Aprobamos que consejos municipales de participación social en la educación propongan actividades para cuidar los mares y el conocimiento de pesca y acuacultura

Amigos:

En la sesión ordinaria del 17 de septiembre de 2014, los diputados aprobamos por unanimidad, con 366 votos a favor, un dictamen para que los consejos municipales de participación social en la educación puedan proponer actividades que propicien el cuidado de los mares y el conocimiento de la pesca y acuacultura.

El documento, presentado en noviembre de 2013 por el diputado Alejandro Moreno Cárdenas (PRI), se turnó al Senado para su análisis y eventual ratificación.

Modifica el artículo 70 de la Ley General de Educación, mismo que se refiere a las facultades de los consejos municipales de participación social en la educación, los cuales se integran por autoridades, padres de familia, docentes, representantes sindicales y de la sociedad civil de cada municipio.

En el dictamen se señala que la actividad pesquera “constituye para México una forma de vida y subsistencia de muchas familias en la zona costera”, además que representa el uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Se explica que, al ser una actividad de importancia para México, se requiere de “la regulación para la explotación racional de los recursos pesqueros”, a fin de contribuir a la sustentabilidad de la actividad y “valorar la pesca y la acuacultura como actividades potenciales del desarrollo del país”.

Agrega que una de las estrategias para que los ciudadanos conozcan sobre el cuidado de los ecosistemas marinos o acuíferos, es a través de la educación.

Por ello, subraya la importancia de generar conciencia para preservar las especies marinas, los ecosistemas y valorar las actividades pesqueras y que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes conozcan y conserven la riqueza de los litorales, el manejo adecuado y las actividades propias de la pesca y la acuacultura.

Aprobamos que se otorguen becas en escuelas de formación para el trabajo

Amigos:

En la sesión del 19 de septiembre, los diputados aprobamos, con 368 votos a favor, cero en contra y una abstención, un dictamen que reforma el artículo 45 de la Ley General de Educación, para que se incluyan los programas de becas a los jóvenes que estudian alguna opción de formación para el trabajo.

La formación para el trabajo se ofrece por medio de 198 Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial (Cecati) distribuidos en el país, los cuales cuentan con 207 cursos que buscan responder con mayor pertinencia a las necesidades de formación de recursos humanos que demanda el mercado laboral.

El dictamen, que pasó al Senado para su ratificación, deviene de una iniciativa que la diputada Lorena Corona Valdés (PVEM) presentó el 11 de enero de 2012, con el propósito de evitar que los jóvenes deserten de la educación media superior.

El artículo 45 de la citada ley queda de la siguiente manera:

“La formación para el trabajo que se imparta en términos del presente artículo será adicional y complementaria a la capacitación prevista en la fracción XIII del apartado A) del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, pondrán en marcha programas de apoyo económico para favorecer el acceso y la permanencia de los jóvenes interesados en esta modalidad”.

Corona Valdés sustenta su propuesta en los enormes retos que la educación media superior enfrenta en el país.

Uno de estos retos, agregó, es la cobertura, ya que 64 de cada 100 jóvenes de entre 16 y 18 años se encuentran inscritos en alguna opción del nivel, pero el 36 por ciento restante está fuera del sistema educativo.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos coincidió con la diputada del PVEM en el reconocimiento de las limitaciones de la oferta educativa para los jóvenes del grupo de edad entre 16 y 18 años por lo que presentó al Pleno de la Cámara de Diputados dicho dictamen.

Diputados aprueban, en lo general y en lo particular, la Ley General de Educación y la turnan al Senado para su ratificación

Palacio Legislativo, 22-08-2013 (Notilegis).- La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, la reforma a la Ley General de Educación, con cambios al documento que envió el Ejecutivo federal, en el marco del Pacto por México, y la turna al Senado para su ratificación.

En lo general se aprobó a las 00:30 horas de este jueves por 374 votos a favor, 84 en contra y una abstención, que emitieron a viva voz y de manera nominal, para posteriormente discutir en lo particular las reservas que presentaron siete diputados, las cuales fueron rechazadas.

A las 01:12 horas de este jueves, tras poco más de tres horas de discusión, se aprobó en lo general y en lo particular, por 325 votos a favor, 58 en contra y una abstención. .

La reforma a la Ley General de Educación busca adecuar esta norma a las modificaciones constitucionales a los artículos tercero y 73 que se promulgaron en febrero pasado en materia educativa, entre ellas las nuevas leyes del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y del Servicio Profesional Docente

Este fue el primer tema del orden del día en la primera sesión del periodo extraordinario, que inició esta tarde y concluye el próximo viernes.

La reunión inició alrededor de las 21:00 horas de ayer miércoles, con varias horas de retraso y en una sede alterna, en el Centro Banamex, al norte de la ciudad, por el bloqueo de San Lázaro por parte de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que se oponen a estas reformas.

Pasadas las 22:00 horas, la diputada Mónica García de la Fuente (PVEM), integrante de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, hizo la presentación del dictamen y por mayoría se aprobaron reservas de consenso que se integraron al documento a discutir.

Los legisladores Nelly del Carmen Vargas Pérez (MC), Manuel Huerta Ladrón de Guevara (PT) y Lilia Aguilar Gil (PT) presentaron tres mociones suspensivas que fueron desechadas.

Inmediatamente después inició la ronda de posicionamientos con Dora Talamante Lemas (Nueva Alianza) y siguieron Héctor Roblero Gordillo (PT), Ricardo Monreal Ávila (MC), Judit Guerrero López (PVEM), Roberto López González (PRD), Luis Alberto Villarreal García (PAN) y José Doger Guerrero (PRI).

A Las 00:30 horas de este jueves se aprobó en lo general y de inmediato inició la discusión de las reservas, presentadas por los diputados Juan Luis Martínez Martínez (MC), Aída Valencia Ramírez (MC), Luisa María Alcalde Lujan (MC), Aliet Bautista Bravo (PRD), Lorena Méndez Denis (PRD), Víctor Jorrín Lozano (MC) y Beatriz Córdova Bernal (MC).

Las reservas de los siete diputados fueron rechazadas por mayoría y a las 01:12 horas se aprobó en lo general y en lo particular por 325 votos a favor, 58 en contra y una abstención.

La minuta pasa al Senado de la República para su ratificación.

Aprobamos dictamen para adecuar la Ley General de Educación a reforma constitucional que en 2012 estableció carácter obligatorio de educación media superior

Amigas y amigos:

Por este medio quiero informarles que en la última sesión del periodo ordinario pasado aprobamos el dictamen de una minuta del Senado para adecuar la Ley General de Educación a la reforma del artículo 30 constitucional, que establece el carácter obligatorio de la educación media superior, y la envía al Ejecutivo federal para su promulgación.

El dictamen fue avalado por 430 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones.

Esa reforma al artículo 30 constitucional se publicó el 9 de febrero de 2012 y especifica la obligación del Congreso de la Unión y las legislaturas estatales de realizar las adecuaciones correspondientes y demás disposiciones legales aplicables en la materia, dentro de los 180 días siguientes a la publicación del decreto.

El documento establece que en la última década la matrícula en educación media superior creció a una tasa media anual de 3.3 por ciento y en el ciclo 2011-2012 alcanzó los 4.3 millones de alumnos, pero en el 2007 sólo el 47 por ciento de los inscritos concluyó esos estudios.

También señala la falta de compatibilidad entre opciones y la ausencia de coordinación entre instancias que las ofrecen.

“Aunque existen similitudes entre las categorías y opciones administradas por el gobierno federal y las que ofrecen las entidades federativas, lo cierto es que cada institución tiene disposiciones normativas propias y opera, al menos, un plan de estudios distinto, además, “no hay vínculo y comunicación entre instituciones”, afirma.

Por esa razón, la reforma presentada no pretende crear una plataforma curricular única aplicable a todas las instituciones de educación media superior.

Se plantea un mecanismo que posibilite un marco curricular común que defina un perfil de quien concluye este nivel educativo y que, de manera transversal, permee los sistemas de bachillerato tecnológico, bachillerato general y bachillerato profesional técnico, con respeto a características, modalidades y localidad.

El dictamen reforma los artículos 3o.; 4o., segundo párrafo; 9o.; 37, segundo párrafo; 65, primer párrafo de la fracción I; y 66, fracción I; y se adicionan la fracción IX Bis al artículo 12; y la fracción VI Bis al artículo 13, todos de la Ley General de Educación.

En los artículos tercer, cuarto, noveno, 65 y 66, se incluye el término de la educación media superior, respecto a la obligación que tiene el Estado de impartir este nivel de estudios y la obligación de los mexicanos para hacer que los menores lo cursen.

Se adiciona el inciso IX Bis al artículo 12, respecto a las atribuciones de la autoridad educativa federal, para incluir que le corresponde “coordinar un sistema de educación media superior a nivel nacional que establezca un marco curricular común para este tipo educativo, con respeto al federalismo, la autonomía universitaria y la diversidad educativa”.

También adiciona el inciso VI Bis al artículo 13, sobre las competencias de las autoridades educativas locales, para señalar las atribuciones de “participar en la integración y operación de un sistema nacional de educación media superior que establezca un marco curricular común para este tipo educativo, con respeto a la autonomía universitaria y la diversidad educativa”.

En el artículo 37, respecto a la educación media superior y sus equivalentes, se agrega que “se organizará, bajo el principio de respeto a la diversidad, a través de un sistema que establezca un marco curricular común a nivel nacional y la revalidación y reconocimiento de estudios entre las opciones que ofrece este tipo educativo”.  

Avalamos dictamen que impulsa educación inclusiva y establece en la Ley General de Educación el derecho a recibir enseñanza en condiciones de equidad

Amigos:

En la sesión del pasado 30 de abril, los diputados aprobamos por unanimidad, por 382 votos a favor, un dictamen para impulsar la educación inclusiva en el sistema nacional y establecer en la Ley General de Educación que todo individuo tiene derecho a recibir enseñanza en condiciones de equidad.

El proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación en materia de educación inclusiva, deviene de una minuta del Senado, modificada por la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de San Lázaro, por lo que se regresará a la cámara alta.

El dictamen establece en la legislación que todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso y permanencia en el sistema educativo.

Con este objeto, señala que las autoridades educativas deberán desarrollar programas de capacitación, asesoría y apoyo a los maestros que atiendan alumnos con discapacidad y aptitudes sobresalientes.

Dicha capacitación “promoverá el trato digno hacia estas personas por parte de los educadores; asimismo, desarrollará las habilidades necesarias para sensibilizar a la comunidad educativa sobre esta condición”, indica.

Agrega que la autoridad educativa federal también deberá editar los materiales educativos y libros de texto gratuitos en formatos accesibles.

Además, deberá garantizar que los planteles de educación básica regular cuenten con edificios e instalaciones accesibles, para favorecer la atención de personas con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de comportamiento o de comunicación, así como de aquellas con aptitudes sobresalientes.

Sin embargo, esto no cancelará su posibilidad de acceder a escuelas de educación especial.

El dictamen plantea, asimismo, que entre los fines de la educación que imparta el Estado se incluya fomentar la valoración de la diversidad y la cultura de inclusión como condiciones para el enriquecimiento social y cultural.

También proyecta que las instituciones del sistema educativo nacional impartan enseñanza de manera que permita al estudiante su plena inclusión y participación en la sociedad.

Propone también que las organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro, que tengan como objeto la promoción y el fomento educativo, puedan impartir educación y obtengan apoyo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para capacitar a su personal.

Avalamos que la educación pública fomente aplicación responsable de innovaciones científicas y de Tecnologías de la Información y la Comunicación

Amigos y amigas:

Quiero informarles que en la última sesión del periodo pasado, los diputados aprobamos un dictamen por unanimidad, con 435 votos a favor, para que entre los objetivos de la educación impartida por el Estado se contemple el fomento a la aplicación responsable de las innovaciones científicas y tecnológicas.

Asimismo, para que la autoridad educativa federal tenga la responsabilidad de fijar lineamientos generales para el uso de las tecnologías aplicables al sistema educativo.

El dictamen reforma y adiciona los artículos 7, 12 y 14 de la Ley General de Educación, en materia de uso y regulación de tecnología en el sistema educativo nacional, deriva de una minuta enviada por el Senado en octubre de 2011 y tras su aprobación en San Lázaro se regresa a la cámara alta por los cambios que sufrió.

En el documento se establece que las autoridades educativas federales y locales deberán fomentar el uso responsable y seguro de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el sistema educativo.

Con esta medida se busca “apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento”, indica el texto.

“En el ámbito educativo, el uso adecuado de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) puede contribuir al acceso universal a la educación, a la equidad, a la labor y el desarrollo profesional de los educadores y a una dirección y administración eficiente del sistema educativo”, asevera.

Agrega que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (Unesco), las TIC pueden contribuir al fortalecimiento y la gestión de la planificación educativa, ampliando el acceso al aprendizaje, mejorando la calidad y garantizando la integración.

No obstante, reconoce que el acceso a los distintos sistemas de comunicación puede acercar a los niñas, niños y jóvenes a diversos riesgos de los que pueden ser víctimas, como la discriminación, violencia, explotación sexual y pornografía.

Por ello, concluye, “es prioritario el establecimiento de dispositivos legales -desde los enfoques normativo y de políticas públicas- para enfrentar los aspectos relacionados con la Sociedad de la Información y Conocimiento, en especial del Internet y las redes sociales digitales”.