Por este medio les quiero informar que en la
sesión del 29 abril, los diputados aprobamos el dictamen de una minuta que
regresó el Senado, a fin de reformar y adicionar diversas disposiciones a la
Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en
materia de derecho de audiencia de particulares.
En el documento, que se turnó al Ejecutivo
para su promulgación, se señala que este proyecto de decreto versa sobre uno de
los temas de mayor debate desde la entrada en vigor de ducha ley y que se
refiere al derecho de audiencia establecido en el artículo 14 de la
Constitución Política.
Sostiene que por razones de orden operativo,
la legislación que regula la protección del patrimonio cultural únicamente
considera el derecho de audiencia respecto de la obligación de los particulares
de inscribir los monumentos de su propiedad en el Registro Público de
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
Sin embargo, los propietarios o poseedores de
bienes muebles o inmuebles quedan impedidos de exponer lo que a su derecho
convenga ante la autoridad en la materia, respecto de los demás actos con
motivo de la emisión de los distintos tipos y modalidades de declaratorias de
monumentos que involucren bienes de su propiedad.
Los efectos de las declaratorias implican en
todos los casos la imposición de modalidades de uso de los muebles o inmuebles,
aprovechamiento y traslado de dominio, a efecto de garantizar su conservación.
El dictamen destaca que esta omisión de la
ley ha propiciado la promoción de distintos juicios de garantías en el seno del
Poder Judicial de la federación, el cual en dos ocasiones ha fallado sobre la
inconstitucionalidad de algunos preceptos de la misma.
Estos fallos se han producido precisamente
por carecer de un procedimiento que garantice el derecho de audiencia, dejando
sin efectos actuaciones de la autoridad tomadas al amparo de la ley.
El documento surge de sendas iniciativas
presentadas en febrero y septiembre del 2011 por las entonces diputadas
Gabriela Cuevas Barrón (PAN) y Ana Luz Lobato Ramírez (PRD), respectivamente,
las cuales fueron integradas en un dictamen que se aprobó en San Lázaro el 20
de marzo de 2013 y turnado al Senado.
En la cámara alta el documento fue aprobado
con modificaciones el 11 de febrero pasado y regresado a San Lázaro, donde
ahora fue aprobado por consenso, con 431 votos a favor, y se turna al Ejecutivo
para su promulgación.
El dictamen reforman los artículos 5o.,
segundo párrafo; 22, segundo párrafo; 34, segundo párrafo y 34 bis, tercer
párrafo, y se adicionan los artículos 5o. Bis, 5o. Ter y 5o. Quáter, todos de
la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
En el documento se refiere al procedimiento
de declaratorias de monumentos y al papel que desempeñan los institutos
Nacional de Antropología e Historia (INAH) y Nacional de Bellas Artes (INBA),
así como la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el gobierno federal.
Asimismo, a la presentación, revisión y
respuesta a la solicitud de audiencia por parte de los particulares, cuyos
bienes estén involucrados en las declaratorias,
Se señala que la emisión de declaratorias no
es el único acto de autoridad que llevan a cabo el INAH y el INBA en materia de
preservación de los monumentos y zonas de monumentos arqueológicos, artísticos
e históricos.
También se otorgan permisos y autorizaciones,
así como notificaciones y resoluciones respecto de otros actos de autoridad,
como la suspensión de obras, demoliciones o labores de salvamentos, que
atienden situaciones de riesgo de bienes culturales.
Desde esta perspectiva, se considera que este
Proyecto de Decreto representa la oportunidad de recurrir cualquier acto de
autoridad del INAH y del INBA, a través de los medios jurídicos contemplados en
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
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