viernes, 31 de mayo de 2013
jueves, 30 de mayo de 2013
miércoles, 29 de mayo de 2013
Aprobamos incluir referencia directa al Congreso de Anáhuac en la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales
En
la sesión ordinaria del 14 de marzo, los diputados aprobamos modificar el
artículo 18, inciso a, de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno
Nacionales, para incluir de manera directa la referencia al Primer Congreso de
Anáhuac, celebrado en 1813 y considerado el primer constituyente de la nación.
El
inciso “a” de ese artículo establece la fecha 6 de noviembre como
“Conmemoración de la promulgación del Acta de la Independencia Nacional por el
Congreso de Chilpancingo, en 1813”.
La
modificación propuesta señala: “Conmemoración de la promulgación del Acta
Solemne de la Declaratoria de Independencia de la América Septentrional por el Primer
Congreso de Anáhuac sancionada en el Palacio de Chilpancingo, en 1813.
En
el documento se indica que “el Congreso de la Anáhuac sentó las bases del
actual Congreso de la Unión del Estado Mexicano y el crisol de las ideas del
movimiento de independencia de 1810 que dieron identidad a nuestra nación
frente a la dominación del imperio español”.
En
dictamen fue aprobado por unanimidad con 426 votos a favor.
La
Comisión de Gobernación, que elaboró el dictamen, señala que se modifican
sendas propuestas presentadas en el 2011 por senadores de distintos grupos
parlamentarios y el Congreso del estado de Guerrero, impulsadas por
organizaciones de historiadores, académicos y sociedad civil.
Recuerdan
que la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales regula las
características, uso y ejecución de cada uno de los símbolos patrios,
“fomentando su respeto y veneración por las cuales se sustenta la unidad y los
valores más importantes de la República”.
El
dictamen se regresó al Senado de la República.
Ampliamos sanción por venta y comercialización de medicamentos caducos hasta nueve años de prisión y multa de 50 mil días de salario mínimo
Amigos:
Deseo
informarles que en la sesión del 28 de febrero aprobamos un dictamen que amplía
hasta nueve años de prisión y multa 50 mil días de salario mínimo las sanciones
a quien venda u ofrezca en venta, comercie, distribuya o transporte
medicamentos caducos.
El
dictamen reforma la fracción III del artículo 464 Ter de la Ley General de
Salud y surge de una iniciativa presentada en marzo de 2012 por el entonces
diputado de la LXI Legislatura Carlos Alberto Ezeta Salcedo.
En
el documento se menciona que en la actualidad la Ley General de Salud hace
referencia a los medicamentos caducos en su artículo 233, donde establece que
queda prohibida su venta y suministro.
Asimismo,
en el artículo 421 de la misma ley se establece una multa equivalente de seis
mil hasta 12 mil veces el salario mínimo general vigente en la zona económica
de que se trate, por lo que el diputado que presentó la iniciativa señala que
este castigo no es suficiente dada la gravedad del tema en cuestión.
En
el dictamen que aprobamos se establece una pena de uno a nueve años de prisión
y multa de 20 mil a 50 mil días de salario mínimo.
En
las consideraciones se expone que al igual que los alimentos industrializados,
las medicinas cuentan con una fecha de caducidad que, después de rebasarla, se
recomienda el desecho y la suspensión del consumo.
La
vida útil de los medicamentos se establece en pruebas que permiten a la
industria y a las autoridades determinar por cuánto tiempo y en condiciones
normales (o específicas, cuando, por ejemplo, requieren refrigeración) el
producto sigue garantizando las mejores condiciones de calidad y no hay riesgo
de algún daño en la salud.
Se
asegura que pasada la fecha de vencimiento de la caducidad, la mayoría de las
preparaciones farmacéuticas pierden eficacia y algunas pueden desarrollar un
perfil de reacción diferente y adversa en el organismo.
En
el mejor de los casos, un producto terapéutico ya caduco no tendrá efecto
alguno para restablecer la salud.
Desafortunadamente
también se corre el riesgo de que la sustancia activa haya modificado su
composición –por desnaturalización, oxidación o cualquier otro proceso– y
entonces hay el peligro latente de que provoque daños colaterales que se añadan
al mal original que motivó su uso.
La
minuta fue enviada al Senado para sus efectos constitucionales.
martes, 28 de mayo de 2013
Aprobamos dictamen para proteger las islas nacionales y evitar que sean puestas en venta
Amigos:
Les
quiero informar que en la sesión del 14 de marzo pasado, los diputados aprobamos
un dictamen para que las islas mexicanas no puedan ser desincorporadas del
dominio del Estado y entregadas a particulares, con el objeto de salvaguardar
la soberanía nacional y favorecer la conservación de la biodiversidad.
El
documento, aprobado con 429 votos a favor, propone reformar el artículo 6 de la
Ley General de Bienes Nacionales y adicionar un segundo párrafo al artículo 162
de la Ley Agraria.
Actualmente,
la Ley Agraria no establece que los terrenos nacionales o baldíos del
territorio insular no podrán ser enajenados ni desincorporados del régimen de
dominio público del Estado, señala el documento.
Asimismo,
la Ley General de Bienes Nacionales no contempla que las islas que pertenezcan
al territorio nacional estén sujetas al régimen de dominio público de la
Federación, lo que ha permitido la privatización de éstas y que puedan ser
puestas en venta, indica.
“Si
bien los artículos 27 y 48 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos señalan la jurisdicción de la federación sobre esos territorios, la
Ley Agraria puede desincorporarlos de su régimen y enajenarlos a los
particulares”, explica.
Esta
situación atenta contra la soberanía nacional, el desarrollo de actividades
económicas tradicionales de bajo impacto y el valor ambiental de las islas,
agrega el documento.
Afirma
que el que la Ley Agraria permita que se puedan enajenar y desincorporar
terrenos nacionales o baldíos del régimen federal, busca favorecer el
desarrollo de actividades económicas primarias como la agricultura.
Sin
embargo, dicha regla opera de forma genérica para territorio insular y el de la
plataforma continental, homologación que se considera incorrecta, ya que la
naturaleza de los terrenos no es la misma hablando en términos ambientales e
incluso de soberanía nacional, expone.
El
dictamen, que deriva de una iniciativa presentada en septiembre pasado por la
diputada Gabriela Medrano Galindo (PVEM), fue turnado al Senado para su
discusión y, en su caso, aprobación.
lunes, 27 de mayo de 2013
Exhortamos a la cancillería revisar con EU el Memorándum de entendimiento sobre repatriación segura, ordenada, digna y humana de mexicanos
Amigos:
El
pasado 7 de febrero, en la Cámara de Diputados exhortamos a la Secretaría de
Relaciones Exteriores a revisar con Estados Unidos el Memorándum de
entendimiento sobre la repatriación segura, ordenada, digna y humana de
mexicanos.
“El
objetivo es que se privilegien mecanismos de traslado que garanticen la llegada
segura, a sus lugares de origen, de nuestros connacionales, salvaguardando su
bienestar físico”, señala el punto de acuerdo presentado por el diputado David
Pérez Tejada Padilla (PVEM) y avalado por el Pleno.
Asimismo,
en el caso de niñas, niños y adolescentes se observará el respeto a sus
derechos establecidos en la Convención de los Derechos del Niño.
En
las consideraciones, se expone que autoridades del Condado Imperial,
California, señalaron que por tiempo indefinido aumentarán las deportaciones
semanales de indocumentados aprehendidos en otras fronteras, como Texas.
Los
detenidos son transportados vía aérea a Yuma para posteriormente deportarlos
por la garita de Calexico, California, a partir de las 05:00 horas y en grupos
numerosos.
La
Patrulla Fronteriza (Border Patrol) argumentó que no son deportaciones masivas
y que forman parte del regreso voluntario del Programa de Salida y
Transferencia de Extranjeros (Alien Transfer and Exit Program).
El
legislador del PVEM recordó que ese programa inició en diciembre del 2007 y su
objetivo principal es impedir un nuevo contacto de los migrantes con los
polleros, a quienes contratan para internarse en Estados Unidos.
Según
el memorándum y los arreglos locales, existen 26 puntos oficiales para llevar a
cabo deportaciones, pero Baja California registra el mayor número de
repatriaciones, principalmente por las Garitas de Mexicali y Tijuana.
Una
gran parte de los deportados tienen antecedentes penales por diversos delitos
como robo, asalto, violencia intrafamiliar, relacionados con drogas y sexuales.
“Con
el presente punto de acuerdo pretendemos mejorar la coordinación entre los
diferentes actores involucrados en la recepción de las/los migrantes, ya sean
entidades federales, estatales, municipales de ambos lados de la frontera, así
como las organizaciones de la sociedad civil”, señala el documento aprobado
este jueves.
También
menciona la creación de bases de datos binacionales e intercambio de
información, así como la implementación de la llamada Plataforma México.
viernes, 24 de mayo de 2013
Aprobamos reformas al Código Civil Federal para agilizar el procedimiento de adopción en el país
Amigos:
En
la sesión del 21 de febrero, aprobamos por unanimidad, con 422 votos a favor,
un dictamen que reforma y deroga diversas disposiciones del Código Civil
Federal para agilizar el procedimiento de adopción en el país y lo enviamos al
Ejecutivo para su promulgación.
Se
pretende agilizar el procedimiento de adopción y hacerlo transparente y
efectivo, salvaguardando siempre el interés superior de la niñez, se indica en
el documento que presentó la Comisión de Justicia tras analizar y avalar la
minuta que envió el Senado de la República en septiembre de 2011.
De
acuerdo con el dictamen, en México existen 34 mil niños esperando ser adoptados
por alguna familia, de los cuales el 77 por ciento se sitúan en un rango de
entre 7 y 18 años de edad y el 23 por ciento de 0 meses a 6 años.
Durante
la preparación de este documento en la Cámara alta, se realizaron en el 2007
cuatro foros regionales en Durango, San Luís Potosí, Quintana Roo y Tlaxcala,
para intercambiar experiencias, puntos de vista y propuestas entre los
distintos niveles de gobierno, estudiosos del tema, jueces, legisladores
locales y padres de familia.
Con
las reformas presentadas se pretende uniformar los criterios en las
legislaciones locales para contar con tipos de adopción iguales y
procedimientos similares, señala el dictamen.
Se
plantea crear un modelo único en todas las entidades y derogar la adopción
simple para evitar la evasión de la ley cambiando de domicilio los solicitantes
de adopción, hacia estados que tienen este tipo de procedimientos, que resultan
más fáciles de resolver y representan menor protección para el menor.
El
dictamen señala que se busca avanzar hacia la exclusión de la modalidad de
adopción simple o semiplena, buscando con ello garantizar al adoptado su
incorporación integral o absoluta a la familia del adoptante, con los mismos
derechos y deberes que un hijo consanguíneo.
Se
resalta la importancia del artículo 25 de la Ley para la Protección de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la cual tiene por objeto
garantizar a niñas, niños y adolescentes la tutela y el respeto de los derechos
fundamentales reconocidos en la Constitución Política.
El
dictamen reforma el artículo 391; y deroga la Sección Segunda, “De la Adopción
Simple”, con los artículos 402 al 410, del Capítulo V “De la Adopción”, del
Título Séptimo “De la Paternidad y Filiación”, del Libro Primero del Código
Civil Federal, para quedar como sigue:
Artículo
391. Los cónyuges o concubinos podrán adoptar, cuando los dos estén conformes
en considerar al adoptado como hijo y aunque sólo uno de los cónyuges o
concubinos cumpla el requisito de la edad a que se refiere el artículo
anterior, pero siempre y cuando la diferencia de edad entre cualquiera de los
adoptantes y el adoptado sea de diecisiete años cuando menos. Se deberán
acreditar además los requisitos previstos en las fracciones del artículo
anterior.
Aprobamos emitir moneda conmemorativa por el 150 natalicio y centenario luctuoso de Belisario Domínguez
Amigos:
En
la sesión del 21 de febrero, los diputados aprobamos por unanimidad emitir una
moneda conmemorativa del 150 aniversario del natalicio y el centenario
aniversario luctuoso de Belisario Domínguez Palencia, con un valor nominal de
20 pesos.
El
dictamen pasó al Ejecutivo federal para su promulgación.
La
Comisión de la Medalla Belisario Domínguez será la que envíe al Banco de México
el diseño del motivo que contendrá la moneda en el reverso, mientras que el
anverso debe contener el Escudo Nacional con la leyenda “Estados Unidos
Mexicanos”, formando el semicírculo superior.
Tendrá
las siguientes características:
- Diámetro: 32.0 mm (treinta y dos milímetros).
- Composición: Bimetálica, con dos aleaciones, una para su parte central y otra, para su anillo perimétrico, que serán como sigue:
- Parte central de la moneda. Aleación de cuproníquel, que estará compuesta en los siguientes términos:
- Contenido: 75 por ciento de cobre y 25 por ciento de níquel.
- Tolerancia en contenido: 2 por ciento por elemento, en más o en menos.
- Anillo perimétrico. Aleación de bronce-aluminio.
jueves, 23 de mayo de 2013
Participación del Dip. Carlos Angulo en el programa "Y ¿Usted qué Opina?" con el tema: PAN
Te invito a escuchar mi participación en el programa de radio del periodista Nino Canún "Y ¿Usted qué Opina?" del pasado 21 de mayo en el cual abordamos, junto con otros legisladores panista el tema referente a la sustitución del senador Ernesto Cordero como coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República .
Espero sea de tu agrado.
Aquí, lo puedes escuchar completo.
Participación del Dip. Carlos Angulo en el programa "Y ¿Usted qué Opina?" con el tema: Reforma Financiera
Te invito a escuchar mi participación en el programa de radio del periodista Nino Canún "Y ¿Usted qué Opina?" del pasado 16 de mayo en el cual abordamos, junto con otros legisladores de otros partidos el tema referente a la Reforma Financiera.
Espero sea de tu agrado.
Aquí lo podrás escuchar.
Los diputados aprobamos un dictamen para incorporar la perspectiva de género en la Judicatura Federal
Amigas
y amigos:
En
la sesión del pasado 21 de febrero, los diputados aprobamos por unanimidad, con
421 votos, un dictamen que mandata al Consejo de la Judicatura Federal a
incorporar la perspectiva de género en el desempeño de sus atribuciones y velar
porque lo cumplan los órganos a su cargo.
Dicha
incorporación se realizará de forma transversal y equitativa en el desempeño de
sus atribuciones, programas y acciones, con el objeto de garantizar a las
mujeres y hombres, el ejercicio y goce de sus derechos humanos, en igualdad de
condiciones, señala el documento que pasa al Senado.
La
reforma adiciona un último párrafo al artículo 81 de Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación y surge de una iniciativa de la diputada de la LXI
Legislatura, Lucila del Carmen Gallegos Camarena (PAN).
El
documento establece que se busca una mayor participación de las mujeres en los
puestos de decisión del Poder Judicial.
La
actualización y especialización que actualmente son dictados mayoritariamente
por las tardes o noches, se harían en horarios más cómodos para las
funcionarias que son madres, además de incorporar la perspectiva de género en
todos los programas.
Los
cambios de adscripción dejarían de constituir un limitante para las mujeres al
adquirir una nueva responsabilidad como juez o magistrada, entre muchos otros
beneficios tanto para las mujeres que forman parte del Poder Judicial de la
federación como para aquellas a las que se les imparte justicia.
Se
pretende que, a través de la incorporación de la perspectiva de género en los
programas y acciones del Poder Judicial, se contribuya a alcanzar el objetivo
supremo de la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres,
conforme a los principios de no discriminación y de igualdad.
El
dictamen adiciona un último párrafo al artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación, para quedar como sigue:
Artículo
81. ...
I.
a XLIII. ...
El
Consejo de la Judicatura Federal incorporará la perspectiva de género, de forma
transversal y equitativa en el desempeño de sus atribuciones, programas y
acciones, con el objeto de garantizar a las mujeres y hombres, el ejercicio y
goce de sus derechos humanos, en igualdad de condiciones y velará por que los
órganos a su cargo así lo hagan.
miércoles, 22 de mayo de 2013
Intervención en tribuna del Diputado Carlos Angulo Parra para hablar a favor de la Reforma del artículo 27 Constitucional
Sesión del 23 de abril de
2013
El Presidente diputado
José González Morfín:
Tiene ahora el uso de la voz
para hablar a favor del dictamen, el diputado Carlos Angulo Parra, del Grupo
Parlamentario del PAN.
Si me permiten, aprovecho la oportunidad para dar la más cordial bienvenida a la sesión, a un grupo de alumnos de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Invitados por la diputada Brenda María Izontli Alvarado Sánchez. Bienvenidos a la sesión.
El diputado Carlos Fernando Angulo Parra:
Con su permiso, señor presidente.
Quiero nada más hacer unas puntualizaciones en relación con mis compañeros que han estado haciendo señalamientos en contra de esta reforma.
En primer lugar debemos de tomar en cuenta de que no sé a qué le tenemos miedo; no nos van a invadir los extranjeros a través de compra de bienes-inmuebles. Si va a haber una invasión va a ser simple y sencillamente a través de la tecnología moderna que existe en todos lados. No le temamos a la propiedad de los bienes-inmuebles.
Ahora bien pudiera haber alguna duda relacionada con propiedad estratégica en las fronteras o en las costas. Bueno creo que es mucho más estratégico el Distrito Federal o las capitales de los estados y nada más hay una sola capital de los estados que se encuentra en la zona restringida, ahorita está totalmente abierta por parte de nuestra Constitución la adquisición de bienes-inmuebles por parte de extranjeros.
Entonces, ¿a qué le tenemos miedo? Yo creo que no hay ningún miedo. Hay una gran oportunidad. La generación de empleos, la generación de riqueza y prosperidad de la nación es una de nuestras primeras prioridades como Congreso de la Unión. Debemos de tomar en cuenta que históricamente existe una gran oportunidad, gran oportunidad de aprovechar un mercado que se va a presentar quizás una vez en la historia, que es el mercado económico a nivel mundial de las personas retiradas, los famosos baby boomers que nacieron entre 48 y 58 que tienen una gran capacidad económica y están empezándose a retirar y la mejor forma de retirarse es aprovechar las playas mexicanas, las áreas fronterizas en donde están cerca de su país para poder tener una segunda casa de recreo, una segunda casa en donde puedan disfrutar cabalmente.
Y esto, compañeras y compañeros, genera una gran oportunidad a la nación; de generación de empleos, de generación de urbanismos, de generación de grandes inversiones para poder atender esta gran masa de personas, que pueden aprovechar una circunstancia de ser propietario y poder heredar sus casas habitación. En todo el territorio nacional lo podemos hacer, lo pueden hacer los extranjeros sin ninguna restricción.
Las sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros pueden hacer actividades industriales y comerciales sin ninguna restricción, ¿por qué no van a poder las personas físicas extranjeras hacerlo?
No entiendo por qué tenemos que estar hablando de hace dos siglos de una amenaza del narcotráfico. Por Dios, el narcotráfico no necesita ser propietario de nada, nada más llega y se mete simple y sencillamente.
No tengamos esa paranoia, compañeros, pongamos los pies en la tierra. Llevemos al país a la modernidad y acabemos con esta clase de tabúes constitucionales.
Muchas gracias, señor presidente.
Avalamos fomentar que estados y municipios utilicen a Mipymes como proveedores
Amigos:
Por
este medio les quiero informar que en la sesión ordinaria del pasado 21 de
febrero aprobamos con 402 votos a favor y uno en contra, un dictamen para que
la Secretaría de Economía promueva que estados y municipios utilicen como
proveedores a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes).
Se
busca fortalecer las capacidades de desarrollo de las Mipymes, “a través de
planes, programas y proyectos que coadyuven a la creación, permanencia y
consolidación de estos agentes de la economía”, se menciona en el documento que
es enviado al Senado para su análisis y, en su caso, aprobación.
La
iniciativa, presentada en agosto de 2012 por el entonces diputado Miguel Ángel
García Granados (PRI), adiciona diversas disposiciones a los artículos 4 y 12
de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa.
“Es
clara la necesidad de promover los encadenamientos productivos… cobrando
especial relevancia los encadenamientos con Mipymes, pues éstas representan
99.8 por ciento de las empresas del país y generan 72.3 por ciento del empleo
en México”, afirma el documento.
El
dictamen, turnado al Pleno por la Comisión de Competitividad, propone también
que facilitar el acceso al financiamiento de las Mipymes conformadas por
mujeres, sea un objetivo de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
Se
busca contribuir a la inclusión femenina en el mercado laboral y ampliar sus
posibilidades y potencial de participación en el sector formal de la economía.
“Las
micro, pequeñas y medianas empresas constituyen en muchos casos la única salida
que tienen las mujeres para obtener los ingresos económicos tendentes al
sostenimiento familiar”, agrega el texto.
Con
estas modificaciones a la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la
Micro, Pequeña y Mediana Empresa se obtendrán beneficios como crecimiento
económico, incremento de la productividad, generación de empleo, transferencia
tecnológica y organizativa e innovación, concluye el dictamen.
martes, 21 de mayo de 2013
Conoce los logros alcanzados por los Diputados del PAN en este periodo de sesiones
Los
diputados trabajamos para ti y tu familia. Por ello impulsamos reformas que
mueven a México como:
Se
presentó iniciativa de Reforma Electoral: Más poder al ciudadano
Reforma
Telecomunicaciones: logramos convertir al sector para hacerlo más competitivo.
Reforma
Fuero: hicimos realidad una demanda histórica de los mexicanos; hoy todos somos
iguales ante la ley.
Reforma
Transparencia: Hemos perfeccionando los mecanismos de funcionamiento
institucional del IFAI para que siga siendo un instituto de y para los
ciudadanos.
Consejero
IFE: Levantamos la voz, junto con todos los mexicanos, para no permitir que se
partidice el Instituto Federal Electoral; es una de los mayores logros
políticos de una generación de ciudadanos responsables y en Acción Nacional
seguiremos velando por elecciones limpias.
Reforma
Educativa: En el PAN siempre hemos creído que la clave para un mejor país, es a
través del cambio de raíz en nuestro sistema educativo.
Reforma
Amparo: Logramos modernizar el sistema de impartición de justicia en México de
acuerdo a los estándares internacionales de protección de Derechos Humanos.
Reforma
protección periodistas: Les hemos ofrecido mayor protección a los periodistas
contra cualquier atentado a la libertad de expresión.
Reforma
Víctimas: Hoy las víctimas de nuestro país tienen más derechos que nunca. El
Estado está obligado a hacerse responsable e indemnizar de la víctimas del
Narcotráfico.
También
iniciamos el proceso de Juicio Político en contra del Gobernador de Veracruz y
la Secretaria de Desarrollo Social con base en las pruebas presentadas en el
CEN del PAN.
lunes, 20 de mayo de 2013
Aprobamos reforma para elaborar y publicar un Atlas Nacional de Zonas Factibles para Desarrollar Proyectos Generadores de Energías Renovables
En
la sesión del pasado 14 de febrero, los diputados aprobamos una minuta que nos envió
el Senado de la República para elaborar y publicar un Atlas Nacional de Zonas
Factibles para Desarrollar Proyectos Generadores de Energías Renovables y pasa
al Ejecutivo para sus trámites correspondientes.
Con
esta reforma, aprobada con 399 votos a favor, cero en contra y cero
abstenciones, se contará con la información geográfica necesaria para definir
localización de proyectos y potenciales de generación, que permitirán apoyar la
toma de decisiones y autorización de proyectos, señala el documento.
En
la justificación de la reforma se establece que en la actualidad es bajo el
porcentaje de aplicación de las energías renovables en el total de la capacidad
instalada para la generación de electricidad y eso se debe a la falta de visión
para adoptar de manera amplia las energías renovables.
El
documento adiciona una fracción VII, recorriéndose la actual en su orden, al
artículo 6 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el
Financiamiento de la Transición Energética, con el propósito de contar con un
instrumento técnico que permita:
1.
Conocer las zonas que son factibles para desarrollar proyectos generadores de
energías renovables.
2.
Servir como instrumento técnico oficial de apoyo para la realización de
proyectos generadores de energías limpias.
3.
El promover la inversión y desarrollo de proyectos generadores de energías
limpias.
4.
Servir como documento oficial.
5.
Facilitar la declaratoria de “uso de suelo” factible para la generación de
energía renovable.
La
modificación quedaría de la siguiente manera:
Artículo
Único. Se adiciona una fracción VII, recorriéndose la actual en su orden, al
artículo 6 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el
Financiamiento de la Transición Energética, para quedar como sigue:
Articulo
6o. ...
I. a V. ...
I. a V. ...
VI.
Establecer y actualizar el Inventario Nacional de las Energías Renovables, con
programas a corto plazo y planes y perspectivas a mediano y largo plazo
comprendidas en el Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías
Renovables y en la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el
Aprovechamiento Sustentable de la Energía;
VII.
Elaborar y publicar el Atlas Nacional de Zonas Factibles para Desarrollar
Proyectos Generadores de Energías Renovables; y
VIII.
Las demás que en esta materia le otorguen esta Ley u otros ordenamientos.
Aprobamos decretar el 2014 como “Año de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán”
Amigos:
Les
quiero informar que en la sesión del 14 de marzo, los diputados aprobamos, con
416 votos a favor, decretar el 2014 como el “Año de la Promulgación de la
Constitución de Apatzingán” para conmemorar el Bicentenario de este hecho
histórico.
La
propuesta presentada por el diputado Salvador Ortiz García (PRI), indica que
este acontecimiento es uno de los primeros que buscaron consolidar la identidad
e independencia de la nación mexicana.
Señala
que el “Decreto Constitucional para la Libertad para la América Mexicana”,
texto legitimado por el movimiento Insurgente en Apatzingán, el 22 de octubre
de 1814, fue la primera constitución escrita.
En
la exposición de motivos, los integrantes de la comisión indican que tiene el
propósito de que los mexicanos rememoren las motivaciones de los próceres de la
nación que sirvieron de base para la consolidación de la soberanía del país.
Enfatiza
que los procesos de independencia de los pueblos son fundamentales en su
desarrollo, al ser los que inician su nacimiento como nación soberana.
Conmemorar
la promulgación del texto de Apatzingán permitirá recordar a los fundadores del
republicanismo mexicano y los procesos independentistas que influyeron en las
futuras constituciones de México, señalan los diputados de la Comisión.
El
dictamen fue enviado al Senado de la República.
Avalamos dictamen que obliga a gobiernos a formar y acreditar defensores públicos, intérpretes y traductores para indígenas
Amigos:
Siguiendo
con mi labor de informarles sobre mi trabajo legislativo en el periodo
ordinario pasado, les quiero comentar que el 14 de marzo, los diputados aprobamos,
con 431 votos a favor, un dictamen que reforma la Ley General de Derechos
Lingüisticos de los Pueblos Indígenas, para contribuir a que el acceso a la
justicia sea real y efectivo para todas estas personas.
El
dictamen reforma la fracción XI del artículo 13 de esa ley, para establecer la
obligación del Estado, en sus distintos órdenes de gobierno, de “apoyar la
formación y acreditación profesional de defensores públicos, intérpretes y
traductores en lenguas indígenas nacionales y español”.
La
iniciativa, presentada el 30 de abril del 2012 por el diputado de la pasada
legislatura, Edgar Chaire Chavero (PAN), señala que México es un país con una
vasta población indígena, con unos 62 grupos etnolingüísticos que representan
más de la décima parte de la población mexicana.
De
acuerdo con el censo poblacional 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi), 15.7 millones de personas se consideran indígenas y seis millones 913
mil 362 de tres años y más hablan lengua indígena, principalmente maya,
náhuatl, zapoteco y mixteco.
Las
entidades con mayor población indígena, según el tipo de hogar de pertenencia,
son Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Yucatán, estado de México, Puebla e
Hidalgo.
Esta
diversidad cultural y lingüística está reconocida en el artículo 2 de la
Constitución Política, donde también se señala su derecho a preservar y enriquecer
sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e
identidad.
Asimismo,
plantea que para acceder plenamente a la jurisdicción del Estado, en los
juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán
tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales, además de ser
asistidos por intérpretes y defensores con conocimiento de su lengua y cultura.
Sin
embargo, los indígenas siguen siendo discriminados al momento de acceder a la
jurisdicción del Estado, porque los juicios en que se ven involucrados están
con frecuencia plagados de irregularidades por la falta de intérpretes y
defensores capacitados, así como porque ministerio público y jueces ignoran sus
costumbres jurídicas.
En
el documento se recuerda que en febrero del 2012, el Comité de Naciones Unidas
contra la Discriminación Racial presentó al gobierno de México recomendaciones
en la materia.
Ese
organismo planteó “proseguir con su tarea para garantizar el acceso pleno de
las personas indígenas a defensores públicos y funcionarios de justicia
bilingües en los procedimientos judiciales, así como a garantizar el acceso a
servicios de interpretación culturalmente apropiados durante todo el proceso
judicial”.
El
dictamen fue turnado al Senado de la República.
viernes, 17 de mayo de 2013
Aprobamos dictamen para adecuar la Ley General de Educación a reforma constitucional que en 2012 estableció carácter obligatorio de educación media superior
Por
este medio quiero informarles que en la última sesión del periodo ordinario
pasado aprobamos el dictamen de una minuta del Senado para adecuar la Ley
General de Educación a la reforma del artículo 30 constitucional, que establece
el carácter obligatorio de la educación media superior, y la envía al Ejecutivo
federal para su promulgación.
El
dictamen fue avalado por 430 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones.
Esa
reforma al artículo 30 constitucional se publicó el 9 de febrero de 2012 y
especifica la obligación del Congreso de la Unión y las legislaturas estatales
de realizar las adecuaciones correspondientes y demás disposiciones legales
aplicables en la materia, dentro de los 180 días siguientes a la publicación
del decreto.
El
documento establece que en la última década la matrícula en educación media
superior creció a una tasa media anual de 3.3 por ciento y en el ciclo
2011-2012 alcanzó los 4.3 millones de alumnos, pero en el 2007 sólo el 47 por
ciento de los inscritos concluyó esos estudios.
También
señala la falta de compatibilidad entre opciones y la ausencia de coordinación
entre instancias que las ofrecen.
“Aunque
existen similitudes entre las categorías y opciones administradas por el
gobierno federal y las que ofrecen las entidades federativas, lo cierto es que
cada institución tiene disposiciones normativas propias y opera, al menos, un
plan de estudios distinto, además, “no hay vínculo y comunicación entre
instituciones”, afirma.
Por
esa razón, la reforma presentada no pretende crear una plataforma curricular
única aplicable a todas las instituciones de educación media superior.
Se
plantea un mecanismo que posibilite un marco curricular común que defina un
perfil de quien concluye este nivel educativo y que, de manera transversal,
permee los sistemas de bachillerato tecnológico, bachillerato general y
bachillerato profesional técnico, con respeto a características, modalidades y
localidad.
El
dictamen reforma los artículos 3o.; 4o., segundo párrafo; 9o.; 37, segundo
párrafo; 65, primer párrafo de la fracción I; y 66, fracción I; y se adicionan
la fracción IX Bis al artículo 12; y la fracción VI Bis al artículo 13, todos
de la Ley General de Educación.
En
los artículos tercer, cuarto, noveno, 65 y 66, se incluye el término de la
educación media superior, respecto a la obligación que tiene el Estado de
impartir este nivel de estudios y la obligación de los mexicanos para hacer que
los menores lo cursen.
Se
adiciona el inciso IX Bis al artículo 12, respecto a las atribuciones de la
autoridad educativa federal, para incluir que le corresponde “coordinar un
sistema de educación media superior a nivel nacional que establezca un marco
curricular común para este tipo educativo, con respeto al federalismo, la
autonomía universitaria y la diversidad educativa”.
También
adiciona el inciso VI Bis al artículo 13, sobre las competencias de las
autoridades educativas locales, para señalar las atribuciones de “participar en
la integración y operación de un sistema nacional de educación media superior
que establezca un marco curricular común para este tipo educativo, con respeto
a la autonomía universitaria y la diversidad educativa”.
En
el artículo 37, respecto a la educación media superior y sus equivalentes, se
agrega que “se organizará, bajo el principio de respeto a la diversidad, a
través de un sistema que establezca un marco curricular común a nivel nacional
y la revalidación y reconocimiento de estudios entre las opciones que ofrece
este tipo educativo”.
jueves, 16 de mayo de 2013
martes, 14 de mayo de 2013
Aprobamos derogar del Código Civil Federal la figura de los esponsales, consiste en la promesa de matrimonio
Amigos:
Quiero
informarles que en la sesión del 14 de marzo, los diputados aprobamos en el Pleno,
con 408 votos a favor, dos en contra y dos abstenciones, derogar del Código
Civil Federal la figura de los esponsales, que consiste en la promesa de matrimonio
de futuros contrayentes, por obsoleta.
El
documento fue propuesto por las diputadas Verónica Beatriz Juárez Piña y Alfa
Eliana González Magallanes (PRD) y avalado por la Comisión de Justicia que presentó el dictamen al Pleno, el cual fue
turnado al Senado de la República.
“La
institución de los esponsales desde hace mucho tiempo se encuentra inoperante,
obsoleta e inadecuada a las necesidades reales de la población, en virtud de
que ya no responde a las expectativas de la sociedad actual”, indicaron las
legisladoras en su exposición de motivos.
Señalaron
que la promesa de matrimonio que se hacen los futuros contrayentes no genera
derechos ni obligaciones a futuro, en virtud de que el matrimonio sólo adquiere
validez jurídica al llevarse a cabo con las solemnidades y los requerimientos
que establece el Código Civil Federal.
Los
esponsales, agregaron, “sólo tiene importancia desde el punto de vista de la
costumbre, pero no desde el punto de vista del derecho civil mexicano, por lo
que la ley no obliga a contraer matrimonio ni a ejecutar lo que se hubiese
convenido entre las partes para el caso de que no se cumpla.
“En
la actualidad, debido a la liberalización de costumbres y a la disminución de
la importancia social del matrimonio, los esponsales no tienen gran relevancia
jurídica, aunque en el plano social perviven bajo la forma de noviazgo”,
indicaron.
Se
destacó que la “convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad
mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios”, en el
artículo 1o., inciso 1), prohíbe la institución de los esponsales por
considerarlos prácticas reprobatorias de la sociedad.
Ese
documento establece que “no podrá contraerse legalmente matrimonio sin el pleno
y libre consentimiento de ambos contrayentes, expresado por éstos en persona,
después de la debida publicidad, ante la autoridad competente para formalizar
el matrimonio y testigos, de acuerdo con la ley”.
A
pesar de que esa figura jurídica dejó de ser vigente para el derecho positivo
mexicano, aún está prevista en el Código Civil Federal.
Legisladores locales en Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo,
Michoacán, Jalisco, Distrito Federal, México, Oaxaca, Puebla, Querétaro,
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Yucatán y Zacatecas han derogado la
institución de los esponsales en los Códigos Civiles.
Sin
embargo, aún se conserva en el Código Civil Federal y en entidades federativas
como Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima,
Durango, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Tlaxcala, Tamaulipas, Tabasco, Sinaloa y
Veracruz.
El
dictamen propone derogar los artículos 139, 140, 141, 142, 143, 144 y 145 del
Código Civil Federal y pasó al Senado de la República.
lunes, 13 de mayo de 2013
Aprobamos iniciativa para que los polígonos de áreas naturales protegidas se puedan ampliar y cambiar uso de suelo para elevar su protección
Amigos:
En
la sesión del pasado 14 de febrero, los diputados aprobamos que los polígonos
de las áreas naturales protegidas puedan ser ampliados y se permita cambiar su
uso de suelo, únicamente si ayuda a elevar el nivel de protección de los
recursos naturales dentro de las mismas.
El
dictamen con proyecto de decreto, avalado con 374 votos a favor, adiciona un
segundo párrafo al artículo 62 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente.
El
documento se envió al Senado de la República por segunda ocasión, luego de que
la Cámara alta lo desechara en una primera ocasión.
La
propuesta fue presentada en 2007 por el entonces diputado Jorge Godoy Cárdenas
y devuelta a la Cámara de Diputados por el Senado en abril de 2012, por
considerar que con ella no se estarían combatiendo de raíz los problemas de
conservación y protección de muchas áreas naturales protegidas.
Sin
embargo, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de San Lázaro
retomó la iniciativa y consideró conveniente su aprobación, ya que actualmente
en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente no se
previene la disminución de la superficie de las áreas naturales protegidas.
“Si
en este momento la autoridad intentara favorecer intereses contrarios a los principios
de conservación y sustentabilidad, a fin de disminuir la superficie protegida
dentro de una poligonal, sus actos se encontrarían jurídicamente permitidos, al
no existir limitante alguna para reducir la extensión de áreas naturales
protegidas ni para redelimitar sus zonas y subzonas”, se expone en el
documento.
Al
fundamentar la propuesta, la diputada Adriana López Moreno (PVEM), presidenta
de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, afirmó que ésta evitaría
la discrecionalidad de la autoridad al determinar el polígono de las áreas
protegidas, contemplando la utilización natural de los suelos.
Aprobamos establecer en la Ley General de Desarrollo Social la prioridad e interés público de las campañas para prevenir el embarazo en adolescentes
Amigos:
Quiero
informarles que en la sesión del pasado 14 de febrero, los diputados aprobamos establecer
en la Ley General de Desarrollo Social que son prioritarias y de interés
público las campañas de planificación familiar y anticoncepción, enfocadas a
prevenir el embarazo en adolescentes.
El
dictamen, que aprobamos por unanimidad con 407 votos a favor, modifica la
minuta que envió el Senado de la República el pasado 19 de abril y se regresa a
la Cámara alta.
El
Senado había establecido que son prioritarias y de interés público las campañas
de prevención y control de enfermedades transmisibles, así como de control de
natalidad y de prevención de embarazos en adolescentes y los programas de
atención médica.
La
Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados consideró que las
campañas de prevención y control de enfermedades transmisibles, vistas como
prioritarias y de interés público, son un tema absolutamente distinto al
control de la natalidad y de prevención de embarazo adolescente que se pretende
adicionar.
Se
señala que si bien el embarazo adolescente está muy lejos de constituir una
situación óptima, no es una enfermedad, por lo que se consideró un error
incluir en la fracción II del artículo 19 lo propuesto.
Los
diputados consideramos que la propuesta debiera incluirse en una adición a la
fracción VI del citado artículo, estableciendo que son prioritarias y de
interés público las campañas de planificación familiar y anticoncepción
enfocadas a prevenir el embarazo en adolescentes.
sábado, 11 de mayo de 2013
Aprobamos crear Comisión Especial para Indagar el Funcionamiento de Denuncias en Materia de Permisos para Juegos y Sorteos
Amigos:
Quiero
informarles que en la sesión del 14 de
febrero, los diputados aprobamos la creación de una Comisión Especial para
Indagar el Funcionamiento de Denuncias en Materia de Permisos para Juegos y
Sorteos.
La
comisión fue integrada por 11 diputados que fueron designados por los grupos
parlamentarios, a través de sus coordinadores.
El
PRI tiene tres integrantes, el PAN dos, PRD dos, PVEM uno, PT uno, Movimiento
Ciudadano uno y Nueva Alianza uno.
La
creación de este grupo responde al mandato de la Comisión Permanente, que el
pasado 16 de enero aprobó un punto de acuerdo del diputado Ricardo Monreal
Ávila, coordinador de Movimiento Ciudadano.
El
punto de acuerdo se presentó ante presuntas autorizaciones irregulares de
permisos a casinos otorgadas a finales de la administración del ex presidente
Felipe Calderón Hinojosa.
Se
dio a conocer que la comisión contará con todas las atribuciones legales y
apoyos administrativos necesarios para cumplir con su objetivo y se extinguirá
en el momento en que éste se cumpla.
jueves, 9 de mayo de 2013
Avalamos dictamen que impulsa educación inclusiva y establece en la Ley General de Educación el derecho a recibir enseñanza en condiciones de equidad
En
la sesión del pasado 30 de abril, los diputados aprobamos por unanimidad, por
382 votos a favor, un dictamen para impulsar la educación inclusiva en el
sistema nacional y establecer en la Ley General de Educación que todo individuo
tiene derecho a recibir enseñanza en condiciones de equidad.
El
proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley
General de Educación en materia de educación inclusiva, deviene de una minuta
del Senado, modificada por la Comisión de Educación Pública y Servicios
Educativos de San Lázaro, por lo que se regresará a la cámara alta.
El
dictamen establece en la legislación que todos los habitantes del país tienen
las mismas oportunidades de acceso y permanencia en el sistema educativo.
Con
este objeto, señala que las autoridades educativas deberán desarrollar
programas de capacitación, asesoría y apoyo a los maestros que atiendan alumnos
con discapacidad y aptitudes sobresalientes.
Dicha
capacitación “promoverá el trato digno hacia estas personas por parte de los
educadores; asimismo, desarrollará las habilidades necesarias para sensibilizar
a la comunidad educativa sobre esta condición”, indica.
Agrega
que la autoridad educativa federal también deberá editar los materiales
educativos y libros de texto gratuitos en formatos accesibles.
Además,
deberá garantizar que los planteles de educación básica regular cuenten con
edificios e instalaciones accesibles, para favorecer la atención de personas
con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de comportamiento o
de comunicación, así como de aquellas con aptitudes sobresalientes.
Sin
embargo, esto no cancelará su posibilidad de acceder a escuelas de educación
especial.
El
dictamen plantea, asimismo, que entre los fines de la educación que imparta el
Estado se incluya fomentar la valoración de la diversidad y la cultura de
inclusión como condiciones para el enriquecimiento social y cultural.
También
proyecta que las instituciones del sistema educativo nacional impartan
enseñanza de manera que permita al estudiante su plena inclusión y
participación en la sociedad.
Propone
también que las organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro, que
tengan como objeto la promoción y el fomento educativo, puedan impartir
educación y obtengan apoyo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para
capacitar a su personal.
Presentamos, diputados de los siete grupos parlamentarios iniciativa de reforma constitucional para regular la deuda de estados y municipios
Amigos:
Les
quiero informar que en la sesión del 30 de abril, diputados de los siete grupos
parlamentarios presentamos una iniciativa de reforma constitucional para
regular la deuda de estados y municipios, que recoge en buena parte el
contenido de la minuta que aprobó el Senado de la República el pasado el pasado
16 de abril.
La
iniciativa figuró en el orden del día y poco antes de concluir la sesión se
turnó a comisiones para su dictaminación.
Con
ello, se busca cumplir con la Carta Magna en su artículo 72 inciso H, que
faculta sólo a la Cámara de Diputados para iniciar leyes en materia de
empréstitos, tras el diferendo que surgió luego que la cámara alta procesó el
documento que envió a San Lázaro.
Este
apartado señala que “la formación de las leyes o decretos puede comenzar
indistintamente en cualquiera de las dos Cámaras, con excepción de los
proyectos que versaren sobre empréstitos, contribuciones o impuestos, o sobre el
reclutamiento de tropas, todos los cuales deberán discutirse primero en la
Cámara de Diputados”.
En
la sesión se destacó que esta iniciativa seguirá el proceso legislativo
correspondiente y se consideró un signo y mensaje positivo que se esté
corrigiendo el procedimiento y al mismo tiempo se construya un entendimiento
respetuoso con los senadores.
El
presidente de la Cámara de Diputados, Francisco Arroyo Vieyra, explicó que la
iniciativa se dio gracias a un esfuerzo de conciliación entre todos los grupos
parlamentarios.
La
iniciativa que reforma los artículos 74, 79,108, 116, y 117 constitucionales y
está signada por los diputados del PRI Marco Antonio Bernal Gutiérrez, José
Manzur Quiroga, Manuel Añorve Baños, por Jorge Iván Villalobos Seáñez del PAN y
Miguel Alonso Raya (PRD).
También
por Arturo Escobar y Vega y Tomás Torres Mercado (PVEM), Ricardo Mejía Berdeja
(MC) Lilia Aguilar Gil (PT) y María Sanjuana Cerda Franco (NA).
En
la exposición de motivos se señala que en los últimos años los recursos que
distribuye el gobierno federal y los que generan los estados y municipios no
son suficientes para atender las necesidades de la población.
Por
esa razón, agrega, las entidades y municipios han tenido que hacer uso del
endeudamiento cada vez más para realizar inversiones en infraestructura.
“El
endeudamiento de los estados y municipios de México, que ha crecido en los
últimos años, lleva a un urgente replanteamiento sobre el manejo responsable de
las finanzas públicas”, precisa.
De
acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre 2000 y junio de
2012, la deuda de estados y municipios aumentó el doble que sus ingresos.
Esta
situación puso a muchos de ellos en riesgo de insolvencia financiera, limitó
sus posibilidades de endeudarse para proyectos realmente necesarios y paralizó
a algunos por la falta de liquidez ante sus proveedores.
En
los últimos 12 años la deuda de estados y municipios aumentó en más de 130 por
ciento.
Más
del 50 por ciento de esos recursos fueron erogados en los últimos cuatro años,
sin que se conozca con el suficiente detalle el destino de los mismos, las
tasas a las que fueron contraídos cada uno de esos créditos y las razones que
justificaron su contratación.
Se
subraya que la iniciativa en comento busca garantizar el uso responsable de la
contratación de financiamiento dentro o fuera del país; créditos, empréstitos o
préstamos para los gobiernos estatales y municipales, así como de su administración
transparente.
“Tenemos
la oportunidad de fortalecer el marco normativo dentro del respeto del
federalismo de nuestro país, por ello esta iniciativa se orienta a fijar
límites muy claros y precisos al endeudamiento de estados y municipios, que contribuirá
a disminuir el costo de la deuda al que cada vez acceden más”, dice el
documento.
miércoles, 8 de mayo de 2013
martes, 7 de mayo de 2013
Avalamos que la educación pública fomente aplicación responsable de innovaciones científicas y de Tecnologías de la Información y la Comunicación
Quiero
informarles que en la última sesión del periodo pasado, los diputados aprobamos
un dictamen por unanimidad, con 435 votos a favor, para que entre los objetivos
de la educación impartida por el Estado se contemple el fomento a la aplicación
responsable de las innovaciones científicas y tecnológicas.
Asimismo,
para que la autoridad educativa federal tenga la responsabilidad de fijar
lineamientos generales para el uso de las tecnologías aplicables al sistema
educativo.
El
dictamen reforma y adiciona los artículos 7, 12 y 14 de la Ley General de
Educación, en materia de uso y regulación de tecnología en el sistema educativo
nacional, deriva de una minuta enviada por el Senado en octubre de 2011 y tras
su aprobación en San Lázaro se regresa a la cámara alta por los cambios que
sufrió.
En
el documento se establece que las autoridades educativas federales y locales
deberán fomentar el uso responsable y seguro de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC) en el sistema educativo.
Con
esta medida se busca “apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus
competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del
conocimiento”, indica el texto.
“En
el ámbito educativo, el uso adecuado de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) puede contribuir al acceso universal a la educación, a la
equidad, a la labor y el desarrollo profesional de los educadores y a una
dirección y administración eficiente del sistema educativo”, asevera.
Agrega
que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la
Ciencia y la Cultura (Unesco), las TIC pueden contribuir al fortalecimiento y
la gestión de la planificación educativa, ampliando el acceso al aprendizaje,
mejorando la calidad y garantizando la integración.
No
obstante, reconoce que el acceso a los distintos sistemas de comunicación puede
acercar a los niñas, niños y jóvenes a diversos riesgos de los que pueden ser
víctimas, como la discriminación, violencia, explotación sexual y pornografía.
Por
ello, concluye, “es prioritario el establecimiento de dispositivos legales
-desde los enfoques normativo y de políticas públicas- para enfrentar los
aspectos relacionados con la Sociedad de la Información y Conocimiento, en
especial del Internet y las redes sociales digitales”.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)