por:
Carlos Angulo
El
problema de la seguridad pública en México es muy complejo y de difícil
solución. Esto suena a verdad de Perogrullo, pero es una realidad que cada día
enfrentamos los mexicanos, por lo que cabe hacernos la pregunta, ¿qué tiene
México distinto de otros países que no podemos extirpar este cáncer del crimen
organizado y la inseguridad que cada vez nos cuesta más en nuestras vidas
personales, en nuestros negocios, y que puede amenazar el crecimiento
económico, según lo confesó Videgaray recientemente?
La
hipótesis que tengo al respecto, es que la transición del sistema autoritario
monolítico, hacia un sistema de libertades democráticas traía consigo el reto
de vivir dentro de un estado de derecho, sujeto a las instituciones. No hemos
logrado ninguna de las dos cosas. Porque nuestro transitar hacia la democracia
no se acompañó de un cambio de paradigma del sistema político a profundidad,
sino que pretendimos seguir viviendo bajo muchos de los componentes del antiguo
sistema autoritario, pero sin serlo, transitando a un sistema de libertades
políticas y respeto a los diversos niveles de gobierno (federal, estatal, el
del Distrito Federal y el de los Municipios), sin crear un sistema de control
estricto de la legalidad.
Descuidamos
a las policías, a los sistemas de procuración de justicia, al sistema judicial.
No invertimos las cantidades enormes que se necesitan para estas instituciones,
continuamos manteniendo una burocracia enorme para el tamaño del país,
dedicamos cuantiosos recursos a un sistema asistencialista que no generó
prosperidad económica pero sí clientelas políticas a todos los niveles y para
todos los partidos políticos, ni gastamos grandes recursos en infraestructura.
Al
suceder esto, la primera consecuencia que se tuvo fue el de la impunidad y
corrupción a todos los niveles, que es el caldo de cultivo ideal para generar
las condiciones de inseguridad pública que tenemos, ante nuestra situación
geográfica en un entorno de economía globalizada, con el mercado de consumo de
drogas más grande del mundo como vecino, y el cambio de los propietarios del
negocio del trasiego de estupefacientes de Sudamérica a México; esto aunado a
la “democratización” del trasiego de las drogas para consumo doméstico, que
conjugado con situaciones de desmembramiento de las familias, por los fenómenos
migratorios, una cultura de desarrollo industrial sin atención social y ayuda
para las madres solteras, divorciadas o abandonadas, ha hecho explotar este
fenómeno de la inseguridad de manera exponencial.
Al
regreso del PRI al poder, se tuvo la expectativa del que “ellos sí saben
gobernar y pactarán con el crimen organizado”. El problema es que esa creencia
resultó ilusoria, porque el México del Siglo XXI dista mucho del México del
Siglo XX, que era el que conducían los gobiernos del PRI. Creemos que el
gobierno del Presidente Peña, creyó erróneamente que gran parte del problema de
la inseguridad, se solucionaría no hablando de ella y dejando hacer y dejando
pasar las acciones del crimen organizado, sacando al ejército de las calles.
Ahora,
con los acontecimientos de Michoacán, Guerrero, Morelos y el Estado de México,
con la situación existente en Tamaulipas y en la zona serrana de Chihuahua,
literalmente le ha explotado en la cara al gobierno de Peña, y nos encontramos
de nueva cuenta que la realidad vino a imponerse tercamente.
Repito
como empecé este artículo. La solución no es fácil, no hay recetas mágicas para
ello. Pero lo que se debe de hacer es, en primer lugar, reconocer que debemos
realizar las acciones de políticas públicas, legislativas y auténticamente
“mover a México” hacia un verdadero estado de derecho, en donde se respeten los
derechos humanos y se persiga el delito, empezando por los cometidos por las
autoridades y los que se coluden con ellas para delinquir.
Para
ello, debemos empezar por construir un auténtico sistema anti-corrupción, para
no permitir la impunidad en nuestras autoridades, de los tres poderes y de los
tres niveles de gobierno.
El
Partido Acción Nacional está por presentar iniciativas para construir este
sistema completo para evitar y combatir la corrupción y el PRI y el PRD han
aceptado sumarse al mismo.
Debemos
de crear primeramente un sistema preventivo en donde la transparencia sea el
pilar de un sistema preventivo, en donde todas las acciones de gobierno se
pongan en línea en tiempo real, a través de la Internet, y se transparente la
aplicación de los recursos de los proyectos de gobierno.
El
sistema prevé tener una Fiscalía Anticorrupción autónoma, que investigue y
persiga los delitos, fortalecer la Secretaría de la Función Pública para
realizar múltiples labores que prevengan la corrupción, que dependan de ella
los Órganos Internos de Control de manera independiente a las dependencias que
revisan, para que junto con la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara
de Diputados persigan las faltas administrativas de los servidores públicos, a
fin de que los delitos y faltas sean sancionadas por un Tribunal Especial que
combata y persiga los actos de corrupción detectados por la Fiscalía y los
órganos administrativos señalados.
Con
este sistema, cuyas características más específicas explicaré en un artículo
posterior, y con el re-direccionamiento de los recursos públicos para
fortalecer a nuestras policías, los sistemas de procuración de justicia y el
sistema judicial, iniciaremos el camino para combatir la impunidad que es el
incentivo principal del crimen que nos tiene de rodillas ante la inseguridad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario