El endeudamiento y la falta de transparencia.

por: Carlos Angulo

Nos encontramos con un escándalo más en una administración de un Estado de nuestra federación: el del Estado de Chihuahua, que es el más endeudado del país por cada uno de sus habitantes. Ante este tipo de problema el Estado mexicano ha reaccionado con sendas reformas a sus leyes. La de contabilidad gubernamental, y la reforma constitucional para el control de la deuda pública. Sin embargo, estas reformas no impactan el endeudamiento de Chihuahua que sucedió antes de las mismas.

Debemos de tomar en cuenta que el endeudamiento en sí, aunque se puede catalogar sin lugar a dudas como irresponsable, ya que su monto abarca más del doble de las participaciones federales durante el lapso de su pago, no es ilegal. Fue autorizado siguiendo todos los cánones de ley, con el consenso del Congreso del Estado. Lo que tiene una supina ilegalidad, es que los préstamos aparentemente no se utilizaron para el destino para el cual fueron contratados.

Veamos las cifras:

Hubo dos grandes rubros de endeudamientos:

I.          Para la construcción de carreteras: se emitieron bonos por un monto de $15,157 millones de pesos. De los cuales, se utilizaron $5,000 millones de pesos para abonarle a la deuda carretera contraída con anterioridad, y únicamente $3,000 millones de pesos para la construcción de carreteras, quedando pendiente de comprobar la suma de $7,000 millones de pesos, que no sabemos en qué se gastaron.

II.         Préstamos para obra pública: se contrataron préstamos por un monto de $24,697 millones de pesos, de los cuales se utilizaron para realizar obras públicas de infraestructura, la cantidad de $17,772 millones de pesos. Pero no se han comprobado $6,925 millones de pesos, que no sabemos en qué se utilizaron.

Si sumamos las cantidades sin comprobar de $7,000 millones de pesos y de $6,925 millones, tenemos que casi dan los $14,000 millones de pesos, que se han ido a un fondo negro que no sabemos en qué se utilizó.

El Código Penal Federal establece el tipo penal de peculado, definiéndolo así:

“Artículo 223.- Comete el delito de peculado:

I.- Todo servidor público que para usos propios o ajenos distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, al organismo descentralizado o a un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito o por otra causa.

II.- El servidor público que indebidamente utilice fondos públicos u otorgue alguno de los actos a que se refiere el artículo de uso indebido de atribuciones y facultades con el objeto de promover la imagen política o social de su persona, la de su superior jerárquico o la de un tercero, o a fin de denigrar a cualquier persona.

III.- Cualquier persona que solicite o acepte realizar las promociones o denigraciones a que se refiere la fracción anterior, a cambio de fondos público o del disfrute de los beneficios derivados de los actos a que se refiere el artículo de uso indebido de atribuciones y facultades, y

IV.- Cualquier persona que sin tener el carácter de servidor público federal y estando obligada legalmente a la custodia, administración o aplicación de recursos públicos federales, los distraiga de su objeto para usos propios o ajenos o les dé una aplicación distinta a la que se les destinó.”

Si el Gobernador de Chihuahua no comprueba claramente el destino de los dineros no utilizados en carreteras u obras públicas, podría caer en la consecución de peculado, por lo que independientemente del endeudamiento excesivo en el que se ha incurrido, la distracción de fondos a fines distintos a los que se contrataron los adeudos, podrían llevar al Gobernador y a sus cómplices, supuestamente otros funcionarios públicos de su administración, a ser perseguidos por el Ministerio Público Federal por cuando menos este delito de peculado, en virtud de que para la contratación de los adeudos se ofreció como fuente de pago las participaciones federales.

Por lo anterior, la diputada Rocío Reza y este autor, ejerciendo nuestra responsabilidad de velar por los fondos de la Federación, interpusimos denuncia penal por este delito en contra del Gobernador de Chihuahua y su Secretario de Hacienda.

La falta de transparencia en el uso de los fondos públicos nos ha llevado a este tipo de abuso, por eso la importancia de tener mecanismos de transparencia pre-establecidos, que induzcan a los servidores públicos a actuar conforme a la ley, y se evite, que después del “niño ahogado”, sea demasiado tarde para ejercer acciones penales y persecuciones judiciales en contra de los servidores públicos, lo que difículta la reparación del daño a los chihuahuenses.

Para darnos una idea de la dimensión del daño. Los $14,000 millones de pesos perdidos, representa 4.24 veces el presupuesto anual del municipio más grande de Chihuahua, que es el de Juárez