Los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación
Se
permitirán contratos con particulares en la explotación y extracción de
petróleo y demás hidrocarburos
Ciento
veinte días para regular contratos de servicio de producción y utilidad
compartidas, y de licencias con transmisión onerosa de hidrocarburos
La
reforma crea Fondo Mexicano de Petróleo para la estabilización y el Desarrollo
Diferencias
de opinión entre legisladores: oportunidad para obtener mayor rentabilidad de
recursos naturales, unos; obediencia del gobierno a empresas extranjeras, otros
11-12-2013.-
La Cámara de Diputados aprobó en lo general y con la mayoría calificada de 354
votos a favor, 134 en contra y cero abstenciones, la minuta que modifica los
artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política, en materia energética.
Con
estas reformas se permitirán los contratos con particulares en la exploración y
extracción del petróleo y demás hidrocarburos que se encuentren en el subsuelo
de la Nación, a fin de obtener ingresos que contribuyan al desarrollo en el
largo plazo. Tratándose de minerales radioactivos no se otorgarán concesiones,
se expone.
El
dictamen precisa que se podrán llevar a cabo “las actividades de exploración y
extracción mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través
de contratos con éstas o con particulares, en los términos de la Ley
Reglamentaria”.
Resalta
que el esquema jurídico vigente en México necesita ser reformado, con el
propósito de brindar un marco que permita un mejor aprovechamiento de la
riqueza nacional, que potencialice la generación de empleos, el crecimiento
económico y redunde en beneficios palpables para la economía de los mexicanos.
En
el artículo 27 se deja en claro que “en cualquier caso, los hidrocarburos en el
subsuelo son propiedad de la Nación”, y así deberá afirmarse en las
asignaciones o contratos. Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos
sólidos, líquidos o gaseosos en el subsuelo, la propiedad de la Nación será
inalienable e imprescriptible y “no se otorgarán concesiones”, añade.
La
Nación llevará a cabo las actividades de exploración y extracción de
hidrocarburos, a través de asignaciones de determinada superficie de terreno
que hará a favor de empresas productivas del Estado, en el entendido de que
Petróleos Mexicanos (PEMEX) transitará al modelo de empresa pública productiva,
para que éstas puedan a su vez realizar dichas actividades, o bien contratar
con particulares la realización de las mismas.
El
dictamen precisa que la exclusividad del sector público sobre las áreas
estratégicas, permanece intocado. Las actividades de exploración y extracción
del petróleo y los demás hidrocarburos en el subsuelo, así como el control del
sistema eléctrico nacional y el servicio público de transmisión y distribución
de energía eléctrica, se mantiene bajo la exclusividad del sector público.
Menciona
que se podrán crear empresas productivas cuya propiedad y control serán siempre
del gobierno federal, a efecto de llevar a cabo las actividades de exploración
y extracción de petróleo y demás hidrocarburos en el subsuelo, que se
incorporan como áreas estratégicas.
Se
crea el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo,
cuya institución fiduciaria será el Banco de México y tendrá como objetivo, en
los términos que establezca la ley, recibir, administrar y distribuir los ingresos
derivados de las asignaciones y contratos a que se refiere el artículo 27 de
esta Constitución, con excepción de los impuestos.
Además,
en el régimen transitorio se especifica que dentro de los 120 días naturales
siguientes a la entrada en vigor del decreto, el Congreso de la Unión deberá
realizar las adecuaciones al marco jurídico para “regular las modalidades de
contratación que podrán ser de servicios, de utilidad o producción compartida o
de licencia”.
Entre
los esquemas de contraprestaciones se deberán regular las siguientes: en
efectivo para los contratos de servicio, con un porcentaje de utilidad y para
los contratos de utilidad compartida.
De
igual manera, se establece como contraprestación un porcentaje de la producción
obtenida para los contratos de producción compartida. En tanto, se contempla la
transmisión onerosa de los hidrocarburos una vez que hayan sido extraídos del
subsuelo para los contratos de licencia o cualquier combinación de las
anteriores.
Se
faculta a la Secretaría de Energía (Sener) para que, con asistencia técnica de
la Comisión Nacional de Hidrocarburos, se encargue de adjudicar a Pemex las
asignaciones a las que se refiere el artículo 27.
El
organismo deberá someter a consideración de la Sener la adjudicación de las
áreas en exploración y los campos que estén en producción y en capacidad de
operar, a través de asignaciones; para ello, tendrá que acreditar que cuenta
con las capacidades técnicas, financieras y de ejecución necesarias para
explorar y extraer los hidrocarburos de forma eficiente y competitiva.
Para
ello, Pemex deberá presentar la solicitud dentro de los 90 días naturales
siguientes a la entrada en vigor del decreto.
En
cuanto al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos se prevé que se
conforme con cinco consejeros del gobierno federal, incluyendo al Secretario de
Energía, quien presidirá este órgano y tendrá voto de calidad, y por cinco
consejeros independientes.
Se
modifica el artículo 28 para indicar que “no constituirán monopolios las
funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las áreas estratégicas de
la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio
público de transmisión y distribución de energía eléctrica”.
También
incluye la exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos,
en los términos de lo estipulado en el artículo 27.
De
igual modo, se contempla cambiar el artículo 25 para que el sector público
tenga a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en
el artículo 28, manteniendo siempre el gobierno federal la propiedad y el
control sobre los organismos y empresas productivas del Estado que en su caso
se establezcan.
Especifica
que tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, y del
servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, así como
de la exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos, la Nación
llevará a cabo dichas actividades en términos de lo dispuesto en el artículo
27.
Se
añade que en las actividades citadas “la ley establecerá las normas relativas a
la administración, organización, funcionamiento, procedimientos de contratación
y demás actos jurídicos que celebren las empresas productivas del Estado, así
como el régimen de remuneraciones de su personal”.
Lo
anterior, “para garantizar su eficacia, eficiencia, honestidad, productividad,
transparencia y rendición de cuentas, con base en las mejores prácticas y
determinará las demás actividades que podrán realizar”.
En
los artículos transitorios se prevé que la ley establecerá la forma y los
plazos, los cuales no podrán exceder dos años a partir de la publicación de
este decreto, para que los organismos descentralizados denominados Petróleos
Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad se conviertan en empresas
productivas del Estado.
En
tanto se lleva a cabo esta transición, Pemex y sus organismos subsidiarios, así
como la CFE “quedan facultados para recibir asignaciones y celebrar los
contratos a que se refiere el presente decreto”.
Se
establece que “dentro de los 120 días naturales siguientes a la entrada en
vigor del decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones al marco
jurídico, a fin de regular las modalidades de contratación para que los
particulares, por cuenta de la Nación, lleven a cabo, entre otros, el
financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión, operación y ampliación de
la infraestructura necesaria para prestar el servicio público de transmisión y
distribución de energía eléctrica”.
Del
mismo modo, se incluyó en el régimen transitorio que los ingresos petroleros
del gobierno federal que se destinen a cubrir el Presupuesto de Egresos de la
Federación de cada año, se mantengan en el 4.7 por ciento del Producto Interno
Bruto, “que corresponden a la razón equivalente a la observada para los
ingresos petroleros de 2013”.
El
Ejecutivo federal podrá sugerir al Congreso de la Unión un programa de
sustitución de subsidios generalizados por subsidios focalizados en los insumos
energéticos.
Lo
anterior, con objeto de promover el aprovechamiento sustentable de la energía y
el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado
mexicano, así como el uso eficiente de recursos. Además, el Poder Ejecutivo
contará con los órganos reguladores coordinados en materia energética,
denominados Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de
Energía.
Argumenta
que en 2012, el país contaba con una producción diaria de 2.5 millones de
barriles de petróleo crudo y sólo se refinaron 1.2 millones de barriles al día,
teniendo que importar aproximadamente la mitad de las gasolinas y una tercera
parte del diesel que se consume.
Mientras
que en 1997 las importaciones de gasolinas representaban el 25 por ciento del
consumo nacional, para 2012 alcanzaron el 49 por ciento. “De seguir por el
mismo camino, México llegaría pronto a un escenario insostenible, en el que
tendríamos que importar los combustibles que alimenta a la industria”,
puntualiza.
La
reforma sienta las bases que permitirán a México acelerar su crecimiento y
aprovechar al máximo sus recursos. Se podría incrementar la producción de
petróleo en cerca de 1.5 millones de barriles de crudo diarios adicionales para
2025, lo que representa un aumento de 60 por ciento respeto de la producción
actual.
En
el caso del gas natural, la producción podría aumentar para ese mismo año,
aproximadamente a 7.3 miles de millones de pies cúbicos diarios, más del doble
de la producción actual. Además, el incremento en la inversión podría generar
un impacto positivo en el crecimiento del Producto Interno Bruto de alrededor
del 1 por ciento anual en 2018 y hasta 1.6 por ciento anual antes de 2025.
El
dictamen prevé en su régimen transitorio que las leyes respetarán en todo
momento los derechos laborales de los trabajadores que presten sus servicios en
los organismos, dependencias y entidades de la Administración Pública Federal
dedicadas a las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los
hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseoso, así como en las distintas
actividades a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Dicha
medida tiene el objetivo de evitar afectar a los trabajadores que actualmente
prestan sus servicios tanto en Pemex y sus organismos subsidiarios, como la
CFE; ello, con miras a sentar las bases de una adecuada interrelación entre
dichos organismos y las empresas privadas, que a partir de la entrada en vigor
del decreto podrán participar en la ejecución de la exploración y extracción
del petróleo y demás hidrocarburos que se encuentren en el subsuelo de la
Nación.
Asimismo,
en el artículo 25 constitucional se incluyó el concepto de sustentabilidad que
debe acompañar a los criterios de equidad social y productividad con los que se
apoyará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, en
beneficio general.
Posicionamientos
Luego
de que el Pleno rechazó tres mociones suspensivas presentadas por los
legisladores Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro (PRD), Lilia Aguilar Gil (PT) y
Carol Antonio Altamirano (PRD), dio inicio la discusión de la minuta del
dictamen en materia energética en lo general.
En
representación de Nueva Alianza, José Angelino Caamal Mena, consideró urgente
aprobar la minuta en materia energética porque de lo contrario, señaló, se
retrasaría el crecimiento y desarrollo del país. El diputado afirmó que es una
oportunidad para que el Estado mexicano obtenga una mayor rentabilidad en los
recursos extraídos del subsuelo.
“Valoramos
positivamente que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad se conviertan,
ahora sí, en industrias productivas del Estado mexicano. Este cambio de
naturaleza jurídica permitirá a ambas empresas competir por los contratos en el
sector, y operarán con una visión de productividad y ya no con una visión
política”, dijo.
El
diputado José Alberto Benavides Castañeda (PT) manifestó su rechazo a la minuta
porque las compañías petroleras extrajeras y en manos de particulares
recibirán, por parte del gobierno, consideraciones, en agravio del país. “Esta
reforma implicará obediencia del gobierno hacia las grandes compañías
petroleras extranjeras”, indicó.
Benavides
Castañeda aseguró que con la reforma energética la soberanía de la Nación
quedaría expuesta a simples “maniobras” del capital extranjero con la
posibilidad de incrementar sus ganancias “de manera indignante, y todo
facilitado por las condiciones de poca transparencia y corrupción que existen
dentro del gobierno”.
A
su vez, el coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano, diputado Ricardo
Monreal Ávila, señaló que modificar tres artículos constitucionales y
establecer 21 transitorios es una informalidad jurídica, ya que mientras el 27
constitucional sostiene la prohibición de otorgar concesiones, el 4º
transitorio admite el contrato de licencias que es sinónimo de adjudicación.
Expresó
que los transitorios establecen cuatro tipos de contratos: los de servicios,
utilidad compartida, producción compartida y licencia. De esta forma, resaltó,
“mientras la Constitución niega las concesiones, los transitorios las
reintroducen de contrabando. Esta reforma regresa a la privatización de Porfirio
Díaz, es privatizadora y se traducirá en mayor riqueza sólo para algunos”,
acotó.
Por
el PVEM, el diputado Ricardo Astudillo Suárez detalló que las reformas a la
Constitución generarán desarrollo económico, tecnológico y mayor
competitividad, ya que abre las puertas a la seguridad energética, da
transparencia y claridad a la explotación y exploración de los hidrocarburos y
el destino final de los recursos; asimismo, fortalece a Pemex y CFE.
Expresó
que es momento de modernizar y transformar a México, porque los ciudadanos
esperan que los legisladores sean capaces de buscar soluciones y mejorar su
calidad de vida y la de sus familias. Agregó que en el tema del medio ambiente,
se sube a rango constitucional el término sustentable para todo lo que tenga que
ver con explotación, lo que es un gran avance.
El
diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro (PRD) manifestó su voto en contra
porque la apertura que se propone “conduce a la extranjerización del sector
energético”, entrega el petróleo y la electricidad a especuladores
profesionales que operan en los mercados, privatiza y desnacionaliza los
recursos petroleros, gas natural y en hidrocarburos, campos de producción y
áreas de interés del crudo.
Señaló
que se desmantelan las infraestructuras de PEMEX y CFE y se entregan a los
empresarios para su operación en comodato, alianza y otras formas de
asociación. “Es una privatización directa, absoluta y total, pues sus
actividades productivas podrían transferirse al sector privado mediante
diversas figuras jurídicas y el Estado podría ser desplazado”.
De
la bancada de Acción Nacional, Juan Bueno Torio se pronunció a favor de la
reforma en virtud de que “beneficiará a todos los mexicanos y fortalece la
soberanía”. Asimismo, dijo, “es nacionalista y de vanguardia, pues proporciona
una mayor competitividad para que México crezca económicamente”.
Sostuvo
que no es posible transformar al sector energético “haciendo lo mismo que se
hace desde hace más de 70 años” y advirtió que el modelo de producción vigente
en el país “está, evidentemente, agotado”, lo que se refleja en la importación
del 51 por ciento de las gasolinas, el 35 por ciento del gas y el 75 por ciento
de los petroquímicos que se usan en el país.
El
diputado Eloy Cantú Segovia (PRI) enfatizó que su grupo parlamentario reafirma
su posición a favor de esta reforma que parte de un diagnóstico objetivo sobre
el sector energético, “que mantiene la propiedad de los hidrocarburos del
subsuelo en manos de la Nación mexicana y que no privatiza a las empresas petrolera
y de electricidad”. Destacó que la reforma energética tiene cuatro grandes
cualidades: “responsable, nacionalista, moderna y limpia”.
Explicó
que es responsable, porque busca financiar el desarrollo de la industria de
exploración y extracción del petrolero y gas sin poner el riesgo la economía
del país. Nacionalista, agregó, porque reduce la dependencia que hoy se tiene
del extranjero y fortalece la soberanía energética. Es moderna, porque contarán
con instrumentos apropiados para impulsar su crecimiento y competitividad, y es
limpia, porque promueve la utilización del gas natural como combustible de
transición, y fomenta el uso de fuentes de energía limpia, renovable y no
convencional.
Al
pronunciarse a favor, el diputado Rubén Camarillo Ortega (PAN) resaltó que “no
se está entregando un cheque en blanco” y advirtió que “con la misma convicción
que ahora apoyan la reforma, será también la firmeza con la que se exigirán
resultados al Ejecutivo. Estas modificaciones son profundamente nacionalistas y
permitirán impulsar el progreso del país”.
El
diputado Ricardo Mejía Berdeja (Movimiento Ciudadano) consideró que se está
dando un cheque en blanco para una dictadura presidencial, pues este dictamen
representa un golpe de Estado y de traición a la patria. “Están entregando el
petróleo y el gas de México; va haber un saqueo horrible; no es un acto para
generar un nuevo modelo de desarrollo petrolero y energético, sino un negocio
corrupto. No vamos a estar del lado de la infamia y de la traición”, afirmó.
Por
el PVEM, el legislador Arturo Escobar y Vega aseguró que con esta reforma en
los próximos cinco años México será otro país y esta legislatura será
reconocida como una de las más grandes de la historia. “No puedo entender cómo
se defiende una estructura energética absolutamente rebasada. Es inadmisible no
ir a una reforma constitucional. La soberanía nacional de poco sirve enterrada
en el fondo del mar. Hay que sacar estos recursos para dar bienestar,
educación, seguridad y una mejor vida a la población”.
En
contra, el diputado del PRD, Jorge Salgado Parra, sostuvo que se atropellan los
derechos de los mexicanos respecto a recursos que son de la Nación, como los
energéticos. La razón de Estado ha sido sustituida por la de empresa, como un
aspecto ideológico para privatizar sectores estratégicos, advirtió.
A
favor, el diputado del PRI, Javier Treviño Cantú, destacó que el país no puede
mantenerse en el inmovilismo petrolero cuando hay una revolución energética
global, en la que México puede reafirmarse como actor relevante; apuntó que la
era del petróleo fácil se acabó. Ahora se requieren recursos y mejor
tecnología, y debe actuarse para garantizar la seguridad energética,
puntualizó.
El
diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano (Movimiento Ciudadano) señaló que no
estaba de acuerdo con la reforma por la premura con que estaba tratando y
porque van a surgir muchos errores en ella. Además, dijo, la palabra “renta”
significa que “sigues siendo el dueño, pero ya no puedes entrar a esa casa,
solamente vamos a ver lo que pasa por la puerta del frente, pero no vamos a
saber cuántos barriles salen por la puerta de atrás, y esto es un verdadero
problema, porque las leyes secundarias no están elaboradas”.
De
Acción Nacional, el diputado Luis Alberto Villarreal García enfatizó que la
reforma traerá grandes beneficios como la creación de 100 mil empleos bien
remunerados cada año; crecimiento económico adicional anual de hasta un 2 por
ciento del PIB; soberanía energética, porque se dejará de comprar y de importar
de otros países la mitad del gas y de la gasolina que se consume, y sostuvo que
el precio de la energía eléctrica y el gas pueden llegar a disminuir hasta en
un 40 por ciento.
Al
hablar en contra, el diputado Silvano Aureoles Conejo (PRD) dijo que la reforma
representa la entrega del patrimonio nacional, de los energéticos,
hidrocarburos y electricidad a manos privadas que traerá una enorme
concentración del ingreso, el estancamiento del desarrollo y enriquecimiento de
los ya de por sí ricos, a costa de los bienes de la Nación. Por ello, resaltó,
“para el 2015 iremos a la consulta popular, para echar abajo esta reforma que
va en contra de los intereses nacionales”.
El
diputado Nabor Ochoa López (PVEM) exhortó a dejar las indiferencias y construir
una patria “impecable y diamantina”, para el país que necesitan los mexicanos,
ya que existen más de 50 millones en pobreza y 7 millones de jóvenes que no
trabajan ni estudian. “Recordemos la obligación que tenemos -los legisladores-,
cuando hay millones que esperan más de este Congreso. Vamos trabajando juntos y
correspondamos a este momento histórico”, afirmó.
En
contra, la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez (Movimiento Ciudadano)
aseguró que la debilidad de Pemex se debe al saqueo, la corrupción y el robo
del que ha sido objeto por parte de quienes lo controlan. De aprobarse la
Reforma Energética, sostuvo, “se hará más débil a la Nación, se irá en contra
de nuestra historia, de las leyes y del pueblo”.
A
favor del dictamen, la legisladora Paulina Alejandra del Moral Vela (PRI)
afirmó que en la propuesta de reforma no hay punto donde se asevere que Pemex
se privatizará. Contrario a ello, dijo, “habrá una gran conveniencia al emplear
la tecnología de punta de otros países y la inversión, para explorar
yacimientos a grandes profundidades”.
Javier
Salinas Narváez (PRD) mencionó que su voto sería en contra, ya que esta reforma
“es una afrenta y atraco a la Nación; rescata la redacción del gobierno
Cardenista, pero omite impedir la intervención de los particulares en la explotación
de los hidrocarburos. “Nos recetan ahora un dictamen privatizador que si bien
no se propone vender un sólo tornillo, es obvio que los contratos de utilidad
compartida van a sacar de la jugada a Pemex”.
Posteriormente,
hicieron uso de la palabra para rectificar hechos los diputados Agustín Miguel
Alonso Raya, Fernando Belaunzarán Méndez, Purificación Carpinteyro Calderón,
Amalia Dolores García Medina, Marcos Rosendo Medina Filigrana, Julio César
Moreno Rivera y Verónica Beatriz Juárez Piña, del PRD; Ricardo Cantú Garza, del
PT, y Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano.
Enseguida,
el presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya Cortés, informó que para
la discusión en lo particular se reservaron todos los artículos del decreto.
El
secretario de la Mesa Directiva, diputado Fernando Bribiesca Sahagún (Nueva
Alianza), detalló que estos son el 25, 27 y 28 de la Carta Magna, así como los
transitorios del uno al veintiuno por 73 diputados del PRD, 20 de Movimiento
Ciudadano y 8 del PT.
No hay comentarios:
Publicar un comentario