, asilos y residencias de éstas

Amigos:
 
En nuestra sesión ordinaria del 4 de febrero, los diputados aprobamos por unanimidad, con 387 votos a favor, reformas a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a fin de asegurar la plena operatividad de albergues, asilos y residencias para esta población.
 
El dictamen modifica los artículos 3o., 7o. y 14 de esa ley, surge de una iniciativa que presentó mi compañera la diputada Martha Leticia Sosa Govea el pasado 9 de abril y se turnó al Senado para su eventual ratificación.
 
La legisladora señala la necesidad de homologar la terminología e incluir la conceptualización de estos establecimientos en esa legislación, con el propósito de brindar mejor atención a las personas adultas mayores.
 
Expone que el hecho de conceptualizar dichos establecimientos, es un primer paso para reconocerlos y asegurar su mejor desempeño, ya que se encuentran reconocidos en la Norma Oficial Mexicana.
 
El documento especifica que de acuerdo con el último censo de población y vivienda, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2010, en México, se tenían contabilizados 10.5 millones de adultos mayores, lo que significa que 10 de cada 100 habitantes tienen 60 años o más.

 
El dictamen señala que como albergue se definirá al establecimiento público, privado o social, donde se proporcionan temporalmente servicios de asistencia social para los adultos mayores, en tanto son reubicados o entregados a sus familiares.
Indica que como residencia o centro de día se comprenderá al establecimiento donde se proporcionan temporalmente alternativas a los adultos mayores por lapsos menores a 24 horas, para la ocupación creativa y productiva del tiempo libre y el desarrollo de actividades culturales, deportivas.
Asimismo, precisa que un asilo o casa hogar es un sitio en donde se proporcionan en forma permanente servicios de asistencia social integral para los adultos mayores.
El dictamen también indica que el Estado promoverá la publicación y difusión de esta Ley para que la familia y la población en lo general, la conozca y se respeten los derechos de las personas adultas mayores; se promueva una cultura de respeto e invariablemente se otorgue reconocimiento a su dignidad.
También desarrollar los lineamientos, mecanismos e instrumentos para la organización y funcionamiento de las instituciones de atención a las personas adultas mayores y promover la creación de establecimientos públicos, privados o sociales, donde se proporcionen servicios de asistencia social en forma temporal o permanente para ese núcleo social.

Aprobamos reformas a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, para crear más competencia en el sector

Amigos:

En la sesión ordinaria del 4 de febrero de 2014, los diputados aprobamos en lo general y en lo particular reformas y adiciones a diversos artículos de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, a fin de garantizar la interconexión en las vías férreas, procurar condiciones de competencia y establecer bases para regular las tarifas.

Con 354 votos a favor, 36 en contra y 9 abstenciones, los diputados federales avalamos modificaciones a 10 artículos y adiciones a tres; sólo el artículo 35 fue reservado para su discusión, pero se aprobó en los términos del dictamen con 341 votos a favor, 50 en contra y tres abstenciones. Se turnó al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

El diputado Juan Carlos Muñoz Márquez (PAN), presidente de la Comisión de Transportes, al fundamentar el dictamen indicó que se hicieron cambios a la ley para generar un marco normativo sólido que aliente competencia entre las empresas que prestan el servicio ferroviario y se abata el rezago con nuevos inversionistas.

Con estas reformas se otorgan derechos de paso y de arrastre, posibilitando una mayor movilidad de carga y de pasaje. También se contribuye a impulsar la inversión en el sector al flexibilizar la penalidad para la revocación de concesiones, con lo que se “dota de mayor certeza jurídica a los concesionarios y nuevos inversionistas”, precisó el legislador desde la tribuna.

Muñoz Márquez señaló que el objetivo es garantizar un mejor servicio ferroviario a menor costo, por lo que se vigilará que no se apliquen tarifas distintas a las registradas previamente ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Las reformas aprobadas establecen una multa de mil a 20 mil salarios mínimo cuando los concesionarios o permisionarios apliquen tarifas distintas a las registradas ante la SCT o si no se aplican en igualdad de condiciones a los usuarios para servicios comparables. En caso de reincidir, la secretaría podrá imponer una multa equivalente hasta del doble de lo señalado.

Con estas modificaciones, dijo Muñoz Márquez, se estimula la construcción, conservación y mantenimiento de las vías férreas por parte de las empresas concesionarias para incrementar la propia red ferroviaria e incentivar su crecimiento, a fin de superar el subdesarrollo en la red ferroviaria.

Resaltó que México registra un alto rezago en el sector ferroviario, ya que sólo se mueven al día de hoy del 12 al 14 por ciento de las mercancías. Otras naciones con mayor competencia y desarrollo atienden hasta el 30 por ciento de los productos llevándolos de una manera eficaz y competente al resto de los usuarios.

El dictamen a la iniciativa presentada por los legisladores Fernando Alfredo Maldonado Hernández y Abel Guerra Garza (PRI), y Esther Quintana Salinas (PAN), especifica que los concesionarios deberán cumplir con la señalización, sistemas de alerta y de obstrucción de tráfico automotor y peatonal, así como restricciones en la emisión de ruidos y otros contaminantes cuando el tránsito se realice en zonas urbanas, a fin de garantizar la seguridad conforme a las normas federales y locales en la materia.

Los concesionarios tendrán que responder por los daños que puedan ocasionar a terceros en su persona y en sus bienes, vías generales de comunicación y cualquier perjuicio que pueda generar el equipo de transporte o por la carga, subraya.

Durante los posicionamientos en contra, el diputado Jaime Bonilla Valdez (PT) advirtió que a casi 19 años de la expedición de esta ley, en mayo de 1995, la situación de la red ferroviaria nacional es exactamente la misma, “no ha crecido, porque los concesionarios utilizan la red del Estado tendida en todo el país y que está como en el porfiriato, dirigida a los puntos fronterizos de la Unión Americana, sin que les importe el resto del país y sólo utilizan la actividad en los puntos que le son redituables”.

Calificó como alarmante que tres estados de la República: Baja California Sur, Guerrero y Quintana Roo no cuenten con vías férreas. Eso “demuestra que a las empresas ferroviarias únicamente les interesa la utilidad para pagar dividendos a los accionistas y no el desarrollo de las regiones del país ni los consumidores”, sostuvo.

El diputado Ricardo Monreal Ávila (MC) consideró que estas reformas llegan tarde, porque el sistema ferroviario se encuentra en las peores condiciones de las que motivaron la privatización; procesos que en México no han repercutido en sus promesas de modernidad y beneficio a los ciudadanos; al contrario, a la fecha el transporte de personas mediante ferrocarriles es inexistente.

Las tarifas de transportación de bienes no han disminuido, aumentan, y son del 10 al 15 por ciento mayores a las pagadas en Estados Unidos y Europa.

La ausencia de una competencia efectiva ha provocado la existencia de un servicio deficiente en el que llega a existir un retraso de hasta 30 días en la entrega de mercancías. “Lo que hace un siglo fue un símbolo de progreso aparente, hoy ha sido desmantelado y el coeficiente de extensión de las vías férreas es de 0.0105, 10 veces menos al existente en Europa y Alemania”, afirmó Monreal Ávila.

Por su parte, Ricardo Mejía Berdeja (MC) afirmó que ningún beneficio a la economía de los ciudadanos han traído todas las privatizaciones; sólo han generado tarifas más altas, servicios ineficientes, y al hombre más rico del mundo, en el caso de la telefonía. En los ferrocarriles, al igual que en otros sectores, la privatización alentó tráfico de influencias, negocios al amparo del poder y desmantelamiento de lo que era parte del país.

La diputada del PRD, Alliet Mariana Bautista Bravo, al adelantar su voto en contra cuestionó la prisa para aprobar las iniciativas y llamó a sus homólogos a la reflexión y darse el tiempo necesario para la discusión. “Hacer las cosas rápido no conviene al país, necesitamos debatirlo, reflexionarlo y, si hay dudas, poder discutirlas”.

Martha Beatriz Córdova Bernal, diputada de MC, presentó la única reserva al artículo 35 del dictamen de la Comisión de Transportes, la cual fue desechada. Mencionó la tardanza en la entrega de mercancías a través de este medio, cuando el traslado de productos, advirtió, es una de las principales palancas de desarrollo en un país, ya que agiliza los mecanismos de comercio y competencia.

jueves, 10 de julio de 2014

Cápsula Informativa sobre el debate en torno a las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones


Mi intervención en tribuna para hablar en contra del dictamen sobre las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones


Intervención del diputado Carlos Fernando Angulo Parra en contra del dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Radio y Televisión, por el que expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión


Diputado Carlos Fernando Angulo Parra (CFAP): Gracias Presidente.

Compañeras y compañeros, tenemos que tomar en cuenta que nuestra responsabilidad como legisladoras y legisladores es para con el pueblo de México. Esa responsabilidad es una alta responsabilidad y lo más importante de esa responsabilidad es que tenemos que estar dando para el pueblo de México una digna representación y me pregunto si después de haber aprobado en esta Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en la mayoría de las legislaturas de los estados como Constituyente Permanente, una gran Reforma de Telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica ¿qué nos pasa compañeras y compañeros, por qué ahora tenemos que hacer una reforma mocha? ¿por qué no podemos bajar cabalmente la reforma constitucional que aprobamos a nivel de implementación en leyes secundarias? ¿qué nos pasa amigas y amigos? No lo entiendo.

 Nuestra responsabilidad como legisladores es ser congruentes en todos los sentidos con la legislación que aprobamos y más si esa legislación es de índole constitucional ¿cuál es la explicación, me pregunto yo, de tener una Ley de Telecomunicaciones y  Radiodifusión en donde en un lado se cumplen las cosas y en el otro no? ¿Por qué no debemos de visualizar la integralidad de la reforma constitucional aprobada? No entiendo esta incongruencia verdaderamente compañeras y compañeros.

 Sí, efectivamente el día de ayer tuvimos una gran discusión en nuestro Grupo Parlamentario y respeto a las compañeras y a mis compañeros del Partido Acción Nacional respecto del sentido del voto a favor que van a emitir.

 Su servidor y otros legisladoras y legisladores vamos a votar en contra por congruencia –por congruencia— y esa congruencia a la que me refiero es que no es posible que si nos regalan una ley en donde tiene grandes virtudes que no desconozco, ya se han enunciado en múltiples ocasiones, la tenemos que dar en otra parte de la ley en el sentido negativo respecto de que vamos a mantener monopolios activos, monopolios vivos y coleando y sobre todo, esos monopolios que vamos a mantener activos son monopolios que inciden en el pueblo de México, en las conciencias de los mexicanos, son monopolios que inciden en ese sentir del alma mexicana y no tienen límites esos monopolios.

 Hay ciertas regulaciones que se agregaron ahí, pero los contenidos inconstitucionalmente están del lado de Gobernación. En gran parte en las medidas que hemos adoptado, Gobernación tiene en la parte importante ese cometido cuando creamos, conforme a la reforma constitucional un órgano independiente, un órgano autónomo para los efectos de que hubiese una transparencia en las discusiones que deben de ser públicas en el IFT, un balance de poderes en esos órganos autónomos que, con grandes esfuerzos los legisladores hemos designado sus comisionados, etcétera.

 La congruencia compañeros, debe de regir nuestras vidas como legisladores, la congruencia, la verticalidad en nuestro actuar, en nuestro accionar debe de ser así.

 ¿Qué explicación de esa digna representación que le debemos a nuestros electores le vamos a dar de que en una parte de la ley estamos congruentes con la Constitución y en la otra no? Entonces me pregunté yo a mí mismo ¿voy a ser congruente si la voto a favor aunque haya reservas? No voy a ser congruente si lo hago de esa manera.

 Yo invito a mis compañeros de todos los partidos políticos que en conciencia analicemos esa  gran incongruencia que tenemos y votemos en contra y hagamos las cosas bien.

 Pregunta de la diputada Patricia Lugo Barriga (PAN)

 En realidad, más bien quiero ahondar en lo que está diciendo mi compañero Carlos, con el cual, por supuesto, coincido.

 Es acerca de lo establecido en el transitorio 41, en donde se ordena que las actuales permisionarias de instituciones de educación superior, como el Canal 11 del Politécnico o la Tv UNAM no tendrán presupuesto adicional para el cambio digital. Es una obvia negación del derecho de los mexicanos a beneficiarse de una oferta televisiva de calidad mayor.

 Respuesta del diputado Carlos Fernando Angulo Parra

 Gracias Presidente. Esa es una, precisamente compañera, una de las grandes incongruencias de nuestra Constitución, que un artículo transitorio de una ley secundaria atenta contra nuestro derecho constitucional de dar una digna representación  de fijar los presupuestos de la federación, una ley secundaria en un artículo transitorio nos lo está negando. Esa es una de las múltiples incongruencias de inconstitucionalidad que tiene esta ley, compañeros. Gracias.