Aprobamos reformas al Cofipe para que partidos impulsen mayor participación de indígenas en el Congreso de la Unión

Amigos:

En la sesión del pasado 29 de abril, los diputados aprobamos reformar el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) para garantizar la participación de indígenas en la vida política, a través de postulaciones a cargos de elección popular del Congreso de la Unión.

El dictamen, lo aprobamos por 425 votos a favor, cero en contra y seis abstenciones, reforma el numeral 3 del artículo 218 del Cofipe, y pasa al Senado de la República para su eventual ratificación.

La reforma establece que los partidos políticos promoverán y garantizarán, en los términos del presente ordenamiento, la igualdad de oportunidades y procurarán la paridad de género, así como la participación de los ciudadanos integrantes de los pueblos indígenas en la vida política del país.

Estas acciones se realizarán a través de postulaciones a cargos de elección popular en el Congreso de la Unión, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional.

El documento deviene de una iniciativa presentada el 19 de diciembre de 2012, por la diputada Alfa Eliana González Magallanes (PRD), con el objetivo de alcanzar un mayor número de legisladores representantes de los pueblos indígenas en el Congreso de la Unión.

Menciona que en el país existen 68 pueblos indígenas, cuya población estimada, por el XII Censo General de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) del año 2010, asciende a cerca de 15 millones de habitantes, el 13.35 por ciento de la población total nacional.

Señala que la redistritación electoral de los 300 distritos electorales uninominales del año 2005, realizada por el Instituto Federal Electoral (IFE), agrupó de manera geográfica a los municipios con un alto porcentaje de población indígena.

En ese ejercicio se registraron 28 distritos electorales con una alta población indígena, distribuidos en 11 estados de la República.

Sin embargo, esto no se tradujo en mayor presencia de representantes indígenas en el Legislativo federal en las elecciones de 2006, 2009 y 2012, lo que se debe a la escasa postulación de candidatos indígenas por parte de los partidos políticos nacionales.

Avalamos que plantas hidroeléctricas se consideren fuentes de energía renovable si cumplen cierta capacidad de producción y almacenamiento de agua

Amigos:

Siguiendo con mi labor de informarles puntualmente de mi trabajo legislativo, les comparto que en la sesión del  29 de abril los diputados aprobamos un dictamen para que las plantas hidroeléctricas puedan ser consideradas fuentes de energía renovable si su capacidad de generación es superior a 10 watts por cada metro cuadrado de superficie inundada para su generación (embalse).

El dictamen, que procede de una minuta enviada por el Senado de la República, fue avalado por 420 votos a favor, cero en contra y cuatro abstenciones, en sus términos y pasa al Ejecutivo para su promulgación.

El documento, que modifica el artículo 1 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, explica que si la capacidad de generación (densidad de potencia) es menor a 10 watts por metro cuadrado, no se estima como viable para ser proyecto de desarrollo limpio.

“Se considera que el volumen de almacenamiento de una represa o el área de embalse no son suficientes para definir el beneficio potencial de un proyecto de generación hidráulica. Esto es así, ya que si la capacidad de generación es reducida, la afectación provocada por la superficie inundada es muy grande”, dice.

Agrega que el factor que se introduce a la legislación (densidad de potencia) es un criterio utilizado en las metodologías aplicadas en la certificación de proyectos de generación de energía hidráulica, en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

“Este factor es una mejor referencia, pues refleja el uso óptimo de los recursos y permite distinguir los proyectos que pueden tener un menor impacto ambiental, comparado con los beneficios por la generación de energía eléctrica”, señala.

Actualmente, la legislación considera como fuente de energía renovable el movimiento del agua en cauces naturales o artificiales, cuando la capacidad de generación no sea mayor a 30 megawatts.

Asimismo, cuando se utilice un almacenamiento menor a 50 mil metros cúbicos o se trate de un embalse con superficie menor a una hectárea que no rebase su capacidad de almacenamiento o cuando se trate de un embalse ya existente, aun de capacidad mayor, que sea apto para generar electricidad. 

Aprobamos un acuerdo para realizar trabajos de vigilancia, fiscalización y control del uso y destino de los recursos públicos en los procesos electorales

Amigos:

Por este medio les quiero informar que en la sesión del pasado 29 de abril, aprobamos en el Pleno un acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), a fin de que la Comisión Especial de Programas Sociales realice trabajos de vigilancia, fiscalización y control del uso y destino de recursos públicos en los procesos electorales.

La Jucopo le pide a la comisión que presente un calendario de labores que abarque el desarrollo de los procesos electorales en curso, buscando se evite cualquier uso indebido en apoyo a partidos políticos o candidatos.

Se solicita que informe, con oportunidad, sobre el resultado de sus tareas específicas, a efecto de que la Jucopo esté en aptitudes de formular la posición que corresponda.

En el documento aprobado se detalla que con el propósito de que los integrantes de la comisión especial logren su labor, se instruye a los órganos competentes de la Cámara de Diputados hagan las asignaciones presupuestarias y de recursos humanos y materiales para el debido cumplimiento de sus tareas.

Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a que preste su colaboración y apoyo para que la Comisión Especial de Programas Sociales de la LXII Legislatura pueda desempeñar eficazmente las tareas para las que fue creada.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (Movimiento Ciudadano), se pronunció a favor del acuerdo, “ya que el presidente de este órgano legislativo, Francisco Coronato Rodríguez, es garantía de imparcialidad; sin duda, su labor contribuirá al blindaje electoral en los 14 estados del país que tendrán comicios”.

En tanto, Manuel Huerta Ladrón de Guevara (PT), al hablar en contra, señaló que no se incluyeron propuestas de su grupo parlamentario para que estados y municipios se desvinculen de la aplicación de programas sociales y se busquen los mecanismos que transparenten la ejecución “además de publicar los padrones de beneficiarios”. 

Los diputados del PAN Sí cumplimos

La Segob publica reformas a Ley General de Víctimas

La Secretaría de Gobernación publicó este viernes el decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, así como del Código Federal de Procedimientos Penales.

De acuerdo al documento difundido en el Diario Oficial de la Federación, de la Ley General de Víctimas se reforman los artículos del 1 al 180 y se derogan del 181 al 189.

Entre las modificaciones relevantes destaca la inclusión de la definición de "víctimas potenciales", en donde se establece la protección a los defensores de víctimas en caso de que sus derechos a la vida y a la libertad se vean amenazados.

El pasado 16 de abril, con 448 votos a favor la Cámara de Diputados avaló los cambios a la llamada Ley de Víctimas para garantizar su aplicación, pues distintas organizaciones señalaron que la normativa aprobada a principios de este año era inaplicable en la práctica.

Con ello se dio paso a la creación del Registro Nacional de Víctimas, por lo que se le deberá asignar el presupuesto suficiente para el ejercicio fiscal de 2014.

La Ley General de Víctimas es una reforma que busca resarcir los derechos de los miles de mexicanos, víctimas de la delincuencia organizada. Así como establecer la figura de reparación integral de daños con el pago de indemnizaciones y atención especializada.

Para ello se establece un Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral que se conformará con recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y con los provenientes de la venta de bienes decomisados en procesos penales o de fianzas, multas, sanciones y donaciones, entre otros.

Dentro de esta ley se destaca la creación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, en el que colaborarán diversas instancias de los tres órdenes de gobierno, así como sectores de la sociedad.

Respecto al Código Federal de Procedimientos Penales, se reforma el primer párrafo del Artículo 182-R, el cual señala que los recursos que se obtengan por la enajenación de los bienes decomisados en procesos penales federales, serán destinados a la compensación de las víctimas.

Y una vez cubierta dicha compensación o en aquellos casos en que la misma no sea procedente, los recursos restantes o su totalidad se entregarán en partes iguales, al Poder Judicial de la Federación, a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Salud y al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.

Para efectos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 21 de la Ley General de Víctimas, el Congreso de la Unión, las legislaturas locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, contarán con un plazo de un año contado a partir del 4 de mayo para realizar las adecuaciones a la legislación que corresponda.

Nota de redpolitica.mx

A continuación, el decreto completo para su consulta. 

 

Ley de victimas dof from lxiilegislatura

Aprobamos dictamen sobre reformas a la Ley General de Víctimas y lo enviamos al Ejecutivo para su promulgación

Amigas y amigos:

Les quiero informar que en la sesión ordinaria del pasado 16 de abril, los diputados aprobamos, por 448 votos a favor, cero en contra y tres abstenciones, el dictamen sobre reformas a la Ley General de Víctimas, promulgada el pasado 9 de enero, y lo enviaamos al Ejecutivo federal para su promulgación.

Estas reformas fueron avaladas por el Senado el 21 de marzo y aprobadas el por consenso y sin cambios, en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

Se modifican disposiciones de la Ley General de Víctimas y el artículo 182-R del Código Federal de Procedimientos Penales.

En tribuna para fundamentar el dictamen de la minuta, el presidente de la Comisión de Justicia, Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez señaló que la Ley General de Víctimas es una reforma que pretende resarcir los derechos de los miles de mexicanos víctimas de la delincuencia organizada.

“Les solicitamos su voto aprobatorio y les pedimos que al ponerlo en vigencia demos al Estado mexicano los instrumentos suficientes para esta reivindicación a las víctimas de atentados contra sus derechos humanos o producto de delitos”, pidió.

Dicha Ley considera como víctima a todo aquel que haya sufrido un daño físico, moral o mental en sus bienes jurídicos o derechos, ya sea de forma directa o indirecta a su persona.

Las modificaciones aprobadas en San Lázaro incluyen observaciones del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, así como de otras organizaciones sociales, para rectificar deficiencias técnicas y jurídicas de la Ley General de Víctimas.

Durante lsu discusión en la Comisión de Justicia, diputados afirmaron que en los seis años de la pasada administración se registraron 69 mil muertos por los enfrentamientos entre y con la delincuencia organizada y el narcotráfico, así como unos 120 mil desplazados y 25 mil desaparecidos.

También resaltaron que con su entrada en vigor se dará paso a un Registro Nacional de Víctimas, por lo que se le deberá asignar el presupuesto suficiente para el ejercicio fiscal del 2014. 

 

Les comparto el dictamen completo para su consulta. 

 

Ley general de víctimas from UNAM

En el segundo periodo ordinario de sesiones los diputados aprobamos 107 decretos, cinco nuevas leyes y ocho reformas constitucionales

Amigos:

Quiero informarles que en la Cámara de Diputados aprobamos 107 decretos, cinco nuevas leyes y ocho reformas constitucionales, durante el segundo periodo de sesiones ordinarias, del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, del 1 de febrero al 30 de abril.

Entre estas reformas figuran la nueva Ley de Amparo, el acotamiento del fuero constitucional para servidores públicos, la reforma a la Ley General de Víctimas, la ratificación de la Estrategia Nacional de Energía 2013-2027 y las reformas constitucionales en materia de telecomunicaciones y arraigo.

En un total de 32 sesiones (28 ordinarias, tres solemnes y una de Congreso General para la apertura del periodo), la Mesa Directiva de la Cámara Baja dio trámite a 286 iniciativas, una del Ejecutivo federal, siete de senadores, 10 de congresos locales y 268 de diputados, así como 55 minutas del Senado.

En un balance de trabajo legislativo del periodo, les informó que el tiempo acumulado en que estuvo activo el Pleno llegó a las 158 horas con 42 minutos.

También se presentaron ante el Pleno 293 puntos de acuerdo, 272 se turnaron a comisiones, 20 a órganos de gobierno, uno a la Cámara de Senadores y 23 se aprobaron luego de ser considerados como de urgente resolución, agregó el reporte.

Las tres sesiones solemnes que se efectuaron tuvieron por motivo el Centenario de la muerte del presidente Francisco I. Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez, y de los asesinatos de Serapio Rendón, Gustavo A. Madero, Adolfo C. Gurrión y Belisario Domínguez.

Asimismo, la entrega de la Medalla al Mérito Cooperativista y la Economía Social “Guillermo Álvarez Macías”; y la de la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri. Legisladores de 1913”, al periodista Jacobo Zabludovsky Kraveski.

En este periodo de receso les estaré informando de toda mi actividad en Sán Lázaro del primer año legislativo de la LXII Legislatura.