Por este medio quiero comunicarles que aprobamos en lo general y en lo particular, un dictamen de las Comisiones Unidas de Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el cual expide la Ley de Transición Energética, y lo turnó al Senado para su análisis y eventual ratificación.
El documento deriva de una iniciativa presentada
en octubre pasado por la diputada María Isabel Ortiz Mantilla (PAN) y otros
legisladores de ese grupo parlamentario. Es reglamentario de la reforma
constitucional en materia energética, promulgada en diciembre de 2013.
El dictamen fue aprobado en lo general por
299 votos a favor, 83 en contra y tres abstenciones. Tras rechazarse de manera
gradual las reservas presentadas a 10 artículos, fue avalado en sus términos en
lo particular con 294 votos a favor, 91 en contra y cero abstenciones.
En el texto se explica que la nueva legislación que se expide tiene por objeto regular el aprovechamiento sustentable de la energía, y las obligaciones en materia de energías limpias y de reducción de emisiones contaminantes de la industria eléctrica, manteniendo la competitividad de los sectores productivos.
Asimismo, fija la meta nacional de
participación de energías limpias en la generación de energía eléctrica, la
cual se prevé se incremente de manera gradual de 25 por ciento para 2018 a un
35 por ciento en 2024.
Busca dotar al Estado de un marco jurídico
que permita la acción coordinada de todos los participantes del sector
energético, con el fin de lograr la reducción de emisiones contaminantes al
menor costo y con mayor bienestar social posible.
Otorga facultades a la Secretaría de Energía
y a otras autoridades, como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat), para facilitar el cumplimiento de metas de energías
limpias y eficiencia energética.
La nueva legislación tiene como propósito “reducir
de forma eficiente y al menor costo posible para la sociedad, los efectos
negativos ambientales y de salud que la generación de energía eléctrica pudiese
eventualmente producir”.
“Al
mismo tiempo, se propone que el diseño de la estrategia a seguir en materia de
transición energética y las medidas necesarias para fomentar el aprovechamiento
sustentable de la energía, se ejecuten como un ejercicio democrático inscrito
en una visión a mediano y largo plazos”, agrega el texto.
La Ley de Transición Energética establece
tres instrumentos de planeación que buscan desarrollar la política nacional en
materia de regulación de aprovechamiento sustentable de la energía, de
obligaciones de energías limpias y de obligaciones de reducción de emisiones
contaminantes para la industria eléctrica.
El primero de ellos es la Estrategia Nacional
para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía,
misma que señalará las metas de energías limpias y eficiencia energética,
reportará el avance de su cumplimiento.
En segunda instancia, se crea el Programa
Especial de la Transición Energética, el cual establecerá las actividades y
proyectos derivados de la Estrategia Nacional en la materia, señalando las
obras de infraestructura requeridas y las actividades necesarias para cumplir
con las metas en materia de energías limpias.
Por último, se instaura el Programa Nacional
para el Aprovechamiento Sustentable de Energía (Pronase), el cual determinará
las acciones, proyectos y actividades derivadas de la Estrategia Nacional, que
permitan alcanzar las metas en materia de eficiencia energética.
La ley plantea que el Fondo para la
Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (Fotease)
tendrá por objeto captar y canalizar recursos financieros púbicos y privados,
nacionales e internacionales, para instrumentar acciones que sirvan para
contribuir a la realización de la Estrategia Nacional en la materia.
También prevé que el financiamiento para el aprovechamiento sustentable de la energía no sea necesariamente a cargo del erario público, sino admite convenios entre usuarios finales y financiadores.
Además, instituye el Atlas Nacional de Zonas
con Alto Potencial de Energías Limpias, el cual reportará sobre las zonas del
país con alto potencial de energías renovables, sus variables climatológicas e
información detallada sobre localización, capacidad y condiciones de operación
de plantas generadoras.
Asimismo, transforma al Instituto de
Investigaciones Eléctricas en el Instituto Nacional de Electricidad y Energías
Limpias, se encargará de la investigación en la materia, de brindar apoyo
técnico a la Secretaría de Energía y otras dependencias del Estado, así como al
sector privado.
Finalmente, en los artículos transitorios del
decreto se estipula que la Secretaría de Energía fijará como meta una
participación mínima de energías limpias en la generación de energía eléctrica
de un 25 por ciento para el año 2018, de un 30 por ciento para 2021 y de 35 por
ciento para 2024.
Al inicio de la discusión en lo general del
dictamen, los diputados aprobaron un agregado de las comisiones dictaminadoras.
Los cambios avalados buscan garantizar que la
nueva ley fomente el uso de energías limpias y coadyuve en la disminución de
emisiones contaminantes sin menoscabo de la productividad y manteniendo la
competitividad en el sector.
Entre las modificaciones hechas al dictamen
también se encuentra que el Programa Nacional para el Aprovechamiento
Sustentable de Energía establecerá incentivos y reconocimientos a los sujetos
regulados que mantengan altos estándares de eficiencia energética, conforme a
la normatividad existente o las mejores prácticas existentes.
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