El pasado 9 de noviembre, el
Presidente Calderón firmó en Los Pinos el Decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental. Con ello, se avanza en la construcción de un marco normativo que
procure la transparencia en la aplicación de los recursos públicos en los tres
órdenes de gobierno.
El Presidente celebró que
los legisladores hayan discutido, enriquecido y aprobado la iniciativa que
presentó al inicio del periodo ordinario de sesiones. Mencionó que era
imprescindible reformar la Ley General de Contabilidad Gubernamental para
cerrar espacios a la opacidad y a la impunidad. Destacó algunos de los aspectos
claves de la reforma, como que permitirá transparentar el gasto público, ya que
la información financiera de todos los órdenes de gobierno deberá presentarse
de manera clara, sencilla y accesible a los órganos de fiscalización y a la
sociedad en general. Además, la reforma incorpora un nuevo apartado en la ley
que aborda el tema de la transparencia y la difusión de la información en todas
las etapas del ciclo hacendario. Los gobiernos deben cumplir con estándares de
difusión y transparencia, como el de generar documentos dirigidos a la
población de manera sencilla y en formatos accesibles, mantener la información
financiera en internet por lo menos 6 años, así como incluir en los
sistemas informáticos de contabilidad los documentos que justifiquen y
comprueben sus gastos.
Se señalan rubros
específicos de información que deben incluir los entes públicos en sus leyes de
ingresos y presupuestos de egresos, tales como sus obligaciones de deuda
pública, sus principales programas y proyectos, sus fuentes de ingresos y sus
gastos de inversión.
Esta ley ayudará a poner la lupa ciudadana sobre cuánto y
cómo gastan los gobiernos federal,
estatales y municipales.
También se dispone que los
gobiernos difundan en internet la información relativa a la evaluación del
desempeño de sus programas y políticas públicas; se prevén diversos mecanismos
para hacer más transparente el ejercicio de los recursos públicos que se
transfieren a las entidades federativas mediante los Fondos de Aportaciones que
están asociados a políticas en materia de educación, salud, seguridad pública,
desarrollo social e infraestructura.
Finalmente, se incrementan
las sanciones administrativas a quienes incumplan con lo dispuesto en esta ley.
Ahora, la alteración dolosa de los registros contables, la omisión de
información y la falta de difusión de la misma, podrán considerarse conductas
graves que implicarán la destitución e inhabilitación del cargo.
Durante la presente
administración se ha construido un régimen de rendición de cuentas en el que
los ciudadanos ejercen un control más efectivo sobre las instituciones
públicas. Con ese fin se impulsó la reforma al Artículo 6° Constitucional para
establecer los mínimos legales que deben regir el ejercicio del derecho de
acceso a la información, así como un paquete de reformas constitucionales
enfocado al ejercicio presupuestal, evaluación de resultados y fiscalización.
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