sábado, 31 de agosto de 2013

Designa el Pleno al diputado Ricardo Anaya Cortés del PAN como presidente de la Mesa Directiva para el segundo año de la LXII Legislatura



Palacio Legislativo, 31-08-2013 (Notilegis).- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, por 361 votos a favor, uno en contra y una abstención, la integración de la Mesa Directiva, para el segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura, que será presidida por el legislador Ricardo Anaya Cortés (PAN), quien sustituye a Francisco Arroyo Vieyra (PRI).

La integración de la Mesa Directiva queda de la siguiente manera:

Presidente:
Ricardo Anaya Cortés (PAN)

Vicepresidentes:
José González Morfín (PAN)
Francisco Arroyo Vieyra (PRI)
Aleida Alavez Ruiz (PRD)
Maricela Velázquez Sánchez (PRI)


Secretarios:
Angelina Carreño Mijares (PRI)
Xavier Azuara Zúñiga (PAN)
Ángel Cedillo Hernández (PRD)
Javier Orozco Gómez (PVEM)
Merilyn Gómez Pozos (MC)
Magdalena del Socorro Núñez Monreal (PT)
Fernando Bribiesca Sahagún (Nueva Alianza).



Convoca Anaya Cortés a Congreso General este domingo 1 de septiembre, a las 17:00 horas, para iniciar los trabajos del segundo año de la LXII Legislatura

Palacio Legislativo 31-08-2013 (Notilegis).- El presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya Cortés (PAN), convocó a sesión de Congreso General mañana domingo ,1 de septiembre, a las 17:00 horas, para iniciar los trabajos del segundo año de la LXII Legislatura.

Asimismo, en la sesión de Congreso General se recibirá el primer Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

Anaya Cortés fue elegido como diputado presidente este sábado durante la sesión preparatoria de la cámara baja, donde además se nombraron cuatro vicepresidentes y siete secretarios de la Mesa Directiva.

Una vez constituido el nuevo órgano de gobierno, a las 12:35 horas, el presidente de la Mesa Directiva declaró formalmente instalada la Cámara de Diputados para funcionar durante el primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura.

miércoles, 28 de agosto de 2013

Aprobamos incrementar sanciones para quienes atenten contra obras consideradas monumentos artísticos, actualizamos multas por estos delitos

Amigos:

El 29 de abril aprobamos incrementar las sanciones para quienes atenten contra obras consideradas monumentos artísticos y actualizar las multas económicas para estos delitos, estableciéndolas en salarios mínimos vigentes.

El dictamen, aprobado por unanimidad, con 439 votos a favor, reforma diversos artículos de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, busca modificar el marco jurídico para salvaguardar el patrimonio cultural de México.

El documento deriva de una iniciativa presentada en 2011 por la entonces diputada Kenia López Rabadán (PAN).

“El marco jurídico debe sujetarse a actualización, y ser de carácter abarcador y comprensivo, incluyente de las obras y testimonios de todas las épocas de nuestra historia, además de las creaciones y los vestigios humanos que revisten un interés científico y contribuyen al conocimiento de la historia de México”, señala.

Indica que los peligros que corren los bienes patrimonio cultural de México son muy diversos, “como el robo, el saqueo, el vandalismo y la exportación no autorizada de bienes muebles, ya sea para efectos de tráfico ilícito o bien para colecciones personales”.

Entre otras disposiciones, el dictamen instaura prisión de tres a 10 años y multa de 100 a tres mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal (de seis mil 476 a 194 mil 280 pesos) a quien realice trabajos de exploración arqueológica sin la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Este delito, actualmente, está sancionado con prisión de uno a 10 años y multa de 100 a 10 mil pesos.

Asimismo, establece que quien ilegalmente tenga en su poder un monumento arqueológico histórico o artístico, se le impondrá prisión de tres a 12 años y multa de mil a tres mil días de salario mínimo general.

Además, quien dañe, altere o destruya un monumento arqueológico, artístico o histórico, se le impondrá prisión de cinco a 12 años, multa de mil a tres mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal y el cargo del costo de la reparación del daño causado.

También señala que a quien pretenda sacar o saque del país un monumento arqueológico, artístico o histórico, sin permiso del INAH, se le impondrá prisión de cinco a 12 años y multa de dos mil a cuatro mil días de salario mínimo.

Finalmente, cualquier persona que introduzca al territorio nacional bienes culturales considerados como patrimonio cultural por el país de origen, sin permiso de las autoridades competentes, se hará acreedor a prisión de tres a 12 años y multa de dos mil a cuatro mil días de salario mínimo.

El dictamen aprobado fue enviado al Senado de la República para su discusión y eventual ratificación.

Avalamos dictamen que promueve transición energética y uso de energías renovables en inmuebles de la administración pública federal

Amigos:

En la sesión del 29 de abril, aprobamos por unanimidad, con 440 votos a favor, un dictamen para promover la transición energética y el uso de energías renovables en inmuebles de la administración pública federal, de acuerdo con sus características geográficas, técnicas y económicas.

El dictamen de la minuta que envió el Senado lo presentó al Pleno la Comisión de Energía, adiciona la fracción VIII al artículo 24 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, y se turna al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

Señala que es indispensable la existencia de un instrumento jurídico adecuado para impulsar en México el uso de energías alternativas a los hidrocarburos y otros energéticos que, además de escasos y costosos, resultan altamente dañinos al medio ambiente.

En el documento se reconoce que el país cuenta con un potencial importante en materia de energías renovables, como son la eólica, solar, maremotriz y otras, y que éstas no han sido desarrolladas ni aprovechadas de manera suficiente.

En este sentido, agrega, resulta pertinente que las dependencias de la administración pública federal utilicen en sus inmuebles dichas energías, en la medida de las características de cada uno de ellos, de su ubicación y de las posibilidades técnicas y financieras.

Resaltarse que dichos aspectos constituyeron algunas de las razones por las que se realizaron diversas modificaciones al marco regulatorio en materia de energía que se llevó a cabo en 2008.

Impulsamos la creación del Servicio Profesional de Carrera Migratoria en el Instituto Nacional de Migración

Amigos:

Les informo que el pasado 29 de abril, los diputados aprobamos por unanimidad, por 432 votos a favor, un dictamen que crea el Servicio Profesional de Carrera Migratoria en el Instituto Nacional de Migración (INM) para mejorar la preparación de los servidores que vigilan el tránsito de los migrantes que pasan por el país.

El dictamen, que reforma los artículos 3 y 25 de la Ley de Migración, define el Servicio Profesional de Carrera Migratoria como un mecanismo que garantiza la igualdad de oportunidades para el ingreso, permanencia y desarrollo de los servidores públicos con cargos de confianza del INM.

El documento establece que la falta de perfiles adecuados entre el personal encargado del tema migratorio “ha generado no solamente corrupción, sino también el maltrato a los derechos humanos de los migrantes, que por miles pasan por nuestro país”.

Se afirma que por esa razón se requiere de la profesionalización y certificación del personal involucrado, con las adecuaciones que se integran a la Ley de Migración.

Establece que el personal del servicio profesional deberá cursar y aprobar los programas de formación, capacitación y profesionalización, incluyendo normatividad en materia migratoria y derechos humanos, y contar con la certificación respectiva.

El Senado envió a la Cámara de Diputados la minuta y tras la aprobación del dictamen en San Lázaro se turnó al Ejecutivo federal para su promulgación.

Sancionaremos con multas a quien condicione la educación pública gratuita y pida contraprestaciones económicas en dinero o en especie EQS

Amigos:

Los diputados federales aprobamos reformar el Código Penal Federal para establecer como delito y sancionar con multa el impedir el ingreso o condicionar la permanencia de un estudiante a cambio de contraprestaciones económicas en dinero o en especie.

El dictamen, aprobado por 380 votos a favor, 50 en contra y 12 abstenciones, surge de una iniciativa presentada el 6 de febrero de 2013 por el diputado Tomás Torres Mercado (PVEM), adiciona un artículo 215 Bis al Código Penal Federal y establece multas de uno a 300 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

Se expone que la reforma permitirá el ejercicio pleno del derecho a la educación, mayor equidad educativa e igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos, sancionando a quienes soliciten contraprestaciones económicas en dinero o en especie por ese servicio (cuotas).

“Elevar la conducta que motiva esta iniciativa a tipo penal, traerá como consecuencia la reflexión de los posibles sujetos activos, al existir una medida coercitiva para quien cometa este delito y se abstengan de llevarlo a cabo”, señala.

Se expone que la gratuidad de la educación se establece en la fracción IV del artículo tercero que a la letra dice:

“Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado-Federación, estados, Distrito Federal y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias”.

En ese sentido, la Ley General de Educación señala en la fracción IV del artículo 65 que las asociaciones de padres de familia tienen la atribución de reunir fondos con aportaciones “voluntarias” de sus miembros.

El dictamen fue turnado al Senado para sus efectos constitucionales.

Aprobamos que la CNDH investigue violaciones graves a derechos humanos, cite a comparecer a servidores públicos y presente juicios políticos

Amigos:

Los diputados aprobamos, en la sesión ordinaria del 24 de abril, un dictamen que faculta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a investigar violaciones graves a derechos humanos, citar a comparecer a servidores públicos y presentar juicio político en su contra.

El documento deriva de una iniciativa presentada el pasado 9 de abril por la diputada Miriam Cárdenas Cantú (PRI), fue avalado en lo general por 389 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones y en lo particular por 406 votos a favor, y se turnó al Senado de la República para su ratificación.

La propuesta adiciona los títulos VII y VIII a la legislación vigente: Del Ejercicio de la Facultad de Investigación de Violaciones Graves a Derechos Humanos y Del Procedimiento para la Comparecencia de los Servidores Públicos que no acepten o se nieguen a Cumplir las Recomendaciones.

Mediante estas adiciones, se establece que la CNDH podrá investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo solicite el Ejecutivo federal.

La petición del Ejecutivo federal podrá realizarse por conducto de la Consejería Jurídica de la Presidencia, alguna de las cámaras del Congreso de la Unión, el gobernador de un estado, el jefe de gobierno del Distrito Federal o las legislaturas de las entidades federativas.

El presidente de la CNDH decidirá si ejerce la facultad de investigación o no, mediante acuerdo fundado y motivado, y estará autorizado para citar a todos los servidores públicos que considere deban comparecer ante la misma.

El documento establece que todas las autoridades están obligadas a enviar la información que les sea requerida en el curso de la investigación de la comisión, aun la reservada o confidencial.

Asimismo, señala que en las recomendaciones que se emitan con motivo del ejercicio de la facultad de investigación, la CNDH podrá presentar denuncia de juicio político ante la Cámara de Diputados o ante las legislaturas de los estados, según corresponda.

Cuando un servidor público no acepte o incumpla una recomendación de la CNDH, deberá fundar, motivar y hacer pública su negativa, compareciendo personalmente ante el pleno de la Cámara de Senadores.

Tras la comparecencia, la CNDH determinará, previa consulta con el Senado, si son suficientes la fundamentación y motivación presentadas por la autoridad o servidor público que se hubiese negado a aceptar o a cumplir las recomendaciones emitidas.

Si se determina que los fundamentos son insuficientes y persiste la negativa a aceptar o cumplir la recomendación de la comisión por parte del servidor público, la CNDH podrá denunciarlo ante el Ministerio Público o ante la autoridad administrativa que corresponda. 

Avalamos el uso obligatorio del Registro Único de Garantías Mobiliarias (RUG) para transparentar utilización de bienes muebles como garantías crediticias

Amigos:

En nuestra sesión del 24 de abril, los diputados aprobamos un dictamen para obligar a las instituciones financieras a utilizar el Registro Único de Garantías Mobiliarias (RUG) para transparentar la utilización de bienes muebles como garantías crediticias.

El documento, avalado por 423 votos a favor, 0 en contra y 8 abstenciones, adiciona un párrafo tercero al artículo 1414 bis 7 del Código de Comercio, deriva de la iniciativa propuesta por mi compañero, el diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez del PAN en octubre pasado y se turna al Senado de la República.

El documento recuerda que el RUG es una sección del Registro Público de Comercio, a cargo de la Secretaría de Economía (SE), en el cual las personas pueden inscribir todo tipo de garantías mobiliarias, privilegios especiales y derechos de retención sobre bienes muebles para garantizar cualquier crédito.

“Su finalidad es potenciar el uso de bienes muebles como garantías para que las micro, pequeñas y medianas empresas obtengan financiamiento en mejores condiciones, estimulando la inversión, el crecimiento y la competitividad de la economía”, explica.

Agrega que los principales usuarios del RUG son las entidades financieras, incluyendo bancos, financiadores especializados y micro financieras, quienes pueden inscribir garantías mobiliarias de manera directa o indirecta.

La adición aprobada este miércoles tiene como objetivo de que en el momento en que se elabore una demanda donde se reclama el pago de un crédito, el registro ante el RUG constituya un documento determinante para que ésta se admita y se garantice que cualquier probable tercero perjudicado tenga derecho de audiencia.

Establece que en caso de juicio que tenga por objeto el pago de un crédito mediante la obtención de la posesión material de los bienes muebles que lo garantizan, el actor deberá demostrar que realizó una consulta al RUG y establecer el resultado de la misma en su escrito inicial de demanda.

“Existe una necesidad de fortalecimiento del RUG, en cuanto a establecer de forma obligatoria el registro por parte de los acreedores, instituciones financieras de una garantía mueble en el RUG, para que dicha consulta esté disponible en el sitio”, afirma el documento.

Con ello -señala- se evitarían posibles daños a terceros, ya que cuando se presente o exista otro acreedor podrá a acceder a la información de las posibles garantías muebles registradas anteriormente, logrando así mayor transparencia de las transacciones y certidumbre jurídica.

Hacer obligatorio la consulta del RUG también ayudará a saber si el bien está o no libre de gravámenes o anotaciones preventivas, añade.

Aprobamos los diputados reformas a la Ley de Navegación y Comercio Marítimo y la Ley de Puertos, para describir con mayor precisión la figura de pilotaje o practicaje

Amigos:

Les quiero informar que los diputados federales aprobamos, en nuestra sesión ordinaria del pasado 24 de abril, un dictamen que reforma disposiciones de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y la fracción I del artículo 44 de la Ley de Puertos, para describir con mayor precisión aspectos concernientes a la figura de pilotaje o practicaje.

La reforma sobre una de las figuras más antiguas del derecho marítimo fue avalada por 434 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones y se regresa al Senado de la República por los cambios que sufrió.

En el inciso XIV del artículo 2 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo se establece que el pilotaje o practicaje es la actividad que realiza una persona física de nacionalidad mexicana por nacimiento, llamado práctico o piloto de puerto.

Consisten en realizar maniobras de entrada, salida, fondeo, enmienda, atraque o desatraque con las embarcaciones, a fin de preservar la vida humana, el medio ambiente marino, la seguridad de las embarcaciones y de las instalaciones portuarias en las zonas de pilotaje.

La zona de pilotaje se considera a los puertos, terminales, terminales costas afuera, marinas, instalaciones portuarias, canales de navegación, áreas de fondeo, áreas de seguridad y vías navegables, delimitadas y aquéllas en que se determine como obligatorio el pilotaje.

El dictamen reforma diversas disposiciones de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y la fracción I del artículo 44 de la Ley de Puertos, fue presentado en el Senado el 27 de abril de 2010 y enviada a San Lázaro en febrero del 2011.

La Ley de Navegación y Comercio Marítimos considera al pilotaje o practicaje como un servicio de interés público y coadyuvante en la preservación de la seguridad, soberanía e independencia nacionales.

En el documento se recuerda que los pilotos o prácticos de puerto deben ser mexicanos por nacimiento y contar con título profesional sobre la materia.

Asimismo, deben acreditar ante autoridad marítima su experiencia en años de navegación y mando en embarcaciones de más de cinco mil toneladas de registro bruto y obtener previas prácticas y exámenes respectivos, el certificado de competencia que otorga la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Debido a la importancia que tiene el servicio de pilotaje o practicaje, se crea la necesidad de definir claramente dicho concepto y que éste quede previsto en las leyes correspondientes.

En el texto se señala la necesidad de reformar la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y la Ley de Puertos para ajustar el marco jurídico a la realidad dominante y fortalecer la actividad de pilotaje o practicaje.

Diputados exhortamos a 20 congresos estatales a aprobar decreto que incluye la competitividad entre principios constitucionales que rigen la rectoría del Estado

Amigos:

Les quiero informar que en la sesión de 24 de abril los diputados exhortamos a 20 congresos estatales a aprobar el decreto que reforma los artículos 25 y 26 de la Constitución Política, para incluir la competitividad entre los principios constitucionales que rigen la rectoría del Estado.

El exhorto se hizo de manera directa a los congresos de Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Colima, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.

En el documento se recuerda que en la Cámara de Diputados aprobamos el 13 de diciembre de 2012 el dictamen que reforma los párrafos primero y último del artículo 25, así como primero y tercero del apartado A del artículo 26 de la Constitución Política.

Para que entre en vigor este dictamen se requiere que, tras su aprobación en el Congreso de la Unión, sea avalado por la mayoría de las legislaturas estatales, por ser una reforma constitucional, lo que hasta la fecha no se ha logrado.

En el documento se señala que uno de los más grandes desafíos que enfrenta el país es recuperar un crecimiento económico suficiente para generar los empleos necesarios.

Entre los requisitos para lograr ese objetivo figura la competitividad y por eso propone incluirla entre los principios constitucionales que rigen la rectoría del Estado del desarrollo económico de la nación y que se encuentran establecidos en el artículo 25 de la Carta Magna.

Con la inclusión de esta reforma en la Constitución, se afirma, el gobierno federal está obligado a conformar una política pública que atienda los rubros que conforman las condiciones de competitividad.

Proposición con Punto de Acuerdo:

“La Cámara de Diputados extiende un exhorto, en pleno respeto al principio de soberanía, a los Congresos de las entidades federativas de: Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Colima, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.

Para que en uso de sus atribuciones constitucionales y en vista de la importancia del asunto para el desarrollo económico del país, aprueben el proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos primero y último del artículo 25, así como el párrafo primero y tercero del apartado A, del artículo 26, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

viernes, 23 de agosto de 2013

Diputados aprueban reforma al IFAI




Sus resoluciones, inatacables, establecen las modificaciones
Partidos políticos y sindicatos, nuevos sujetos obligados

22-08-2013 El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por 418 votos a favor, 25 en contra y una abstención, reformar y adicionar los artículos 6,73,76,78,89,105,108,110,111,116 y 122 de la Constitución Política en materia de transparencia. El documento fue devuelto al Senado de la República con las enmiendas realizadas, para sus efectos constitucionales.

Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputado Julio César Moreno Rivera (PRD), aseguró que las modificaciones permitirán crear un organismo autónomo que garantice el derecho a la información pública, ya que actualmente el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), señaló, es un órgano de la Administración Pública Federal (APF) sin autonomía, y con resoluciones que pueden ser atacables.

Precisó que el documento se fundamenta en la garantía de la transparencia; “todo órgano tiene la obligación de ser transparente y contar con los miembros necesarios para el ejercicio del derecho de acceso a la información, que todo gobernado tiene frente al Estado“, destacó.

Detalló que el principal objetivo es que los gobernantes sean transparentes, de tal manera que se fortalezca el acceso a la información, y se cuente con mecanismos jurídicos para su pleno ejercicio.

Por ello, dijo, se requiere de un organismo constitucional autónomo que garantice al gobernado el acceso a la información.

El legislador Moreno Rivera informó que el dictamen contempla ampliar el catálogo de sujetos obligados en materia de transparencia como los Poderes de la Unión, organismos autónomos, fondos públicos, personas físicas y morales, sindicatos, partidos políticos y fideicomisos públicos y privados que reciban recursos del erario.

También se obliga a preservar la información que derive del ejercicio de las funciones de los sujetos obligados; se ratifica la inatacabilidad de las resoluciones del órgano autónomo. Exclusivamente para los sujetos obligados; concede facultades al Congreso de la Unión para expedir la ley general que desarrollará las bases, principios generales y procedimientos para la transparencia y el acceso a la información.

Asimismo, concede facultades para expedir la ley general que regule la organización y la administración de los archivos y del funcionamiento de su sistema general; además, la Cámara de Senadores tendrá la facultad de nombrar a los comisionados de este órgano autónomo.

“El dictamen garantizará el ejercicio de un gobierno transparente sujeto a la supervisión de la sociedad al abrir la revisión de cuentas, asuntos y ejercicio de los entes del Estado”, agregó el legislador.

Posteriormente, presentó modificaciones de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Transparencia y Anticorrupción y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a los artículos sexto, 116 y 122 de la Constitución, las cuales fueron aceptadas por el pleno.

Las reformas al artículo sexto Constitucional propuestas son para que la Federación cuente con un organismo autónomo, especializado y colegiado, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información.

Esta institución se regirá por la Ley General que emita el Congreso de la Unión para establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho.

El dictamen respectivo previene que el Consejero Jurídico del Gobierno Federal podrá interponer recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación “sólo en el caso de que dichas resoluciones puedan poner en peligro la seguridad nacional, conforme a la ley en la materia”.

Respecto a los comisionados del organismo autónomo, no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones docentes, científicas o de beneficencia.

Las modificaciones al artículo 116 plantean que las constituciones de los estados establezcan organismos autónomos en materia de transparencia y acceso a la información, y deberán ajustarse a lo previsto en el artículo sexto constitucional y la Ley General que emita el Congreso. En el artículo 122 se incluye al Distrito Federal en este punto.

En un artículo tercero transitorio, los diputados establecieron que los comisionados que actualmente conforman el IFAI podrán formar parte del nuevo organismo autónomo en el ámbito federal, previa petición formal al Senado de la República.

Al fijar el posicionamiento de su grupo parlamentario, el diputado Héctor Gutiérrez de la Garza (PRI) manifestó que la reforma votada no puede ser atribuida a un solo partido, porque se trata de una Ley para los ciudadanos.

“La medalla se la lleva el Congreso de la Unión, esta Cámara de Diputados que aceptó otra modificación constitucional para beneficio del país, para que se transparente el ejercicio del recurso público, independientemente de quién lo ejerza, sea persona física, moral, ciudadano, sindicato o partido político”, dijo.

Reconoció que “el debate fue intenso, de pasión, hizo que cada uno de los legisladores diera lo mejor de sí, pensando siempre en el país. Hoy las diversas fuerzas políticas representadas en esta Cámara de Diputados demostramos que podemos llegar a acuerdos”.

Una vez más, continuó, el Congreso de la Unión demostró que “es mucho más allá de sus instalaciones. Es su voluntad de transformar a México y es lo que hoy estamos haciendo los legisladores”.

Del PAN, el diputado José Alfredo Botello Montes celebró la suscripción de un adéndum que retoma la iniciativa enviada por el Senado para reencauzar el fortalecimiento de los órganos garantes de información pública y de acceso y transparencia.

“Estábamos en desacuerdo, junto con la sociedad, con que se excluyera a los partidos políticos como sujetos obligados a la transparencia y rendición de cuentas”.

Resaltó el avance de la reforma de elevar el número de sujetos obligados y otorgar autonomía al órgano federal de acceso a la información y a los estatales.

La diputada Amalia García Medina (PRD) se pronunció a favor de la aprobación de esta reforma, ya que las resoluciones del IFAI serán definitivas e inatacables “No debemos abrir la puerta a que estas facultades sean disminuidas”, enfatizó.

“Este impulso por la rendición de cuentas viene de lejos; hace 10 años, un grupo de periodistas reunidos en Oaxaca elaboraron un documento que le presentaron a todos los partidos políticos, ese es el antecedente más concreto del IFAI”, expresó.

Consideró como un logro la inclusión de sindicatos, fideicomisos y partidos políticos como sujetos obligados a rendir cuentas. “Si reciben recursos públicos deben estar forzados a informar”, puntualizó.

La diputada Ruth Zavaleta Salgado (PVEM) pidió no descalificar el Pacto por México, pues es una herramienta que ha permitido acuerdos legislativos; sin embargo, no incluyen las inquietudes y demandas de la sociedad civil.

Zavaleta Salgado consideró que esta reforma es una de las más importantes porque en México existe un atraso a nivel mundial respecto a la rendición de cuentas. Indicó que la norma debe favorecer para que no sólo se cumpla esta obligación a nivel federal, sino también en los ámbitos estatal y municipal.

Afirmó que los partidos políticos tendrán doble rendición de cuentas: a través del Instituto Federal Electoral (IFE) y de la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos.

La diputada Lilia Aguilar Gil (PT) coincidió en que esta reforma le da el camino correcto a la información pública. Dijo que existe una “lógica equivocada” de que aquella le pertenece al gobierno, lo cual es falso.

“La información pública le pertenece a la gente. Es el contrato social el que señala que el gobierno será administrador de tal, y sujetos como el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos deben garantizar que dicha infamación vuelva a las personas”, sostuvo.

Refirió que los ciudadanos sabrán, a través de leyes e instituciones de transparencia, cuál es la eficiencia del gobierno y cómo está funcionando el Poder Legislativo, entre otros, para que puedan ser críticos y utilizar óptimamente los sistemas de participación.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (Movimiento Ciudadano) señaló que el artículo sexto debe mantenerse como fue enviado por el Senado de la República, de manera que, todas las resoluciones de acceso a la información sean vinculatorias, definitivas e inatacables.

El legislador mencionó que sin transparencia no habrá progreso económico, democracia ni desarrollo, y aseveró que “no se puede construir una legislación desde la opacidad del Pacto por México”. Por ello, dijo que se sumarían a las demandas de transparencia sin restricciones, realizadas por organismos especializados.

El diputado Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza) afirmó que esta reforma permitirá contar en el corto plazo con una ciudadanía mejor informada y participativa del quehacer público, “más demandante y exigente del cumplimiento de los deberes de cada una de sus autoridades”.

Aseveró que la política no se conforma de “círculos cerrados de poder”, donde las decisiones se toman de manera velada en beneficio de algunos y perjuicio de muchos.

Durante la discusión, la diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles (PAN) se pronunció a favor de las reformas, ya que con ellas “se dan pasos firmes para combatir la corrupción que tanto lacera al país y que impide dar una mejor calidad de vida a todos los mexicanos”.

En su turno, el diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (MC) se manifestó en contra del dictamen al considerar que debió respetarse la minuta del Senado de la República. “El tema de fondo, dijo, es la discusión entre abrir la información sobre el quehacer público o mantener la inercia de discrecionalidad que tanto le ha costado al avance democrático de nuestro país”.

Por el PVEM, el diputado Rubén Acosta Montoya subrayó que con las reformas el proceso de elección de los comisionados del IFAI será distinto, ya que los senadores se encargarán de verificar que las personas que aspiren a ese cargo sean las que realmente necesita y requiere la sociedad, y sólo el Presidente los podrá objetar en dos ocasiones y, en la tercera, si fuera el caso, el Senado los nombrará libremente.

La diputada Luisa María Alcalde Luján (MC) consideró prioritaria la participación de la sociedad en un consejo consultivo para opinar sobre los mecanismos de acceso a la información, los medios de impugnación, el plazo de cumplimiento de las resoluciones, la temporalidad de las reservas de información y los supuestos de restricción en la información pública, entre otros.

Al hablar a favor, el diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz (PRD) dijo que ha sido el tesón y la energía de la sociedad civil la que ha llevado a establecer mecanismos de regulación, de control y de transparencia del ejercicio del Poder.

Por ello, dijo, su partido no aceptará más gobiernos secretos, componendas y prácticas políticas poco claras en el ejercicio del poder. “Nuestra obligación es hacer público el poder, ampliando las posibilidades de la ley”, subrayó.

El diputado Ricardo Monreal Ávila (MC) se manifestó en contra del dictamen “porque el objetivo irreductible de las organizaciones era que las resoluciones del IFAI fueran definitivas e inatacables sin condición. El derecho a la información no se garantiza con estas modificaciones que se proponen, se continúa en el autoengaño y se sigue legislando sobre las rodillas. Lo que estamos exigiendo es que se les escuche a los ciudadanos y que haya rendición de cuentas”.

Enseguida, la diputada Areli Madrid Tovilla (PRI) señaló que a través de un sistema eficaz de acceso a la información se habilitan dos grandes rutas para el fortalecimiento de la democracia en nuestro país.

Por una parte, se cumple con una obligación de todo Estado de proteger los derechos fundamentales de los individuos bajo su jurisdicción; y por la otra, se crea un sistema eficaz de rendición de cuentas, indispensable en un Estado de derecho.

Al participar, el diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (PT) también se pronunció en contra porque, consideró, no se debe retroceder en el propósito de hacer inatacables las resoluciones en materia de seguridad nacional, que es lo que demanda la sociedad.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (PRD) expresó su apoyo al dictamen dado que los partidos políticos serán sujetos obligados directos y se rescató la facultad del IFAI para interponer controversia constitucional en caso de normas o acciones que atenten contra la transparencia. Respecto a la inatacabilidad, consideró que sólo tendrá una excepción tratándose de seguridad nacional.

El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana (PRD), consideró que el dictamen es un acto de congruencia y responsabilidad, que retoma la minuta del Senado, reconoce la autonomía del IFAI y responde a un reclamo de la sociedad contra la opacidad.

Para su discusión y votación en lo particular, los diputados hicieron 19 reservas, 18 fueron desechadas y una se retiró a diversos apartados, fracciones y párrafos del artículo sexto Constitucional

Previo a la discusión de las reformas, fueron presentadas dos mociones suspensivas por los diputados Manuel Huerta Ladrón de Guevara (PT) y Zuleyma Huidobro González, mismas que fueron desechadas por votación unánime.

jueves, 22 de agosto de 2013

Emite Cámara de Diputados primera lectura a reforma del IFAI que se presentará a discusión mañana jueves, en la segunda sesión del periodo extraordinario


Palacio Legislativo 21-08-2013 (Notilegis).- La Cámara de Diputados dio primera lectura al dictamen de reforma para ampliar la autonomía del IFAI, que contiene cambios a la minuta enviada por el Senado en diciembre pasado, y se presentará al Pleno para su discusión en la sesión extraordinaria de mañana jueves, segunda de tres previstas.

Alrededor de las 21:45 horas de este miércoles, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Francisco Arroyo Vieyra (PRI), realizó el trámite también denominado lectura de publicidad, en la primera sesión del presente periodo extraordinario.

Esta reunión se llevó a cabo con varias horas de retraso y en una sede alterna, en el Centro Banamex, al norte de la ciudad, por el bloqueo de San Lázaro por parte de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que se oponen a las reformas en materia educativa.

La enmienda al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) modifica los artículos 6, 73, 76, 78, 89, 105, 108, 110, 111, 116 y 122 de la Constitución y como principal punto establece a los sujetos obligados a transparentar su información.

Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Transparencia y Anticorrupción y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias aprobaron en lo particular el pasado lunes el dictamen que fue avalado en lo general desde el 22 de abril de este año.

Las modificaciones que contiene el dictamen con respecto a la minuta enviada por la cámara alta en diciembre de 2012, son las siguientes:

Se estableció la inatacabilidad de las resoluciones del IFAI, excepto para el procurador general de la República, el consejero jurídico de la Presidencia, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el gobernador del Banco de México, quienes tendrán facultad para apelarlas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Dicha excepción se dará cuando las resoluciones puedan poner en peligro la seguridad o la estabilidad económica o cuando se trasgredan los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

Se avaló, igualmente, la renovación de todos los comisionados del IFAI, quienes deberán ser elegidos por el Senado, previa realización de una amplia consulta a la sociedad, a propuesta de los Grupos Parlamentarios, dando oportunidad de participar en el proceso de renovación a los comisionados actuales.

El nombramiento podrá ser objetado por el Presidente de la República en un plazo de diez días hábiles.

Diputados aprueban, en lo general y en lo particular, la Ley General de Educación y la turnan al Senado para su ratificación

Palacio Legislativo, 22-08-2013 (Notilegis).- La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, la reforma a la Ley General de Educación, con cambios al documento que envió el Ejecutivo federal, en el marco del Pacto por México, y la turna al Senado para su ratificación.

En lo general se aprobó a las 00:30 horas de este jueves por 374 votos a favor, 84 en contra y una abstención, que emitieron a viva voz y de manera nominal, para posteriormente discutir en lo particular las reservas que presentaron siete diputados, las cuales fueron rechazadas.

A las 01:12 horas de este jueves, tras poco más de tres horas de discusión, se aprobó en lo general y en lo particular, por 325 votos a favor, 58 en contra y una abstención. .

La reforma a la Ley General de Educación busca adecuar esta norma a las modificaciones constitucionales a los artículos tercero y 73 que se promulgaron en febrero pasado en materia educativa, entre ellas las nuevas leyes del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y del Servicio Profesional Docente

Este fue el primer tema del orden del día en la primera sesión del periodo extraordinario, que inició esta tarde y concluye el próximo viernes.

La reunión inició alrededor de las 21:00 horas de ayer miércoles, con varias horas de retraso y en una sede alterna, en el Centro Banamex, al norte de la ciudad, por el bloqueo de San Lázaro por parte de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que se oponen a estas reformas.

Pasadas las 22:00 horas, la diputada Mónica García de la Fuente (PVEM), integrante de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, hizo la presentación del dictamen y por mayoría se aprobaron reservas de consenso que se integraron al documento a discutir.

Los legisladores Nelly del Carmen Vargas Pérez (MC), Manuel Huerta Ladrón de Guevara (PT) y Lilia Aguilar Gil (PT) presentaron tres mociones suspensivas que fueron desechadas.

Inmediatamente después inició la ronda de posicionamientos con Dora Talamante Lemas (Nueva Alianza) y siguieron Héctor Roblero Gordillo (PT), Ricardo Monreal Ávila (MC), Judit Guerrero López (PVEM), Roberto López González (PRD), Luis Alberto Villarreal García (PAN) y José Doger Guerrero (PRI).

A Las 00:30 horas de este jueves se aprobó en lo general y de inmediato inició la discusión de las reservas, presentadas por los diputados Juan Luis Martínez Martínez (MC), Aída Valencia Ramírez (MC), Luisa María Alcalde Lujan (MC), Aliet Bautista Bravo (PRD), Lorena Méndez Denis (PRD), Víctor Jorrín Lozano (MC) y Beatriz Córdova Bernal (MC).

Las reservas de los siete diputados fueron rechazadas por mayoría y a las 01:12 horas se aprobó en lo general y en lo particular por 325 votos a favor, 58 en contra y una abstención.

La minuta pasa al Senado de la República para su ratificación.

Avalan diputados, en lo general y en lo particular, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la envían al Senado


Palacio Legislativo, 22-08-2013 (Notilegis).- La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y la envía al Senado de la República para su ratificación.

La discusión del dictamen inició a las 01:15 horas de este jueves y se avaló en lo general a las 02:08 horas, con 356 votos a favor, 64 en contra y dos abstenciones.

De inmediato se inició la discusión en lo particular de las reservas a los artículos 32 y 37, las cuales fueron desechadas y se aprobó en lo general y en lo particular a las 02:22 horas con 360 votos a favor, 59 en contra y cero abstenciones.

La diputada María Guadalupe Mondragón González (PAN), secretaria de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, fundamentó el dictamen y posteriormente se aprobaron modificaciones propuestas por la comisión a los artículos 3, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 26, 27 y 28.

El legislador Francisco Alfonso Durazo Montaño (MC) presentó una moción suspensiva al proyecto de decreto, la cual fue desechada.

Los diputados Víctor Manuel Jorrín Lozano (MC), Miguel Alonso Raya (PRD), Ricardo Mejía Berdeja (MC) y Ricardo Monreal Ávila (MC), tomaron la palabra para hablar en contra del dictamen e inmediatamente después se dio la votación en lo general.

Esta primera sesión, de las tres previstas para el periodo extraordinario, inició con varias horas de demora y en una sede alterna, en el Centro Banamex, al norte de la ciudad, por el bloqueo que mantiene en San Lázaro la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

La Ley del INEE es una de las tres reglamentarias de la reforma educativa, promulgada en febrero pasado, junto con las leyes General de Educación y General del Servicio Profesional Docente, pero es la única que tiene un plazo para su aprobación, que vence el 26 de agosto.

La Ley del INEE, que el Ejecutivo federal envió la semana pasada al Congreso, en el marco del Pacto por México, propone considerar los contextos demográfico, social y económico de los docentes, en la evaluación del desempeño de profesores y alumnos.

También se pide tomar en cuenta los recursos o insumos humanos, materiales u financieros destinados al Sistema Educativo Nacional y otras condiciones que intervengan en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Posicionamiento del GPPAN durante la discusión que reforma y deroga diversas disposiciones en materia de educación


Hoy el Gobierno Federal faltó a su compromiso con los niños y jóvenes de México: LAVG

Diputado Luis Alberto Villarreal García
Coordinador del GPPAN

Centro Banamex
Periodo extraordinario
21 de agosto de 2013

Honorable Asamblea:

Compañeras y compañeros diputados.

Tenemos que darle el justo valor a lo que hoy sucedió. El secuestro de la Cámara de los Diputados, atenta contra el Estado de Derecho, el Legislativo, es uno de los tres Poderes de la Unión, lo que aquí está sucediendo –compañeras y compañeros—no es un asunto menor.

Hoy estaba citado el Poder Legislativo de la Unión para celebrar una sesión de Congreso General, hemos vivido como legisladores, como representantes del pueblo de México, un golpe a uno de los Poderes del Estado Mexicano, es tan grave como que hoy la Corte, la Suprema Corte de la Nación no pudiera sesionar o estuviera sesionando en Palacio Nacional, nadie puede, amigas y amigos, sentirse orgulloso y dejar pasar este evento en la indiferencia cuando ha sido tomado el Poder que representa a todas y a todos los mexicanos.

Yo vengo aquí hablar por nosotros los 500, nosotros no somos los dueños de la Cámara de Diputados. La Cámara de los Diputados es del pueblo de México y somos los diputados quienes tenemos que defendérsela a la gente.

Quienes hablan de fascismo se confunde, no somos nosotros los que estamos en la calle tomando palacios, no somos nosotros los que golpeamos a civiles, a trabajadores de la Cámara o a funcionarios de seguridad pública.

No somos nosotros los que volteamos coches o los incendiamos, nosotros los legisladores creemos en la fuerza de las ideas, no en las ideas a la fuerza, quien dice que no fue consultado, miente, esta Cámara tiene más de seis meses, a través de los cuales, se construyeron tres dictámenes para una reforma constitucional en materia educativa, se realizaron foros, se escuchó a todas las organizaciones, se escuchó a los ciudadanos y se construyó por consenso tres iniciativas que fueron dictaminadas.

Yo debo decir que no podemos sentirnos orgullosos de que hoy no estemos discutiendo y aprobando tres dictámenes que fueron aprobaron, la reforma constitucional, la que se aprobó en nuestra Comisión ordinaria de Educación, la propuesta que firmó el Presidente de la República, hoy queda trunca.

Qué le van a decir los del Gobierno, los de la Secretaría de Educación Pública a aquellos maestros que hoy presenten una evaluación y no puedan ser premiados por su esfuerzo, por su talento y por su trabajo.

Esta mañana amigas y amigos, esta mañana, el Gobierno y el PRI perdieron la autoridad moral que los ciudadanos les dieron en las urnas el año pasado.

Hoy el Gobierno faltó a su compromiso, al compromiso con la educación, al compromiso con los niños y los jóvenes que son lo más preciado, que son lo mejor que tiene este país para construir una nueva realidad.

No tuvieron el valor de liberar a uno de los Poderes de la Unión, no tuvieron la capacidad de aplicar la ley, de ejercer el Estado de Derecho, todos aquí, todos los que formamos parte de los Poderes de la Unión, protestamos cumplir y hacer cumplir la ley, quien no la cumple, renuncia con su deber y el Gobierno Federal la incumplió.

La reforma educativa, es el único camino que tiene este país para garantizarle a los niños, a los jóvenes un mejor futuro y un México más competitivo, ésta compañeras y compañeros, ésta es la verdadera reforma estructural que México tiene esperando por décadas, esta es la reforma que millones de mexicanos nos exigen y esta es la hora de las respuestas, aquí está Acción Nacional y aquí está el PAN para decirle a los ciudadanos, a los hombres y mujeres libres, a los maestros que quieren trabajar, a los miles de alumnos que hoy no están en la escuela porque sus maestros están llevando actos vandálicos en México, que no les vamos a fallar y que queremos una reforma educativa completa e integral.

Esta reforma beneficia a los maestros de México, a esos profesores que sí van a trabajar, que se esmeran porque cada niño de este país tenga una mejor educación, a esos cientos de miles de maestros que todos los días hacen un apostolado por mejorar la calidad educativa de este país, a esos maestros está dirigida esta reforma y con esos maestros está comprometida el Partido Acción Nacional.

Sin la Ley del Servicio Profesional Docente, cómo se va a sancionar o cómo se va a premiar a las maestras y a los maestros de México, cómo le va a explicar el Gobierno y esta Cámara de Diputados a esos maestros que no puedan ser sancionados, a esos maestros que no puedan obtener un premio después de ser evaluados.

Nosotros en el PAN decimos sí a la reforma educativa, a la reforma completa e integral y seguimos sosteniendo que por todos los medios parlamentarios buscaremos que a la brevedad se discuta y se apruebe la Ley del Servicio Profesional Docente que nos permita no solamente evaluar a los maestros sino poder sancionar o premiar a éstos también.

Nuestra apuesta es por los niños, por los padres de familia, por los maestros que dicen sí al cambio integral educativo de este país.

Estamos cumpliendo con la promesa histórica de darles la mejor herencia a nuestros hijos que es una buena educación.

Los diputados del PAN estamos comprometidos en llevar a cabo en este segundo periodo extraordinario reformas completas, que respondan a la exigencia de los ciudadanos.

Los legisladores del PAN –y con esto concluyo señor Presidente– estamos a favor del diálogo; los legisladores del PAN estamos a favor del diálogo, pero no a partir del chantaje o de la violencia.

Acción Nacional, está comprometido con una reforma educativa completa e integral, si el Gobierno de la República está dispuesto a fallarle a los niños por miedo, nosotros aquí estamos y no les vamos a fallar.

¿Qué va a informar en 11 días el Gobierno de la República? Que no hubo reforma educativa y que hay una debacle económica, que no le pidan al PAN menos de lo que los ciudadanos se merecen.

Sesión de Congreso General en el Senado de la República (21 de agosto de 2013)


lunes, 19 de agosto de 2013

El presidente Peña Nieto firma el decreto de la Reforma Educativa


MÉXICO, D.F. (apro).- El ejecutivo federal publicó el 26 de febrero en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto de reforma a los artículos 3 y 73 de la Constitución que garantiza, al menos en el papel, una educación pública de calidad para los mexicanos.
 
Con la reforma, según afirmó el lunes pasado el presidente Enrique Peña Nieto–, el Estado mexicano recuperó la acción rectora y reguladora sobre el sector educativo nacional.
 
Además, según el inciso “d” que se adicionó a la fracción II del artículo 3 constitucional, la educación “será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos”.
 
A la fracción III del mismo artículo se le adicionó un párrafo que asegurará al Estado la acción rectora de la educación y en particular del magisterio, por encima del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) liderado por Elba Esther Gordillo.
 
Señala el precepto legal:
 
“…el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan.
 
“La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley”.
 
Asimismo, se adicionó la fracción IX por el que se crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa cuya función será garantizar la prestación de servicios educativos de calidad. Dicho sistema será coordinado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) que tendrá carácter público, autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
 
Al INNE le corresponderá evaluar la calidad, desempeño y resultados del sistema educativo
nacional de la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.
 
Será dirigido por una Junta de Gobierno compuesta por cinco integrantes propuestos por el Ejecutivo y aprobados, previa comparecencia, por las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de Senadores.
 
Cada uno de los integrantes desempeñará su encargo por siete años en forma escalonada y podrán ser reelectos por una sola ocasión. El presidente de la Junta de Gobierno será elegido con voto mayoritario de tres de sus integrantes y durará en el cargo cuatro años.
 
El presidente tendrá que entregar cinco ternas a la Cámara de Senadores, dentro de los próximos 60 días a partir de la publicación de la reforma, para elegir a los cinco integrantes de la Junta de Gobierno.
 
En tanto, el Congreso de la Unión deberá expedir la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, así como las reformas a la Ley General de la Educación correspondientes, a más tardar en in plazo de seis meses, a partir de la publicación del decreto.
 
El artículo 73 fue modificado para armonizarlo con el objetivo de establecer el Servicio Profesional docente y tener una mejora continua de la educación “en un marco de inclusión y diversidad”.

Ver decreto

domingo, 18 de agosto de 2013

Reformamos la Ley Federal del Trabajo para prohibir extracción de carbón en pozos o cuevas a profundidades menores de 100 metros, los llamados pocitos

Amigos:

Les quiero informar que en la sesión del 11 de abril, los diputados aprobamos reformar la Ley Federal del Trabajo para prohibir la extracción de carbón en pozos o cuevas a profundidades menores de 100 metros, en los llamados pocitos, y fijar prisión y multa económica por eventual muerte de trabajadores.

El dictamen modifica los artículos 343-A, 343-C, 343-D y 343-E de esa ley, en relación con extracción de carbón, faenas subterráneas, riesgos de trabajos en minas, seguridad en extracción de carbón y actividades diversas relacionadas.

El documento lo elaboró la Comisión de Trabajo y Previsión Social tras analizar iniciativas de los diputados Adolfo Bonilla Gómez (PRI) y Mario Dávila Delgado (PAN), presentadas por separado en noviembre pasado.

En noviembre pasado el Congreso de la Unión aprobó, como iniciativa preferente, la reforma laboral, y ahora se plantean ajustes en lo que se refiere a los trabajos en minas de carbón.

El dictamen, que se envía al Senado de la República para su eventual ratificación, fue aprobado en lo general por 443 votos a favor, cero en contra y tres abstenciones, posteriormente se avalaron cuatro reservas (PAN, PVEM, PRI) con 327 votos a favor, 110 en contra y cero abstenciones.

En el artículo 343 A se establece que queda prohibido el trabajo en pozos o cuevas para la extracción de carbón, a profundidades menores de 100 metros o mediante el empleo de botes.

Asimismo, prohíbe el trabajo en minas conocidas como cuevas y pozos carboneros, entendiéndose por esto a los trabajos de extracción de carbón en tiros verticales en forma artesanal, en donde las actividades mineras se llevan a cabo sin contar con las licencias, permisos y autorizaciones requeridas.

En los incisos III y IV del artículo 343-E se fija prisión de tres a seis años y multa de hasta cinco mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, “cuando por omisiones en el cumplimiento de lo dispuesto en los propios artículos de la Ley del Trabajo y se produzca la muerte de uno o varios trabajadores”.

También establece prisión de seis a nueve años y multa de hasta 10 mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, cuando muera uno o varios trabajadores por realizar trabajos de extracción de carbón mediante tiros verticales a profundidades menores de 100 metros y en cuevas y pozos carboneros.

Asimismo, cuando se realicen trabajos de extracción de carbón en tiros verticales en forma artesanal, sin contar con las licencias, permisos y autorizaciones requeridas para este tipo de obras y donde no se observen, las medidas de seguridad que correspondan, para proteger la vida de los trabajadores.

Una de las reservas aprobadas se refiere al último párrafo del artículo 343-C para establecer que cuando un patrón de minero no cumpla con sus responsabilidades en caso de que haya un accidente, el titular de la concesión minera sea obligado subsidiario.

En el documento se asegura que las actividades mineras registran riesgos laborales generalizados en extracción de carbón, debido a que los procesos y técnicas son artesanales y rudimentarios, además de que omiten la normatividad en materia de seguridad.

Por esa razón, los riesgos en faenas subterráneas son frecuentes, especialmente cuando se utilizan explosivos o por la presencia de gases tóxicos, empleo de maquinas y equipos, aguas subterráneas y otros.

A estas circunstancias se suman factores humanos, las incipientes inversiones, dispersión geográfica, abandono, ausencia de tecnología, de licencias, permisos y autorizaciones legales, que incrementan los riesgos de trabajo.

Ante esa situación, se requiere minimizar o eliminar las prácticas mineras de elevado riesgo e implementar las medidas, programas y acciones para complementar, ampliar o adicionar, lo relativo a la seguridad minera y en la extracción de carbón en tiros verticales, cuevas y pozos carboneros.

Con estas medidas se pretende evitar y prevenir fatalidades o desgracias como el incidente que en 2006 dejó 65 muertos en la mina Pasta de Conchos, Coahuila, cuyos trabajadores demandaban incrementos salariales y revisión de las medidas de seguridad y salud precarias y obsoletas que prevalecían.

En el documento aprobado se señala la necesidad de que las empresas inviertan para modernizar el sector y que el Estado diseñe políticas adecuadas con una legislación clara.