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viernes, 10 de julio de 2015

Reformamos la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para establecer número 066 como plataforma única de recepción de emergencias

Amigos:

Les comparto que aprobamos en la sesión del 29 de abril de 2015, reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que el Centro Nacional de Prevención promueva la implementación en todo el país del número 066, como plataforma única de recepción de emergencias, denuncias y atención ciudadana.

Las modificaciones al artículo 130 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, fueron planteadas por el diputado Enrique Cárdenas del Avellano (PRI) en noviembre pasado y buscan establecer un número abreviado y único para servicios de protección civil, emergencias y denuncias.

Las reformas fueron avaladas con 362 votos a favor, cero en contra y cuatro abstenciones y se enviaron al Senado para sus efectos constitucionales.

Señala que al establecer en México un número único, se contribuye a impulsar que la atención de emergencias se articule de forma integral e incluir a los servicios de protección civil, emergencias, denuncias y atención a la ciudadanía, en un solo número evitando así la multiplicación.

Enfatiza que las reformas legales se deberán acompañar de esfuerzos suficientes para una implementación exitosa de políticas públicas a cargo de todos los actores involucrados, como lo es en este caso, de los servicios de comunicación y emergencias.

Con la reforma aceptada, el artículo 130, destaca que el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana promoverá que la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios establezcan el servicio de comunicación único de emergencia al que se refiere el artículo 111.

En el artículo 111 se menciona que dichos órdenes de gobierno, realizarán los trabajos para lograr la compatibilidad de los servicios de telecomunicaciones de su Red Local correspondiente, con las bases de datos criminalísticos y de personal del Sistema.

Precisa que el servicio de llamadas de emergencia y el de denuncia anónima operarán con un número único de atención a la ciudadanía y el secretario Ejecutivo adoptará las medidas necesarias para la homologación de los servicios.


En los artículos transitorios se indica que tanto la federación, como las entidades federativas efectuarán las tareas necesarias para su cumplimiento en un periodo no mayor a 180 días posteriores a la fecha de aprobación.

viernes, 23 de enero de 2015

Reformamos la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para garantizar el bloqueo de señal de teléfonos celulares desde los

Amigos:
Quiero informarles que en la sesión del 9 de diciembre aprobamos el dictamen de una iniciativa que reforma la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el propósito de garantizar el bloqueo de la señal de teléfonos celulares desde los penales y evitar delitos como las extorsiones a la población.
El documento establece la obligación de que las autoridades responsables de los equipos para bloquear este servicio en las cárceles y los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, presenten informes semestrales sobre su operación.
El reporte deberán entregarlo a la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, la cual está integrada por los titulares de los órganos de prevención y de reinserción social o sus equivalentes de la federación, los estados y el Distrito Federal.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), durante el año 2012 se cometieron cinco millones 994 mil 34 extorsiones.
La iniciativa adiciona un tercer y cuarto párrafos a la fracción VIII del artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, fue presentada el pasado 30 de abril por el diputado Guillermo Anaya Llamas (PAN), se aprobó por unanimidad, con 408 votos a favor, y se turna al Senado para su análisis.
El legislador señaló que muchos reos continúan delinquiendo desde la prisión, principalmente a través de la extorsión telefónica, aprovechando el adelanto tecnológico, lo que se ha podido efectuar ante la complicidad de algunos servidores públicos de los centros de reinserción social.
Con la reforma aprobada se pretende garantizar el bloqueo de las señales para el uso de teléfono celular, como figura en las modificaciones aprobadas en abril de 2012 a la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.
Esta medida tiene el propósito de contener y evitar la extorsión telefónica o que los delincuentes se comuniquen con sus cómplices que se encuentran fuera de la prisión, sostuvo el diputado que propuso la iniciativa.
La reforma aprobada determina:
Las autoridades responsables de la operación de los equipos, y los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, deberán entregar a la conferencia, semestralmente, un informe sobre la operación de los equipos, en concordancia con lo establecido en el artículo 190, fracción VIII, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
“En caso de incumplir con esta obligación, la conferencia dará vista a la autoridad competente, según sea el caso”.

martes, 6 de enero de 2015

Aprobamos reformas a Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a fin de armonizar marco normativo con Ley Orgánica de Administración Pública

Amigos:


Por este medio les quiero informar que en la sesión del 4 de septiembre, los diputados aprobamos un dictamen que reforma la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a fin de armonizar el marco normativo y adecuarlo a la nueva estructura que establece la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

El documento, avalado con 291 votos a favor, uno en contra y 10 abstenciones, reforma los artículos 27 y 29, y la denominación del capítulo V del título segundo; y deroga la fracción V del artículo 12, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Fue presentado en noviembre de 2013 por el diputado José Alberto Rodríguez Calderón, (PRI) y se turnó al Senado de la República para su eventual ratificación.

Señala que luego de las reformas y adiciones hechas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en enero de 2013, la estructura de las dependencias fue modificada y se eliminó de ésta a la Secretaría de Seguridad Pública.

Precisa que ahora las atribuciones en materia de seguridad, que tenía conferidas dicha dependencia, pasaron a formar parte de la Secretaría de Gobernación.

Dichas acciones contemplan encabezar políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública, la política criminal, así como proponer políticas de prevención del delito a nivel nacional, ejercer la fuerza pública a través de la organización, dirección y supervisión de la Policía Federal, entre otras.

La reforma al artículo 12 de la Ley deroga la fracción V, y deja de contemplar a la Secretaría de Seguridad Publica como parte integrante del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Asimismo, con la modificación al artículo 27 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se establece que la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública sea presidida por el titular de Gobernación, y no por el de Seguridad Pública Federal, como anteriormente.

En lo referente al artículo 29, la reforma establece que en el primer párrafo se cambie la denominación a titulares de seguridad pública y no secretarios como estaba estipulado.


En sus consideraciones, el dictamen asegura que los cambios permitirán que la legislación en la materia responda a la nueva realidad y estructura que guarda la Administración Pública Federal, contribuyendo a proporcionar mayor certeza jurídica.

viernes, 17 de enero de 2014

Aprobamos un dictamen para que pruebas de confianza de servidores de seguridad pública se realicen con respeto a los derechos humanos

Amigos:

Les informo que en nuestra sesión del 12 de noviembre, los diputados aprobamos, por unanimidad, con 436 votos a favor, un dictamen para que las pruebas de control de confianza a servidores de seguridad pública se realicen con respeto a los derechos humanos, y lo turna al Senado para su eventual ratificación.

El decreto, propuesto en octubre de 2012 por el diputado José Francisco Coronato Rodríguez (MC), reforma los artículos 22 y 25 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el artículo 17 de la Ley de la Policía Federal.

El documento aprobado señala que los procesos de control de confianza se han convertido en una de las principales responsabilidades de los diferentes órdenes de gobierno y representan una importante etapa para la profesionalización de las tareas de seguridad pública.

Sin embargo –expone- los procesos de certificación han sido lentos y muchas de las pruebas han sido cuestionadas por supuesta falta de objetividad y tratamiento científico.

Recuerda que el artículo primero de la Constitución establece que “todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”.

Por ello, la realización de cualquier tipo de pruebas o exámenes realizados por la autoridad competente deberá apegarse al respeto de los derechos humanos, agrega.

En el artículo 22 de Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública se añade que corresponde al Centro Nacional de Certificación y Acreditación verificar que las pruebas de control se realicen de acuerdo a normas técnicas y estándares mínimos que garantice la objetividad de los procesos de evaluación.

Asimismo, deberá evaluar la correcta aplicación de los procesos y que éstos se lleven a cabo con estricto apego al respeto de los derechos humanos y la dignidad del evaluado.

Además, se agrega al artículo 25 que la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia deberá fijar criterios objetivos para la regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, capacitación, profesionalización, evaluación, reconocimiento, certificación y registro de agentes del Ministerio Público y peritos.

Finalmente, se establece en el artículo 17 de la Ley de la Policía Federal que los procesos de evaluación de control de confianza para el ingreso o permanencia en la instancia deberán realizarse con total apego al respeto de los derechos humanos.

jueves, 26 de diciembre de 2013

Aprobamos que Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario supervise espacios y condiciones adecuadas para hijos e hijas de internas

Amigos:

Les comunico que en la sesión ordinaria del 3 de septiembre, aprobamos por 434 votos a favor, cero en contra, seis abstenciones, que la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario supervise que existan espacios y condiciones adecuadas para hijas e hijos de internas que vivan con ellas en los penales de todo el país.

El dictamen que aprobamos adiciona la fracción IX al artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con base en la iniciativa que presentó el diputado René Fujiwara Montelongo (Nueva Alianza) el pasado mes de abril y se turna al Senado para su eventual ratificación.

Señala que la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario deberá emitir lineamientos a los que deberán sujetarse la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios.

Estos lineamientos serán “para el establecimiento de espacios apropiados en los centros penitenciarios, para el sano desarrollo de las hijas e hijos menores de seis años de las mujeres reclusas que permanezcan al cuidado de ellas dentro de dichos centros”.

Se debe asegurar el desarrollo pleno e integral de estos menores, “atendiendo al principio del interés superior de la niñez”.

La propuesta de ley busca garantizar el establecimiento de espacios apropiados en los centros penitenciarios, para el sano desarrollo de las hijas e hijos menores de seis años de las mujeres reclusas.

Los espacios deberán satisfacer las necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento.

La Conferencia guiará el diseño, mecanismos de coordinación, ejecución, seguimiento y evaluación de los espacios.

miércoles, 30 de enero de 2013

Los diputados aprueban minuta del Senado para ampliar por 10 meses el plazo para certificar elementos de seguridad municipales, estatales y federales

La Cámara de Diputados aprobó la minuta del Senado de la República que amplía por 10 meses el plazo para aplicar la certificación, evaluación y control de confianza a los elementos de seguridad municipales, estatales y federales, el cual vencía el 3 enero próximo.

El Pleno dispensó de trámites la minuta, que reforma el artículo tercero transitorio de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y la discutió como asunto de urgente y obvia resolución.

Fue aprobado con 427 votos a favor, uno en contra y 18 abstenciones.

El documento también establece que el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública deberá presentarse ante el Senado de la República para rendir un informe del avance del programa, a los seis meses de la entrada en vigor de este decreto.

En el 2009 se estableció un plazo de cuatro años para llevar a cabo la certificación, evaluación y control de confianza de todos los elementos de seguridad pública en los tres niveles de gobierno y quienes no lo hubieran realizado antes del 3 de enero de 2013 serían separados del servicio.

Al fundamentar la minuta, el presidente de la Comisión Seguridad Pública, José Guillermo Anaya Llamas (PAN), señaló la urgencia de extender este plazo “para que no haya un caos en torno a la seguridad pública”.

“Es necesario recalcar que el 60 por ciento de las entidades federativas no ha cumplido con lo establecido en la ley”, agregó.

Mencionó que al 31 de octubre de 2012 se cumplió con la obligación de evaluar al 100 por ciento de los 71 mil elementos policiacos de la Secretaría de Seguridad Pública federal y la Procuraduría General de la República (PGR).

Explicó que los policías que no han sido sometidos a las pruebas de control de confianza, o los que lo hayan reprobado, tendrán que ser separados inmediatamente de los cuerpos policiacos.

Indicó que la decisión de extender el plazo para efectuar las pruebas de confianza, además, fue una decisión “prácticamente unánime de los gobernadores” en la reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, del lunes pasado, por lo solicitó al Pleno aprobar la minuta.

El dictamen fue turnado al Ejecutivo federal para su promulgación.
 
(Notilegis)