Les
quiero informar que en la sesión ordinaria del 18 de octubre, los diputados
aprobamos reformar la Ley General de Salud para consolidar a la secretaría
federal del ramo como instancia rectora y articuladora del Sistema de
Protección Social en Salud, mejorar la eficiencia de los servicios estatales y
sancionar con prisión y multas el desvío de recursos.
El
documento, que forma parte de las iniciativas que el Ejecutivo federal remitió
a San Lázaro el pasado 8 de septiembre, como parte de la Reforma Hacendaria y
de Seguridad Social, pasó al Senado para su eventual ratificación.
El
dictamen fue aprobado en lo general por 390 votos a favor, 25 abstenciones y 20
en contra y, posteriormente, se desecharon de manera gradual las cinco reservas
que se presentaron, cuatro de Movimiento Ciudadano y una del PRD.
Al
inicio de la discusión el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara (PT)
presentó una moción suspensiva, que fue desechada, y posteriormente los grupos
parlamentarios fijaron su postura en torno a la reforma.
Ricardo
Monreal Ávila (MC) se manifestó en contra y calificó esta reforma como “una agresión
al federalismo”.
El
dictamen fue aprobado en lo particular por 361 votos a favor, 32 en contra y 13
abstenciones.
El
documento consolida a la Secretaría de Salud como instancia rectora y
articuladora del Sistema de Protección Social en Salud.
Señala
que se busca mayor eficiencia en los servicios estatales de salud, asegurando
que los recursos que se transfieren a este sistema, se utilicen de la mejor
manera y para los fines a que fueron asignados.
También
establece que los recursos que transfiera el gobierno federal a las entidades
federativas por concepto de cuota social y de aportación solidaria, podrán
realizarse en numerario o en especie, a fin de garantizar que la población
cuente con los medicamentos y demás insumos para su atención.
Fija
penas de cuatro a siete años de prisión y multas de mil a 500 mil días de
salario mínimo, a quien desvíe recursos, numerarios o en especie, del Sistema
de Protección Social en Salud.
Se
detalla que la protección social en salud es el mecanismo por el cual el Estado
garantiza el acceso oportuno, de calidad, sin desembolso, en el momento de
utilización, y sin discriminación, de los servicios médico-quirúrgicos,
farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades
de salud de los afiliados.
Asimismo,
homologa la Ley General de Salud con la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, en cuanto a la transferencia de recursos federales a las
entidades federativas.
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