Diputados exhortamos a 20 congresos estatales a aprobar decreto que incluye la competitividad entre principios constitucionales que rigen la rectoría del Estado

Amigos:

Les quiero informar que en la sesión de 24 de abril los diputados exhortamos a 20 congresos estatales a aprobar el decreto que reforma los artículos 25 y 26 de la Constitución Política, para incluir la competitividad entre los principios constitucionales que rigen la rectoría del Estado.

El exhorto se hizo de manera directa a los congresos de Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Colima, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.

En el documento se recuerda que en la Cámara de Diputados aprobamos el 13 de diciembre de 2012 el dictamen que reforma los párrafos primero y último del artículo 25, así como primero y tercero del apartado A del artículo 26 de la Constitución Política.

Para que entre en vigor este dictamen se requiere que, tras su aprobación en el Congreso de la Unión, sea avalado por la mayoría de las legislaturas estatales, por ser una reforma constitucional, lo que hasta la fecha no se ha logrado.

En el documento se señala que uno de los más grandes desafíos que enfrenta el país es recuperar un crecimiento económico suficiente para generar los empleos necesarios.

Entre los requisitos para lograr ese objetivo figura la competitividad y por eso propone incluirla entre los principios constitucionales que rigen la rectoría del Estado del desarrollo económico de la nación y que se encuentran establecidos en el artículo 25 de la Carta Magna.

Con la inclusión de esta reforma en la Constitución, se afirma, el gobierno federal está obligado a conformar una política pública que atienda los rubros que conforman las condiciones de competitividad.

Proposición con Punto de Acuerdo:

“La Cámara de Diputados extiende un exhorto, en pleno respeto al principio de soberanía, a los Congresos de las entidades federativas de: Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Colima, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.

Para que en uso de sus atribuciones constitucionales y en vista de la importancia del asunto para el desarrollo económico del país, aprueben el proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos primero y último del artículo 25, así como el párrafo primero y tercero del apartado A, del artículo 26, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Aprobamos un dictamen para modernizar y simplificar disposiciones que rigen la actividad mercantil

Amigos:

En la sesión ordinaria del pasado 20 de marzo, los diputados aprobamos con 446 votos a favor, un dictamen que tiene por objeto la modernización y simplificación administrativa de las disposiciones que rigen la actividad mercantil con el propósito de impulsar la competitividad y la productividad a nivel nacional.

El dictamen, derivado de una iniciativa presentada por mi compañero, el diputado José Arturo Salinas Garza del PAN, reforma diversas disposiciones del Código de Comercio.

Asimismo, modifica las Leyes Generales de Sociedades Mercantiles, de Sociedades de Inversión, General de Títulos y Operaciones de Crédito, Federal de Derechos y Orgánica de la Administración Pública Federal.

Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Economía, mi compañero Mario Sánchez Ruiz afirmó que las modificaciones propuestas “tienden a la modernización y simplificación administrativa para gran parte de las actividades productivas en el país”.

Por ello, la Comisión de Economía y la de Hacienda y Crédito Público las consideran pertinentes, agregó.

La propuesta busca eliminar costos de trámites y cargas económicas para incentivar la creación de nuevos negocios, la atracción de mayores inversiones, la formalización de comercios ya existentes, y la creación de mayores fuentes de empleo, así como una mayor derrama económica.

Para ello, propone eliminar la obligación de publicar en medios impresos información sobre calidad mercantil, convocatorias a asambleas y estados financieros, y la sustituye por su publicación electrónica.

Flexibiliza también las reglas para reconocer y realizar acuerdos entre los accionistas, “a fin de favorecer la protección de los derechos de los grupos minoritarios”.

Elimina además el cobro de derechos asociados a la presentación extemporánea de avisos de uso o cambio de denominación o razón social y fortalece la figura de comisario como responsable de vigilar la conducción de las sociedades.

Igualmente, propone la homogenización y mejora de los procesos y manejo de la información del Registro Público de Comercio, el establecimiento de reglas sencillas para la gestión del sistema de garantías mobiliarias y el fomento de la industria del financiamiento y el perfeccionamiento de las figuras crediticias.

“Este grupo de propuestas, tal como puede observarse, están diseñadas especialmente para acelerar la actividad mercantil, así como para incrementar la productividad y competitividad de nuestros empresarios y emprendedores”, afirmó Sánchez Ruiz.

El dictamen se turnó al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.

Aprobamos reforma constitucional para impulsar la competitividad y política de desarrollo industrial, debe ser avalada por la mayoría de congresos estatales

Amigos:

Quiero informarles que en la sesión ordinaria del pasado 13 de diciembre, en el Pleno de la Cámara de Diputados aprobamos reformas a la Carta Magna para incluir la competitividad entre los principios constitucionales que rigen la rectoría del Estado en el desarrollo económico del país y la vincula a la implementación de una política de desarrollo industrial.

La iniciativa fue aprobada el 13 de diciembre de 2011 por el Senado de la República, y posteriormente enviada a la Cámara de Diputados, esta iniciativa la analizamos, discutimos y aprobamos en la Comisión de Puntos Constitucionales, de la cual honrosamente formo parte en calidad de secretario. 

Fue avalada en el Pleno con 432 votos a favor, cero en contra y seis abstenciones.

Reforma los párrafos primero y último del artículo 25, así como primero y tercero del apartado A del artículo 26 de la Constitución Política. Por modificar la Carta Maga debe ser aprobada por la mayoría de los congresos estatales para su promulgación.

En el documento se señala que uno de los más grandes desafíos que enfrenta el país es recuperar un crecimiento económico suficiente para generar los empleos necesarios.

Entre los requisitos para lograr ese objetivo figura la competitividad y por eso propone incluirla entre los principios constitucionales que rigen la rectoría del Estado del desarrollo económico de la Nación y que se encuentran establecidos en el artículo 25 de la Carta Magna.

Con la inclusión de esta reforma en la Constitución, se afirma, el gobierno federal está obligado a conformar una política pública que atienda los rubros que conforman las condiciones de competitividad.

Entre estos rubros figuran el sistema tributario, sistema educativo, sistema de ciencia, innovación y tecnología, logística y comunicaciones, costo de la energía, regulación de la competencia económica, condiciones del mercado laboral, fortalecimiento de los procesos de mejora regulatoria y consolidación del Estado de Derecho, entre otros.

Al insertarse en el artículo 25 la iniciativa propone que la competitividad se considere desde un punto de vista jurídico, globalizador, relevante y general.

También señala que resulta indispensable acompañarlo de otras previsiones en la Carta Magna y por ello propone la adición de un último párrafo al artículo 25, para establecer la obligación de determinar una política nacional industrial, que incluya vertientes sectoriales y regionales.

Señala que hace tiempo que México no tiene una política industrial nacional y que se ha mencionado con algún grado de ironía que “la política industrial mexicana es que no exista política industrial”.

Considera que vincular competitividad y política industrial en el orden constitucional, permitiría contar con instrumentos de política pública que hoy en día son insuficientes.

Un programa de competitividad y una política industrial otorgarán certidumbre a los actores del crecimiento económico y garantizarán la atención prioritaria de impulso y fomento que el Estado debe darles, se establece en el documento.

Señala que estas medidas deben incluirse en el Plan Nacional de Desarrollo, con programas, estrategias y tareas a realizar, para garantizar la vigencia, continuidad y actualización de las políticas de competitividad y de desarrollo industrial.

Considera que estos cambios facultarían a los Poderes Ejecutivo y Legislativo a diseñar e implementar políticas correspondientes y realizar las acciones encaminadas a cumplir sus objetivos.

Asimismo, a generar el marco normativo reglamentario que resulte necesario, como sería una ley reglamentaria para el desarrollo competitivo nacional en la que se definirían el conjunto de condiciones que deberían considerarse dentro de la política de fomento a la competitividad.

En el artículo 25 se establece que “la competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo”.

También señala: “promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial que incluya vertientes sectoriales y regionales”.

Asimismo, que “el Plan Nacional de Desarrollo considerará la continuidad y adaptaciones necesarias de la política nacional para el desarrollo industrial, con vertientes sectoriales y regionales”.