En la sesión ordinaria del 5 de febrero, los
diputados aprobamos, en lo general y en lo particular, el dictamen que expide
el Código Nacional de Procedimientos Penales, para homologar la aplicación de
la justicia en el país, y lo turna al Ejecutivo federal para su promulgación.
El dictamen fue avalado por el Pleno en los
términos de la minuta enviada por el Senado de la República el pasado 5 de
diciembre.
Los diputados lo aprobamos en lo general por
407 votos a favor, 27 en contra y cinco abstenciones, y posteriormente rechazamos
unas 72 reservas presentadas por 21 legisladores, principalmente de PT, MC y
algunos del PRD.
Los artículos reservados fueron aprobados en
los términos del dictamen con dos votaciones, a la mitad y al final de
discusión, por 304 votos a favor, 105 en contra y una abstención y por 289 votos
a favor, 98 en contra y cero abstenciones.
El nuevo código homologa la aplicación de la
justicia en el país, tomando como base el modelo acusatorio, y establece las
normas que han de observarse en la investigación, procesamiento y sanción de
los delitos cometidos en el territorio nacional, ya sean competencia de los
órganos jurisdiccionales locales o federales.
Asimismo, señala los lineamientos para
esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede
impune y la reparación de los daños, respetando en todo momento los derechos
humanos.
Además, instituye la reglamentación de los
actos de investigación que se relacionen con la posible violación a derechos
humanos, o que afecten el debido proceso en el nuevo Código.
Reglamenta los cateos, la intervención de
comunicaciones privadas o tecnologías de la información, las órdenes de
aprehensión o detenciones, la toma de muestras sin el consentimiento del
imputado, el registro de la investigación, el descubrimiento de la investigación,
las inspecciones corporales, las entrevistas a testigos e imputado, y la
identificación de sospechosos.
También establece medidas alternativas de
solución de controversias, a efecto de resolver los conflictos que deriven de
conductas punitivas y, con ello, evitar juicios largos.
El pasado 28 de enero, la Comisión de
Justicia de San Lázaro aprobó en sus términos la minuta que envió el Senado y
turnó el dictamen al Pleno, para su discusión y eventual aprobación.
A partir del 9 de octubre de 2013, el
Congreso de la Unión quedó facultado para expedir un código penal único para
las 32 entidades del país, lo que permitiría juicios más expeditos y
transparentes.
Esto en cumplimiento de la reforma
constitucional en la materia, efectuada en 2008, mediante la cual se estableció
que el sistema acusatorio tendría ocho años para entrar en vigor y que para
2016 deberían estar unificados todos los sistemas penales del país.
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