Última Instancia

Puentes Internacionales

Por.- Carlos Angulo Parra

El 14 de diciembre de 2015, el Gobernador Duarte anunció que se estaba trabajando legislativamente para que los peajes de los cuatro (SIC) puentes internacionales del Municipio de Juárez se destinaran a la realización de obras de infraestructura en este Municipio (cosa curiosa, que solamente hay uno de CAPUFE, el del Puente Santa Fe, el otro adyacente de la Ave. Lerdo corre de Norte a Sur y CAPUFE no cobra peaje, el Puente de Las Américas o de Córdova, es libre de peaje por tratado internacional y el de Zaragoza está concesionado a PROMOFONT, una compañía particular). Con esto, se pretende ayudar a aliviar el interminable rezago que este municipio tiene. A primera vista, esto suena fabuloso y es para que todos nos congratulemos por este gran gesto de liderazgo.

Por desgracia, parece ser que todo trae, como se dice coloquialmente, una tremenda “jiribilla”.

Recordemos que en 1995, el extinto Alcalde de Juárez, el querido Don Francisco Villarreal Torres, hizo una gran lucha para la dignidad de las poblaciones fronterizas que cuentan con puentes internacionales de peaje. Estos puentes, en su inmensa mayoría, están concesionados a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, organismo descentralizado del gobierno federal, conocido como ‘CAPUFE”. Después de que como Presidente Municipal de Juárez, el Presidente Villarreal puso cacetas de peaje alternas, frente a las de CAPUFE, invitando a los ciudadanos a voluntariamente pagarle el peaje al Municipio y no a CAPUFE, se le acusó por la PGR del delito de concusión, y se le encarceló, para después ser liberado, tras que el gobierno federal cedió ante sus pretensiones, concediendo el 25% del importe de los peajes, de los cuales la mitad estaría a disposición del gobierno del los estados y el resto de los municipios fronterizos, después de que cumplieran ciertas disposiciones de desempeño respecto del cobro de sus impuestos prediales.

Yo tuve el honor de vivir intensamente estos episodios al haber fungido entonces como Primer Regidor del Ayuntamiento, encargado de la Cartera de Gobernación.

El caso es que ahora, el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal, tiene establecidas estas disposiciones.

Ante el anuncio del gobernador de Chihuahua César Duarte de que los ingresos netos de “los cuatro puentes internacionales del Municipio de Juárez”, se utilizarán para obras de infraestructura para el Municipio de Juárez, nos hemos ahora encontrado con la sorpresa de que se pretende endeudar al gobierno con 2,500 millones de pesos, comprometiendo los ingresos de los puentes por 30 años, en programas de infraestructura fronteriza que no existen.

Curiosamente se indujo a los diputados del PRI, PRD, PT, Verde, Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano, el PAN se opuso, a que el Congreso de Chihuahua expidiera un decreto por demás extraño y jurídicamente ridículo, que se puede utilizar en las escuelas de derecho como muestra de un fenómeno del derecho administrativo, en donde, basado en una expectativa de que el Gobierno del Estado se convierta en concesionario de los puentes internacionales de Chihuahua (cosa que no ha ocurrido), se cree un fidecomiso (que aun no existe) y se le autorice a dicho fideicomiso inexistente el que contraiga una deuda de 2,500 millones de pesos, para hacer obras de infraestructura que ni siquiera están proyectadas, mucho menos determinadas.

Ante el terrible antecedente que tenemos en Ciudad Juárez, en donde se endeudó al Municipio por alrededor de 6,000 millones de pesos en un proyecto público/privado, en que se comprometieron los recursos municipales en el Plan de Movilidad Urbana, en donde se realizaron grandes obras de infraestructura costosísimas, en lugares en medio del desierto donde pasa un automóvil cada 15 minutos, existe la justificada indignación del pueblo de Ciudad Juárez, que ante la expectativa de recibir los recursos netos totales de los puentes internacionales de Chihuahua, se realicen obras innecesarias, con sus consabidos moches, que pueden ser utilizados en gran parte para financiar las campañas electorales del PRI del 2016, y dejen al Municipio sin los ingresos de los puentes por los próximos 30 años.

Consideramos que esta acción ilegal del Congreso del Estado, promovida por el Gobernador Duarte, merece ser atacada legalmente a través de un amparo colectivo. Solo así se podría evitar este enésimo ataque a la dignidad del dolido pueblo de Ciudad Juárez. También estamos estudiando las muy posibles violaciones a las recientemente reconfiguradas leyes de deuda pública, que fueron diseñadas para evitar este tipo de abusos y arbitrariedades.