Quiero
informarles que en la sesión ordinaria del pasado 13 de diciembre, en el Pleno
de la Cámara de Diputados aprobamos reformas a la Carta Magna para incluir la
competitividad entre los principios constitucionales que rigen la rectoría del
Estado en el desarrollo económico del país y la vincula a la implementación de
una política de desarrollo industrial.
La
iniciativa fue aprobada el 13 de diciembre de 2011 por el Senado de la
República, y posteriormente enviada a la Cámara de Diputados, esta iniciativa la analizamos, discutimos y aprobamos en la Comisión de
Puntos Constitucionales, de la cual honrosamente formo parte en calidad de secretario.
Fue avalada en el Pleno con 432 votos a favor, cero en contra y seis abstenciones.
Fue avalada en el Pleno con 432 votos a favor, cero en contra y seis abstenciones.
Reforma
los párrafos primero y último del artículo 25, así como primero y tercero del
apartado A del artículo 26 de la Constitución Política. Por modificar la Carta
Maga debe ser aprobada por la mayoría de los congresos estatales para su
promulgación.
En
el documento se señala que uno de los más grandes desafíos que enfrenta el país
es recuperar un crecimiento económico suficiente para generar los empleos
necesarios.
Entre
los requisitos para lograr ese objetivo figura la competitividad y por eso
propone incluirla entre los principios constitucionales que rigen la rectoría
del Estado del desarrollo económico de la Nación y que se encuentran
establecidos en el artículo 25 de la Carta Magna.
Con
la inclusión de esta reforma en la Constitución, se afirma, el gobierno federal
está obligado a conformar una política pública que atienda los rubros que
conforman las condiciones de competitividad.
Entre
estos rubros figuran el sistema tributario, sistema educativo, sistema de
ciencia, innovación y tecnología, logística y comunicaciones, costo de la
energía, regulación de la competencia económica, condiciones del mercado
laboral, fortalecimiento de los procesos de mejora regulatoria y consolidación
del Estado de Derecho, entre otros.
Al
insertarse en el artículo 25 la iniciativa propone que la competitividad se
considere desde un punto de vista jurídico, globalizador, relevante y general.
También
señala que resulta indispensable acompañarlo de otras previsiones en la Carta
Magna y por ello propone la adición de un último párrafo al artículo 25, para
establecer la obligación de determinar una política nacional industrial, que
incluya vertientes sectoriales y regionales.
Señala
que hace tiempo que México no tiene una política industrial nacional y que se
ha mencionado con algún grado de ironía que “la política industrial mexicana es
que no exista política industrial”.
Considera
que vincular competitividad y política industrial en el orden constitucional,
permitiría contar con instrumentos de política pública que hoy en día son
insuficientes.
Un
programa de competitividad y una política industrial otorgarán certidumbre a
los actores del crecimiento económico y garantizarán la atención prioritaria de
impulso y fomento que el Estado debe darles, se establece en el documento.
Señala
que estas medidas deben incluirse en el Plan Nacional de Desarrollo, con
programas, estrategias y tareas a realizar, para garantizar la vigencia,
continuidad y actualización de las políticas de competitividad y de desarrollo
industrial.
Considera
que estos cambios facultarían a los Poderes Ejecutivo y Legislativo a diseñar e
implementar políticas correspondientes y realizar las acciones encaminadas a
cumplir sus objetivos.
Asimismo,
a generar el marco normativo reglamentario que resulte necesario, como sería
una ley reglamentaria para el desarrollo competitivo nacional en la que se
definirían el conjunto de condiciones que deberían considerarse dentro de la
política de fomento a la competitividad.
En
el artículo 25 se establece que “la competitividad se entenderá como el
conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico,
promoviendo la inversión y la generación de empleo”.
También
señala: “promoviendo la competitividad e implementando una política nacional
para el desarrollo industrial que incluya vertientes sectoriales y regionales”.
Asimismo,
que “el Plan Nacional de Desarrollo considerará la continuidad y adaptaciones
necesarias de la política nacional para el desarrollo industrial, con
vertientes sectoriales y regionales”.
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