Les
comento que en la sesión el 24 de septiembre, los diputados aprobamos por
unanimidad, con 433 votos a favor, ampliar e implementar políticas de
protección a menores que padecen reclutamientos forzados de delincuencia
organizada y actos que afectan su salud emocional y sexual.
El
dictamen aprobado parte de una iniciativa suscrita por los diputados Ricardo
Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, modifica el
artículo 21, inciso C, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes, y se turna al Senado para su eventual ratificación.
Considera
que la elaboración e implementación de políticas eficaces en materia de
protección integral de la infancia en el contexto actual de la delincuencia
organizada, demanda la articulación de respuestas y adopción de mecanismos
internacionales adecuados.
También
señala la necesidad de adecuar el marco vigente en materia de protección de los
derechos de menores y estima que entre 30 mil y 50 mil menores están
involucrados en el crimen organizado.
El
documento indica que niñas y niños de entre 9 y 17 años son explotados por los
grupos criminales de diversas formas y están involucrados en unos 22 tipos de
delitos, que van desde el tráfico de droga, hasta secuestro y trata de
personas, extorsiones, contrabando y piratería.
Considera
que la delincuencia organizada mantiene esclavizados a más de 25 mil menores de
edad.
El
decreto que reforma el artículo 21 de la Ley para la Protección de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes establece:
Artículo
2l. Niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a ser protegidos contra actos
u omisiones dolosas que puedan afectar su salud física, mental, “emocional y
sexual”, su normal desarrollo o su derecho a la educación, en los términos
establecidos en el artículo 3o. constitucional. Las normas establecerán las
formas de prevenir y evitar estas conductas. Enunciativamente, se les protegerá
que se vean afectados por
C.
Conflictos armados, desastres naturales, situaciones de refugio o
desplazamiento, y acciones de reclutamiento para que participen en conflictos
armados y “de delincuencia organizada”.
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