por:
Carlos Angulo
Estamos
inmersos en escenarios políticos nunca antes vistos. La administración del
Presidente Peña se encuentra en una marcada crisis cuyas consecuencias
aflorarán en las próximas elecciones. Pero el régimen no es el único que se
encuentra en crisis, también lo están los partidos políticos y, por
consecuencia, la mayoría de los políticos en lo individual, a raíz de lo que se
ha convertido en lugar común saberlo.
Finalmente
el choque de la apertura democrática mexicana con las nuevas realidades de la
globalización en la política, la interacción entre la sociedad y el mundo de
las comunicaciones instantáneas, así como la frustración que ha causado en la
gente el estancamiento económico, la inseguridad, los intentos del régimen de
reinstalar el autoritarismo, aderezado con la displicencia de la mayoría de los
políticos y la de la sociedad civil decepcionada de todo ello, nos está
llevando al caldo de cultivo ideal para tener un rompimiento que nos pueda
conducir hacia una dictadura de mano dura o una dictadura mesiánica tipo
populista, o bien, y así lo deseamos, a la recomposición de las fuerzas de
poder hacia una auténtica institucionalización y real apertura democrática con
una sociedad responsable y participativa.
Ante
este escenario, los “comentócratas” únicamente describen y se quejan del
problema, pero pocos proponen o especulan hipótesis de solución. Pretendo en
este breve espacio, establecer una hipótesis de solución: el problema que
tenemos en México de donde derivan las calamidades que padecemos en general es
el de la falta de un estado de derecho, de donde deriva la impunidad, la
corrupción, los monopolios depredadores de los consumidores, la falta de
productividad y la competitividad, la desigualdad económica y social, la
injusticia, los millones de pobres, el crimen organizado, la inseguridad, la
violencia y desapariciones, las violaciones de los derechos humanos, los
moches, los conflictos de intereses, los sobre precios en las ventas de bienes
y servicios al gobierno, las licitaciones amañadas, y un largo etc., del
gobierno. Por lo que corresponde a la sociedad civil, existe la cultura del no
pago y de la tranza, la falta de declaraciones de los ingresos para el pago de
los impuestos, la economía informal, la colusión con los competidores para
fijar precios, la explotación de los trabajadores al no inscribirlos al IMSS,
el abuso a los empleados domésticos, el trabajo infantil, la trata de personas,
y muchos etc.
Todas
las violaciones descritas se dan por muchas razones y no porque, como dijo el
Presidente Peña, esté en nuestra cultura. Nuestro sistema político autoritario
generó la cultura del favor y el clientelismo, con un gobierno patrimonialista.
La ley es una mera referencia, un especie de saque para que yo gobierno te haga
el favor de perdonarte tu incumplimiento, ya sea no persiguiendolo o hacerte
una regla general o particular como gremio o individualmente, para mantenerte
controlado. Esto genera una actitud del gobernado de que ladrón que roba a
ladrón tiene cien años de perdón, y a su vez, el particular hace lo posible
para engañar al gobierno para sacarle más provecho al favor concedido.
Esta
estructura de manejo del poder ha generado grandes desigualdades económicas y
pérdida de competitividad, ya que los cercanos al poder, sacan grandes
beneficios que reparten a sus cómplices en el gobierno, generándose fortunas
incalculables y miseria en los que no se encuentran en “la jugada”.
Todo
lo anterior genera la convicción social del “que no transa no avanza”,
creándose una cadena interminable de faltas de ética en el quehacer cotidiano,
se trate o no se trate de asuntos con el gobierno. El régimen de Peña impulsa
un acendrado regreso de lleno a las reglas no escritas de navegación dentro de
un ambiente en donde la ley no impera, con la dicotomía de que lo que más se
ufana el régimen es en presumir las reformas estructurales que no son otra cosa
más que nuevas reglas de un estado de derecho que en sí no se cumple.
¿Qué
se necesita para resolver este problema? Creemos que es necesario empezar por
la cúspide del poder que fue la que creo este sistema perverso, haciendo la
reforma estructural que es la piedra angular para solucionar este sistema
maléfico; esta es la reforma de transparencia en el quehacer del gobierno. Si
todo el actuar del gobierno, los proyectos de obra, las licitaciones, los pagos
de avance de obra y de los contratos de servicios se publican por medios
electrónicos, a través de la Internet y se televisan en tiempo real las juntas
de aclaraciones y las comunicaciones de los particulares con los órganos de
gobierno, entonces se pueden crear observatorios ciudadanos, formales e
informales, contralorías sociales para vigilar constantemente lo que pasa en el
gobierno. Si establecemos la nulidad de los contratos cuyos actos no se
publiciten y la sanción inmediata de destitución del cargo al funcionario que
incumpla con esta obligación, tendremos una transparencia generalizada que es
la mejor forma de evitar y prevenir la corrupción.
La
segunda reforma que sigue después de la de transparencia, es la del sistema
nacional anticorrupción (“SNA”), que establecería los mecanismos propicios para
evitar la impunidad de los que violen la ley aún con la existencia de la
transparencia.
El
paso constitucional para la transparencia ya fue dado. Ya tenemos un sistema
nacional de transparencia, ahora toca aprobar la legislación secundaria que
implemente el sistema, para luego hacer la reforma constitucional para
establecer el SNA, y establecer las instituciones autónomas que la implementen.
Solo así podremos salir del marasmo político en el que nos encontramos, para
dar pie a que las reformas estructurales produzcan los frutos que deseamos, que
es que los mexicanos vivamos en un entorno adecuado para realizar nuestros
anhelos en la vida.
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