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jueves, 26 de febrero de 2015
jueves, 4 de julio de 2013
miércoles, 3 de julio de 2013
Aprueba Comisión de Puntos Constitucionales, en lo general y en lo particular, el dictamen para regular endeudamiento de estados y municipios
Palacio Legislativo, 03-07-2013 (Notilegis).- La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen de reforma constitucional para regular el endeudamiento de estados y municipios, con 16 votos a favor, cero en contra y una abstención.
Con
este documento ya son dos los dictámenes aprobados en comisiones, de los cinco
temas que la Cámara de Diputados aprobó para discutir en el periodo
extraordinario que iniciará el próximo 16 de julio.
El
dictamen expone que en los últimos 12 años la deuda de estados y municipios
aumentó en más de 130 por ciento, sin que se conozca con el suficiente detalle
el destino de los recursos, las tasas a las que fueron contraídos los créditos
y las razones que justificaron su contratación.
Esta
reforma modifica diversas disposiciones de la Constitución, para establecer
principios, controles y lineamientos que promuevan un uso ordenado y sostenible
del financiamiento para las entidades federativas y evitar el uso incorrecto de
los recursos obtenidos vía deuda pública.
El
documento aprobado señala que el Congreso de la Unión tendrá la facultad, en
materia de deuda pública, para dar las bases sobre las cuales el Ejecutivo
pueda otorgar garantías respecto al crédito de la Nación.
También
tendrá la facultad para establecer en las leyes las bases generales para que
los estados, el Distrito Federal y los municipios puedan incurrir en
endeudamiento, los límites de éstos y las modalidades en que se podrán cubrir
los créditos.
El
Congreso de la Unión, igualmente, podrá expedir leyes en materia de
responsabilidad hacendaria que tengan por objeto el manejo sostenible de las
finanzas públicas en la federación, los estados, municipios y el Distrito
Federal.
Las
entidades y municipios tendrán la posibilidad de contraer empréstitos cuyos
recursos se destinen a su refinanciamiento o reestructura, y no sólo a
inversiones públicas productivas, como establece actualmente la Constitución.
De
igual forma, podrán contratar obligaciones para cubrir sus necesidades de corto
plazo, sin rebasar los límites máximos y condiciones que establezca la ley
general que expida el Congreso de la Unión.
No
obstante, el texto del dictamen señala que las entidades federativas y
municipios en ningún caso podrán destinar empréstitos para cubrir gasto
corriente y tendrán la obligación de inscribir y publicar la totalidad de sus
préstamos y obligaciones de pago en un registro público único.
En
dicho registro se incluirán cuando menos los siguientes datos de cada
empréstito u obligaciones: deudor, acreedor, monto, tasa de interés, plazo,
tipo de garantía o fuente de pago, así como los que se determinen necesarios
para efectos de fortalecimiento de la transparencia y acceso a la información.
Las
legislaturas locales deberán autorizar los montos máximos para, en las mejores
condiciones de mercado, contratar dichos empréstitos y obligaciones, previo
análisis de su destino, capacidad de pago y, en su caso, el otorgamiento de
garantía o el establecimiento de la fuente de pago.
Cuando
los créditos estatales o municipales se contraten a corto plazo, deberán
liquidarse a más tardar tres meses antes del término del período de gobierno
correspondiente y no podrán contratarse nuevas obligaciones durante esos
últimos tres meses.
El
dictamen señala también que el estado “velará por la estabilidad de las
finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones
favorables para el crecimiento económico y el empleo”.
Asimismo,
establece que, en el caso de los estados que tengan niveles elevados de deuda
en los términos de la ley, la Cámara de Diputados podrá conocer la estrategia
del gobierno federal para obtener garantías y opinar respecto al plan de ajuste
para fortalecer las finanzas públicas.
La
Auditoría Superior de la Federación (ASF) tendrá a su cargo la fiscalización de
la deuda y de las garantías que otorgue el gobierno federal respecto a
empréstitos de los estados y municipios, así como el destino y ejercicio de los
recursos que hayan realizado los gobiernos locales.
En
tanto, las entidades estatales de fiscalización deberán indagar las acciones de
estados y municipios en materia de fondos, recursos federales y locales, y
deuda pública.
En
los artículos transitorios, se instituye que la ley reglamentaria en materia de
responsabilidad hacendaria aplicable a las entidades federativas y los
municipios deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF) dentro
de los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor de la reforma.
Además
se señala que las entidades federativas y los municipios enviarán al Ejecutivo
federal y al Congreso de la Unión un informe sobre todos los empréstitos y
obligaciones de pago vigentes a la entrada en vigor de la reforma, en un plazo
máximo de 60 días naturales.
Al
inicio de la discusión en lo particular, mediante una reserva presentada por el
diputado Héctor Gutiérrez de la Garza (PRI), se aprobó incorporar una docena de
modificaciones acordadas por todos los grupos parlamentarios.
Dichas
modificaciones trasladaron, principalmente, las facultades que se aprobaron
para la Cámara de Diputados, en materia de endeudamiento de estados y
municipios, al Congreso de la Unión en su totalidad.
martes, 25 de junio de 2013
Aprueba comisión minuta para facultar al Congreso de la Unión a expedir Código Único de Procedimientos Penales; se presentará en periodo extraordinario
Palacio
Legislativo 25-06-2013 (Notilegis).- La Comisión de Puntos Constitucionales
aprobó por unanimidad, en lo general y lo particular, la minuta que reforma la
fracción XXI del artículo 73 constitucional, para facultar al Congreso de la
Unión a expedir un Código Único de Procedimientos Penales para todo el país.
Este
ordenamiento de mecanismos alternativos de solución de controversias y de
ejecución de penas regirá en toda la República en el orden federal y en el
fuero común.
La
minuta forma parte del conjunto de temas que la Junta de Coordinación Política
(Jucopo) señaló ayer lunes como asuntos a tratar en el periodo extraordinario
de sesiones que se desarrollará del 16 al 19 del próximo mes de julio.
Tiene
su origen en tres iniciativas presentadas en la cámara alta entre febrero y
abril de 2013, por los senadores Roberto Gil Zuarth, María del Pilar Ortega
Martínez, Raúl García Guzmán, Carlos Mendoza Davis y José María Martínez
Martínez (PAN), así como Arely Gómez González (PRI), Manuel Camacho Solís (PRD)
y Pablo Escudero Morales (PVEM).
El
29 de abril de 2013, el Pleno del Senado aprobó el dictamen y el 30 de abril la
Cámara de Diputados recibió la minuta y la turnó a la Comisión de Puntos
Constitucionales, para su análisis y estudio.
En
las consideraciones del dictamen se expone que en la reforma constitucional
publicada el 18 de junio del 2008 se estableció que el sistema acusatorio
tendría ocho años para que entraran en vigor estas reformas, es decir, que en
el 2016 deben estar unificados todos los sistemas penales del país.
Se
subraya que contar con una legislación adjetiva única, no va en contra del
pacto federal ni vulnera la soberanía de los estados.
La
reforma al artículo 73, fracción XXI queda de la siguiente manera:
El
Congreso tiene facultad:
Para
expedir:
a)
Las leyes generales en materias de secuestro y trata de personas, que
establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones.
Las
leyes generales contemplarán también la distribución de competencias y las
formas de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el
Distrito Federal y los municipios;
b)
La legislación que establezca los delitos y las faltas contra la Federación y
las penas y sanciones que por ellos deban imponerse; así como legislar en
materia de delincuencia organizada;
c)
La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos
de solución de controversias y de ejecución de penas que regirá en la República
en el orden federal y en el fuero común.
viernes, 15 de marzo de 2013
La Comisión de Puntos Constitucionales aprueba, sin modificaciones, el dictamen en materia de telecomunicaciones
Palacio
Legislativo, 14-03-2013 (Notilegis).-
La Comisión de Puntos Constitucionales
aprobó en lo general y en lo particular, sin modificaciones, el dictamen en
materia de telecomunicaciones, que se presentará al Pleno en la próxima semana.
La comisión inició
alrededor de las 17:15 horas la discusión del dictamen que reforma y adiciona
diversas disposiciones de los artículos 6°, 7°, 27, 28, 73, 78 y 94 de la
Constitución.
Los diferentes grupos
parlamentarios expresaron su posición al respecto y posteriormente se aprobó en
lo general con 29 votos a favor, cero en contra y sólo una abstención.
Las reservas que se
presentaron en lo particular fueron rechazadas por la mayoría de los
integrantes de la comisión.
Alrededor de las 20:30
horas se avaló el dictamen en lo particular, sin modificaciones, con 27 votos a
favor, dos en contra y cero abstenciones.
PRI, PAN, PRD, PVEM y Nueva Alianza adelantan voto a favor en
lo general del dictamen de telecomunicaciones; Movimiento Ciudadano se abstiene
y PT no se pronuncia
Palacio
Legislativo 14-03-2013 (Notilegis).- Diputados del PRI, PAN PRD, PVEM y Nueva
Alianza adelantaron su voto a favor del dictamen en materia de
telecomunicaciones en lo general, mientras que Movimiento Ciudadano dijo que se
abstendría y el PT no se pronunció.
Representantes de las
fracciones parlamentarias expresaron su posición al iniciar la discusión esta
tarde en la Comisión de Puntos Constitucionales y adelantaron que presentarán
reservas en lo particular.
La diputada Gloria Núñez
Sánchez (PRI) dijo que su bancada dará su voto a favor del dictamen porque
democratiza el mercado de las telecomunicaciones, abre la competencia y
fortalece la rectoría del Estado en telecomunicaciones.
“De manera inédita e
inmediata la reforma contó con el apoyo de los actores determinantes del sector
y esto es algo positivo porque no se polarizan los intereses, sino que se están
conciliando los beneficios para México”, precisó.
Fernando Zárate Salgado
(PRD) adelantó el voto a favor del dictamen y “el apoyo al 100 por ciento del
proyecto que modifica la relación existente en el país y sitúa el interés
nacional por encima de cualquier otro interés”.
Reconoció el trabajo y
voluntad de todas las fracciones para eliminar una “relación leonina existente
entre la sociedad y los medios”.
Carlos Angulo Parra (PAN)
adelantó el voto a favor en lo general porque es un producto de un amplio
consenso de todas las fuerzas políticas importantes del país y de las más
amplias reflexiones y propuestas presentadas en múltiples iniciativas en los
últimos 18 años.
“Las principales empresas
que van a ser sujetas a este nuevo ámbito normativo propuesto por la iniciativa
presidencial han mostrado su beneplácito de manera pública y notoria”, dijo.
Ruth Zavaleta Salgado
(PVEM) expresó el apoyo al dictamen y dijo que tiene observaciones que si las
presenta sería ante el Pleno de la Cámara de Diputados y no de la Comisión de
Puntos Constitucionales.
Pidió que se deje de
utilizar el término de “Telebancada” para diputados supuestamente vinculados
con los intereses de las televisoras y dijo que los legisladores de su fracción
defienden intereses de los ciudadanos del país.
El vicecoordinador de
Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, dijo que su fracción presentará
reservas en la discusión del dictamen y adelantó que podrían dar su voto en
abstención.
Señaló que las reservas que
presentarán están relacionadas, entre otros temas, sobre la integración del
Comité de Evaluación, autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones y
gratuidad total de canales abiertos de televisión.
Luis González Roldán (Nueva
Alianza) señaló que votan a favor de la reforma de telecomunicaciones para
tener una igualdad social en el acceso de las tecnologías.
Aseguró que con la creación
de los dos nuevos órganos reguladores con autonomía constitucional, el objetivo
que se persigue tendrá resultados positivos.
Intervención para fijar posicionamiento del GPPAN durante la discusión de la iniciativa que reforma diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones
14
de marzo de 2013
Compañeros y compañeras diputadas.
Compañeras y compañeros asesores que han
estado involucrados en este tema, miembros de los medios de comunicación aquí
presentes:
Nos debemos de sentir profundamente
orgullosos de estar en estos momentos participando en un cambio de paradigma
histórico para nuestro país, que es el de aprobar las reformas estructurales
importantes en materia económica que van a generar un campo de juego justos
para las empresas que día a día arriesgan sus recursos humanos y económicos al
incursionar en mercados nuevos y en mercados ya existentes.
Uno de los mercados más importantes, no nada
más por su generación de empleo sino por su impacto directo en el desarrollo
del país, es el de las telecomunicaciones y medios electrónicos, como la radio
y televisión que requieren para su adecuado desarrollo un régimen regulatorio
justo que cumpla con las mejores prácticas internacionales.
Es por ello, que la legislación que se
propone, que es un producto de un amplio consenso de todas las fuerzas
políticas importantes de nuestro país, producto también de las más amplias
reflexiones, propuestas de análisis que se han presentado en múltiples
iniciativas en los últimos 18 años, que han considerado las características
propias del mercado mexicano y los conceptos necesarios de la manutención justa
y ordenada de los mercados para el beneficio principal de los usuarios de los
servicios de telecomunicaciones y medios electrónicos, sin menoscabo de las
oportunidades de inversión necesarias para que las empresas nazcan y se
desarrollen.
Por estas razones, amigas y amigos, las
principales empresas que van a ser sujetas de este nuevo ámbito normativo,
propuesto por la iniciativa presidencial han mostrado su beneplácito de una
manera pública y notoria, pero también un aspecto muy importante es que la iniciativa
comprende el fortalecimiento de la autoridad que regulará y controlará la justa
competencia de los mercados distintos a las telecomunicaciones para poner un
orden justo en los mismos que faciliten la competencia equitativa que garantiza
el desarrollo cabal de las empresas que generarán riqueza y que va a ser esta
distribuida justamente, en primer lugar, para ser beneficio y darle una ventaja
al consumidor al recibir satisfactores de calidad y mejor precio.
Y en segundo lugar, por la generación de empleos
que sirvan al país, ya que van a estar mejor pagados y que sobre todo entren al
mundo cabal del desarrollo humano. En esta iniciativa de alto calado existen
órganos autónomos fortalecidos, tenemos mandatos constitucionales precisos para
la generación de legislación secundaria que haga efectivos los objetivos de la
reforma.
En tercer lugar tenemos el establecimiento de
un sistema integral de radio y televisión públicos sin fines de lucro, que
fomenten la integración nacional, la formación educativa, la cultura y el
civismo, la expresión de nuestra muy particular pluralidad nacional, la
difusión de las opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad
que nos lleve hacia el anhelado bien común.
En los doce años que los gobiernos del PAN
estuvieron en el Poder Federal se logró transformar profundamente al país en un
país democrático, en un país donde las concentraciones absolutas del poder se
acabaron, en un país de leyes e instituciones y sobre todo, amigas y amigos, en
un país con un entorno político que nos ha permitido en este momento llegar a
este gran consenso para beneficio de la nación, por eso compañeras y compañeros
legisladores, votaremos los del Partido Acción Nacional en lo general a favor
de esta iniciativa.
Muchas gracias.
lunes, 4 de marzo de 2013
La Comisión de Puntos Constitucionales aprueba nueve reservas al dictamen de la minuta que envió el Senado para acotar el fuero constitucional, entre ellas dos del diputado Angulo Parra
Amigos:
Les
informo que el pasado 27 de febrero los diputados de la Comisión de Puntos
Constitucionales aprobamos nueve
reservas al dictamen de la minuta que envió el Senado para acotar el fuero
constitucional, avalado de manera previa en lo general y que se presentará mañana
al Pleno.
Las
reservas presentadas que fueron aprobadas son las siguientes:
- De un servidor, Carlos Angulo Parra del PAN la propuesta de redacción al artículo
112 para quedar como sigue:
“Cuando
alguno de los servidores públicos a que hace referencia el artículo 111 de esta
Constitución sea sometido a proceso penal durante el tiempo en que se encuentre
separado de su encargo, y una vez dictado el auto de vinculación a proceso
penal, no gozará del beneficio señalado en el mismo”.
-Del
diputado Damián Zepeda Vidales (PAN) para eliminar el procedimiento de
declaración de procedencia “en términos textuales y en términos implícitos” en
el párrafo cuarto del artículo 111.
“Que
se elimine cualquier tipo de participación de la Cámara de Diputados en este
proceso para separar del cargo a un legislador o para decidir que la sentencia
ejecutoria que haya emitido un juez pueda ser procedente”, propuso.
-De
Pedro Domínguez Zepeda (PRI) que adiciona al párrafo séptimo artículo 111, para
que cuando los gobernadores o diputados locales, magistrados de los estados que
sean sometidos a un proceso penal por delitos del fuero común le corresponda a
las entidades federativas, a través de sus poderes constituyentes, la
modificación a las constituciones locales para establecer lo que sea
conducente.
-Fernando
Rodríguez Doval (PAN) propuso adicionar un cuarto transitorio para homologar la
legislación a nivel local, el cual es el siguiente:
“Cuarto.
Las legislaturas de las entidades federativas deberán adecuar en sus
respectivas legislaciones las disposiciones del presente decreto en el término
de seis meses a partir de su entrada en vigor”.
-Ricardo
Villarreal García (PAN) propuso adicionar un sexto transitorio para derogar el
capítulo tercero de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores
Públicos, el cual habla del procedimiento de la declaración de procedencia.
“Sexto.
Se deroga el capítulo tercero, procedimiento de la declaración de procedencia
de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y todas
aquellas disposiciones que se opongan al contenido del presente decreto dentro
del término de seis meses a partir de la entrada en vigor”.
Explicó
que al ya no haber procedimiento de declaración de procedencia, no tendría
ningún sentido que esté regulado en ninguna ley.
-Raymundo
King de la Rosa (PRI) propuso modificar el Artículo 111 en su párrafo 6° que se
refiere al caso del Presidente de la República.
-Ricardo
Villarreal García (PAN) propuso la eliminación del párrafo 10° del artículo
111, el cual señala:
“Las declaraciones y resoluciones de las Cámaras del Congreso de la Unión son inatacables. Tampoco procederá ninguna suspensión judicial o parlamentaria contra la realización y desarrollo de las sesiones en que las cámaras voten sobre el retiro de la inmunidad”.
“Las declaraciones y resoluciones de las Cámaras del Congreso de la Unión son inatacables. Tampoco procederá ninguna suspensión judicial o parlamentaria contra la realización y desarrollo de las sesiones en que las cámaras voten sobre el retiro de la inmunidad”.
-Otra
más de un servidor, Carlos Fernando
Angulo Parra del PAN. Propuse que en el artículo tercero transitorio se
modifique el término de estatal por local, ya que de esta manera podría ser
incluido el Distrito Federal.
El texto indica:
El texto indica:
“En los casos previstos por el artículo 111 de esta Constitución, los
servidores públicos que en él se mencionan, podrán intervenir por escrito y ser
representados por su defensor, en la indagatoria, así como en todas las etapas
y actos del procedimiento, debiendo preverse lo conducente en las legislaciones
del ámbito federal y estatal”.
-Jorge
Francisco Sotomayor Chávez (PAN) propuso la adición de un artículo 5°
transitorio con el siguiente texto:
“Las decisiones que regulan la organización y funcionamiento de los órganos a que hace referencia el 4° párrafo del artículo 111 del presente decreto deberán ser adecuadas de conformidad con lo previsto en el mismo dentro del término de 6 meses a partir de su entrada en vigor.”
“Las decisiones que regulan la organización y funcionamiento de los órganos a que hace referencia el 4° párrafo del artículo 111 del presente decreto deberán ser adecuadas de conformidad con lo previsto en el mismo dentro del término de 6 meses a partir de su entrada en vigor.”
viernes, 1 de marzo de 2013
Plantea el Dip. Carlos Angulo cambio al Art. 3 transitorio de la palabra estatal a local
Intervención
del diputado Carlos Fernando Angulo Parra
Comisión
de Puntos Constitucionales
Lobby del
edificio E, Cámara de Diputados
27 de febrero de 2013
27 de febrero de 2013
Gracias
Presidente:
El
supuesto normativo del artículo tercero transitorio tiene que ver con el
tratamiento especial de una de las personas que tiene los beneficios del
artículo 111 de la Constitución, cuando se encuentra sujeto a proceso y ese
tratamiento especial versa sobre que estos servidores públicos podrán
intervenir por escrito, es decir, la obligación de comparecencia no existe,
sino hay una posibilid de que intervengan nada más por escrito y pueden ser
representados por su defensor o sea, la comparecencia directa no es necesaria
en la indagatoria, así como en otras etapas de actos del proceso.
Luego
hace una revisión el texto constitucional que se propone a que esta situación
especial debe de preverse en lo conducente en las legislaciones del ámbito
federal y el dictamen menciona y estatal y es una mera acotación técnica,
porque el Distrito Federal no es un estado, por lo tanto, la propuesta es que
la última palabra en lugar de decir: estatal, sea local y en esos términos es
el único cambio propongo para el artículo tercero transitorio.
Gracias.
Propone el Dip. Carlos Angulo cambio de redacción al artículo 112
Intervención del diputado Carlos Fernando Angulo Parra
Comisión de Puntos Constitucionales
Lobby del edificio E, Cámara de Diputados
27 de febrero de 2013
27 de febrero de 2013
Gracias Presidente:
El artículo 112 tiene un supuesto normativo
relacionado con la situación de un legislador o cualquier otra persona que se
encuentre bajo los parámetros normativos del artículo 111, sujeto a esta
disposición de fuero que se separe de su cargo, al soparse de su cargo cuáles
son sus consecuencias en particular y qué pasa si es sujeto a un proceso penal
durante ese momento en que se encuentra, durante ese lapso en que se encuentra
separado de su cargo.
La propuesta de cambio que estoy presentado aquí
ante la mesa tiene que ver con un aspecto semántico meramente de un verbo en
particular y para ilustrar voy a leer como viene en el dictamen y la propuesta
de cambios.
Artículo 112 –es un parrafito muy pequeño—cuando
alguno de los servidores públicos a que hace referencia el artículo 111 de esta
Constitución y aquí hago énfasis, cumpliera que es el pasado del (…) sido
sometido a proceso penal cuando la norma establece supuestos normativos hacia
el futuro, no hacia el pasado, durante en tiempo en que se encuentre separado
de su encargo, y una vez dictado el auto vinculación a proceso penal, no gozará
del beneficio señalado en el mismo.
La propuesta de cambio, compañeras y compañeros
tiene que ver con el verbo hubiera sido para que sea sustituido por sea
sometido, por lo que quedaría la redacción del 112:
“Cuando alguno de los servidores públicos a que
hace referencia el artículo 111 de esta Constitución sea sometido a proceso
penal durante el tiempo que se encuentre separado de su encargo y una vez
dictado el auto vinculación a proceso penal, no gozará del beneficio señalado
en el mismo”.
Es sencillo el cambio del hubiera sido a sea,
exclusivamente es el cambio que propongo señor Presidente.
Compañeras y compañeros, lo pongo a consideración.
Fuero para el Presidente de la República, se debe mantener de una manera especial: Dip. Carlos Angulo
Intervención
del diputado Carlos Fernando Angulo Parra durante el análisis de la reserva al
párrafo 6° del artículo 11 de la minuta para acotar el fuero de servidores
públicos
Comisión
de Puntos Constitucionales
Lobby del
edificio E, Cámara de Diputados
27 de febrero de 2013
27 de febrero de 2013
Gracias
Presidente:
Se han
vertido muchos argumentos, pero creo que un argumento muy contundente en esta
discusión muy entera, muy sólida respecto a este tema en particular no se ha
agotado en un aspecto esencial.
Estamos
nosotros en un sistema republicado en donde nosotros tenemos tres poderes de la
Unión: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, de los tres poderes un solo
poder tiene una persona a cargo del poder completo, que es el Poder Ejecutivo,
por lo tanto, en ese aspecto, ese Poder de la Unión es un poder endeble respecto
de que es un poder unipersonal y por tal motivo, la Constitución siempre le ha
dado un tratamiento preferencial especial en virtud de que la función de la
Presidencia de la República es indispensable e históricamente cuando ha fallado
la Presidencia de la República por algún tipo de falta, hemos tenido horrores
de violencia que no queremos acordarnos de qué ha sucedido cuando falta el
Presidente de la República por cualquier motivo en este país.
Cuando
por desgracia pueda faltar, por cualquier motivo cualquier integrante de los
otros dos poderes de la Unión no sucede las consecuencias de la falta del Poder
Ejecutivo.
Es por
eso que la opinión de su servidor, es que este fuero se tiene que mantener de
una manera especial para cumplir con la función que desempeña tan importante el
Presidente de la República.
Sí, en
efecto la minuta del Senado le da un tratamiento al Presidente de la República
distinto también que al resto de lo que le había dado, el hecho de que el
Partido Revolucionario Institucional quieran regresar a la propuesta eliminando
digamos la minuta del Senado y que quede el texto constitucional como se
encuentra ahora en vigor, por eso es más que justificable.
Gracias
Presidente.
Pide el diputado Carlos Angulo eliminar el fuero y ser responsables con la función pública
Intervención durante el análisis de la reserva para eliminar el párrafo V del
artículo 111, de la minuta para acotar el fuero de servidores públicos
Comisión
de Puntos Constitucionales
Lobby del
edificio E, Cámara de Diputados
27 de febrero de 2013
27 de febrero de 2013
(…) la
eliminación de este párrafo que dice: Si la resolución de la Cámara fuese
negativa, se mantendrá la inmunidad del sentenciado, por ello no será obstáculo
para que una vez concluido el ejercicio del cargo, las autoridades procedan
conforme a la ley.
Es decir,
esta es la conclusión del juicio de procedencia, ya votamos esto a favor en la
anterior en relación con esto, pero quiero hacer énfasis en lo siguiente:
Nuestro
país no es el país de los 80, de los 70, de los 60, es un nuevo país,
indudablemente que vivimos en un nuevo país, sí fue una larga lucha para llegar
a esto, sí fue una lucha en donde todos los hombres y mujeres que estuvieron
involucrados en esta lucha por la democracia estuvieron haciéndolo, combatiendo
al poder público sin fuero alguno y se afrontaron circunstancias muy adversas,
pero salimos adelante compañeras y compañeros, en la transparencia, en la
libertad de medios, en las redes sociales, sí en muchas de las libertades de
las cuales ahora gozamos.
Ahora
tenemos un Estado de Derecho estructurado, tenemos un Poder Judicial mucho más
fuerte, mucho más estructurado que antes, fortalecido por las instituciones que
hemos creado.
Antes
vivíamos en un profundo sistema autoritario con facultades presidenciales
metaconstitucionales, con una carencia supina del Estado de Derecho. Nosotros
ahora luchamos por la democracia, ahora luchamos por la igualdad y día con día
la estamos obteniendo.
La
eliminación del fuero como la hemos conocido, indudablemente que acarrea
riesgos, pero estos riesgos también deben de ser afrontados por una autoridad
que de manera fuera del Estado de Derecho, de manera contundentemente
autoritaria, indebidamente pudiera perseguir a los que ahora se propone se les
elimine el fuero, incluyendo a los diputados y a los senadores del Congreso de
la Unión, pero tenemos que poner esta prueba enfrente y si hay una persecución
que no lleve de una manera legal a una justicia cabal, también nosotros
compañeras y compañeros, vamos a luchar porque haya consecuencias de este tipo
de persecuciones.
Ahora
bien, el Presidente deberá acotar el desempeño de su cargo al cumplimiento de
la ley y a no utilizar este tipo de instrumentos fuera del Estado de Derecho
que antaño sí sabemos que se utilizaron, también los gobernadores, los propios
alcaldes tendrán que hacer esta restricción en el uso indebido de la autoridad.
A los
poderes fácticos también existe ese riesgo que los poderes fácticos pudieran
utilizar esa fuerza que representa su riqueza desmedida, esa fuerza que puede
representar ese desacatamiento que tienen en cabal cumplimiento de la ley para
iniciar persecuciones ilegales, tendrán que afrontar las consecuencias.
No más
privilegios compañeras, no más impunidad compañeros, eliminemos el fuero y
seamos responsables con nuestra función pública.
Muchas gracias.
lunes, 7 de enero de 2013
A finales de noviembre, en la Cámara de Diputados recibimos la iniciativa del entonces presidente Felipe Calderón sobre la segunda vuelta electoral para los comicios presidenciales
Amigos:
Quiero informarles que a finales de noviembre, en la
Cámara de Diputados recibimos la iniciativa del entonces presidente Felipe Calderón
Hinojosa que reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución Política
con el objeto de establecer la segunda vuelta electoral para los comicios
presidenciales.
El
documento fue publicado el 28 de noviembre en la Gaceta Parlamentaria.
En
la iniciativa se recuerda que el 9 de agosto pasado se publicó en el Diario
Oficial de la Federación la reforma política, pero también señala que el cambio
social obliga a un continuo proceso de transformación institucional.
“Uno
de los temas pendientes en esta reforma política, y que fue propuesta por el
Ejecutivo Federal a mi cargo, (…) es la adopción del principio de mayoría
absoluta para la elección de Presidente de la República, recurriendo a la
segunda votación, cuando ningún candidato obtenga la mayoría necesaria para ser
electo en la primera votación”, señala el documento de la presidencia.
“Una
segunda vuelta electoral promueve la coalición de diversos intereses, el
acuerdo y las negociaciones entre partidos y candidatos, con el fin de obtener
el umbral de votación establecido como mínimo para ganar.
“Los
partidos políticos y candidatos se verán incentivados a calcular sus
posibilidades reales de triunfo y, en su caso, a negociar una asociación
electoral con los contendientes que juzguen apropiados”, indicó.
La
iniciativa señala que cuando ninguno de los candidatos hubiese obtenido más del
cincuenta por ciento del total de los sufragios se llevará a cabo una segunda votación
en la que participen solamente los dos candidatos que hayan obtenido el mayor
número de sufragios en la primera votación.
La
segunda votación será programada de manera concurrente con los cargos
legislativos federales.
“Mediante
este mecanismo se garantiza que los candidatos electos sean respaldados, en
alguna de las dos votaciones, por una mayoría absoluta de los votos válidamente
emitidos”, señala.
La
primera vuelta de la elección presidencial se realizará el primer domingo de
julio, mientras que la de los legisladores al Congreso de la Unión en ese año
tendrá lugar el segundo domingo de agosto, de manera concurrente con la segunda
vuelta de la elección presidencial.
Si
en la primera fecha electoral resulta electo un presidente por mayoría, los electores
tendrán disponible esta información al momento de decidir su voto para el
Congreso.
“En
congruencia con lo anterior, se propone que la instalación de cada legislatura
se verifique a partir del primero de octubre del año correspondiente,
realizando los ajustes necesarios para la presentación del paquete económico
respectivo”.
La
iniciativa del Presidente reforma la Constitución Política en el artículo 41,
fracción V, párrafo noveno; el artículo 74, fracción IV; el artículo 99,
fracción II.
También
adicionan el artículo 14, fracción IV, con un párrafo tercero, recorriéndose
los subsecuentes; el artículo 52 con un párrafo segundo; el artículo 56 con un
párrafo cuarto; el artículo 65 con un párrafo segundo, recorriéndose los
subsecuentes y el artículo 81 con un párrafo segundo, tercero y cuarto.
La
Mesa Directiva turnó la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, de la cual como saben soy honrosamente parte de la Mesa Directiva.
Aquí les presento la Iniciativa completa para su consulta.
lunes, 17 de diciembre de 2012
Padres de familia podrán opinar sobre planes y programas de estudio: Dip. Carlos Angulo Parra
Versión estenográfica de la
intervención del diputado Carlos Angulo Parra para presentar reserva al
artículo tercero, último párrafo al dictamen que reforma la Constitución, en
materia de educación
Comisión de Puntos Constitucionales
13 de diciembre de 2012
(…) de esta reforma propuesta tiene que ver con la evaluación de los planes de estudio que el Ejecutivo Federal determinará y los programas en todos sus niveles, tanto en educación preescolar, primaria, secundaria, normal para toda la República.
La propuesta menciona que para esos efectos el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas, hay que considerar que nuestra República es amplia y tiene áreas regionales que tienen sus idiosincrasias en particular, así como el Distrito Federal.
La propuesta que tenemos nosotros es añadir unas palabras que mencionen que en especial se debe tomar en cuenta a los padres de familia y quedaría después de Distrito Federal, así como después de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, en especial los padres de familia, en los términos que señale la ley, se propone incluir expresamente esto para que haya mecanismos, para que los padres de familia puedan opinar en los planes y programas de estudio.
La familia es el núcleo inicial de la educación en todo el mundo y los padres de familia son los primeros educadores de nuestras niñas y niños, los padres de familia son los primeros interesados en la educación de sus hijos, de ahí la necesidad de otorgarles el derecho de opinión, la educación en México debe ser incluyente y crear una sinergia entre los maestros y los padres de familia, esta interacción constante debe ser permanente, estos conceptos son esenciales que se incluyan en los términos de este dictamen para los efectos señalados de incluir esa esencia inicial de la educación, que es la interrelación que hay entre los padres de familia, los hijos de los padres de familia, el entorno en el que se desenvuelven dentro de las regiones correspondientes.
Por eso Señor Presidente, diputadas y diputados, atentamente les solicito considerar esta inclusión que es esencial que tengamos dentro de esta disposición constitucional.
Muchas gracias Señor Presidente
(La reserva fue aceptada por los integrantes de la Comisión)
Comisión de Puntos Constitucionales
13 de diciembre de 2012
(…) de esta reforma propuesta tiene que ver con la evaluación de los planes de estudio que el Ejecutivo Federal determinará y los programas en todos sus niveles, tanto en educación preescolar, primaria, secundaria, normal para toda la República.
La propuesta menciona que para esos efectos el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas, hay que considerar que nuestra República es amplia y tiene áreas regionales que tienen sus idiosincrasias en particular, así como el Distrito Federal.
La propuesta que tenemos nosotros es añadir unas palabras que mencionen que en especial se debe tomar en cuenta a los padres de familia y quedaría después de Distrito Federal, así como después de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, en especial los padres de familia, en los términos que señale la ley, se propone incluir expresamente esto para que haya mecanismos, para que los padres de familia puedan opinar en los planes y programas de estudio.
La familia es el núcleo inicial de la educación en todo el mundo y los padres de familia son los primeros educadores de nuestras niñas y niños, los padres de familia son los primeros interesados en la educación de sus hijos, de ahí la necesidad de otorgarles el derecho de opinión, la educación en México debe ser incluyente y crear una sinergia entre los maestros y los padres de familia, esta interacción constante debe ser permanente, estos conceptos son esenciales que se incluyan en los términos de este dictamen para los efectos señalados de incluir esa esencia inicial de la educación, que es la interrelación que hay entre los padres de familia, los hijos de los padres de familia, el entorno en el que se desenvuelven dentro de las regiones correspondientes.
Por eso Señor Presidente, diputadas y diputados, atentamente les solicito considerar esta inclusión que es esencial que tengamos dentro de esta disposición constitucional.
Muchas gracias Señor Presidente
(La reserva fue aceptada por los integrantes de la Comisión)
sábado, 15 de diciembre de 2012
Comisión de Puntos Constitucionales aprueba la reforma educativa con cinco modificaciones
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Palacio
Legislativo, 13-12-2012 (Notilegis).- La Comisión de Puntos Constitucionales
aprobó con cinco modificaciones la reforma educativa que envió el Ejecutivo
federal y pasará al Pleno para su discusión.
El
dictamen fue avalado en lo general ayer miércoles por 26 votos a favor y dos en
contra y esta noche lo aprobaron en lo particular con 25 votos a favor y dos en
contra.
El
dictamen reforma los artículos 3° y 73 de la Carta Magna, en materia educativa,
plantea la creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y
establece las reglas del ingreso al servicio docente y la promoción a cargos.
Al
finalizar este jueves la sesión del Pleno, el presidente de la Mesa Directiva,
Francisco Arroyo Vieyra, anunció a la asamblea que en cuento se reciba el
dictamen aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales se hará la
declaratoria de publicidad y mañana viernes se publicará en la Gaceta
Parlamentaria.
Los
legisladores aprobaron las modificaciones del diputado Carlos Fernando Angulo
Parra (PAN) al artículo tercero constitucional, último párrafo del dictamen,
referentes a la evaluación de los planes de estudio que el Ejecutivo federal
determinará y los programas en todos sus niveles, tanto en educación
preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República.
La
propuesta original plantea que para esos efectos de evaluación, el Ejecutivo
Federal considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas.
Sin
embargo, el legislador planteó incluir expresamente en la Ley que haya
mecanismos para que se tome en cuenta al Distrito Federal y que los padres de
familia puedan opinar en los planes y programas de estudio.
“La
propuesta que queremos es para incluir en la evaluación la opinión del Distrito
Federal, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la
educación, en especial los padres de familia, en los términos que señale la
ley”.
También
fue modificado el Artículo 3, fracción III, párrafo segundo que propuso la
perredista Amalia García, para que el ingreso al servicio docente y promoción a
cargos se lleven con principios de “igualdad y transparencia”, además de la
promoción, reconocimiento y permanencia que ya se integran en el documento.
La
tercera modificación fue al artículo 3, fracción IX, del párrafo cuarto,
presentada por el diputado Fernando Zárate Salgado (PRD) y establece que ningún
integrante, incluido el presidente de la Junta de Gobierno del INEE, dure más
de 12 años en su encargo.
En
el párrafo quinto, del mismo artículo y fracción, precisa que en la elección
del presidente de la Junta de Gobierno, tres de sus cinco integrantes tendrán
voto mayoritario.
La
diputada Amalia García (PRD) presentó modificaciones al artículo segundo
transitorio para que el dictamen contenga un lenguaje incluyente, por lo que
propuso sustituir la palabra miembros, por integrantes; que conformarán la
Junta de Gobierno.
También
fueron avaladas las modificaciones presentadas por el diputado Ricardo
Villarreal García (PAN) al artículo quinto transitorio, fracción tercera,
inciso B, para que escuelas de tiempo completo aprovechen los espacios para
reforzar el desarrollo académico, deportivo y cultural.
“La
única adición que proponemos es adicionar dos palabras, para que se aproveche
el tiempo también en actividades deportivas y culturales, no sólo en académicas
como viene el texto original”, explicó.
jueves, 13 de diciembre de 2012
martes, 6 de noviembre de 2012
El diputado Carlos Angulo suscribe un Proyecto de decreto que pretende eliminar la figura del fuero, entre otras reformas constitucionales
 |
| Foto de Archivo |
Quiero
informarles que el pasado 23 de octubre, en la sesión ordinaria en la Cámara de
Diputados, su servidor suscribió un Proyecto de decreto que reforma, adiciona y
deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
El objetivo de esta iniciativa, que suscribimos todos los diputados del PAN, es eliminar la figura del fuero, la de declaración de procedencia o desafuero y la de juicio político.
Asimismo, crear el Tribunal Federal de Rendición de Cuentas de los Servidores Públicos como órgano constitucional autónomo encargado de procesar las faltas u omisiones de los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que la Constitución otorgue autonomía.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, de la cual me honro en pertenecer a su Mesa Directiva en calidad de Secretario.
Les presento, a continuación, el Proyecto completo para su consulta.
lunes, 5 de noviembre de 2012
Erradicar violaciones a Derechos Humanos y Fortalecer Ley de Víctimas
Como una de las tareas principales del legislador
panista, Carlos Angulo, está contemplado erradicar las violaciones de los
derechos humanos en Ciudad Juárez, y el fortalecimiento de la Ley General de
Atención a Víctimas del Delito, según lo relató después
de haber sido encomendado a la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso
federal.
Explicó que aunque no es un rubro en el que le haya tocado participar con anterioridad, el entusiasmo lo llamó a buscar nuevas estrategias para que los juarenses puedan sentir que desde el estado se les respeta, toda vez que Juárez adolece, desde hace años, de una real estrategia y normatividad para lograr el respeto a los derechos y garantías de los ciudadanos fronterizos.
“Fue una petición especial que me hizo el coordinador del PAN para formar parte de la mesa de Comisión de Derechos Humanos, además este primer año es esencial para varias cosas, en primer lugar porque en Juárez ha adolecido de políticas adecuadas en materia de derechos humanos y en segundo porque hay tratados internacionales en la materia que deben atenderse”, señaló.
Añadió que como uno de los primeros análisis que tendrán que hacer los diputados integrantes de dicho grupo legislativo está la revisión de la Ley de Víctimas para realizarle adecuaciones técnicas que son necesarias para impulsarla mejor y continuar con las normas de control del estado para el respeto a los derechos humanos, a fin de que haya mayores castigos para quienes los violenten.
“Necesitamos que se les dé seguimiento cabal a los tratados internaciones de que México es parte y continuar con el desarrollo del Estado de Derecho; por desgracia en la medida en que hay mayor intervención gubernamental en cuestiones de seguridad hay más violaciones, y en esa misma medida tenemos que trabajar”, precisó.
Por otro lado, señaló que al ser señalado como integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, cayó “en su mero mole”, debido a que en la campaña presentó reiteradamente una propuesta legislativa de transformación del Estado, promoviendo cambios constitucionales “de alto calado”. Ejemplificó que el Congreso deberá rendir frutos importantes en esa materia para que haya una real rendición de cuentas de los funcionarios públicos, así como mejorar los requisitos de desempeño de los poderes de la unión.
Asimismo, destacó que al formar parte de la Comisión de Economía, podrá explotar adecuadamente su perfil de competitividad. Asimismo, dijo que –a diferencia de Luis Murguía- sí considera que Ciudad Juárez debe ser llamada zona libre.
“Ese tema cae redondito a este grupo de legisladores, aunque sabemos que es una facultad del presidente de México decidir si se nombra así a la ciudad, pero desde mi campaña mencioné que iba a continuar impulsando esa idea, estando en la comisión me coloca en un lugar estratégico, entonces lo aprovecharé para hacerlo”, abundó.
Finalmente, dijo que en materia económica tiene una agenda personal muy amplia, como continuar con el desarrollo del sistema mercantil, combatir los monopolios que se consideran un lastre para la sociedad mexicana, privilegiar la instalación de más maquiladoras en Juárez, y buscar una reforma fiscal que genere mayores oportunidades de desarrollo a los ciudadanos fronterizos.
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