viernes, 23 de agosto de 2013

Diputados aprueban reforma al IFAI




Sus resoluciones, inatacables, establecen las modificaciones
Partidos políticos y sindicatos, nuevos sujetos obligados

22-08-2013 El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por 418 votos a favor, 25 en contra y una abstención, reformar y adicionar los artículos 6,73,76,78,89,105,108,110,111,116 y 122 de la Constitución Política en materia de transparencia. El documento fue devuelto al Senado de la República con las enmiendas realizadas, para sus efectos constitucionales.

Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputado Julio César Moreno Rivera (PRD), aseguró que las modificaciones permitirán crear un organismo autónomo que garantice el derecho a la información pública, ya que actualmente el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), señaló, es un órgano de la Administración Pública Federal (APF) sin autonomía, y con resoluciones que pueden ser atacables.

Precisó que el documento se fundamenta en la garantía de la transparencia; “todo órgano tiene la obligación de ser transparente y contar con los miembros necesarios para el ejercicio del derecho de acceso a la información, que todo gobernado tiene frente al Estado“, destacó.

Detalló que el principal objetivo es que los gobernantes sean transparentes, de tal manera que se fortalezca el acceso a la información, y se cuente con mecanismos jurídicos para su pleno ejercicio.

Por ello, dijo, se requiere de un organismo constitucional autónomo que garantice al gobernado el acceso a la información.

El legislador Moreno Rivera informó que el dictamen contempla ampliar el catálogo de sujetos obligados en materia de transparencia como los Poderes de la Unión, organismos autónomos, fondos públicos, personas físicas y morales, sindicatos, partidos políticos y fideicomisos públicos y privados que reciban recursos del erario.

También se obliga a preservar la información que derive del ejercicio de las funciones de los sujetos obligados; se ratifica la inatacabilidad de las resoluciones del órgano autónomo. Exclusivamente para los sujetos obligados; concede facultades al Congreso de la Unión para expedir la ley general que desarrollará las bases, principios generales y procedimientos para la transparencia y el acceso a la información.

Asimismo, concede facultades para expedir la ley general que regule la organización y la administración de los archivos y del funcionamiento de su sistema general; además, la Cámara de Senadores tendrá la facultad de nombrar a los comisionados de este órgano autónomo.

“El dictamen garantizará el ejercicio de un gobierno transparente sujeto a la supervisión de la sociedad al abrir la revisión de cuentas, asuntos y ejercicio de los entes del Estado”, agregó el legislador.

Posteriormente, presentó modificaciones de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Transparencia y Anticorrupción y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a los artículos sexto, 116 y 122 de la Constitución, las cuales fueron aceptadas por el pleno.

Las reformas al artículo sexto Constitucional propuestas son para que la Federación cuente con un organismo autónomo, especializado y colegiado, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información.

Esta institución se regirá por la Ley General que emita el Congreso de la Unión para establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho.

El dictamen respectivo previene que el Consejero Jurídico del Gobierno Federal podrá interponer recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación “sólo en el caso de que dichas resoluciones puedan poner en peligro la seguridad nacional, conforme a la ley en la materia”.

Respecto a los comisionados del organismo autónomo, no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones docentes, científicas o de beneficencia.

Las modificaciones al artículo 116 plantean que las constituciones de los estados establezcan organismos autónomos en materia de transparencia y acceso a la información, y deberán ajustarse a lo previsto en el artículo sexto constitucional y la Ley General que emita el Congreso. En el artículo 122 se incluye al Distrito Federal en este punto.

En un artículo tercero transitorio, los diputados establecieron que los comisionados que actualmente conforman el IFAI podrán formar parte del nuevo organismo autónomo en el ámbito federal, previa petición formal al Senado de la República.

Al fijar el posicionamiento de su grupo parlamentario, el diputado Héctor Gutiérrez de la Garza (PRI) manifestó que la reforma votada no puede ser atribuida a un solo partido, porque se trata de una Ley para los ciudadanos.

“La medalla se la lleva el Congreso de la Unión, esta Cámara de Diputados que aceptó otra modificación constitucional para beneficio del país, para que se transparente el ejercicio del recurso público, independientemente de quién lo ejerza, sea persona física, moral, ciudadano, sindicato o partido político”, dijo.

Reconoció que “el debate fue intenso, de pasión, hizo que cada uno de los legisladores diera lo mejor de sí, pensando siempre en el país. Hoy las diversas fuerzas políticas representadas en esta Cámara de Diputados demostramos que podemos llegar a acuerdos”.

Una vez más, continuó, el Congreso de la Unión demostró que “es mucho más allá de sus instalaciones. Es su voluntad de transformar a México y es lo que hoy estamos haciendo los legisladores”.

Del PAN, el diputado José Alfredo Botello Montes celebró la suscripción de un adéndum que retoma la iniciativa enviada por el Senado para reencauzar el fortalecimiento de los órganos garantes de información pública y de acceso y transparencia.

“Estábamos en desacuerdo, junto con la sociedad, con que se excluyera a los partidos políticos como sujetos obligados a la transparencia y rendición de cuentas”.

Resaltó el avance de la reforma de elevar el número de sujetos obligados y otorgar autonomía al órgano federal de acceso a la información y a los estatales.

La diputada Amalia García Medina (PRD) se pronunció a favor de la aprobación de esta reforma, ya que las resoluciones del IFAI serán definitivas e inatacables “No debemos abrir la puerta a que estas facultades sean disminuidas”, enfatizó.

“Este impulso por la rendición de cuentas viene de lejos; hace 10 años, un grupo de periodistas reunidos en Oaxaca elaboraron un documento que le presentaron a todos los partidos políticos, ese es el antecedente más concreto del IFAI”, expresó.

Consideró como un logro la inclusión de sindicatos, fideicomisos y partidos políticos como sujetos obligados a rendir cuentas. “Si reciben recursos públicos deben estar forzados a informar”, puntualizó.

La diputada Ruth Zavaleta Salgado (PVEM) pidió no descalificar el Pacto por México, pues es una herramienta que ha permitido acuerdos legislativos; sin embargo, no incluyen las inquietudes y demandas de la sociedad civil.

Zavaleta Salgado consideró que esta reforma es una de las más importantes porque en México existe un atraso a nivel mundial respecto a la rendición de cuentas. Indicó que la norma debe favorecer para que no sólo se cumpla esta obligación a nivel federal, sino también en los ámbitos estatal y municipal.

Afirmó que los partidos políticos tendrán doble rendición de cuentas: a través del Instituto Federal Electoral (IFE) y de la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos.

La diputada Lilia Aguilar Gil (PT) coincidió en que esta reforma le da el camino correcto a la información pública. Dijo que existe una “lógica equivocada” de que aquella le pertenece al gobierno, lo cual es falso.

“La información pública le pertenece a la gente. Es el contrato social el que señala que el gobierno será administrador de tal, y sujetos como el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos deben garantizar que dicha infamación vuelva a las personas”, sostuvo.

Refirió que los ciudadanos sabrán, a través de leyes e instituciones de transparencia, cuál es la eficiencia del gobierno y cómo está funcionando el Poder Legislativo, entre otros, para que puedan ser críticos y utilizar óptimamente los sistemas de participación.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (Movimiento Ciudadano) señaló que el artículo sexto debe mantenerse como fue enviado por el Senado de la República, de manera que, todas las resoluciones de acceso a la información sean vinculatorias, definitivas e inatacables.

El legislador mencionó que sin transparencia no habrá progreso económico, democracia ni desarrollo, y aseveró que “no se puede construir una legislación desde la opacidad del Pacto por México”. Por ello, dijo que se sumarían a las demandas de transparencia sin restricciones, realizadas por organismos especializados.

El diputado Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza) afirmó que esta reforma permitirá contar en el corto plazo con una ciudadanía mejor informada y participativa del quehacer público, “más demandante y exigente del cumplimiento de los deberes de cada una de sus autoridades”.

Aseveró que la política no se conforma de “círculos cerrados de poder”, donde las decisiones se toman de manera velada en beneficio de algunos y perjuicio de muchos.

Durante la discusión, la diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles (PAN) se pronunció a favor de las reformas, ya que con ellas “se dan pasos firmes para combatir la corrupción que tanto lacera al país y que impide dar una mejor calidad de vida a todos los mexicanos”.

En su turno, el diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (MC) se manifestó en contra del dictamen al considerar que debió respetarse la minuta del Senado de la República. “El tema de fondo, dijo, es la discusión entre abrir la información sobre el quehacer público o mantener la inercia de discrecionalidad que tanto le ha costado al avance democrático de nuestro país”.

Por el PVEM, el diputado Rubén Acosta Montoya subrayó que con las reformas el proceso de elección de los comisionados del IFAI será distinto, ya que los senadores se encargarán de verificar que las personas que aspiren a ese cargo sean las que realmente necesita y requiere la sociedad, y sólo el Presidente los podrá objetar en dos ocasiones y, en la tercera, si fuera el caso, el Senado los nombrará libremente.

La diputada Luisa María Alcalde Luján (MC) consideró prioritaria la participación de la sociedad en un consejo consultivo para opinar sobre los mecanismos de acceso a la información, los medios de impugnación, el plazo de cumplimiento de las resoluciones, la temporalidad de las reservas de información y los supuestos de restricción en la información pública, entre otros.

Al hablar a favor, el diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz (PRD) dijo que ha sido el tesón y la energía de la sociedad civil la que ha llevado a establecer mecanismos de regulación, de control y de transparencia del ejercicio del Poder.

Por ello, dijo, su partido no aceptará más gobiernos secretos, componendas y prácticas políticas poco claras en el ejercicio del poder. “Nuestra obligación es hacer público el poder, ampliando las posibilidades de la ley”, subrayó.

El diputado Ricardo Monreal Ávila (MC) se manifestó en contra del dictamen “porque el objetivo irreductible de las organizaciones era que las resoluciones del IFAI fueran definitivas e inatacables sin condición. El derecho a la información no se garantiza con estas modificaciones que se proponen, se continúa en el autoengaño y se sigue legislando sobre las rodillas. Lo que estamos exigiendo es que se les escuche a los ciudadanos y que haya rendición de cuentas”.

Enseguida, la diputada Areli Madrid Tovilla (PRI) señaló que a través de un sistema eficaz de acceso a la información se habilitan dos grandes rutas para el fortalecimiento de la democracia en nuestro país.

Por una parte, se cumple con una obligación de todo Estado de proteger los derechos fundamentales de los individuos bajo su jurisdicción; y por la otra, se crea un sistema eficaz de rendición de cuentas, indispensable en un Estado de derecho.

Al participar, el diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (PT) también se pronunció en contra porque, consideró, no se debe retroceder en el propósito de hacer inatacables las resoluciones en materia de seguridad nacional, que es lo que demanda la sociedad.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (PRD) expresó su apoyo al dictamen dado que los partidos políticos serán sujetos obligados directos y se rescató la facultad del IFAI para interponer controversia constitucional en caso de normas o acciones que atenten contra la transparencia. Respecto a la inatacabilidad, consideró que sólo tendrá una excepción tratándose de seguridad nacional.

El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana (PRD), consideró que el dictamen es un acto de congruencia y responsabilidad, que retoma la minuta del Senado, reconoce la autonomía del IFAI y responde a un reclamo de la sociedad contra la opacidad.

Para su discusión y votación en lo particular, los diputados hicieron 19 reservas, 18 fueron desechadas y una se retiró a diversos apartados, fracciones y párrafos del artículo sexto Constitucional

Previo a la discusión de las reformas, fueron presentadas dos mociones suspensivas por los diputados Manuel Huerta Ladrón de Guevara (PT) y Zuleyma Huidobro González, mismas que fueron desechadas por votación unánime.

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