martes, 17 de marzo de 2015

Última Instancia Libertad de Expresión Amenazada

 Por.- Carlos Angulo Parra

El régimen de Peña Nieto ha dado otro zarpazo más con el despido de Carmen Aristegui de MVS Radio. Se podrá aducir que el régimen no tuvo nada que ver con el despido, que fue una determinación exclusiva de la empresa que la contrató, sin embargo, es difícil negar la intervención del gobierno, porque la periodista es la que más valientemente ha denunciado los actos de corrupción de miembros del gabinete y los conflictos de intereses del presidente y de Videgaray.

Es de suponerse que el régimen haya dado, ya sea una orden directa a MVS, amenazado a la empresa o, en el mejor de los casos, el despido se haya ocasionado como contraprestación de presentes o futuros favores hacia la empresa.Todos sabemos que, por desgracia, este no es el único caso. Tenemos, por ejemplo, la cancelación de los programas de Pedro Ferris de Con y de Nino Canún. El primero que ha sido un crítico feroz de Peña Nieto, desde su época de candidato y de gobernador del Estado de México, y el segundo, tuvo una gran apertura hacia la diversidad de posiciones políticas en el país.

Lo increíble del asunto es la insensibilidad del régimen de abrir otro frente más de irritación social, principalmente en las redes de Internet, cuyos efectos virales ya se ven por dondequiera. Esto nos hace pensar que el PRI-Gobierno, no tiene la menor intención de cambiar su enfoque político, ni hacer la menor rectificación para transformar su forma de hacer política hacia los parámetros que dicta el entorno de conducción de esta en el siglo XXI, en donde la transparencia, las comunicaciones instantáneas y la lupa internacional siempre están presentes.¿Qué nos espera del régimen peñista hacia el resto de su sexenio? Creo que ya le han apostado, sin forma de hacer cambios, a mantener el modo de gobernar que tuvo el PRI en el siglo XX. Es decir, a sus estructuras corporativas, a la disciplina y unidad partidista, basada en chantajes, con fundamento en los antecedentes oscuros que muchos de sus integrantes tienen y temen que les saquen a relucir (cola que le pisen), bajo la amenaza de que si faltan a su disciplina, les sacan a la luz sus trapos sucios, con la intimidación de que irán a la cárcel o los manden al ostracismo vitalicio, sin considerar casos extremos del ejercicio de la violencia. 

Es claro que el gobierno de Peña visualiza el mantener al país lleno de pobres maiceados con todo tipo de dádivas, desde materiales de construcción, alimentos y televisiones.Por este entorno en el que nos encontramos, ahora más que nunca, tenemos que cerrar filas y votar conscientemente en las elecciones federales venideras, por desterrar en definitiva esta tentación autoritaria que muchos mexicanos no comprenden que la tienen imbuida en su cultura. Pues ya sabemos los mexicanos que si seguimos sin oponernos y voltear para el otro lado, lo que va a pasar en el país, con esta clase de régimen. 

Quedaremos condenados a los colapsos económicos y al aislamiento del resto del mundo, expulsando mexicanos hacia los Estados Unidos, con deterioros mayores en los derechos humanos y en las libertades individuales.Si queremos continuar con esto, a los liderazgos les queda la opción de colaborar con el régimen haciéndose cómplices del mismo, como lo han hecho el Partido Verde, Nueva Alianza (el antiguo PANAL) y, en ciertas ocasiones algunos dirigentes panistas y perredistas, así como muchos empresarios y líderes sociales, con los costos políticos inherentes a sus instituciones y organizaciones, o la opción de oponerse en todos los frentes, protestando y actuando en contra de este retroceso hacia el autoritarismo, con movilizaciones, campañas, denuncias, información proporcionada en foros, conferencias, artículos periodísticos, denuncias ante organismos nacionales e internacionales, en elecciones y comicios, en organismos empresariales y gremiales, en partidos políticos, en organizaciones de la sociedad civil.

Ahora es el momento de ejercer con fuerza esa oposición, antes de que como sucedió con la Alemania Nazi, sea demasiado tarde.

lunes, 9 de marzo de 2015

El endeudamiento y la falta de transparencia.

por: Carlos Angulo

Nos encontramos con un escándalo más en una administración de un Estado de nuestra federación: el del Estado de Chihuahua, que es el más endeudado del país por cada uno de sus habitantes. Ante este tipo de problema el Estado mexicano ha reaccionado con sendas reformas a sus leyes. La de contabilidad gubernamental, y la reforma constitucional para el control de la deuda pública. Sin embargo, estas reformas no impactan el endeudamiento de Chihuahua que sucedió antes de las mismas.

Debemos de tomar en cuenta que el endeudamiento en sí, aunque se puede catalogar sin lugar a dudas como irresponsable, ya que su monto abarca más del doble de las participaciones federales durante el lapso de su pago, no es ilegal. Fue autorizado siguiendo todos los cánones de ley, con el consenso del Congreso del Estado. Lo que tiene una supina ilegalidad, es que los préstamos aparentemente no se utilizaron para el destino para el cual fueron contratados.

Veamos las cifras:

Hubo dos grandes rubros de endeudamientos:

I.          Para la construcción de carreteras: se emitieron bonos por un monto de $15,157 millones de pesos. De los cuales, se utilizaron $5,000 millones de pesos para abonarle a la deuda carretera contraída con anterioridad, y únicamente $3,000 millones de pesos para la construcción de carreteras, quedando pendiente de comprobar la suma de $7,000 millones de pesos, que no sabemos en qué se gastaron.

II.         Préstamos para obra pública: se contrataron préstamos por un monto de $24,697 millones de pesos, de los cuales se utilizaron para realizar obras públicas de infraestructura, la cantidad de $17,772 millones de pesos. Pero no se han comprobado $6,925 millones de pesos, que no sabemos en qué se utilizaron.

Si sumamos las cantidades sin comprobar de $7,000 millones de pesos y de $6,925 millones, tenemos que casi dan los $14,000 millones de pesos, que se han ido a un fondo negro que no sabemos en qué se utilizó.

El Código Penal Federal establece el tipo penal de peculado, definiéndolo así:

“Artículo 223.- Comete el delito de peculado:

I.- Todo servidor público que para usos propios o ajenos distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, al organismo descentralizado o a un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito o por otra causa.

II.- El servidor público que indebidamente utilice fondos públicos u otorgue alguno de los actos a que se refiere el artículo de uso indebido de atribuciones y facultades con el objeto de promover la imagen política o social de su persona, la de su superior jerárquico o la de un tercero, o a fin de denigrar a cualquier persona.

III.- Cualquier persona que solicite o acepte realizar las promociones o denigraciones a que se refiere la fracción anterior, a cambio de fondos público o del disfrute de los beneficios derivados de los actos a que se refiere el artículo de uso indebido de atribuciones y facultades, y

IV.- Cualquier persona que sin tener el carácter de servidor público federal y estando obligada legalmente a la custodia, administración o aplicación de recursos públicos federales, los distraiga de su objeto para usos propios o ajenos o les dé una aplicación distinta a la que se les destinó.”

Si el Gobernador de Chihuahua no comprueba claramente el destino de los dineros no utilizados en carreteras u obras públicas, podría caer en la consecución de peculado, por lo que independientemente del endeudamiento excesivo en el que se ha incurrido, la distracción de fondos a fines distintos a los que se contrataron los adeudos, podrían llevar al Gobernador y a sus cómplices, supuestamente otros funcionarios públicos de su administración, a ser perseguidos por el Ministerio Público Federal por cuando menos este delito de peculado, en virtud de que para la contratación de los adeudos se ofreció como fuente de pago las participaciones federales.

Por lo anterior, la diputada Rocío Reza y este autor, ejerciendo nuestra responsabilidad de velar por los fondos de la Federación, interpusimos denuncia penal por este delito en contra del Gobernador de Chihuahua y su Secretario de Hacienda.

La falta de transparencia en el uso de los fondos públicos nos ha llevado a este tipo de abuso, por eso la importancia de tener mecanismos de transparencia pre-establecidos, que induzcan a los servidores públicos a actuar conforme a la ley, y se evite, que después del “niño ahogado”, sea demasiado tarde para ejercer acciones penales y persecuciones judiciales en contra de los servidores públicos, lo que difículta la reparación del daño a los chihuahuenses.


Para darnos una idea de la dimensión del daño. Los $14,000 millones de pesos perdidos, representa 4.24 veces el presupuesto anual del municipio más grande de Chihuahua, que es el de Juárez

Reforma Fiscal Manipuladora

por: Carlos Angulo

A raíz de la falta de crecimiento económico de México, ante la entrada del gobierno del PRI, dirigido por el Presidente Peña, nos preguntamos si ¿realmente al PRI se le olvidó en tan poco tiempo cómo gobernar para hacer prosperar la economía? A mi forma de ver, yo creo que los financieros del PRI saben perfectamente bien lo que están haciendo, entonces cabe una segunda pregunta, ¿por qué si saben lo que están haciendo, entonces por qué no hacen lo necesario para hacer crecer la economía? La respuesta es clara: porque el PRI maneja la economía para su muy particular interés de dominio y no para hacer prosperar al país.

El Dr. Rafael Ruíz Harrell (1933-2007), escribió en 1986, un libro denominado Exaltación de ineptitudes, que describe de forma magistral el por qué al PRI le interesa mantener la pobreza en México, mencionando que simplemente por la razón de que los pobres son fácilmente manipulables para el sistema corporativo, clientelar que el PRI (y en el D.F. el PRD) maneja magistralmente. Cuando al país le va bien económicamente, lo primero que sucede es que crece la clase media y el PRI empieza a perder elecciones.

Revisando la reforma fiscal promovida por Peña, a través de su Secretario de Hacienda Luis Videgaray, nos encontramos con un aparente diseño, más que económico, político en su estructura, que en cierta manera se asemeja al diseño del sistema fiscal imperante en los años del llamado priato, en donde nos encontramos con impuestos incumplibles e impagables, con un cúmulo de contribuyentes no declarando lo que ganan, haciendo múltiples trampas en las deducciones, pero leales al sistema en todo lo que el sistema les pide en lo político.

Así tenemos que durante el proceso de elaboración de la reforma fiscal del 2013, los organismos empresariales de México, aunque críticos y preocupados por el derrotero que tomaba la propuesta de reforma planteada por el gobierno, se mantuvieron pasivos a las movilizaciones que pudieron llevar a cabo, a consecuencia de que el gobierno que impulsaba dicha reforma, siempre se mantuvo cercano a esos contribuyentes cautivos, que son los grandes consorcios privados y organismos empresariales, induciéndolos a la “negociación”. Es decir, regresando al viejo sistema de que a tus enemigos aplícales la dura ley y a tus amigos concédeles favores, por medio de decretos presidenciales, misceláneas fiscales y a través de reglas generales de carácter fiscal, resoluciones particulares y demás excepciones administrativas, que no son permanentes, que no son de ley y que no otorgan seguridad ni certeza jurídica.

Así tenemos que ahora el gobierno, a través de una reforma fiscal que afecta a las empresas productivas, les otorga favores por medio de decretos presidenciales, para que puedan deducir conceptos no-deducibles conforme a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para que a través de “certificaciones”, no paguen IVA o éste se les devuelva de manera más rápida, para que no tengan que cobrar IVA a sus consumidores. Pero eso sí, nadie se les debe de perder, porque para recibir estas canonjías, deben de ingresar a la formalidad, inscribiéndose en los padrones del Registro Federal de Contribuyentes, porque si no, no son susceptibles de recibir las mieses del presupuesto social.

De esta manera el PRI-Gobierno regresa plenamente a manipular a la población, a través del garrote de las leyes fiscales duras que no promueven el empleo y la inversión, pero el gobierno concede los favores para evitar el perjuicio que les causa la ley a las empresas, en contraprestación de un “estate quieto”, porque si no, el favor desaparece y “te aplico la ley de lleno”.

Para evitar esto, la única salida que tenemos es aplicar el sistema democrático y hacer que la ciudadanía se movilice para castigar al PRI en la elecciones federales del 2015, en las que se renovará toda la Cámara de Diputados, en donde ahora, el PRI y sus aliados incondicionales, el Partido Verde y Nueva Alianza, tienen la mayoría. Pero esto para lograrse, se tiene que hacer, a través de líderes que no tengan conflictos de interés, y una relación sumisa al gobierno, ya sea a través de la aceptación de favores o de plano, a través del maridaje que representan los proveedores del gobierno, sino con líderes auténticos no-depredadores que se entreguen a la defensa de los ciudadanos. Por desgracia, encontrar estos es cada día más difícil, porque la mayoría de los partidos políticos están llenos de líderes depredadores con múltiples conflictos de interés.

Lo anterior, sin embargo, no impide que el sistema democrático en general deje de funcionar. Para eso los mexicanos nos hemos dado con mucho esfuerzo un amplio sistema electoral con múltiples salvaguardas que garantiza que los votos “cuenten y se cuenten”. Por ello, el Partido Acción Nacional ha propuesto una contra-reforma fiscal, que revierte la impulsada por el régimen, destacándose lo relativo a revertir la homologación del IVA en las fronteras, los incrementos de tasas del Impuesto Sobre la Renta, y la desaparición del régimen de pequeños contribuyentes.


Esto, ante las elecciones del 2015, abre una gran oportunidad para que el electorado cobre al PRI-Gobierno esta reforma fiscal manipuladora y con una nueva Cámara de Diputados regresemos al camino de tener leyes fiscales que promuevan la inversión, el empleo y el desarrollo económico del país, con su consecuente reducción de los niveles de pobreza.

¿Por qué en México no se resuelve el problema de la seguridad pública?

por: Carlos Angulo

El problema de la seguridad pública en México es muy complejo y de difícil solución. Esto suena a verdad de Perogrullo, pero es una realidad que cada día enfrentamos los mexicanos, por lo que cabe hacernos la pregunta, ¿qué tiene México distinto de otros países que no podemos extirpar este cáncer del crimen organizado y la inseguridad que cada vez nos cuesta más en nuestras vidas personales, en nuestros negocios, y que puede amenazar el crecimiento económico, según lo confesó Videgaray recientemente?

La hipótesis que tengo al respecto, es que la transición del sistema autoritario monolítico, hacia un sistema de libertades democráticas traía consigo el reto de vivir dentro de un estado de derecho, sujeto a las instituciones. No hemos logrado ninguna de las dos cosas. Porque nuestro transitar hacia la democracia no se acompañó de un cambio de paradigma del sistema político a profundidad, sino que pretendimos seguir viviendo bajo muchos de los componentes del antiguo sistema autoritario, pero sin serlo, transitando a un sistema de libertades políticas y respeto a los diversos niveles de gobierno (federal, estatal, el del Distrito Federal y el de los Municipios), sin crear un sistema de control estricto de la legalidad.

Descuidamos a las policías, a los sistemas de procuración de justicia, al sistema judicial. No invertimos las cantidades enormes que se necesitan para estas instituciones, continuamos manteniendo una burocracia enorme para el tamaño del país, dedicamos cuantiosos recursos a un sistema asistencialista que no generó prosperidad económica pero sí clientelas políticas a todos los niveles y para todos los partidos políticos, ni gastamos grandes recursos en infraestructura.

Al suceder esto, la primera consecuencia que se tuvo fue el de la impunidad y corrupción a todos los niveles, que es el caldo de cultivo ideal para generar las condiciones de inseguridad pública que tenemos, ante nuestra situación geográfica en un entorno de economía globalizada, con el mercado de consumo de drogas más grande del mundo como vecino, y el cambio de los propietarios del negocio del trasiego de estupefacientes de Sudamérica a México; esto aunado a la “democratización” del trasiego de las drogas para consumo doméstico, que conjugado con situaciones de desmembramiento de las familias, por los fenómenos migratorios, una cultura de desarrollo industrial sin atención social y ayuda para las madres solteras, divorciadas o abandonadas, ha hecho explotar este fenómeno de la inseguridad de manera exponencial.

Al regreso del PRI al poder, se tuvo la expectativa del que “ellos sí saben gobernar y pactarán con el crimen organizado”. El problema es que esa creencia resultó ilusoria, porque el México del Siglo XXI dista mucho del México del Siglo XX, que era el que conducían los gobiernos del PRI. Creemos que el gobierno del Presidente Peña, creyó erróneamente que gran parte del problema de la inseguridad, se solucionaría no hablando de ella y dejando hacer y dejando pasar las acciones del crimen organizado, sacando al ejército de las calles.

Ahora, con los acontecimientos de Michoacán, Guerrero, Morelos y el Estado de México, con la situación existente en Tamaulipas y en la zona serrana de Chihuahua, literalmente le ha explotado en la cara al gobierno de Peña, y nos encontramos de nueva cuenta que la realidad vino a imponerse tercamente.

Repito como empecé este artículo. La solución no es fácil, no hay recetas mágicas para ello. Pero lo que se debe de hacer es, en primer lugar, reconocer que debemos realizar las acciones de políticas públicas, legislativas y auténticamente “mover a México” hacia un verdadero estado de derecho, en donde se respeten los derechos humanos y se persiga el delito, empezando por los cometidos por las autoridades y los que se coluden con ellas para delinquir.

Para ello, debemos empezar por construir un auténtico sistema anti-corrupción, para no permitir la impunidad en nuestras autoridades, de los tres poderes y de los tres niveles de gobierno.

El Partido Acción Nacional está por presentar iniciativas para construir este sistema completo para evitar y combatir la corrupción y el PRI y el PRD han aceptado sumarse al mismo.

Debemos de crear primeramente un sistema preventivo en donde la transparencia sea el pilar de un sistema preventivo, en donde todas las acciones de gobierno se pongan en línea en tiempo real, a través de la Internet, y se transparente la aplicación de los recursos de los proyectos de gobierno.

El sistema prevé tener una Fiscalía Anticorrupción autónoma, que investigue y persiga los delitos, fortalecer la Secretaría de la Función Pública para realizar múltiples labores que prevengan la corrupción, que dependan de ella los Órganos Internos de Control de manera independiente a las dependencias que revisan, para que junto con la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados persigan las faltas administrativas de los servidores públicos, a fin de que los delitos y faltas sean sancionadas por un Tribunal Especial que combata y persiga los actos de corrupción detectados por la Fiscalía y los órganos administrativos señalados.


Con este sistema, cuyas características más específicas explicaré en un artículo posterior, y con el re-direccionamiento de los recursos públicos para fortalecer a nuestras policías, los sistemas de procuración de justicia y el sistema judicial, iniciaremos el camino para combatir la impunidad que es el incentivo principal del crimen que nos tiene de rodillas ante la inseguridad.

Los Derechos Humanos de las Niñas, Niños y Adolecentes

por: Carlos Angulo

Los recientes hechos violentos en los Estados de México, en Tlatlaya y en el Estado de Guerrero, en Iguala, han opacado una noticia de relevancia nacional, la aprobación en la Cámara de Diputados de la Minuta enviada por el Senado, relativa a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolecentes, que es la ley secundaria relativa a los derechos humanos de nuestros niños y adolecentes. Anteriormente se les llamaba menores de edad, pero la nomenclatura derecho-humanista ahora los denomina como los llama la ley aprobada.

Sin embargo hay que tomar en consideración, que la Minuta del Senado no fue aprobada por la Cámara de Diputados en su integridad. Después de amplias acciones por organizaciones de padres de familia que cabildearon con los Diputados temas de suma relevancia, finalmente los Diputados cambiamos la Minuta del Senado, después de una gran batalla de posiciones encontradas con la izquierda que presentó una posición estatista del manejo de la educación de nuestras niñas, niños y adolecentes (para los efectos de este artículo me referiré a ellos como los “Beneficiarios”).

Este artículo expresará sumariamente el objetivo de la Ley aprobada (si es que el Senado no regresa los cambios realizados en la Cámara de Diputados), y los elementos controvertidos de la Minuta que fue aprobada por la Cámara de Senadores, por unanimidad, con datos de la propia ley y de una extraordinaria presentación elaborada por mis compañeras, las Diputadas Lucy Pérez y Cynthia Valladares, del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados.

El objetivo de la ley en general, es la protección de los derechos humanos de los Beneficiarios, en implementación de la reforma constitucional de derechos humanos, que dicta:

“Art. 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas

gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta

Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado

Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección,

cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los

casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.”



Así esta ley secundaria pone en práctica esta reforma constitucional que, desde un punto de vista de soberanía rompe con todos los paradigmas, puesto que pone a los tratados internacionales, y por ende, a los organismos internacionales vinculados con ellos, al mismo nivel que la propia constitución. Es por ello, que en este momento representantes del gobierno mexicano están compareciendo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por el caso de Iguala.

La Ley aprobada protege los derechos de los Beneficiarios consagrados en los tratados internacionales y la propia constitución, disponiendo a nivel nacional garantías del:

•          Derecho a la vida.

•          Derecho de prioridad.

•          Derecho a la identidad.

•          Derecho a vivir en familia.

•          Derecho a la No discriminación.

•          Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral.

•          Derecho a la protección contra todas las formas de venta, trata de personas, explotación, abuso, abandono o crueldad.

•          Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social.

•          Derecho a la inclusión de los Beneficiarios con discapacidad.

•          Derecho a la educación.

•          Derecho al descanso y al esparcimiento.

•          Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia, religión y cultura.

•          Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información.

•          Derecho de asociación y reunión.

•          Derecho a la intimidad.

•          Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso.

•          Derecho a la inclusión y no discriminación de los Beneficiarios migrantes.

Todos estos derechos van acompañados de los principios de interés superior de la niñez, universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Asimismo se establecen instituciones, principios y directrices de políticas públicas como el Registro Nacional de Centros de Asistencia Social, que estará a cargo de la Procuraduría de Protección Federal, ordenándose a la Cámara de Diputados para establecer partidas presupuestales específicas para la operación efectiva de estas instituciones. También se establece la obligación de garantizar los recursos presupuestales necesarios para asegurar la operatividad de la Ley.

Se incorpora el principio de igualdad sustantiva, estableciendo la obligación de la aplicación de la ley con perspectiva de género y se establece el derecho de los Beneficiarios a ser inscritos en el Registro Civil de manera inmediata y gratuita.

Se establecen claramente las obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia respecto de los Beneficiarios, pasando de los principios civilistas del código de Napoleón, a los principios universales de derechos humanos. Se crea la Procuraduría Federal de Protección, adscrita al Sistema Nacional DIF, y 32 Procuradurías locales. Se crea el Sistema Nacional de Protección Integral como instancia encargada de establecer instrumentos, políticas, servicios y acciones de protección de los derechos de los Beneficiarios, y se amplía el marco de protección de los Beneficiarios migrantes reconociéndose sus garantías al debido proceso para los procedimientos administrativos migratorios que los involucren.

Finalmente, se establecen múltiples garantías de movilidad y seguridad para los Beneficiarios con capacidades diferentes.

Las partes controvertidas de la Minuta de los Senadores que se eliminaron, se referían a los derechos de los Beneficiarios a ser acogidos por familias de manera excepcional,. Ahora la prerrogativa de que los Beneficiarios sean atendidos por familias adquiere un carácter de prioritario y no excepcional, permaneciendo el menor tiempo posible en instituciones del Estado.

La parte más controvertida de la Minuta del Senado, sujeta a revisión por la Cámara de Diputados, se refería a los supuestos “derechos sexuales y reproductivos” de los Beneficiarios, excluyendo el derecho humano de los padres y tutores de educar a sus hijos y Beneficiarios sujetos a tutela respecto de sus sexualidad de la mejor manera posible, con asistencia de las autoridades. Después de arduas discusiones con la izquierda, la mayoría en la Cámara de Diputados prevaleció, eliminando esos supuestos derechos sexuales y reproductivos de los Beneficiarios, para dejar a los padres y tutores la debida orientación, si se quiere, con asesoría del Estado, disponiéndose que “quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, tendrán derecho a intervenir en la educación que habrá de darse a niños, niñas y adolescentes…”

Respecto de los fines de la educación de los Beneficiarios, después de amplios debates con la izquierda, se estableció que se promoverá “… la educación sexual integral conforme a su edad, el desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, de las niñas, niños y adolescentes que le permitan a niñas, niños y adolescentes ejercer de manera informada y responsable sus derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las leyes y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.”


Con esta reforma, quedan debidamente garantizados los derechos humanos de los Beneficiarios y los derechos humanos de los padres y tutores para educar a sus hijos y pupilos de la mejor manera posible, con asistencia subsidiaria del Estado mexicano y en el concierto internacional de protección de los derechos humanos.

La Tentación de Crear el Caos

por: Carlos Angulo

Creo que todo mundo ya está cansado de ver que se escriba sobre el caso de Iguala (a mi no me gusta llamarle Ayotzinapa, porque los acontecimientos sucedieron en Iguala), pero me veo en la necesidad de hacerlo porque no he visto que alguien hable de lo que voy a escribir.

No cabe duda que lo que el caso Iguala descubrió en el país es la inmensa frustración de muchos mexicanos. Esta frustración se viene generando desde que todos tuvimos grandes expectativas de que todo iba a cambiar a partir del año 2000. Lo que muchos no saben, es que realmente sí cambiaron muchísimas cosas, pero no necesariamente para bien.

Primeramente voy a hablar de lo que cambió para bien:

•          La libertad de prensa llegó casi para quedarse. Aunque con el regreso del PRI al poder hemos visto que los “controles” a la prensa volvieron (digo prensa en sentido amplio: los medios de comunicación que comprenden además de la prensa escrita, los medios electrónicos, como el radio y la televisión y las innovadoras redes sociales, que comprenden todas las modalidades que encontramos en el Internet), ello se ejemplifica con la desaparición de los medios, de Pedro Ferríz de Con, y de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que impone intervenciones a la Internet y a las comunicaciones electrónicas personales. Por el otro lado, tenemos las coberturas de Milenio TV y Foro TV de los acontecimientos en vivo y en tiempo real, así como múltiples artículos publicados en los diarios, como el de Jorge Ramos, que habla de la renuncia del Presidente Peña Nieto, situación impensable que saliera publicada en un diario de circulación nacional.

•          El sistema electoral se ha mantenido y mejorado, aunque hubo un retroceso en 2007, creo que se ha superado con las recientes reformas aprobadas, y estamos por estrenar el nuevo sistema nacional electoral, en donde se amplían las causales de nulidad de las elecciones, se libera a los Órganos Locales Electorales y a los Tribunales Electorales Locales de la intervención de los gobernadores. Es claro que desde antes del año 2000 los votos “cuentan y se cuentan”, aunque aún falta controlar la “manipulación de conciencias”, a través de los regalos y “propaganda electoral utilitaria”, que ahora queda prohibida.

•          La economía, hasta ahora, se ha mantenido estable, a pesar de que hemos pasado por la mayor crisis económica mundial en casi 100 años. La clase media creció exponencialmente, tenemos un constante aumento en el número de profesionistas (de los más grandes del mundo). Nuestras ciudades se han modernizado y somos el país que más exporta en Latinoamérica (nuestras exportaciones superan las de toda la región en su conjunto, incluyendo las de Brasil).

•          Tenemos la mayor cantidad de estudiantes universitarios de nuestra historia, en relación con nuestra población total.

•          Los grados de libertades civiles y democráticas no tienen precedente en nuestra historia.

Ahora, digamos las cosas malas:

•          No cambiamos en esencia el paradigma político que creó el PRI. Seguimos teniendo en muchos estados gobiernos autoritarios sin límite alguno, con mucho poder y mucho dinero. Seguimos teniendo sindicatos corruptos sin control alguno, que explotan a sus agremiados y son aliados y comparsa del gobierno. No realizamos una reforma constitucional a profundidad para cambiar los esquemas políticos fundamentales que le han dado oxigeno al PRI y que lo hizo regresar al poder y le está permitiendo reconstruir muchas de las estructuras autoritarias que se debilitaron.

•          No hemos logrado vencer las desigualdades y el crecimiento de la pobreza.

•          Los poderes fácticos que tienen monopolios siguen vivos y fuertes. Aunque las reformas estructurales recientemente aprobadas ya están en vigor y operando, las leyes secundarias lograron acotar para mal lo que las reformas constitucionales establecieron, dando oportunidad a que los monopolios de telecomunicaciones y radiodifusión tomaran un segundo aire.

•          La corrupción creció “democráticamente”. Cuando se eliminó el sistema autoritario, se soltaron muchos amarres y controles anticorrupción de facto que el sistema autoritario tenía, desatándose una corrupción rampante, sobre todo en los gobiernos municipales, delegacionales y locales, así como en muchos de los procesos federales, sobre todo en las paraestatales.

•          El estado de derecho no se fortaleció imperando la impunidad, creciendo exponencialmente la intervención del crimen organizado y generándose niveles de inseguridad nunca antes vistos en el país. Esta última situación ha llegado a crecer en el nuevo gobierno, después de que erróneamente trató desastrosamente de probar, que iban milagrosamente a desaparecer al retirar las fuerzas armadas del escenario nacional y bajando el nivel a la comunicación de los hechos de violencia.

Ahora nos encontramos con hechos tan escandalosos como los de Tlatlaya e Iguala, este último creando una situación de entornos de disolución social, que está creciendo a pasos agigantados, hasta el nivel de tener en la primera plana de las prensa nacional este domingo, imágenes de la quema de una de las puertas principales de Palacio Nacional, mandando una señal más de descontrol social e institucional hacia el país entero, como hacia el extranjero; sobre todo, después de que el gobierno generó la imagen artificial a nivel mundial de que el Presidente Peña Nieto había llegado a México para convertirse en su salvador.

Ahora nos encontramos con un país regado de pólvora social, principalmente en el Centro y Sur, que espera que alguien encienda la mecha para que explote. Sobre todo ante una reacción de “dejar de hacer y dejar pasar” del gobierno, que percibo que francamente está asustado: un Procurador que abiertamente nos dice que ya está cansado, un Secretario de Gobernación escondido y un Presidente en fuga hacia China, como para tratar de explicar el por qué no fue ya el salvador de México.

Con este escenario digno de una situación que crea el caldo de cultivo ideal para un estallido social, muchas fuerzas políticas del país, y sobre todo, mucha gente de la sociedad civil que ante las expectativas creadas por el “haber sacado al PRI de los Pinos” y haber sacado al PAN del gobierno, y no ver más que un empeoramiento de las cosas, se siente ante la tentación de salir a la calle y arrastrar al primer gendarme que encuentre, legislador, servidor público, para luego quemar cualquier edificio emblemático del gobierno.

A pesar de esta gran tentación que está como tal más que justificada, debemos poner los pies en la tierra y ver el potencial que tenemos, lo que hemos logrado y lo que necesitamos hacer. Creo que estamos en lo que los psicólogos llaman, como una “situación límite”, en donde nuestro estado de ánimo nos puede llevar a cometer una tontería que nos conduzca a atrocidades y a la destrucción de nuestra patria, libertades y el relativo bienestar, o bien, esta situación nos lleve a aprovechar la coyuntura en la que el gobierno y los poderes fácticos se sienten vulnerables, para completar lo que nos faltó a partir del año 2000. PAra completar lo que nos falta requerimos:

•          Establecer un auténtico sistema anticorrupción;

•          Re-direccionar los presupuestos para verdaderamente apoyar a la población, no con dádivas, sino con apoyos productivos para emprender negocios productivos, para aplicar recursos a nuestro sistema de justicia, en las áreas de prevención, persecución y justicia, en las policías, fiscalías y en el poder judicial;

•          Fortalecer a nuestras instituciones y hacer que México tenga un verdadero estado de derecho.


Solo trabajando bajo el orden institucional, con una participación ciudadana responsable y decidida, con un gobierno abierto y preocupado por el bien de México y no por intereses particulares obscuros, lograremos superar esta crisis de seguridad y descontrol institucional en la que nos encontramos.

El Gobernador Duarte ante el Nuevo Entorno Político en el que se mueve el PRI

por: Carlos Angulo

No cabe duda que el país ha cambiado mucho desde que el PRI gobernaba desde los Pinos en el Siglo XX. En efecto, ahora tenemos democracia electoral, tenemos redes sociales en donde se generan opiniones constantes e información al instante, a través de imágenes fotográficas y videos, prácticamente en tiempo real. Ahora vivimos en un mundo interconectado e interdependiente en su economía y en muchos aspectos políticos, como los derechos humanos, que han generado constantes intervenciones de organismos internacionales, de grupos organizados de la sociedad civil y activistas decididos a realizar acciones contundentes en múltiples acontecimientos. También tenemos una clase media enorme, en comparación de la que existía en la época del Presidente Zedillo, y por ende, una sociedad más informada y consciente de lo que pasa en el país.

Éste entorno definitivamente no es propicio para que un gobierno regrese a las prácticas del Siglo XX cuando el autoritarismo imperaba, aunque estas prácticas no han cesado de existir en los gobiernos estatales y municipales gobernados por el PRI, en el entorno nacional, con el regreso del PRI a los Pinos, la situación cambia drásticamente. ¿Cuál es la razón de ello? Mi interpretación es que en este ámbito la lupa internacional y nacional no permite que eso suceda.

En el entorno nacional y en el chihuahuense tenemos quizá una posible confluencia: la Casa Blanca de Peña y el Banco de Duarte, ante la entrada a la discusión nacional de algo que aunque no sea del Pacto por México, en esencia es como si lo fuera. Me refiero al Plan Nacional Anticorrupción.

En ese entorno, el Presidente se ha tenido que enfrentar al escándalo internacional de estar personalmente involucrado con una de las compañías que más obra pública hizo en el Estado de México y de las principales involucradas con el tren rápido México-Querétaro, y que participó en la construcción de la famosa Casa Blanca que nominalmente se atribuye a la esposa del Presidente, Angélica Rivera.

Y prácticamente, al mismo tiempo, sale a la luz pública el famoso banco capitalizado por el Gobernador Duarte, que es uno de los agraciados con los depósitos del Estado de Chihuahua. Normalmente, como en efecto sucedió, este acontecimiento no hubiera llamado tanto la atención (como en efecto sucedió cuando este autor, junto con la diputada Reza, interpusimos denuncia penal en la PGR por sospechas de peculado atribuido al Gobernador Duarte, por no dar cuenta de casi 14,000 millones de pesos en dineros de la deuda del Estado de Chihuahua, que no se sabe en qué se utilizaron), si no fuera por la coincidencia cronológica con los descubrimientos de la Casa Blanca.


Ante esta situación, nos encontramos en la encrucijada del sistema: o Peña Nieto le entra de frente al Sistema Nacional Anticorrupción, haciendo acciones personales contundentes (como regresar la Casa Blanca), y persiguiendo acciones locales pero descaradas, como la del Gobernador Duarte y “su banquito”, para dar un ejemplo nacional de que las cosas van a cambiar, o el deterioro de la imagen del Presidente y de las instituciones continuará hasta llevarnos a una ingobernabilidad que nos puede conducir a una tragedia nacional.

¿Y ahora qué sigue?

por: Carlos Angulo

Qué viene después de las convulsiones vistas a lo largo y ancho del país, en donde la olla de presión finalmente explotó y ocasionó la ira ciudadana por: el evidente deterioro del estado de derecho y la gobernabilidad en muchas partes del país, causado por el desdén de las autoridades de acatar la ley en todos los aspectos, principalmente en la impunidad, la corrupción, la delincuencia y el poco respeto a la paz pública en todos los sentidos.

Todo esto en conjunto ha ocasionado un hartazgo de la población que aunque en su inmensa mayoría no votó por el PRI, a pesar de ello, tenía la esperanza de que ellos contaban con el “oficio político” para poner orden en México. Pero sobre todo, hay un hartazgo de los grandes partidos, PAN y PRD, porque muchos de sus políticos se han casado con el régimen, han dado una tibia oposición y han guardado un vergonzoso silencio ante tantos acontecimientos negativos en la conducción nacional.

Ahora tenemos el caldo de cultivo ideal para lograr el cambio. Para bien o para mal hay una parte muy importante de la ciudadanía que no quiere saber nada de los partidos políticos, y le apuesta a las candidaturas independientes, como si ello fuera a ser la panacea que salvara a México. Hay otra parte de personas que le apuesta a la generación de la anarquía y piensa que providencialmente saldrá una solución sobre las cenizas del régimen, y otra parte importante de ciudadanos que se enconchan en sus partidos políticos y tienen la esperanza que en la siguiente elección todo volverá a su cauce.

Yo creo que la solución a los problemas que aquejan al país tiene que salir de un impulso de buena fe del régimen (dudo que suceda pero eso sería lo ideal), para regresar a la normalidad institucional, tomando decisiones firmes y serias de cambiar las cosas para combatir de fondo la corrupción, aplicar estrictamente el estado de derecho y fortalecer a las instituciones, para regresarle la confianza al ciudadano.

Sin embargo, paradojicamente, esto se puede dar con una verdadera presión de los partidos de oposición y la inclusión de la sociedad civil para que tenga una voz en este proceso de recomposición. Este impulso debe tener la fuerza y compromiso suficiente para exigir que sucedan las cosas, pero no destruir y entrar en la anarquía que puede aprovecharse por las fuerzas que siempre están listas para tomar poder aprovechándose del caos.

Este salto cuántico puede suceder, si hay en los actores políticos necesarios, un espíritu de sacrificio para comprender que se acabaron los privilegios en la política; que si se quiere ganar grandes cantidades de dinero, se tiene que hacer generando riqueza en el sector privado, y no dilapidando los fondos públicos con peculados, moches, cohechos y conflictos de intereses.

Las “grandes transformaciones” que pregona Peña Nieto, deben de partir del ejercicio de políticas públicas ordenadas, a partir del ejercicio del presupuesto, para que el mismo no se use en otorgar regalos como las televisiones (20 millones), y de otro tipo de ayudas “asistenciales” que más bien son electoreras ($475,000 millones de pesos), haciendo de inmediato una reducción de impuestos, para regresar al camino del crecimiento e impulsando a las empresas para que inviertan y generen empleo, dando el ejemplo con un programa de austeridad en los tres poderes de la Unión, eliminando prebendas innecesarias, como los gastos personales exorbitantes, (ej, viajes inútiles). El entramado legal e institucional existe (con el Sistema Nacional Anticorrupción que el PAN propone, se garantiza la prevención y el castigo a la corrupción), pero lo que hace falta es la voluntad política para implementarlo.


Existe ahora el entorno ideal para lograrlo, pero los pasos necesarios para ello se tienen que hacer muy firmes y con liderazgos con sabiduría y decisión. Los jóvenes tienen la pasión para darle combustible a este cambio, pero cuidado que el mismo no nos vaya a explotar en la cara y terminar con una dictadura militar, una dictadura civil apoyada por los militares o un caos que implique hasta una intervención extranjera, que nos haga perder todas nuestras libertades y todo lo que hemos ganado en este largo camino hacia una democracia y que rinda frutos de bien común.

Oportunidad de Rectificar

por: Carlos Angulo

El Presidente Peña Nieto tiene en el 2015 su última oportunidad de rectificar sus acciones para poder ganar la credibilidad perdida. Cuando empezó su mandato realmente había en la población una esperanza que volverían al poder los que "sí sabían gobernar". Pero oh sorpresa, se encontraron con la triste realidad de que los priístas no aprendieron a manejar un país muy distinto al que existía cuando dejaron el poder. El gobierno de Peña se topó con un mundo en donde no se pueden esconder las cosas, un mundo globalizado, en donde la interdependencia internacional es una realidad cotidiana, en donde hay reglas del juego que se deben guardar y respetar, y si no se hace, hay consecuencias inmediatas. Un mundo en donde esta interdependencia se refleja en lo económico de una manera feroz. Si no se cumple con los parámetros esenciales de orden, las calificadoras internacionales pueden juzgar a un país para que su deuda quede mal calificada y automáticamente aumente el costo de contraer nueva deuda con altas tasas de interés.

México cuenta ahora con una gran clase media y con estudiantes universitarios comunicados en tiempo real y con un conocimiento del mundo que los de mi generación no contábamos con la rapidez y eficiencia que ellos tienen. En donde se pueden organizar con relativa facilidad movilizaciones sociales, que antes era impensable realizar en tiempos tan cortos, y con logística tan sofisticada. Ahora vivimos en un país en donde el control de los medios ya no es tan eficiente como el existente en el siglo pasado, primero porque ya no se pueden controlar en su totalidad, y segundo porque su control y sometimiento hace que corran el riesgo del repudio social que puede hacer que rápidamente desaparezcan.

Con sus políticas de no hacer acciones contundentes para combatir al crimen organizado, al no hablar de la violencia y sacar al ejército de las calles, la administración de Peña logró que vastas zonas del país fueran controladas a base de terrorismo y sangre, extorsiones y secuestros y que gobiernos municipales y estatales se confundieran con el mismo crimen organizado.

Con su reforma fiscal, Peña y Videgaray han postrado a la economía nacional, al grado de que ya hay repercusiones internacionales generadas por las casas calificadoras, viéndose obligado el Presidente a acudir a los Estados Unidos, no sabemos si a pedir ayuda o a rendir cuentas.

Sin embargo, creemos que aún es tiempo que el régimen rectifique, y que de una clara muestra de querer corregir el camino. Pero para ello, serán necesarias acciones contundentes, como cambios drásticos en el Gabinete, para corregir el entorno económico, la corrupción y la conducción política y de seguridad. El Presidente Peña tendrá que impulsar el Sistema Nacional Anticorrupción promovido por el Partido Acción Nacional, mejorando aún la propuesta para dar muestras de seriedad y no haciendo cambios para disminuir su contundencia, como lo hizo su consejería jurídica. El Presidente tendrá que entrarle al toro por los cuernos en el combate al crimen organizado, desplegando la fuerza del Estado a las zonas del país literalmente tomadas por los delincuentes. Tendrá que aplicar bastos recursos públicos para fortalecer al sistema judicial federal y al de los Estados y el del Distrito Federal; deberá fortalecer a las fuerzas del orden aplicando recursos públicos para otorgar buenos sueldos y prestaciones a todas las policías, en lugar de andar regalando televisiones y repartiendo limosnas indignas por todo el país que no resuelven nada y sí crean clientelas electorales.

Ahora es el momento de poner en práctica un sistema cabal de transparencia, aprovechando el desarrollo tecnológico que permite poner en línea y en tiempo real los proyectos de gobierno, su presupuesto, los procesos licitatorios, la celebración de los contratos de proveeduría de bienes y servicios, poner precios comparables para que quede claro que los contratos de gobierno tendrán los mejores precios en el mercado y para evitar los nefastos moches. Generar y promover la creación de observatorios ciudadanos y contralorías sociales. Impulsar la creación de instituciones de vigilancia de los procesos de transparencia y combate a la corrupción, con la mayor autonomía de la entidades y oficinas de gobierno vigiladas. Y sobre todo, dar muestras de que la corrupción tiene consecuencias persiguiendo a los servidores públicos corruptos, como los gobernadores y alcaldes que han abusado de la autonomía que ha generado una impunidad rampante.

Una nación prospera si hay certeza y seguridad jurídica, que cuando la ley se incumpla haya consecuencias, en donde las leyes sean claras y sencillas para su cumplimiento y no impidan el desarrollo de las capacidades de los gobernados. Leyes y políticas públicas que no manipulen electoralmente a la población, sino que promuevan la creación de un entorno de orden y respeto de los derechos de todos, que nos lleve a que los mexicanos tengamos las más amplias oportunidades para desarrollarnos como seres humanos felices porque se nos den las condiciones para el logro de nuestros anhelos en la vida.


Si este régimen comprende que esto es lo que queremos los mexicanos, tendrá la oportunidad de reivindicarse, de lo contrario esperemos que no nada más lo juzgue la historia, sino que lo juzguemos los mexicanos negándole nuestro voto.

Las Giras Presidenciales

por: Carlos Angulo

¿Para qué sirven las giras presidenciales? Antes de dar nuestra opinión, hagamos una breve descripción de cómo ocurren. Primero se lanzan especulaciones en la prensa local en donde va a acontecer la gira, si viene o no viene el Presidente. Hay artículos en los periódicos, reportajes; en fin, se calienta el ambiente. Luego se ven por doquier los elementos de seguridad, la Policía Federal, el Ejército, la avanzada del Estado Mayor Presidencial. No falta el clásico remozamiento de camellones, la limpieza inusitada de calles que habían estado descuidadas por años. Se pintan por todos lados en donde pasará la comitiva presidencial rallitas en las calles, como si el Presidente se estuviera fijando en esos detalles y por ello le fuera a hacer un favor al Alcalde y Gobernador (que por cierto nunca falta) del Estado visitado. Luego el día de la visita, aparecen por todos lados en puentes y postes, grandes agradecimientos al señor Presidente de haber hecho x, w y z cosas, que no necesariamente aplican al lugar visitado.

La agenda del Presidente en su gira, generalmente consiste en inaugurar obras que a veces tienen años de concluidas o que son meros remozamientos de obras viejas. En el acto aparecen "las fuerzas vivas de la ciudad", como si hubiera también fuerzas muertas. En primer lugar en el presídium está el gobernador del Estado visitado, el Alcalde de la ciudad de la gira, el militar a cargo de la plaza correspondiente, los representantes de los otros poderes del Estado, el presidente del Poder Judicial y el del Congreso Local, y los consabidos acompañantes del presidente a estas giras, que son varios secretarios de estado, que en algunas ocasiones no tienen nada que ver con la plaza visitada.

No falta en la gira una comilona con los factores reales de poder de la ciudad visitada, las Cámaras empresariales, las ONGs del lugar, de las que no sean muy incómodas al régimen.

En estas giras el Presidente escoge hablar sobre un tema de relevancia nacional, que de alguna manera tenga relación con el lugar visitado. Normalmente el Presidente habla como si fuera “Juan Camaney”, y el público responde generalmente con un gran apoyo que se contagia. A veces hay incidentes aislados de protestas, que normalmente no cubren los medios, aunque las redes sociales no dejan de reportar puntualmente, con sus consabidos memes chuscos, mentadas de madre como opiniones profundas de sus participantes, etc.

Ahora vuelvo a mi pregunta original: ¿esto para qué sirve?. Se pretende con ello mantener la legitimidad del Presidente. Dudo que esto lo logre. La gente está harta de estos teatros. Sinceramente creo que el pueblo normalmente se molesta con estas giras. Principalmente en un régimen que pierde su legitimidad a pasos agigantados. Un régimen que cree que vive en el Siglo XX, que desprecia el cumplimiento de la ley, que tiene altos niveles de corrupción y que es ineficiente para combatir la delincuencia y para manejar la economía.


El dispendio no nada más de gasto, sino la pérdida de horas hombre que debieran estar haciendo cosas productivas, es enorme. En otros países del mundo, aunque sí hay giras similares, sus formas y métodos son radicalmente diferentes, y no son tan frecuentes como en México. No sabemos cómo gobierna el Presidente, siendo México un país tan complicado, si no tiene un momento de reflexión para poder tomar decisiones conscientes e informadas. Necesitamos a un Presidente que con su Gabinete trabaje para el bien de la gente, que reflexione sobre lo que es necesario hacer para que en México se respete la Ley, para que haya instituciones fuertes y sólidas, para que no haya impunidad, que aplique políticas públicas para impulsar la economía y tome decisiones de estrategia y tácticas para combatir eficazmente al crimen organizado que cada vez se hace más soberano en los territorios que domina. Ya he mencionado en columnas anteriores, que el Presidente Peña está en sus últimas oportunidades de enderezar el barco en México. Por desgracia, todo parece que las cosas seguirán igual, y las giras Presidenciales se convierten en parte del problema.

¿Hay Solución de los Problemas que Padecemos?

por: Carlos Angulo

Estamos inmersos en escenarios políticos nunca antes vistos. La administración del Presidente Peña se encuentra en una marcada crisis cuyas consecuencias aflorarán en las próximas elecciones. Pero el régimen no es el único que se encuentra en crisis, también lo están los partidos políticos y, por consecuencia, la mayoría de los políticos en lo individual, a raíz de lo que se ha convertido en lugar común saberlo.

Finalmente el choque de la apertura democrática mexicana con las nuevas realidades de la globalización en la política, la interacción entre la sociedad y el mundo de las comunicaciones instantáneas, así como la frustración que ha causado en la gente el estancamiento económico, la inseguridad, los intentos del régimen de reinstalar el autoritarismo, aderezado con la displicencia de la mayoría de los políticos y la de la sociedad civil decepcionada de todo ello, nos está llevando al caldo de cultivo ideal para tener un rompimiento que nos pueda conducir hacia una dictadura de mano dura o una dictadura mesiánica tipo populista, o bien, y así lo deseamos, a la recomposición de las fuerzas de poder hacia una auténtica institucionalización y real apertura democrática con una sociedad responsable y participativa.

Ante este escenario, los “comentócratas” únicamente describen y se quejan del problema, pero pocos proponen o especulan hipótesis de solución. Pretendo en este breve espacio, establecer una hipótesis de solución: el problema que tenemos en México de donde derivan las calamidades que padecemos en general es el de la falta de un estado de derecho, de donde deriva la impunidad, la corrupción, los monopolios depredadores de los consumidores, la falta de productividad y la competitividad, la desigualdad económica y social, la injusticia, los millones de pobres, el crimen organizado, la inseguridad, la violencia y desapariciones, las violaciones de los derechos humanos, los moches, los conflictos de intereses, los sobre precios en las ventas de bienes y servicios al gobierno, las licitaciones amañadas, y un largo etc., del gobierno. Por lo que corresponde a la sociedad civil, existe la cultura del no pago y de la tranza, la falta de declaraciones de los ingresos para el pago de los impuestos, la economía informal, la colusión con los competidores para fijar precios, la explotación de los trabajadores al no inscribirlos al IMSS, el abuso a los empleados domésticos, el trabajo infantil, la trata de personas, y muchos etc.

Todas las violaciones descritas se dan por muchas razones y no porque, como dijo el Presidente Peña, esté en nuestra cultura. Nuestro sistema político autoritario generó la cultura del favor y el clientelismo, con un gobierno patrimonialista. La ley es una mera referencia, un especie de saque para que yo gobierno te haga el favor de perdonarte tu incumplimiento, ya sea no persiguiendolo o hacerte una regla general o particular como gremio o individualmente, para mantenerte controlado. Esto genera una actitud del gobernado de que ladrón que roba a ladrón tiene cien años de perdón, y a su vez, el particular hace lo posible para engañar al gobierno para sacarle más provecho al favor concedido.

Esta estructura de manejo del poder ha generado grandes desigualdades económicas y pérdida de competitividad, ya que los cercanos al poder, sacan grandes beneficios que reparten a sus cómplices en el gobierno, generándose fortunas incalculables y miseria en los que no se encuentran en “la jugada”.

Todo lo anterior genera la convicción social del “que no transa no avanza”, creándose una cadena interminable de faltas de ética en el quehacer cotidiano, se trate o no se trate de asuntos con el gobierno. El régimen de Peña impulsa un acendrado regreso de lleno a las reglas no escritas de navegación dentro de un ambiente en donde la ley no impera, con la dicotomía de que lo que más se ufana el régimen es en presumir las reformas estructurales que no son otra cosa más que nuevas reglas de un estado de derecho que en sí no se cumple.

¿Qué se necesita para resolver este problema? Creemos que es necesario empezar por la cúspide del poder que fue la que creo este sistema perverso, haciendo la reforma estructural que es la piedra angular para solucionar este sistema maléfico; esta es la reforma de transparencia en el quehacer del gobierno. Si todo el actuar del gobierno, los proyectos de obra, las licitaciones, los pagos de avance de obra y de los contratos de servicios se publican por medios electrónicos, a través de la Internet y se televisan en tiempo real las juntas de aclaraciones y las comunicaciones de los particulares con los órganos de gobierno, entonces se pueden crear observatorios ciudadanos, formales e informales, contralorías sociales para vigilar constantemente lo que pasa en el gobierno. Si establecemos la nulidad de los contratos cuyos actos no se publiciten y la sanción inmediata de destitución del cargo al funcionario que incumpla con esta obligación, tendremos una transparencia generalizada que es la mejor forma de evitar y prevenir la corrupción.

La segunda reforma que sigue después de la de transparencia, es la del sistema nacional anticorrupción (“SNA”), que establecería los mecanismos propicios para evitar la impunidad de los que violen la ley aún con la existencia de la transparencia.


El paso constitucional para la transparencia ya fue dado. Ya tenemos un sistema nacional de transparencia, ahora toca aprobar la legislación secundaria que implemente el sistema, para luego hacer la reforma constitucional para establecer el SNA, y establecer las instituciones autónomas que la implementen. Solo así podremos salir del marasmo político en el que nos encontramos, para dar pie a que las reformas estructurales produzcan los frutos que deseamos, que es que los mexicanos vivamos en un entorno adecuado para realizar nuestros anhelos en la vida.